El oficialismo marplatense exige control parlamentario sobre Mogotes
El bloque radical, con apoyo del PRO y la Coalición Cívica, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para exigir la intervención de la Legislatura bonaerense tras la prórroga dispuesta por el Ejecutivo provincial. La iniciativa expuso, una vez más, fisuras en la coalición local al no contar con la firma de La Libertad Avanza.
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La controversia por la gestión y titularidad del Complejo Punta Mogotes trasladó este lunes su epicentro del fuero judicial al ámbito legislativo de General Pueyrredon. Tras el cierre de la vía cautelar en los tribunales marplatenses, el bloque de concejales de la UCR+Nuevos Aires formalizó la presentación del expediente 1766/26. Se trata de un proyecto de Comunicación que solicita a los legisladores provinciales que representan a la ciudad promover las acciones políticas e institucionales necesarias ante la Gobernación a fin de auditar y fiscalizar la extensión de los contratos balnearios resuelta por la Administración Punta Mogotes.
La propuesta —con la autoría de los ediles radicales Ariel Martínez Bordaisco, Ricardo Liceaga Viñas, Vilma Baragiola y Gabriela Azcoitia— sostiene que la extensión temporal de los contratos otorgados décadas atrás vulnera los principios de transparencia, concurrencia y control democrático al concretarse sin un proceso licitatorio abierto. El texto argumenta que el propio gobernador Axel Kicillof anunció el traspaso del predio a la órbita municipal el pasado 11 de mayo. Bajo esa premisa, el documento remarca que la Comuna debe tener injerencia como titular del recurso estratégico y reclama que los organismos provinciales se abstengan de asumir compromisos a largo plazo sobre el espacio público sin la correspondiente supervisión de la Legislatura bonaerense.
El movimiento legislativo exhibió además el mapa de alianzas e internas dentro del mapa político local. El proyecto sumó de inmediato las adhesiones del bloque PRO —a través de las firmas de Julián Bussetti, Fernando Muro, Marcelo Cardoso, Florencia Ranellucci y Liliana Piccolo— y del monobloque de la Coalición Cívica, representado por Guido García. Sin embargo, la iniciativa no incluyó el respaldo de La Libertad Avanza. La ausencia de la bancada libertaria evidencia las diferencias tácticas que persisten entre las fuerzas que acompañan la gestión municipal, en un tema donde el radicalismo ha embanderado el reclamo por la restitución del complejo a la ciudad.
Esta embestida en el Concejo Deliberante responde al escenario configurado tras el fracaso de la conciliación en los tribunales. Luego de que venciera la última tregua judicial otorgada por el juez Simón Isacch, la mayoría provincial en el ente mixto hizo valer su número para aprobar el Acta N° 1321, extendiendo las concesiones de las 24 unidades balnearias hasta el 30 de junio de 2027. Aquella maniobra obligó al Ejecutivo municipal a retirar su solicitud de medida cautelar por considerar que el reclamo había sido vaciado de contenido, derivando en la extinción de ese incidente resuelta por el magistrado.
Sin la herramienta del congelamiento cautelar y a la espera de resoluciones sobre el expediente principal que discute la deuda histórica y la municipalización, el oficialismo marplatense busca trasladar la discusión a La Plata. Con la mirada puesta en la inminente temporada estival, la Comuna procura activar el contralor parlamentario en la capital provincial para cuestionar las decisiones unilaterales de la Gobernación y sostener en la agenda pública la disputa por el control de la costa.
