5 de septiembre de 2026
RESUMEN
Lo que la semana nos dejó
La crisis económica impacta y genera morosidad en los hogares de la ciudad. Mientras tanto, el Municipio y la Provincia continúan en su disputa por Punta Mogotes, el oficialismo sigue mostrando sus grietas, y todas las fuerzas se preparan para 2027. Con el horizonte electoral, la inseguridad se mete de lleno en la agenda, con reclamos y cambios en la Departamental. Todo eso y más, al mejor estilo La Tecla Mar del Plata.
Naufragó el “Espacio Complementario de Trabajo” para discutir el pliego de colectivos
El encuentro impulsado para incorporar modificaciones al expediente 1729/25 tuvo una participación mínima y terminó con la decisión de volver al ámbito formal de Movilidad Urbana dentro de 15 días. El intento de Guido García por “dinamizar” el tratamiento quedó así reducido a una reunión con representantes del PRO, LLA , CC y un sector de UCR-NA.
Lo que pretendía ser una herramienta para dinamizar el tratamiento del pliego de colectivos terminó teniendo una vida bastante más corta de lo esperado. El denominado “Espacio de Trabajo Complementario” tuvo este lunes su primera reunión y, con la oposición afuera, quedó encaminado a convertirse también en la última.
La convocatoria había sido anunciada como una instancia paralela a la comisión de Movilidad Urbana para analizar las modificaciones propuestas al expediente 1729/25, el proyecto que busca establecer las reglas del sistema de colectivos de Mar del Plata durante las próximas décadas.
Pero el debut llegó condicionado. Apenas unas horas antes, durante la reunión de Movilidad, distintos bloques habían anticipado que no participarían y hasta la edil de la UCR-Nuevos Aires, Vilma Baragiola, dijo que no estaría. Unión por la Patria directamente había advertido: “Para nosotros ese espacio no existe”. A eso se sumaron los cuestionamientos de otros sectores y hasta una presentación de impugnación por parte del espacio ligado al kicillofismo.
Con ese panorama, la mesa arrancó después del mediodía, una vez finalizada la comisión de Legislación, y terminó desarrollándose en el recinto del Concejo Deliberante. Del encuentro participaron el presidente de Movilidad Urbana, Guido García; el presidente del bloque del PRO Julián Bussetti; la edil de La Libertad Avanza Noelia Álvarez Ríos y el radical de UCR-Nuevos Aires Ricardo Liceaga Viñas.
La postal estuvo lejos de la multitudinaria mesa de trabajo que podía imaginarse para un expediente de semejante importancia. Incluso, en el comienzo del encuentro informal, apareció una frase que sintetizó el carácter de la reunión: “Para juntarnos nosotros, nos hubiéramos juntado en un café”.
García tomó entonces la palabra y comenzó a repasar las distintas propuestas de modificación que llegaron para ser incorporadas al pliego. Entre ellas aparecen las presentadas por Unión por la Patria, el Frente Renovador y el propio Liceaga Viñas, además de los aportes particulares del Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDIS) y de la Red Interinstitucional de Batán.
El titular de Movilidad explicó que la intención era que la oposición también se sumara al intercambio para intentar obtener algún resultado concreto. La idea, según planteó, era que “la oposición participe” para que del encuentro “salga algo productivo”.
Álvarez Ríos, por su parte, planteó que para que algo concreto quedara de la reunión era necesario informar al COMUDIS sobre los artículos del pliego vinculados con la accesibilidad. El punto, sin embargo, tendría inicialmente una comunicación de carácter informal.
En ese esquema también apareció la posibilidad de que funcionarios participaran del tratamiento del pliego. Bussetti aprovechó entonces para marcar la cancha respecto de la discusión. El concejal del PRO consideró necesario establecer un marco para que algún funcionario pudiera participar y deslizó una crítica hacia la dinámica opositora: según sostuvo, muchas veces “se van por las ramas” y terminan hablando “del Minella”.
El encuentro avanzó así entre propuestas y la búsqueda de algún resultado concreto que permitiera justificar la existencia de la nueva instancia. Finalmente, hubo un pequeño acuerdo: se informaría al COMUDIS sobre las cuestiones vinculadas con accesibilidad y el expediente regresaría a la comisión de Movilidad Urbana dentro de 15 días. Será allí donde vuelva a discutirse formalmente el pliego y se defina cómo continuará el tratamiento del expediente.
El resultado dejó una paradoja política. La mesa que había sido presentada como una herramienta para “acercar posiciones” terminó reuniendo a una porción muy acotada del Concejo, justamente después de que la oposición anunciara que no concurriría. Y la ausencia no fue el único problema.
En paralelo, el kicillofismo avanzó con una presentación de impugnación contra el mecanismo elegido para llevar adelante esta instancia, profundizando el cuestionamiento institucional que ya había sido planteado en la comisión.
De esta manera, el intento de García por abrir una vía alternativa para acelerar y ordenar la discusión del pliego quedó, al menos por ahora, desactivado. La oposición le vació la convocatoria, los cuestionamientos al mecanismo se trasladaron al papel y el expediente deberá volver al lugar donde, según los bloques que pegaron el faltazo, siempre debió discutirse: la comisión de Movilidad Urbana. Así, el “Espacio de Trabajo Complementario” tuvo su debut. Y también, todo indica, su despedida.
Más de 73 mil familias de la región recurren al crédito para comprar alimentos
Un relevamiento sindical advierte que el 16% de los hogares de Mar del Plata y Batán atraviesa situaciones de grave morosidad por la brecha entre salarios y costo de vida. La central obrera exige recomposición de ingresos y regulación frente a tasas financieras abusivas.
El paulatino deterioro del poder adquisitivo y el incremento sostenido en el costo de los bienes esenciales han configurado un escenario crítico para la economía doméstica en el partido de General Pueyrredon. De acuerdo con un informe elaborado por la CGT Regional Mar del Plata - Batán, la imposibilidad de cubrir la canasta básica con los ingresos habituales obligó a miles de trabajadores a recurrir a diferentes vías de financiamiento no para la adquisición de bienes durables, sino para resolver consumos de primera necesidad como comida, medicamentos y servicios públicos.
La dimensión del fenómeno se refleja en los indicadores locales: más de 73.000 familias de la zona se encuentran actualmente en condición de morosidad, lo que representa una tasa cercana al 16% dentro del distrito. El endeudamiento se distribuye entre la banca tradicional, entidades financieras no bancarias, préstamos informales y, con creciente frecuencia, las plataformas y billeteras digitales. Sobre estas últimas, el análisis sindical pone foco en los elevados costos financieros totales, que en determinados instrumentos virtuales alcanzan tasas anuales de entre el 400% y el 500%, transformando la búsqueda de liquidez inmediata en una espiral de deuda compleja de revertir.
Este panorama local se inserta en una tendencia nacional que afecta a cerca de seis millones de personas en todo el país. La problemática muestra una incidencia particular en el sector público y en las fuerzas de seguridad, donde se registran niveles de incumplimiento crediticio de hasta el 29% en determinadas áreas del Estado, con trabajadores que acumulan más de tres meses de retraso en sus compromisos financieros.
Desde la conducción de la central sindical sostienen que el trasfondo de esta dinámica no responde a un déficit en la conducta de pago de las familias, sino al desfasaje estructural entre los haberes percibidos y los gastos fijos asociados al alquiler, transporte, educación y tarifas. En ese sentido, remarcan que el fenómeno trasciende la esfera estrictamente financiera para consolidarse como un problema socio-laboral que compromete la calidad de vida de los sectores asalariados.
Frente a este diagnóstico, la conducción regional de la CGT instó a la implementación urgente de políticas públicas orientadas a la recuperación del valor real del salario. Asimismo, remarcaron la necesidad de establecer mecanismos institucionales de protección ante el sobreendeudamiento familiar y garantizar marcos regulatorios que eviten abusos en las condiciones de concesión de créditos a los sectores vulnerables.
Municipio y Provincia ganan tiempo y estiran la incertidumbre en Punta Mogotes
En una nueva audiencia ante el juez Simón Isacch, ambas partes admitieron avances pero no cerraron un acuerdo. El magistrado fijó una breve tregua de 72 horas para encausar una discusión atravesada por diferencias de fondo, el vencimiento de las concesiones y la cercanía de la temporada estival.
