El Ejecutivo no logró avanzar con los cambios para acelerar grandes obras y el proyecto se frenó en el Concejo
Con reparos planteados tanto por la oposición como por el propio radicalismo sobre los controles, las garantías y los riesgos en las excavaciones, el oficialismo aceptó mantener en comisión el expediente para autorizar trabajos hasta la cota cero sin la aprobación final de los planos.
Agrega La Tecla Mar del Plata a tus medios preferidos en Google.
El debate en torno a la regulación de la construcción en General Pueyrredon sumó este martes un nuevo capítulo de fricción política e institucional. En la reunión de la comisión de Obras del Concejo Deliberante, el oficialismo no encontró los consensos necesarios para otorgar despacho favorable al expediente 1439/26, enviado por el Departamento Ejecutivo municipal para modificar la Ordenanza Nº 19.785 y agilizar el inicio de desarrollos inmobiliarios de gran envergadura. La falta de precisiones sobre las garantías de resguardo a inmuebles linderos, la ausencia de plazos de caducidad y las objeciones sobre los controles técnicos durante la etapa de excavación terminaron por paralizar la iniciativa, que continuará retenida en el cuerpo normativo a la espera de nuevos informes y explicaciones de las autoridades del área.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, busca reformar el régimen que habilita la tramitación de planos bajo la modalidad de declaración jurada prevista en el inciso c) del artículo 2.4.2 del Reglamento General de Construcciones. Hasta la fecha, dicha herramienta contemplaba únicamente la construcción y ampliación de viviendas y comercios de hasta 350 metros cuadrados en distritos de densidad baja o media, otorgando un permiso provisorio de 30 días prorrogable por otro lapso idéntico. El nuevo proyecto elaborado por el Ejecutivo pretende extender este mecanismo a los distritos de densidad media y alta, autorizando el inicio de excavaciones de uno o más subsuelos hasta la cota cero mientras avanza la revisión técnica de la documentación integral.
Durante el inicio del tratamiento, el concejal del PRO y titular de la comisión, Fernando Muro, defendió la propuesta argumentando la necesidad de acelerar los plazos administrativos para las grandes obras enmarcadas en el Código de Ordenamiento Territorial. Muro repasó la respuesta remitida por la Secretaría de Obras al pedido de informe solicitado en junio, donde el área técnica precisó que las excavaciones deberán contar obligatoriamente con legajo completo, contratos con empresas inscriptas en el Registro de Actuantes, visados colegiales, seguros al día y el cumplimiento de las normas de socavación y seguridad hacia linderos. Asimismo, la contestación oficial aclaró que, en caso de no obtenerse la aprobación definitiva del proyecto integral, la obra será declarada formalmente como paralizada bajo los términos del reglamento vigente. Sin embargo, el argumento no alcanzó para disipar los cuestionamientos del arco político.
Desde AM–MDF, las críticas se centraron en la delgada línea que separa la agilización administrativa de la flexibilización de las exigencias técnicas. La bancada opositora advirtió que habilitar la excavación previa sin un permiso de obra consolidado deja desprotegida a la comunidad ante posibles parálisis del proyecto o daños estructurales en propiedades vecinas. En ese contexto, reclamaron definir con claridad los plazos máximos de autorización, determinar qué mecanismos de restitución del terreno se activarán si la obra es rechazada en forma definitiva y precisar de qué manera responderán los depósitos en garantía ante eventuales perjuicios materiales ocasionados a terceros.
A su turno, la bancada de Unión por la Patria (UP) sumó objeciones de índole técnica e histórica, recordando que la ordenanza vigente desde 2010 modificó un articulado del Reglamento General de Construcciones de 1987 pensado originalmente para edificaciones de baja escala. Los ediles del espacio opositor señalaron que extender esa metodología a torres y estructuras complejas incrementa sustancialmente el riesgo sobre las parcelas linderas. Asimismo, remarcaron las deficiencias de fiscalización del municipio y cuestionaron la premura del oficialismo por alterar un esquema operativo que ha permitido el desarrollo edilicio regular de la ciudad durante los últimos 16 años, exigiendo la presencia de funcionarios del área para brindar explicaciones presenciales antes de considerar cualquier voto afirmativo.
La postura que inclinó definitivamente la balanza en favor de frenar el tratamiento surgió desde la propia bancada oficialista. La concejal radical Vilma Baragiola (UCR + Nuevos Aires) coincidió con los planteos de la oposición y reclamó un nuevo informe oficial enfocado en las garantías de caución y en los protocolos de recomposición del suelo. Para graficar las consecuencias de la falta de previsión en este tipo de intervenciones, Baragiola citó como ejemplo las cavas abandonadas que permanecen sobre la avenida Constitución, donde las obras quedaron truncas y los predios degeneraron en importantes pasivos urbanos.
Ante la imposibilidad de construir una mayoría y admitiendo la vacancia normativa respecto a la ausencia de un plazo máximo para los trabajos a cota cero, Muro propuso mantener el proyecto en comisión. El presidente de la comisión aceptó convocar al Director de Obras Privadas para brindar explicaciones técnicas, encomendó la elaboración de un relevamiento estadístico sobre la cantidad de desarrollos que se verían beneficiados y se comprometió a gestionar una nueva respuesta de la Secretaría de Obras para evaluar la incorporación de plazos concretos en el articulado antes de insistir con su aprobación.
