9 de septiembre de 2026
LIMITES EN LOS RECURSOS
Viviendas bonaerenses: muchos anuncios, pocas llaves y una caja que no alcanza
Kicillof hizo de la vivienda una bandera frente al ajuste de Milei. La Provincia asegura tener 8.000 casas en ejecución y busca completar parte de las 16.000 obras habitacionales que quedaron sin financiamiento nacional. Pero en 2025 entregó 1.333 unidades. El desafío es transformar el volumen de proyectos en llaves.
Kicillof hizo de la vivienda una bandera frente al ajuste de Milei. La Provincia asegura tener 8.000 casas en ejecución y busca completar parte de las 16.000 obras habitacionales que quedaron sin financiamiento nacional. Pero en 2025 entregó 1.333 unidades. Entre convenios, recorridas y nuevos anuncios, el desafío sigue siendo transformar el volumen de proyectos en llaves.
En la provincia de Buenos Aires hay una política pública en la que los anuncios avanzan a un ritmo difícil de equiparar con la cantidad de viviendas que efectivamente llegan a las familias.
Axel Kicillof convirtió la obra pública y, particularmente, la construcción de viviendas en una de las principales banderas de su gestión frente al gobierno de Javier Milei. La escena se repite en distintos puntos del territorio: recorrida, firma de convenio, anuncio de reactivación, entrega de llaves y, casi siempre, una referencia al retiro del financiamiento nacional.
El argumento tiene un sustento concreto.
La Provincia sostiene que el Gobierno nacional dejó de financiar unas 16.000 viviendas en territorio bonaerense, con distintos grados de avance. Para intentar recuperar parte de esas obras, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, conducido por Silvina Batakis, creó el programa Completar.
Al mismo tiempo, el Gobierno bonaerense asegura mantener 8.000 viviendas en ejecución con recursos propios.
El problema aparece cuando se baja de los anuncios a las entregas.
Durante todo 2025, la Provincia entregó 1.333 viviendas, según sus propios datos. El número fue presentado por la gestión como un récord y equivale a un promedio de unas 111 casas por mes.
La discusión, entonces, no pasa por negar que haya obra pública ni por desconocer que existen viviendas en construcción.
Pasa por otra cuestión: la escala y la velocidad.
Las 16.000 viviendas que dejó Nación
El principal argumento político de Kicillof tiene nombre y apellido: Javier Milei.
En abril de 2025, la Provincia lanzó el programa Completar para hacerse cargo de viviendas que, según la administración bonaerense, habían quedado paralizadas tras el retiro del financiamiento nacional.
La primera etapa no apuntó a las 16.000 unidades, sino a unas 1.000 viviendas que tenían más del 70% de avance. Batakis explicó entonces que la decisión implicaba un esfuerzo económico importante para la Provincia.
Desde entonces comenzaron a aparecer convenios en distintos municipios.
En enero de 2026, Provincia anunció que terminaría 12 viviendas paralizadas en Miramar. En mayo se acordó completar otras 57 en Almirante Brown. En junio se firmó un convenio para finalizar 36 casas en Bahía Blanca. En General Pinto, el programa alcanza a 108 viviendas que habían quedado paralizadas.
Son obras concretas y representan respuestas para familias que esperan desde hace años.
Pero también muestran la dimensión del desafío.
El universo anunciado es de 16.000 viviendas y la primera etapa del programa apuntó a 1.000.
La Provincia tiene un argumento político válido para responsabilizar a Nación por el corte del financiamiento. Lo que todavía queda por medir es cuánto de ese stock podrá efectivamente recuperar con recursos propios y en qué plazo.
Del convenio a la llave
La misma tensión aparece cuando se observan las entregas realizadas durante 2026.
En San Pedro, la Provincia entregó en junio las primeras 15 viviendas de un proyecto de 55. En Bahía Blanca entregó 44, completando un desarrollo de 145 casas. En Pellegrini fueron siete. En Iriarte, partido de General Pinto, otras 22. En Tapalqué se entregaron 32.
Y el 28 de agosto ocurrió una escena particularmente ilustrativa.
Kicillof y Batakis encabezaron en Berisso la entrega de cinco viviendas modulares, parte de un proyecto de ocho unidades destinado a atender situaciones de emergencia habitacional.
Para las cinco familias beneficiarias, la entrega representa una solución concreta y probablemente un momento decisivo.
Pero desde la perspectiva de una política provincial que se presenta como una de las prioridades de gestión, la pregunta es inevitable:
¿cuál es la escala que pretende alcanzar la política habitacional bonaerense?
El contraste no busca minimizar cada vivienda entregada. Busca poner en relación las fotografías de cada acto con el volumen de obras pendientes y con la magnitud del problema habitacional.
Batakis tiene los proyectos. El límite aparece en los recursos
Ahí aparece el segundo problema.
El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano acumula convenios, proyectos y pedidos de intendentes. Los municipios ofrecen terrenos, presentan expedientes y buscan incorporar obras a los programas provinciales.
Pero cada proyecto necesita financiamiento.
Para 2026, el Presupuesto bonaerense contempla $332.353 millones de inversión de capital para Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano, dentro de un esquema de inversión de capital que supera los $3,2 billones.
Es una cifra significativa.
Pero presupuestar no equivale a ejecutar.
Y el propio funcionamiento del programa Completar deja en claro que las obras no ingresan automáticamente al esquema provincial: los proyectos deben ser evaluados y su financiamiento queda sujeto a la disponibilidad de recursos y a los compromisos ya asumidos.