La disputa institucional y judicial por el control del Complejo Punta Mogotes sumó este lunes un nuevo capítulo signado por la cautela y la postergación de decisiones. En lo que representó el cuarto encuentro formal en los tribunales marplatenses desde que se abrió la instancia de conciliación a fines de junio, la Municipalidad de General Pueyrredon y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires volvieron a ratificar ante el juez Simón Isacch que mantienen canales de diálogo abiertos, aunque admitieron que la firma de un acuerdo definitivo continúa siendo esquiva. Frente a este panorama de negociaciones estancadas en lo formal, pero intensas en los despachos políticos, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 otorgó una última suspensión de los plazos procesales por 72 horas, un margen sensiblemente más acotado que los anteriores, pero que deja en evidencia que el tiempo para seguir difiriendo una salida se agota.
La escena vivida al mediodía en el fuero contencioso administrativo repitió el patrón de una pulseada que ya acumula dos meses de idas y vueltas. El recorrido judicial comenzó formalmente el pasado 30 de junio, cuando Isacch convocó a las partes a una primera conciliación e incorporó al debate una causa conexa por la administración del predio, fijando entonces un cuarto intermedio hasta el 4 de agosto. Llegada esa fecha, la audiencia de principios de agosto tampoco arrojó luz blanca y forzó una nueva cita para el 18 del mismo mes. En esa tercera oportunidad, tanto la representación municipal como los apoderados bonaerenses expresaron haber logrado avances en la negociación, libreto que volvieron a desplegar este lunes 31 de agosto sin lograr traducirlo en un entendimiento concreto. Entre escritos, comparecencias presenciales y conexiones virtuales de altos funcionarios de la Fiscalía de Estado y la Subsecretaría de Turismo provincial, la causa ha transitado más por el terreno de la dilación estratégica que por el de las definiciones estructurales.
Detrás del laberinto tribunalicio opera una puja estrictamente política por la hegemonía territorial y económica de una de las franjas costeras más valiosas de Mar del Plata. El gobierno local insiste en la municipalización del complejo, bajo el esquema de rescate del ente mixto creado en la década del ochenta con un 70% de participación provincial y un 30% municipal. La estrategia del Ejecutivo comunal se apoyó en el depósito de unos 14 millones de pesos para cancelar la deuda histórica originada durante la última dictadura militar y exigir así el traspaso definitivo. Por el contrario, la gestión de Axel Kicillof sostiene que cualquier transferencia debe ser precedida por un proceso de modernización e inversiones mediante una nueva licitación integral, esquema con el que busca ratificar su potestad sobre el predio antes de evaluar cualquier cambio de manos.
Esa fisura ideológica e institucional es la que paraliza además la resolución de medidas de alto impacto operativo. En medio de esta negociación, la Administración Punta Mogotes formalizó en junio la prórroga de los contratos de los 24 balnearios hasta el 30 de abril de 2027 o hasta la adjudicación de un nuevo proceso licitatorio, una medida aprobada por la mayoría provincial del ente que desató una fuerte ofensiva legal del municipio para lograr su anulación por vía cautelar. La comuna denunció en su momento que dicha extensión buscaba tornar abstracta la intervención de la Justicia justo antes de las audiencias conciliatorias, consolidando el statu quo provincial antes de debatir el traspaso.
El costo de este juego de postergaciones recae de forma directa sobre la economía local. Con la temporada de verano 2026/2027 cada vez más próxima, los concesionarios de las unidades balnearias y los potenciales inversores observan con creciente preocupación un escenario dominado por la incertidumbre jurídica y la falta de previsiones a mediano plazo. La decisión del juez Isacch de acotar la nueva suspensión a 72 horas coloca a las partes frente a una disyuntiva ineludible: presentar una propuesta concreta que destrabe el conflicto o dejar que el expediente retome su curso contencioso habitual. Mientras la política continúa pateando la pelota para ganar aire en el tablero bonaerense, Punta Mogotes permanece suspendida en una transición indefinida donde los tiempos electorales y administrativos corren a una velocidad muy distinta a la de las necesidades de la ciudad.
Concejo Deliberante: tensiones e internas camino a 2027
Con el horizonte electoral a la vista, los bloques políticos del Concejo afinan sus estrategias. De este modo, la dinámica legislativa empieza a moldear las pretensiones de cada espacio.
La actual conformación del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, asumida en diciembre de 2025, ha transformado el recinto en un complejo tablero político donde las cifras legislativas, las intervenciones en las sesiones y los movimientos individuales responden a una certeza implícita: la carrera hacia 2027 ya comenzó.
En la superficie, el oficialismo mantiene una “mayoría automática” de 14 votos —frente a los 10 de la actual oposición— articulada por el PRO, la UCR + Nuevos Aires, La Libertad Avanza y el monobloque de la Coalición Cívica. Sin embargo, detrás de esa aritmética parlamentaria, la dinámica cotidiana revela tensiones crecientes, una notoria falta de coordinación estratégica y un marcado contraste entre el trabajo legislativo y el verdadero peso político al discutir el poder local.
Una de las paradojas más evidentes del escenario actual se observa en la bancada del
PRO. Siendo la fuerza que conduce el Ejecutivo municipal, muestra una baja producción normativa tanto colectiva como individual, ubicando a sus ediles en los peldaños inferiores de la estadística general. Esto muestra las dos terminales políticas del espacio amarillo: Emiliano Giri y Guillermo Montenegro. Mientras Agustín Neme, intendente interino, responde al primero, los concejales, al segundo. Así, este protagonismo discursivo queda concentrado en su presidente de bloque, Julián Bussetti, y en Marcelo Cardoso, con aportes de Fernando Muro y participaciones acotadas de Florencia Ranellucci y Liliana Piccolo.
Por su parte, el resto de los espacios que componen la coalición gobernante dista de actuar como un bloque cohesionado. Lejos de constituir un músculo unificado, la UCR+Nuevos Aires (UCR+NA) y La Libertad Avanza (LLA) transitan una convivencia de marcadas tensiones, donde cada espacio prioriza su propia agenda temática, sus proyectos y su perfilamiento territorial. El radicalismo despliega un alto volumen normativo impulsado por Ariel Martínez Bordaisco, quien lidera el bloque junto a Vilma Baragiola y Ricardo Liceaga Viñas, mientras Gabriela Azcoitia aporta un perfil más social. En tanto, La Libertad Avanza (LLA) sostiene su presencia mediante la autoría compartida: mientras Emiliano Recalt ejerce la presidencia del cuerpo, la portavocía política recae en Rolando Demaio y Noelia Álvarez Ríos, con Vanesa Benavídez en un rol secundario. El mapa oficialista se completa con el monobloque de la Coalición Cívica (CC) de Guido García.
Sin reuniones periódicas de interbloque, la pretendida mayoría automática se desgasta en desencuentros y negociaciones de último minuto. En la vereda opositora, la dinámica tampoco es homogénea: la fragmentación responde a los alineamientos y disputas proyectados desde las terminales políticas.
En Unión por la Patria (UxP), los concejales Mariana Cuesta, Pablo Obeid, Diego García y Valeria Crespo mantienen trabajo activo en la elaboración de proyectos sustantivos. El espacio responde a la conducción de La Cámpora y a la línea política de Máximo Kirchner, con centrando en Cuesta la jefatura política y la vocería principal en las sesiones. Esta
postura choca con la estrategia de Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF). Con Eva Ayala y Melisa Centurión liderando la cantidad de expedientes —principalmente resoluciones y homenajes—, la centralidad política del bloque recae en la oratoria de Horacio Taccone. El dato político definitorio de este espacio es su alineamiento formal con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, proyectándose como su referente territorial en el distrito. El cuadro opositor se completa con el Frente Renovador (FR),
donde Juan Manuel Cheppi canaliza la iniciativa normativa, acompañado de Solange Flores y respondiendo a la conducción nacional de Sergio Massa.
Este mapa evidencia que la relevancia política en General Pueyrredon no se mide únicamente en cantidad de expedientes o en horas de micrófono. La combinación entre producción legislativa, presencia pública y construcción política empieza a definir los liderazgos que buscan emerger de cara al futuro. Con 12 bancas en juego y la intendencia en el horizonte, el Concejo empieza a funcionar como una primera fotografía de la carrera hacia 2027. Las diferencias entre producción legislativa, exposición y conducción política muestran que los liderazgos no siempre coinciden con la cantidad de expedientes presentados. En un escenario atravesado por alianzas, tensiones y distintas terminales políticas, cada bloque empieza a definir sus propios nombres, agendas y estrategias. La carrera electoral todavía no comenzó formalmente, pero en el recinto ya dejó de ser una hipótesis.
