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La ruta de los $27 mil millones: qué muestra y qué no la pericia
La investigación nació en La Plata a partir de una denuncia por el uso de identidades ajenas y datos biométricos para abrir cuentas y billeteras virtuales. La pesquisa luego avanzó sobre una presunta trama vinculada al juego clandestino y lavado de activos, con varios detenidos. El análisis contable abre interrogantes sobre el origen y destino de los fondos.
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Una investigación judicial iniciada en La Plata analiza una presunta estructura que habría utilizado datos personales y biométricos de terceros para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales. Según la hipótesis de la Fiscalía, esas herramientas habrían sido utilizadas para canalizar fondos vinculados con el juego clandestino y posteriormente dificultar el seguimiento de su origen. El expediente ya derivó en detenciones y prisiones preventivas y tiene a varias personas bajo investigación.
Con el avance de la pesquisa, la causa quedó asociada a una cifra que rápidamente se instaló en el centro de la escena: más de $27 mil millones. El número aparece vinculado a la operatoria financiera atribuida a Ignacio Marchioni, uno de los imputados, pero su significado requiere una precisión: no se trata necesariamente de dinero acumulado, patrimonio ni, por sí solo, de fondos de origen ilícito.
El dato surge de una pericia incorporada al expediente. En una cuenta de HAZ PAGOS atribuida a Marchioni se registraron créditos por unos $13.574 millones y débitos por prácticamente el mismo monto. Al sumar ambos movimientos, el flujo bruto alcanzó los $27.149.888.153,28, con un saldo residual de apenas unos pesos.
La diferencia no es menor. En una operatoria financiera, el mismo capital puede ingresar y salir de una cuenta varias veces. Por eso, sumar créditos y débitos permite medir el volumen de transacciones, pero no significa que el titular haya tenido disponibles $27 mil millones ni que esa totalidad constituya una ganancia.
La discusión pasa entonces por otro lugar: determinar qué parte de esos movimientos puede ser vinculada concretamente con la maniobra investigada y cuál fue el origen de los fondos.
De una denuncia por el uso de datos a una causa millonaria
La investigación comenzó a tomar forma a partir de una denuncia vinculada con el presunto uso irregular de datos personales y biométricos. En ese primer tramo apareció Albertina Mangini, una funcionaria municipal de La Plata que quedó bajo investigación por su presunta participación en el mecanismo utilizado para obtener información de terceros.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Mangini habría tenido un rol en la captación de personas a las que se les ofrecía dinero a cambio de entregar documentación y someterse a procedimientos de identificación biométrica. Esos datos, siempre según la acusación, luego habrían sido utilizados para abrir cuentas y billeteras virtuales que formalmente quedaban a nombre de esas personas, pero que podían ser administradas por terceros.
A partir de esa primera línea de investigación, el expediente fue ampliándose y comenzó a seguir el recorrido de las cuentas y de los fondos que circulaban por ellas. La pesquisa llevó a los investigadores hacia distintos operadores y derivó en allanamientos, detenciones y nuevos nombres incorporados a la causa.
El caso tomó otra dimensión cuando los investigadores detectaron movimientos financieros de gran volumen. Allí apareció Marchioni y la cifra que posteriormente se transformaría en uno de los principales titulares alrededor del expediente. Su operatoria es precisamente la que concentra buena parte de la discusión alrededor de los $27 mil millones.
El punto que deberá determinar la Justicia es si ese volumen transaccional puede ser relacionado, total o parcialmente, con fondos provenientes de los delitos que investiga la Fiscalía.
Una cifra que no equivale a patrimonio
La magnitud del número puede generar una primera lectura: si hubo movimientos por $27 mil millones, podría suponerse que ese fue el dinero que la organización obtuvo o lavó. Pero técnicamente no necesariamente es así.
La propia composición del monto muestra ingresos y egresos prácticamente equivalentes. Por eso, el número representa el flujo bruto de una cuenta y no el dinero que quedó en poder de su titular. Esto resulta relevante porque la causa no solamente debe establecer cuánto dinero circuló, sino también reconstruir su origen y destino.