En otras palabras: no alcanza con que exista una vivienda paralizada ni con que un municipio solicite terminarla.
Tiene que existir financiamiento.
Y ahí la política habitacional entra en la discusión más amplia sobre las cuentas de la Provincia.
López administra una caja cada vez más exigida
El ministro de Economía, Pablo López, ocupa un lugar central en esa discusión, aunque sería simplista atribuirle individualmente el ritmo de las obras.
La cuestión es presupuestaria.
La Provincia debe distribuir recursos entre salarios, educación, salud, seguridad, asistencia social, municipios, deuda e infraestructura. La vivienda compite dentro de esa misma estructura de prioridades.
Hábitat necesita acelerar obras.
Economía debe administrar los recursos disponibles.
Y la decisión política sobre cuánto peso asignar a cada área termina siendo responsabilidad del Ejecutivo provincial.
Por eso, la discusión sobre vivienda no puede quedar reducida a Batakis contra López.
La prioridad política la fija Kicillof.
Si la vivienda es uno de los grandes ejes de la gestión, esa prioridad debería poder observarse no solamente en la cantidad de anuncios, sino también en el ritmo de ejecución y entrega.
Porque un convenio no es una vivienda terminada.
Una recorrida tampoco.
Y una partida presupuestaria, por sí sola, tampoco.
Los intendentes golpean la puerta
La tensión comienza a aparecer también en los municipios.
En febrero, el intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, se reunió con Batakis para reclamar nuevos proyectos habitacionales. El jefe comunal puso a disposición terrenos municipales con servicios y recordó que las últimas viviendas entregadas por Provincia en el distrito habían sido adjudicadas en 2024.
Mientras esperaba respuestas, el Municipio avanzó con una alternativa propia: 38 viviendas mediante el sistema de Círculo Cerrado, financiadas con recursos municipales. En marzo abrió la licitación y en julio comenzó la inscripción para las unidades.
El caso sirve como fotografía de un fenómeno que puede profundizarse: municipios que necesitan viviendas, tienen terrenos y demanda concreta, pero buscan mecanismos propios mientras esperan financiamiento provincial.
En Mar del Plata aparece otro ejemplo.
La Provincia retomó un proyecto de 54 viviendas de Luz y Fuerza, cuya primera etapa contempla terminar 24 unidades más avanzadas y luego continuar con las restantes. El convenio provincial también incluye infraestructura vinculada a calles, cloacas y servicios.
Otra vez aparecen las mismas palabras: convenios, redeterminaciones, reactivaciones, infraestructura y nuevas etapas.
Mientras tanto, las familias esperan.
“Nosotros decimos que sí hay plata”
Hay una frase de Kicillof que adquiere otro peso cuando se observa la política habitacional actual.
En marzo de 2024, durante una recorrida por 145 viviendas en Bahía Blanca, el Gobernador respondió a la discusión sobre el ajuste nacional y sostuvo que, para urbanizar y construir viviendas, “nosotros decimos que sí hay plata”.
La frase sintetizaba entonces la estrategia política del Gobernador: frente al “no hay plata” de Milei, la Provincia buscaba mostrarse como la administración capaz de sostener la obra pública.
Dos años después, el interrogante es otro.
Si hay recursos para sostener la política habitacional, ¿cuál es el ritmo que la Provincia está en condiciones de alcanzar?
Y si los recursos son insuficientes frente a la cantidad de proyectos, ¿cuánto puede efectivamente reemplazar el Estado bonaerense del financiamiento que dejó de aportar Nación?
La respuesta no se encuentra solamente en un acto de entrega.
Se encuentra en la relación entre viviendas anunciadas, viviendas en ejecución, viviendas terminadas y viviendas efectivamente entregadas.
El problema es la escala
Milei dejó, según la Provincia, un universo de 16.000 viviendas que habían quedado sin financiamiento nacional.
Kicillof respondió con un programa propio y sostiene otras 8.000 unidades en ejecución.
Batakis acumula convenios con municipios y busca reactivar proyectos paralizados.
López administra una estructura presupuestaria en la que vivienda debe competir con otras prioridades.
Y los intendentes siguen llevando pedidos a La Plata.
La discusión, entonces, no es si la Provincia construye viviendas. Las construye.
Tampoco es si Milei paralizó obras financiadas por Nación. La propia Provincia documentó ese proceso y creó un programa específico para intentar recuperar parte de ellas.
La discusión más incómoda es otra: si el ritmo de construcción y entrega resulta suficiente frente a la dimensión del problema habitacional bonaerense.
Porque 1.333 viviendas en un año pueden ser un récord para la gestión y, al mismo tiempo, resultar insuficientes frente a la demanda.
Las dos cosas pueden ser ciertas.
Por eso, más que contar actos, convenios y recorridas, el indicador decisivo será cuántas de esas 8.000 viviendas en ejecución llegan efectivamente a las familias y cuántas de las 16.000 obras paralizadas por Nación consigue completar la Provincia.
Ahí estará la diferencia entre una política habitacional con presencia territorial y una política habitacional capaz de modificar, a escala provincial, el déficit de vivienda.
Por ahora, hay proyectos, convenios, obras en marcha y familias que reciben sus llaves.
Pero entre el anuncio y la entrega todavía existe una distancia considerable.
Y en esa distancia se juega buena parte de la política habitacional de Kicillof.