Crece la preocupación por la inseguridad entre comerciantes y sectores productivos
Los anuncios de refuerzos policiales no lograron cerrar un debate que excede la cantidad de patrulleros en las calles. Los últimos datos del Cemaed reflejaron un aumento de los robos y hurtos en comercios, mientras también crecieron los episodios en los que se utilizaron armas de fuego. La problemática también se extiende a las zonas rurales. La reincidencia, los tiempos de la Justicia y la falta de políticas eficaces de reinserción aparecen entre los desafíos pendientes.
Los robos y hechos violentos volvieron a poner el tema en el centro de la agenda de Mar del Plata. Mientras se multiplican los reclamos, comerciantes, empresarios y distintos sectores productivos advierten sobre el impacto de una problemática que atraviesa cada vez más ámbitos de la ciudad y reclaman respuestas de fondo.
La preocupación por la inseguridad volvió a expresarse públicamente en las últimas horas, luego de que los sectores productivos de la ciudad difundieran nuevamente un comunicado en el que manifestó su inquietud por la escalada de violencia y reclamó respuestas concretas frente a una problemática que sigue ganando terreno.
Los últimos números oficiales aportan datos concretos a esa preocupación. Según el reporte del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED), durante el segundo trimestre de 2026 se registraron 239 robos y hurtos en comercios de General Pueyrredon, un 31% más que los 182 contabilizados entre enero y marzo.
El crecimiento no fue solamente en cantidad. También aumentó la violencia en los episodios registrados: los hechos en los que se utilizaron armas de fuego pasaron de 32 durante el primer trimestre a 43 entre abril y junio.
Las estadísticas se conocen luego de semanas en las que una sucesión de hechos violentos volvió a sacudir a distintos barrios de Mar del Plata y reavivó una preocupación que ya excede a los vecinos directamente afectados. La inseguridad se metió de lleno en la agenda comercial, empresarial y productiva, en una ciudad donde abrir un negocio, trabajar o desarrollar una actividad también implica convivir con el temor a ser víctima de un delito.
Entre los casos de mayor impacto de las últimas semanas se encuentran el asesinato de Alberto Rodríguez de 67 años, conductor de una aplicación de viajes, ocurrido a comienzos de agosto en el barrio Regional; el homicidio de Ricardo Ruiz, de 48 años, quien murió tras recibir un disparo durante un robo en su ferretería de Malvinas Argentinas; y el femicidio de Mailén Antonich, de 24 años.
La respuesta provincial incluyó anuncios y un refuerzo de recursos. Desde la Provincia se dispuso el envío de 50 patrulleros, 36 motos y 170 efectivos destinados al Comando de Patrullas, además de un helicóptero y una base permanente en el Instituto Juan Vucetich. Sin embargo, desde algunos sectores miraron el despliegue con desconfianza y lo calificaron como una posible “bomba de humo”, al considerar que el problema requiere algo más que la incorporación de recursos.
Poco después, la Provincia volvió a mover fichas en Mar del Plata y avanzó con cambios en la conducción policial. La designación de Dante Pérez Bianchi como nuevo superintendente quedó enmarcada en una nueva etapa, con la promesa de profundizar la prevención y la investigación sobre las bandas vinculadas al robo de autos y motos y al narcotráfico. El desafío, ahora, será que los anuncios, los refuerzos y el recambio en la estructura policial logren traducirse en resultados concretos frente a una preocupación que sigue creciendo en la ciudad.
Sin embargo, el debate sobre la inseguridad excede la cantidad de patrulleros en las calles. La discusión vuelve a poner en primer plano otros problemas estructurales que atraviesan la respuesta frente al delito, entre ellos el funcionamiento de la Justicia y las dificultades para avanzar en políticas eficaces de reinserción social.
Para distintos sectores, la falta de respuestas rápidas y efectivas desde el sistema judicial es parte de un problema más amplio. La sensación de impunidad, los tiempos de los procesos y la reincidencia aparecen una y otra vez en el debate público cada vez que un hecho violento vuelve a conmocionar a la ciudad.
Pero el problema tampoco termina en una condena. La reinserción social de quienes atravesaron el sistema penal continúa siendo uno de los grandes desafíos pendientes dentro de una discusión que requiere respuestas de largo plazo. Sin políticas que permitan reducir la reincidencia y generar condiciones reales para la inclusión, el círculo de violencia y delito encuentra dificultades para romperse.
Del mostrador a las quintas
La preocupación tampoco se limita al casco urbano. Los establecimientos rurales y las quintas enfrentan robos y mayores dificultades para obtener una respuesta rápida, en un territorio donde las distancias y la falta de recursos específicos complican todavía más las tareas de prevención.
La extensión del distrito, la fragmentación de las jurisdicciones y la falta de patrullaje específico agregan incertidumbre a quienes viven y trabajan en las zonas rurales de General Pueyrredon.
Así, la inseguridad vuelve a mostrar una dimensión que atraviesa barrios, comercios, empresas y establecimientos productivos. Los números reflejan un crecimiento de los delitos contra los comercios, los hechos violentos mantienen el tema en el centro de la agenda y el reclamo empieza a apuntar más allá de las respuestas coyunturales.
El desafío, en ese escenario, no parece reducirse solamente a sumar móviles o efectivos. También pasa por mejorar la prevención, fortalecer la capacidad de respuesta, revisar el funcionamiento de la Justicia y avanzar en políticas de reinserción social que permitan atacar las causas más profundas de una problemática que, lejos de desaparecer, mantiene en alerta a una parte cada vez más amplia de Mar del Plata.
Sin cambios en el total del COT, se dio un nuevo retoque al mapa urbano de Mar del Plata
A través de un decreto, el Ejecutivo municipal convalidó la rezonificación de una parcela clave en la Autovía 2 mediante la Ordenanza O-21144 y la sustitución de la plancheta B 154. Sin una revisión integral del código general, la gestión avanza a fuerza de resoluciones quirúrgicas.
Mar del Plata continúa transformándose. Nuevos desarrollos inmobiliarios, expansión de barrios y proyectos de distinta escala modifican de manera permanente el mapa urbano de General Pueyrredon. Sin embargo, mientras la ciudad cambia, el Código de Ordenamiento Territorial (COT), la principal herramienta normativa para ordenar ese crecimiento, continúa sin una actualización integral.
La paradoja vuelve a quedar expuesta con cada nuevo expediente que llega al Concejo Deliberante y termina rubricado en el Ejecutivo. En lugar de una revisión general de las reglas que determinan qué se puede construir, dónde y bajo qué condiciones, la discusión avanza a través de modificaciones puntuales, cambios de indicadores y adecuaciones normativas vinculadas a proyectos determinados.
Un ejemplo concreto de esta mecánica se dio a conocer formalmente a través del Boletín Oficial. Mediante el Decreto Nº 1284/26, el intendente interino Agustín Neme promulgó la Ordenanza O-21144 (Registro Nº 27.006) refrendada por su polémico secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Jorge "Guasa" González. Con esa firma, se afectó como Distrito de Equipamiento específico – Comercial e Industrial (Ee – CI) a un predio ubicado sobre el kilómetro 398 de la Autovía N.º 2 (Circunscripción II, Parcela 332 ab).
El engranaje administrativo no terminó en la promulgación. Para hacer efectivo el retoque sobre la cartografía oficial del municipio, la misma dupla oficializó a través del Boletín Oficial el Decreto Nº 1681/26, disponiendo la sustitución técnica de la histórica plancheta urbanística extraejidal B 154 por la nueva versión B 155.
La maniobra expone con claridad el modelo vigente: mientras la prometida actualización estructural del COT duerme el “sueño de los justos”, el urbanismo a medida se consolida expediente por expediente. Con la firma de la Secretaría de Obras, las excepciones avanzan, redibujando el mapa de General Pueyrredon lote por lote.
“Marplatenses, a las cosas”: la política frente al desafío de pensar la ciudad que viene
Con la carrera hacia 2027 ya en movimiento, los nombres comienzan a multiplicarse mientras la discusión sobre el modelo de ciudad todavía aparece en segundo plano. La escala demográfica, productiva y económica de General Pueyrredon obliga a levantar la mirada y discutir qué lugar pretende ocupar Mar del Plata en las próximas décadas. Una vieja frase de Ortega y Gasset, parafraseada, puede servir como una consigna renovada: menos cuestiones personales y más atención a las cosas.