La Fiscalía sostiene que parte de esas operaciones deben ser analizadas dentro de un circuito relacionado con fondos presuntamente provenientes del juego clandestino. Las defensas, en cambio, cuestionan que el volumen total de movimientos sea presentado como si equivaliera al dinero ilícito de la organización.
La diferencia entre ambos conceptos será uno de los puntos centrales que deberá dilucidarse a medida que avance la investigación.
Prisiones preventivas y roles diferentes
Mientras la discusión sobre los montos continúa, la causa avanzó en el plano procesal. El Juzgado de Garantías N° 6 de La Plata convirtió en prisión preventiva las detenciones de Albertina Mangini, Mauro Perrotta e Ignacio Marchioni.
La resolución judicial ubicó bajo investigación una presunta estructura dedicada al juego clandestino, al uso indebido de datos biométricos y a la circulación y eventual lavado de fondos. Los hechos investigados se remontan, según el expediente, al período comprendido al menos entre noviembre de 2023 y junio de 2024.
En ese contexto, Perrotta declaró mientras permanecía detenido y aportó su versión sobre el funcionamiento del circuito investigado. Sus dichos quedaron incorporados a la pesquisa y deberán ser contrastados con el resto de la evidencia reunida. Su defensa, además, cuestionó las condiciones en las que se produjo esa declaración y sostuvo que habría existido presión para obtenerla, un planteo que deberá ser acreditado y analizado judicialmente.
Sin embargo, la existencia de una misma causa no significa que todos los imputados tengan necesariamente el mismo grado de responsabilidad. Precisamente, una de las tareas pendientes consiste en establecer qué función habría cumplido cada persona, qué operaciones realizó y qué conocimiento tenía sobre el origen de los fondos.
La causa también incorporó nuevos nombres a partir de los allanamientos realizados en Mar del Plata y otras localidades. En septiembre, Cristian Alejandro Scigliano fue detenido en la ciudad y quedó vinculado al expediente, mientras que posteriormente Juan Ignacio Campoli Sillero, otro sospechoso que permanecía prófugo, se presentó ante la Justicia.
La prueba que falta reconstruir
El expediente tiene una hipótesis fiscal definida y ya produjo decisiones judiciales de relevancia. Pero todavía queda por reconstruir una parte fundamental de la historia: la ruta concreta de los fondos.
Eso implica determinar qué dinero ingresó a las cuentas abiertas mediante identidades de terceros, de dónde provenía, qué operaciones se realizaron posteriormente y quiénes fueron los destinatarios finales.
También será necesario establecer qué parte de los movimientos atribuidos a Marchioni corresponde a operaciones relacionadas con la investigación y cuál puede responder a otras actividades financieras. La diferencia entre movimiento de dinero, patrimonio y dinero ilícito será determinante.
Los $27.149 millones explican por qué el expediente adquirió semejante dimensión pública, pero la cifra, por sí sola, no resuelve la investigación. Para convertir ese volumen financiero en una acusación penal sólida, la Justicia deberá conectar operaciones concretas con delitos determinados y, a partir de allí, establecer la responsabilidad individual de cada imputado.
En paralelo, el expediente quedó rodeado por otro caso que involucra a Diego Lacki, vinculado a la caída del fideicomiso ABES y a numerosos denunciantes. El vínculo familiar señalado entre Lacki y personas relacionadas con la investigación fue planteado como un elemento que requiere transparencia, aunque esa relación, por sí sola, no acredita una conducta irregular ni una intervención indebida.
Mientras tanto, la causa continúa avanzando entre nuevas detenciones, peritajes y análisis de cuentas. El número ya está instalado. Ahora resta saber qué parte de esos $27 mil millones puede ser explicada por la operatoria financiera investigada y qué parte, efectivamente, puede ser atribuida a los delitos que se encuentran bajo investigación.