La carrera hacia 2027 ya comenzó a moverse. Todavía faltan candidaturas, alianzas y definiciones, pero los distintos espacios empiezan a mostrar dirigentes, recorrer barrios, reunirse con sectores productivos y ganar presencia en las redes. En ese escenario, y más allá de quién logre posicionarse mejor, aparece una pregunta que debería atravesar la próxima elección: ¿qué quieren hacer con Mar del Plata quienes aspiran a gobernarla?
La pregunta no es menor. El Censo 2022 registró 667.082 habitantes en General Pueyrredon, una población mayor a la de ocho provincias argentinas. Sin embargo, la discusión política muchas veces queda encerrada en la coyuntura: el transporte, los baches, la seguridad, los servicios, una obra, una excepción urbanística o el conflicto de turno. Son problemas concretos que necesitan respuestas, pero una ciudad de esta escala también necesita una conversación sobre su futuro.
Hace más de 80 años, el filósofo español José Ortega y Gasset pronunció una frase que, con el paso del tiempo, quedó grabada en la historia política y cultural del país: “¡Argentinos, a las cosas, a las cosas!”. Fue el 27 de noviembre de 1939, durante una conferencia brindada en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, titulada Meditación del pueblo joven. En aquel discurso, Ortega y Gasset llamó a dejar de lado los personalismos, las suspicacias y las discusiones que terminaban paralizando las capacidades colectivas para concentrarse en los problemas concretos. En definitiva, su mensaje era una invitación a correr el foco de las disputas personales y volver a lo esencial: “Argentinos, ¡a las cosas!”.
La frase puede recuperar hoy una particular vigencia en Mar del Plata. Parafraseando al filósofo: Marplatenses, a las cosas. A discutir cómo se genera empleo, cómo se transforma el transporte, qué se hace con el puerto, cómo se potencia la pesca, qué lugar ocupa la Universidad, cómo se desarrolla la economía del conocimiento y de qué manera se ordena una ciudad que continúa creciendo y transformándose.
General Pueyrredon tiene con qué hacerlo. Cuenta con una universidad que produce conocimiento y profesionales, un puerto con capacidad productiva y logística, una industria pesquera de peso nacional, turismo, empresas, trabajadores especializados y un sector tecnológico que viene ganando espacio. El desafío político pasa por algo bastante más complejo que enumerar esos recursos: convertirlos en una estrategia de desarrollo.
Mar del Plata ya atravesó grandes transformaciones. De balneario de las élites pasó a convertirse en una ciudad de turismo masivo y, al mismo tiempo, construyó una matriz productiva mucho más amplia alrededor de la pesca, la industria, el comercio y los servicios. Ahora enfrenta otra etapa, marcada por la tecnología, el conocimiento y nuevas formas de producción.
Alvin Toffler llamó a ese proceso: "La tercera ola". Pero no hace falta convertir la discusión local en una clase de filosofía para entender el desafío: el mundo está cambiando y las ciudades que sepan aprovechar sus capacidades tendrán más oportunidades que aquellas que solamente administren lo que ya tienen.
Por eso, de cara a 2027, la discusión debería superar la lógica de la candidatura permanente. “Farmear aura” puede ayudar a instalar un nombre, generar visibilidad o construir una imagen. Pero una recorrida, una foto o un video no alcanzan para responder qué modelo productivo se quiere para Mar del Plata, cómo se generará trabajo calificado o qué lugar ocupará la ciudad en los próximos 20 años.
La política tendrá que resolver, además, los problemas de todos los días. Pero gobernar no debería consistir únicamente en correr detrás de ellos. Una ciudad de más de 660 mil habitantes necesita también una dirigencia capaz de anticiparse, planificar y aprovechar las oportunidades que aparecen.
Por eso la pregunta para la próxima elección no debería ser solamente quién puede ganar. Tampoco quién tiene más seguidores, quién mide mejor o quién logra instalarse primero. La discusión más importante es qué proyecto tiene cada uno para una ciudad que, por su escala y sus capacidades, puede aspirar a mucho más.
“Si los funcionarios quieren venir a legislar, que se sienten en una banca”: la definición de Baragiola que agrieta al oficialismo
Con las elecciones de 2027 en el horizonte y la renovación de la mitad del Concejo en juego, la Comisión de Obras expuso, una vez más, la interna en el bloque gobernante. “Siento que nos toman el pelo; las mayorías son circunstanciales y terminamos pagando costos altos”, advirtió la edil radical al cruzar al PRO por la parálisis de proyectos vecinales.
Faltan meses para que el calendario electoral de 2027 quede formalmente inaugurado, pero en Mar del Plata la campaña ya dicta el compás de las decisiones institucionales. En el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, la inminente renovación de doce bancas —exactamente la mitad del recinto— y la disputa mayor por la Intendencia impusieron un escenario de altísima sensibilidad política. La cercanía de las urnas exige una precisión quirúrgica a los bloques: mantener una agenda propia, preservar el perfil de gestión y evitar a toda costa que aliados o rivales sepulten las iniciativas en el fango burocrático. En ese clima enrarecido, donde nadie está dispuesto a conceder ventaja ni a pagar costos por ineficiencias ajenas, la Comisión de Obras se convirtió en el escenario de una batahola política que dejó al descubierto no solo el distanciamiento entre oficialismo y oposición, sino una fractura expuesta en el propio entramado gobernante.
El disparador fue el tratamiento del Expediente 1242/24, un proyecto de comunicación impulsado por la oposición para requerir intervenciones en el Barrio Libertad. Pese a contar con el aval de las comisiones de Seguridad y Ambiente, el expediente acumula dos años y medio frenado en Obras a la espera de informes técnicos de los entes descentralizados Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) y Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR). La reunión devolvió al recinto una discusión metodológica de fondo: la insistencia del oficialismo en pedir opiniones ejecutivas para responder simples solicitudes vecinales. Mientras la oposición presente —articulada por AM-MDF y Unión por la Patria— acusó al gobierno de cajonear los expedientes para blindar la inacción municipal, el PRO y La Libertad Avanza abroquelaron filas exigiendo mantener el proyecto "en comisión" con la promesa de reiterar pedidos de informes que nunca llegan.
Sin embargo, la verdadera sacudida política no provino de las bancadas opositoras, sino del riñón del propio oficialismo. Vilma Baragiola, referente de la UCR + Nuevos Aires, rompió de forma intempestiva la disciplina del interbloque y apuntó directamente contra la inercia del aparato administrativo comunal. La postura de la edila adquirió una densidad particular: el radicalismo no solo integra la coalición oficialista en el Concejo, sino que además ostenta secretarías y cargos clave en el Ejecutivo local. Aún desde adentro del esquema de gobierno, Baragiola no dudó en embestir contra la dilación de las reparticiones municipales y la pasividad con la que se cajonean las demandas barriales, marcando un límite tajante a la estrategia de sus socios de bancada del PRO y La Libertad Avanza, empeñados en retener proyectos sensibles para evitar el costo político de admitir deficiencias en las calles.
El mensaje de Baragiola operó como una bisagra ideológica y táctica. La histórica dirigente radical dejó en claro que la Unión Cívica Radical (UCR) no respaldará a ciegas la parálisis administrativa ni tolerará la prepotencia de los entes ejecutivos sobre el cuerpo deliberativo. Con la renovación parlamentaria a la vuelta de la esquina, el radicalismo marca terreno y busca diferenciarse del PRO y de sus aliados libertarios.
Desde la conducción de la comisión, el concejal del PRO Fernando Muro procuró encauzar la marejada apelando a formalismos reglamentarios y proponiendo trasladar la discusión sobre la metodología de trabajo a la Comisión de Labor Legislativa. En la misma línea, Marcelo Cardoso (PRO) fundamentó la retención de los expedientes bajo la premisa de la rigurosidad técnica, mientras la edil de La Libertad Avanza, Noelia Álvarez Ríos, acompañó sin matices la tesitura de congelar el proyecto a la espera de las respuestas operativas. Sin embargo, los intentos por matizar la brecha resultaron estériles frente al diagnóstico opositor, que remarcó que las comunicaciones no imponen obras presupuestarias, sino que canalizan reclamos esenciales que llevan treinta meses sin solución.
El desenlace del tratamiento del expediente dejó una señal inequívoca para los meses por venir. En General Pueyrredon, la contienda por 2027 ha comenzado mucho antes de lo previsto y ya reconfigura las lealtades en el Concejo Deliberante. La estrategia del oficialismo de postergar debates mediante el bucle interminable de los pedidos de informes colisionó de frente contra la necesidad de sus propios integrantes de preservar credibilidad territorial. Cuando las mayorías parlamentarias se vuelven endebles y la contienda electoral apremia, las alianzas de gobierno entran en una zona de turbulencia donde la supervivencia política individual cotiza bastante más alto que la disciplina de trinchera.
Miércoles sin clases: paro total de actividades en la UNMdP
Los gremios rechazaron la propuesta presentada por el Gobierno nacional y convocaron a una medida de fuerza de 24 horas. La protesta alcanzará a docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
La Universidad Nacional de Mar del Plata volverá a sentir este miércoles el impacto del conflicto salarial que enfrenta al sistema universitario con el gobierno de Javier Milei. Tras una nueva negociación sin acuerdo, docentes y nodocentes realizarán un paro nacional de 24 horas que dejará sin clases ni actividades académicas a la casa de altos estudios.
La medida fue resuelta luego de la reunión paritaria realizada este martes, en la que el Ejecutivo nacional presentó una propuesta que fue rechazada de plano por las federaciones sindicales. El ofrecimiento consistió en sumar un 3% para los salarios de septiembre, mientras que otro incremento del mismo porcentaje para octubre ya formaba parte del entendimiento alcanzado meses atrás.
Desde los gremios sostienen que la propuesta no responde al deterioro acumulado de los ingresos frente a la inflación y reclaman una recomposición más amplia. En ese marco, las organizaciones sindicales volvieron a poner sobre la mesa el atraso salarial que, según sus cálculos, se arrastra desde diciembre de 2023.
La discusión también vuelve a exponer la tensión por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios reclaman el cumplimiento de los mecanismos previstos para actualizar los salarios y advierten, además, sobre las demoras en el envío de recursos destinados al funcionamiento de las universidades, las becas y los hospitales universitarios.
En Mar del Plata, el paro tendrá adhesión de los sindicatos que representan a trabajadores de la UNMdP. Desde ADUM confirmaron que la medida implicará una paralización total de las actividades durante la jornada.
“Frente a la miseria salarial que ofreció el Gobierno de Javier Milei en la paritaria nacional, los y las docentes universitarias de todo el país resolvieron un PARO TOTAL DE ACTIVIDADES para este MIÉRCOLES 2 de septiembre”, señalaron desde el gremio docente.
De esta manera, la Universidad Nacional de Mar del Plata volverá a quedar atravesada por una protesta que forma parte de un conflicto de alcance nacional. La falta de entendimiento en la paritaria sumó un nuevo capítulo y este miércoles tendrá una consecuencia concreta: no habrá actividad normal en la casa de estudios.
El modelo cruje y cada uno con su canción
Las diferencias comenzaron a hacerse visibles en distintos ámbitos del gobierno local y anticipan una disputa por el reordenamiento del poder. Las señales políticas de los últimos días volvieron a exhibir las diferencias entre el sector del gobernador y el núcleo referenciado en Cristina y Máximo Kirchner.
Dardos, cruces y pases de factura: el “Modelo Mar del Plata” empieza a mostrar sus tensiones internas
Las tensiones dentro del oficialismo ya no se esconden demasiado. Los dardos entre propios empezaron a asomar en el Concejo Deliberante y los cruces también se multiplican puertas adentro del gabinete. El “Modelo Mar del Plata”, esa alianza de sectores y tribus que logró convivir desde el 2019, comienza a mostrar fisuras y una convivencia cada vez menos cómoda.
En ese escenario, la posible vuelta de Guillermo Montenegro a la Municipalidad aparece como uno de los factores que agita las aguas. Nadie quiere quedar mal parado ante un eventual reordenamiento del tablero y las distintas terminales del oficialismo empiezan a medir fuerzas, marcar territorio y dejar en claro quién responde a quién. La unidad sigue siendo parte del discurso, pero en los hechos la rosca interna empieza a sonar cada vez más fuerte.
Del plenario del MDF a San José 1111, el peronismo marplatense volvió a mostrar sus dos terminales
La interna del peronismo empieza a hablar en distintos escenarios y con mensajes cada vez menos disimulados. En la Quinta Sección, el plenario del Movimiento Derecho al Futuro reunió a dirigentes alineados con Axel Kicillof, entre ellos el concejal Gustavo Pulti, en una jornada donde también comenzaron a escucharse consignas con proyección presidencial. “Axel, presidente” fue uno de los gritos que atravesó el encuentro y dejó expuesta la construcción política que el gobernador bonaerense busca consolidar rumbo a 2027.
Del otro lado del mapa, Fernanda Raverta participó el martes de la movilización frente a San José 1111, a cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. Allí, con Máximo Kirchner como una de las principales figuras, volvió a sonar el cántico que reivindica a Cristina como conductora y lanza una respuesta directa a la idea de “una nueva canción” planteada tiempo atrás por Kicillof: “Y si querés otra canción, vení, te presto la mía”. Máximo no solo dejó que la consigna avanzara, sino que pidió repetirla: “Una vuelta más, dale, vamos, no se escucha”.
Dos postales, dos alineamientos y una discusión que atraviesa también al peronismo marplatense. Mientras Pulti se mostró en la foto del espacio que impulsa al gobernador y Raverta acompañó la convocatoria del kirchnerismo, las diferencias entre ambos polos vuelven a ganar volumen. La disputa por la conducción, los liderazgos y el rumbo hacia 2027 todavía está lejos de resolverse y, por ahora, las señales que llegan desde uno y otro lado parecen confirmar que el entendimiento deberá esperar.
Abad dejó una señal hacia 2027 y volvió a quedar en el radar electoral
Maximiliano Abad volvió a dejar una definición con proyección hacia 2027. El senador nacional marplatense de la UCR participó del programa Wifi, que conduce Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, en A24, donde habló sobre distintos temas de la actualidad, entre ellos Malvinas. Pero una pregunta terminó corriendo la conversación hacia el futuro político y la posibilidad de que vuelva a competir por la conducción de General Pueyrredon.
Consultado sobre una eventual candidatura a intendente, el dirigente radical evitó una confirmación concreta, aunque tampoco cerró la puerta. “Es una ciudad que está yendo a buscar el futuro. Quiero formar parte de eso”, respondió Abad, en una frase que vuelve a alimentar las especulaciones sobre el armado electoral que comenzará a tomar forma de cara a 2027.
El Tribunal de Cuentas habilitó parte de los recursos de Montenegro, pero rechazó uno de sus planteos
El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires resolvió sobre los recursos presentados por Guillermo Montenegro contra la Sentencia N° 29/2026, dictada el 12 de febrero pasado. El organismo declaró formalmente procedentes las apelaciones vinculadas con una multa y distintos cargos aplicados al intendente en licencia y actual senador provincial, por lo que esas actuaciones seguirán su trámite y serán analizadas por la División Relatora.
La resolución, sin embargo, no resultó favorable en todos los planteos realizados por Montenegro. El Tribunal también declaró improcedente uno de los recursos presentados por el dirigente del PRO en relación con otro de los puntos abordados en la sentencia recurrida. De esta manera, mientras parte de las objeciones continuará su recorrido dentro del organismo de control, otro de los cuestionamientos quedó rechazado en esta instancia.
El Consorcio Portuario destinará más de $355 millones para completar la red sanitaria
El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata decidió destrabar por cuenta propia la finalización de la red cloacal que abastecerá a las zonas comercial y operativa. El organismo lanzó la Licitación Pública N° 3/2026, con un presupuesto oficial de $355.105.445,95 más IVA, para completar una intervención que había quedado a mitad de camino tras la discontinuidad del financiamiento del programa Argentina Hace.
La tarea corresponde al tramo final de un proyecto que ya registra un 72% de avance y cuya conclusión representa cerca del 30% restante de las intervenciones necesarias en el sector portuario. En el medio, la posibilidad de que la harinera Coomarpes asumiera los trabajos como parte de una compensación en una causa por contaminación fue descartada por la Justicia. Sin fondos nacionales y sin acuerdo judicial, el Consorcio resolvió financiar la obra con recursos propios y volver a poner en marcha una infraestructura que había quedado atrapada entre el ajuste, los expedientes y las idas y vueltas.
Las propuestas podrán presentarse hasta el 24 de septiembre, fecha prevista también para la apertura de sobres. Así, el Puerto busca cerrar un capítulo que atravesó varios obstáculos y avanzar con una obra clave para su zona comercial y operativa, ahora bajo un esquema de financiamiento propio.
El futuro del Unzué vuelve a la agenda del Concejo
La Comisión de Salud reiteró pedidos de informes para conocer qué destino tendrá el histórico edificio. Mientras el Municipio impulsa desde hace tiempo un convenio para instalar allí áreas de Niñez, Discapacidad y Salud Mental, la ministra Sandra Pettovello planteó recientemente avanzar con un espacio de capacitación laboral.
La Comisión de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano del Concejo Deliberante, presidida por Diego García, volvió a poner bajo la lupa el futuro del Asilo Saturnino Unzué. En el marco del tratamiento de diez expedientes, los concejales resolvieron reiterar pedidos de informes al Municipio y al Ministerio de Capital Humano de la Nación para conocer qué posibilidades existen de avanzar con un convenio para utilizar parte del histórico edificio.
El expediente, impulsado en 2025, plantea que un sector del Unzué sea destinado a la atención de vecinos en las áreas municipales de Niñez, Discapacidad y Salud Mental. Según explicó García durante la comisión, se vienen realizando consultas a las áreas de Desarrollo Social, Salud y Legal y Técnica, además del Ministerio de Capital Humano, aunque hasta el momento no hubo respuestas concretas que permitan definir el futuro del espacio.
La discusión tomó otro giro luego de la reciente visita de Pettovello a Mar del Plata. La ministra de Capital Humano recorrió el Unzué y mantuvo encuentros con empresarios de la ciudad con la intención de avanzar en una propuesta de capacitación laboral para personas que buscan empleo. Esa alternativa se suma a una iniciativa de la concejala Baragiola para desarrollar un esquema similar desde el ámbito municipal.
Durante la comisión, el concejal Julián Bussetti consultó si Nación había recibido el pedido de informes. Desde la presidencia señalaron que existía constancia de recepción, pero no una respuesta. Así, los ediles acordaron reiterar el pedido tanto a Capital Humano como a las áreas municipales involucradas, a la espera de precisiones sobre qué proyecto existe para el predio y qué destino podría tener.
El debate sobre el Unzué se dio en una comisión atravesada por distintos pedidos de informes que permanecen sin respuesta, entre ellos los vinculados a las prestaciones de transporte para personas con discapacidad, las políticas para personas en situación de calle y el funcionamiento del CAPS El Martillo. En ese contexto, el futuro del histórico edificio volvió a quedar en agenda, con propuestas diferentes sobre su utilización y sin definiciones concretas sobre cuál será finalmente su destino.
Taxistas reclaman al Municipio por la falta de controles a los conductores de apps
La Federación Nacional de Conductores de Taxi cuestionó que todavía no se haya reglamentado la ordenanza que establece requisitos para quienes trabajan con plataformas de transporte. El plazo para comenzar con los controles venció el 1 de septiembre y desde el sector aseguran que no recibieron respuestas del Ejecutivo local.
La fecha establecida para comenzar con los controles a los conductores de aplicaciones llegó sin avances concretos por parte del Municipio. Desde la Federación Nacional de Conductores de Taxi reclamaron al Ejecutivo que reglamente y ponga en vigencia la ordenanza que establece las condiciones que deben cumplir quienes prestan el servicio mediante plataformas.
Uno de los principales cuestionamientos del sector está puesto en los requisitos que, según sostienen, actualmente no cumplen muchos de los conductores de aplicaciones. Afirmaron que, si hoy se realizaran controles, “el 99% no tiene ni carnet profesional”, uno de los puntos contemplados por la normativa.
A su vez, los taxistas plantearon que la falta de controles genera una situación de desigualdad frente a las exigencias que debe afrontar su propio sector. En ese sentido, remarcaron que los taxis están sujetos a inspecciones, VTV y obligaciones tributarias, mientras que denuncian la presencia de vehículos que continúan trabajando mediante aplicaciones sin cumplir con las condiciones previstas en la ordenanza.
De cara a la temporada de verano, advirtieron además sobre la posible llegada de conductores de otras ciudades para trabajar en Mar del Plata. Por eso, insistieron en que el Municipio debe avanzar con la reglamentación y establecer un esquema de controles que permita ordenar la actividad antes del inicio de la temporada.
Cambio en la cúpula policial: Fontana deja la Departamental de Mar del Plata y asume Gallo
El comisario mayor Cristian Fontana fue relevado después de 390 días al frente de la Policía Departamental de Mar del Plata. Será reemplazado por Valerio Gallo, quien viene de desempeñarse como jefe de la Policía Comunal de Pinamar. El cambio se da en el marco de una reestructuración de la conducción regional, luego de que Dante Pérez Bianchi asumiera en agosto como nuevo superintendente de la Región Atlántica.
La Policía Bonaerense dispuso un cambio en la conducción de la Departamental de Mar del Plata. El comisario mayor Cristian Fontana fue relevado este miércoles de sus funciones, luego de 390 días al frente de la fuerza, y será reemplazado por el comisario mayor Valerio Gallo.
El movimiento forma parte de una serie de modificaciones en la estructura de conducción de la Policía Bonaerense en la región. En agosto, el comisario mayor Dante Pérez Bianchi asumió como nuevo superintendente de la Región Atlántica, con base en Mar del Plata.
En ese marco, el recambio en la Departamental local se produce como parte de la reorganización de la conducción policial regional. Gallo llega a Mar del Plata después de desempeñarse como jefe de la Policía Comunal de Pinamar.
La salida de Fontana también se produce después de varias semanas de versiones que anticipaban su desplazamiento. El comisario mayor había asumido la conducción de la Departamental en agosto de 2025 y permaneció en el cargo durante el arribo de refuerzos policiales y la realización de distintos operativos de seguridad en Mar del Plata.
El nuevo jefe, Valerio Gallo, tendrá a su cargo la conducción operativa de la Policía Departamental de Mar del Plata, en coordinación con la estructura regional encabezada desde agosto por Pérez Bianchi.
El recambio se produce además en un contexto de reclamos sostenidos por mayor presencia policial y respuestas frente al delito. En las últimas semanas, la Provincia reforzó los operativos de seguridad en distintos sectores de la ciudad, mientras desde el Municipio también se multiplicaron los pedidos de mayor intervención de las fuerzas bonaerenses.
Los cambios en la conducción policial dejan así una nueva estructura al frente de la seguridad en Mar del Plata. Pérez Bianchi en la conducción de la Región Atlántica y Gallo desde la Departamental local, mientras Fontana deja el cargo que ocupó durante poco más de un año.
Valerio Gallo, el nuevo jefe de la Departamental que llegó en medio de la crisis de seguridad
El comisario mayor reemplazó a Cristian Fontana y asumió la conducción de una estructura atravesada por los cambios de mando y el avance de la preocupación por la inseguridad. Cuenta con 32 años de trayectoria en la Policía bonaerense y estuvo casi cinco años al frente de la fuerza en Pinamar.
Un nuevo cambio de nombres volvió a sacudir a la conducción de la Policía bonaerense en Mar del Plata. El comisario mayor Valerio Gallo fue designado al frente de la Jefatura Departamental en reemplazo de Cristian Fontana y tendrá por delante una tarea que excede el habitual recambio de autoridades: desembarca en una estructura que acumula modificaciones en su conducción y en una ciudad donde la inseguridad volvió a ganar terreno en la agenda pública.
Gallo cuenta con 32 años de servicio dentro de la Policía bonaerense y llega desde Pinamar, donde se desempeñaba como jefe de la Policía Comunal. Su trayectoria incluye el paso por diferentes dependencias de la Provincia y una experiencia prolongada al frente de una comisaría del distrito vecino, una función que ocupó durante casi cinco años y que le permitió sumar antecedentes en la conducción territorial de fuerzas policiales.
El Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió su llegada a Mar del Plata y el anuncio fue realizado por el subsecretario de Control y Fiscalización Policial, Andrés Escudero. El movimiento se produjo con la salida de Fontana y vuelve a modificar la cabeza de la Departamental, un área clave para la coordinación de la respuesta policial en General Pueyrredon.
La designación, sin embargo, también expone un problema que viene acompañando a la estructura desde hace tiempo: la falta de continuidad. Gallo se convierte en el cuarto jefe departamental en poco más de 24 meses. Desde la detención de José Segovia, en 2024, la conducción de la Policía local atravesó una sucesión de nombres sin que lograra consolidarse una etapa prolongada al frente de la fuerza.
En ese contexto, el desafío para el nuevo jefe no será únicamente acomodarse detrás del escritorio. Mar del Plata atraviesa un escenario marcado por robos, episodios violentos y una creciente inquietud entre comerciantes, empresarios y vecinos, que volvieron a colocar la cuestión de la seguridad entre las principales preocupaciones de la ciudad.
Según trascendió, una de las líneas que buscará profundizar durante su gestión estará vinculada con el avance de las investigaciones sobre los mercados criminales y las distintas organizaciones que operan detrás de delitos que tienen impacto cotidiano en los barrios. El desafío será traducir esa estrategia en resultados concretos en un distrito de gran extensión y complejidad.
El desembarco de Gallo llega, además, en un momento en el que la seguridad se convirtió nuevamente en un terreno de disputa política. Mientras se multiplican los reclamos por los hechos delictivos, cada cambio en la cúpula policial es leído también como una señal sobre la respuesta que intenta dar la Provincia.
Con más de tres décadas dentro de la Bonaerense, el nuevo jefe de la Departamental tendrá ahora su prueba más exigente. La experiencia acumulada y su paso por Pinamar forman parte de la carta de presentación. Pero en Mar del Plata, donde la sucesión de jefes se volvió una constante, el desafío será bastante más ambicioso: recuperar estabilidad en la conducción y mostrar resultados en una de las áreas más sensibles de la agenda local.
El COM se apoderó de la Comisión de Seguridad
El funcionamiento del Centro de Operaciones y Monitoreo concentró el debate, con cuestionamientos por las cámaras operativas, dudas sobre las que fueron compradas y el enojo que le quedó a Diego García tras los dichos de Julián Bussetti en la última Sesión Ordinaria.
La Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante terminó concentrando su debate en uno de los puntos más sensibles de la política de seguridad municipal, el funcionamiento del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Los expedientes sobre robos automotores y cámaras derivaron en fuertes cuestionamientos al Ejecutivo.
Al abordar el pedido de informes sobre los protocolos ante el robo de vehículos, Diego García, miembro del bloque de Unión por la Patria, puso sobre la mesa que durante 2025 se registraron, según datos de Fiscalía, unos 5.200 vehículos robados, mientras que el COM informó haber encontrado 75. El edil reclamó conocer qué sucede desde que ingresa una denuncia al 911 o al sistema multiagencia y cómo se articulan las cámaras municipales con la Policía. También cuestionó que, apenas 24 horas después de presentar su proyecto, el Ejecutivo habilitó un canal de WhatsApp para denunciar robos de patentes y vehículos, una herramienta que el oficialismo había cuestionado previamente cuando la oposición propuso ampliar los canales de comunicación.
Desde la oposición aprovecharon además para insistir con su propuesta de un sistema de alerta temprana, al que denomina “Escudo Digital”, que permitiría centralizar avisos desde los teléfonos celulares y articularlos con el COM, la Policía, SAME, Bomberos y otras fuerzas. En ese marco, lanzó una crítica hacia el funcionamiento político del oficialismo al advertir una supuesta “descoordinación entre el primer piso y la planta baja” de la Municipalidad. Según planteó, algunas iniciativas son rechazadas por los concejales oficialistas y luego terminan siendo implementadas por el propio Ejecutivo. “Que se deje ayudar”, reclamaron.
El segundo expediente profundizó la discusión. Desde el bloque kicillofista se pidió conocer cuántas de las 1.383 cámaras mencionadas en una publicación reciente se encuentran realmente operativas. Desde la cámpora cuestionaron que, después de años de anuncios sobre tecnología, reconocimiento facial y anillos digitales, la ciudad tenga ese número de dispositivos y señalaron que en 2026 se presupuestó la compra de 10 cámaras, mientras que en 2025 se habían previsto 5, pero que desde la oposición no pudieron determinar dónde fueron colocadas esas cinco ni qué función cumplen. También puso en duda la capacidad de mantenimiento del sistema y mencionó casos de cámaras que quedarían inutilizadas por cuestiones tan básicas como ramas que obstruyen su visión.
También apuntaron contra la integración de cámaras privadas al COM, según los datos que citó de la rendición de cuentas de 2025, habrían pasado de unas 900 a alrededor de 600. A esto sumó cuestionamientos sobre la difusión del canal de WhatsApp del COM y sobre la cantidad de personal que monitorea las cámaras por turno. Para la oposición, el problema no es solamente cuántos dispositivos existen, sino si efectivamente sirven para prevenir delitos en tiempo real o si terminan funcionando principalmente como una herramienta para aportar imágenes a la Justicia después de ocurrido el hecho.
En medio de esa discusión apareció otro de los cruces políticos de la jornada. García se tomó especialmente a pecho un señalamiento que, según quedó planteado durante la sexta sesión ordinaria pública, había realizado previamente el concejal del PRO Julián Bussetti, quien lo había acusado de salir a los medios para hacer propaganda y utilizar “datos truchos”. Lejos de dejar pasar la referencia, García volvió sobre la cuestión y defendió su manera de trabajar. Aseguró que contrasta informes municipales, noticias y testimonios de vecinos antes de realizar sus planteos.
La discusión terminó exponiendo una tensión que atraviesa a la comisión. Mientras el oficialismo cuestiona el uso político de determinados datos, la oposición sostiene que justamente su función es ponerlos bajo la lupa y exigir explicaciones.
Así, entre pedidos de informes, reproches y pases de factura, el COM terminó siendo el verdadero protagonista de una comisión que, después de meses de escasa actividad, empieza a tomar ritmo. Aunque por ahora la respuesta oficial quedó, una vez más, para la próxima reunión.
El reclamo de 49 barrios quedó congelado en el Concejo
49 Sociedades de Fomento reclaman una mesa de trabajo entre Municipio, Provincia, Nación y Justicia, pero el expediente no fue incluido en la agenda de la Comisión de Seguridad. Los vecinalistas cuestionaron a la presidenta de la comisión, Florencia Ranellucci, y exigieron explicaciones.
La inseguridad volvió a poner en tensión la relación entre las entidades barriales y el Concejo Deliberante. Mientras los reclamos por el avance del delito se multiplican en distintos puntos de Mar del Plata, casi medio centenar de Sociedades de Fomento cuestionó que el pedido para crear una mesa interjurisdiccional haya quedado nuevamente fuera de la discusión legislativa.
El expediente, que propone reunir al Municipio, la Provincia, la Nación y la Justicia para diseñar un plan integral de seguridad, no fue incorporado al orden del día de la última reunión de la Comisión de Seguridad. La decisión generó malestar entre los fomentistas, que apuntaron contra la presidenta de la comisión, la concejal oficialista Florencia Ranellucci.
“Lamentamos anunciar que el pedido de conformar una mesa entre Municipalidad, Provincia, Nación y Justicia para confeccionar un plan de seguridad integral y duradero no fue incluido dentro del orden del día”, expresaron las entidades en un comunicado. Y agregaron: “Esta responsabilidad recae en la presidenta de esta comisión, la concejal Ranellucci. No entendemos cuál es la causa”.
El planteo vecinal apunta a generar un espacio de coordinación entre los distintos niveles del Estado frente a una problemática que, según sostienen, requiere respuestas que excedan las competencias de una sola jurisdicción.
“Somos 49 barrios que estamos pidiendo directamente que se realice esta tarea en conjunto y de forma urgente”, remarcaron los vecinalistas, que volvieron a poner la inseguridad en el centro de la agenda política local y reclamaron que el Concejo abra finalmente el debate.
El Municipio acumula siete meses de deuda por el alquiler del Teatro Colón y los servicios de sonido e iluminación
El Municipio de General Pueyrredon acumula siete meses de alquiler impagos al Club Español por el Teatro Colón, con una deuda que ya supera los $40 millones. A eso se suman las deudas con proveedores técnicos de sonido e iluminación, en otra postal que vuelve a poner bajo la lupa la gestión de Diego Juárez al frente del EMTURyC.
Mientras Diego Juárez asegura que el objetivo es que Mar del Plata “explote” durante el verano y defiende gastar millones en promoción, el organismo que conduce acumula un reclamo por siete meses de alquiler impago al Club Español por el Teatro Colón. La deuda se suma a una larga lista de cuestionamientos sobre una gestión que viene tropezando con los eventos, la promoción turística, los pedidos de informes y hasta el control de las concesiones.
“Los parámetros no son los mejores”, reconoció Diego Juárez al hablar de la situación turística de Mar del Plata. La frase podría pasar como una cautelosa descripción del escenario económico si no fuera porque, apenas unos minutos después, el presidente del EMTURyC volvió a apostar por el optimismo y aseguró que el desafío es que la ciudad “explote” durante la próxima temporada.
El problema es que, mientras el titular del Ente habla de inversiones, aparece otra postal bastante menos auspiciosa de la administración municipal. El Municipio, a través del EMTURyC, acumula siete meses de atraso en el pago del alquiler al Club Español por el Teatro Colón.
De acuerdo con el reclamo recibido por este medio, contando agosto, son siete los meses en los que el Municipio habría dejado de abonar el alquiler, acumulando hasta la fecha más de $40 millones de pesos de deuda. Según esa misma comunicación, durante ese período el Club Español reclamó sucesivamente los pagos y no habría recibido una explicación por la mora.
El último capítulo llegó el 25 de agosto, cuando la institución envió una carta documento. Siempre según el planteo recibido, después de esa intimación tampoco habría existido contacto por parte del Municipio ni una explicación sobre el incumplimiento.
A la deuda con el Club Español se suma otro frente que preocupa puertas adentro del Teatro Colón. El atraso que el Municipio mantiene desde hace tiempo con quienes brindan los servicios técnicos de sonido e iluminación. La situación genera incertidumbre entre los trabajadores del teatro, que miran con preocupación un eventual escenario de cierre o de imposibilidad de sostener el funcionamiento del espacio y se preguntan, directamente, dónde continuarían sus tareas.
El interrogante también alcanza a los organismos y elencos que tienen al Colón como escenario habitual. Si la falta de pagos se profundiza, ¿dónde tocaría la Banda Municipal y dónde desarrollarían sus actividades los distintos cuerpos y espacios culturales que forman parte de la vida del teatro? El problema, entonces, ya no se reduce a una deuda administrativa: empieza a poner en riesgo el funcionamiento de uno de los principales escenarios culturales de Mar del Plata.
Además de esto, según pudo recabar La Tecla Mar del Plata, el funcionamiento técnico del Teatro Colón se sostiene gracias a la gestión del personal de planta y de los empleados de jerarquía, que son quienes articulan con los proveedores para garantizar los servicios de sonido e iluminación y permiten que las actividades puedan realizarse pese a que el Municipio mantiene atrasos en los pagos.
Mientras Juárez pide pensar el turismo como una inversión y apuesta a que Mar del Plata “explote”, el organismo que conduce aparece señalado por acumular meses de deuda con una institución vinculada a uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.
No se trata del primer episodio que pone bajo la lupa a la conducción del EMTURyC. En el Concejo Deliberante los cuestionamientos contra Juárez vienen creciendo a partir de la falta de respuestas a pedidos de informes. Algunos expedientes vinculados con bibliotecas, políticas culturales y programas bajo la órbita del Ente llevan meses esperando una contestación. Incluso, según se planteó en comisión, hubo pedidos que fueron reiterados hasta tres veces.
La situación llegó al punto de que se comenzó a analizar la posibilidad de citar al propio presidente del EMTURyC al Concejo para que explique qué ocurre con los expedientes pendientes.
La conducción de Juárez también quedó expuesta por una observación del Tribunal de Cuentas bonaerense sobre la liquidación del canon correspondiente al complejo Edificio Normandie, en Playa Grande. El organismo provincial detectó un error en la aplicación de uno de los índices utilizados para actualizar el canon y obligó a recalcular el monto.
La escena vuelve a chocar con el discurso de una administración que asegura estar preocupada por generar recursos, atraer turistas y convertir cada peso destinado al turismo en una inversión.
Porque administrar un ente turístico no consiste únicamente en anunciar eventos, asistir a ferias o defender el Fondo de Promoción. También supone controlar concesiones, contestar pedidos de informes, cumplir compromisos contractuales y administrar correctamente los recursos públicos.
En materia de promoción, la gestión tampoco viene precisamente sobrada de resultados. Durante el año, el EMTURyC quedó en el centro de las críticas por la baja actividad turística, la falta de iniciativas durante la temporada baja y la pérdida de oportunidades para transformar acontecimientos masivos en movimiento económico para la ciudad.
Uno de los ejemplos fue el Fan Fest que nunca llegó durante el Mundial. Mientras otras ciudades aprovecharon la campaña de la Selección Argentina para organizar encuentros multitudinarios, Mar del Plata terminó viendo cómo miles de vecinos se concentraban espontáneamente en el Monumento a San Martín.
Algo similar ocurrió con el Enduro del Invierno, evento que terminó mudándose a Pinamar y que había sido señalado como una herramienta importante para mover la actividad hotelera y gastronómica durante la temporada baja.
Mientras la ciudad perdía acontecimientos capaces de generar movimiento en meses difíciles, desde el Ente aparecía una explicación que terminó convirtiéndose casi en una marca registrada de la gestión: “la ciudad se vende sola”. El problema de esa teoría es que, cuando la ciudad no se vende sola, alguien tiene que venderla. Y para eso existe, justamente, un ente municipal de turismo.
La temporada de invierno tampoco ofreció demasiados motivos para celebrar. Las reservas hoteleras habían llegado a niveles muy bajos y el sector privado advertía sobre la caída del movimiento y del consumo. A eso se sumó el cierre de establecimientos hoteleros y gastronómicos y el reclamo por una estrategia que permitiera desestacionalizar el turismo.
Ahora Juárez vuelve a mirar hacia adelante y asegura que el verano puede ser diferente. Habla de la FIT, de promoción, de reuniones con operadores y de la expectativa de recuperar el movimiento.
Llega a septiembre con pedidos de informes sin responder, observaciones sobre la administración de concesiones, oportunidades promocionales perdidas, eventos que se fueron de la ciudad y ahora un reclamo por siete meses de alquiler impago sumado a la falta de pago de los trabajadores del teatro.
Por eso, cuando Juárez dice que “siempre nos gustaría invertir mucho más”, la pregunta ya no es solamente cuánto dinero se destina a promocionar Mar del Plata. La pregunta es qué se hace con lo que ya se tiene. Porque una gestión puede tener presupuesto, Fondo de Promoción, ferias, eventos y discursos optimistas. Pero si al mismo tiempo acumula deudas, demora respuestas institucionales, necesita que organismos externos detecten errores administrativos y deja escapar oportunidades para promocionar la ciudad, el problema deja de ser cuánto se invierte.
Por ahora, lo que explota es el contraste entre el relato y una lista cada vez más extensa de asuntos pendientes.
Bussetti salió a "mojarle la oreja" a La Cámpora: tapó un mural de Cristina
El titular del bloque del PRO del HCD pintó una pared intervenida con la imagen de la expresidenta y la leyenda “Presidenta”. La secuencia fue compartida en redes sociales y terminó con una señal que excedió a la pintura.
La excusa fue recuperar un espacio. Pero Julián Bussetti tenía algo más en mente. El presidente del bloque del PRO en el Concejo Deliberante decidió intervenir una pared de Mar del Plata que estaba pintada con una imagen de Cristina Fernández de Kirchner y la leyenda “Presidenta”, que tenía la firma de La Cámpora local.
Con rodillo en mano, el concejal amarillo mostró el antes, el durante y el después de la intervención a través de sus redes sociales. Oficialmente, el objetivo era recuperar y embellecer el lugar. Sin embargo, la elección de esa pared y la difusión de toda la secuencia parecieron tener un destinatario político bastante más claro.
No fue cualquier pintada la que Bussetti decidió tapar. Mientras avanzaban los trabajos, el titular de la bancada del PRO también dejó su propio mensaje: “Toda la basura de lo que vandalizaron esto lo tiramos donde corresponde, en el tacho”.
La frase funcionó como una declaración de principios, pero también como una provocación. Porque detrás de la pintura y el discurso sobre la limpieza urbana, el concejal pareció aprovechar la oportunidad para mojarle la oreja a La Cámpora.
La escena tuvo un cierre todavía más explícito. Una vez terminada la intervención, en el lugar Bussetti colocó un cartel con la inscripción: “Este lugar fue recuperado (Ahora es de todos)”.
“Recuperamos este espacio y lo dejamos como corresponde. Entre todos podemos volver a tener una ciudad más linda, más limpia y de todos”, escribió en sus redes sociales junto al video.
La recuperación del espacio fue el argumento. La pintura, la herramienta. Y el mural de Cristina, la oportunidad perfecta para que Bussetti le “mojara la oreja” a La Cámpora. O, mejor dicho, para hacer algo bastante más concreto: pintarle el paredón.