Mientras la inseguridad vuelve una y otra vez al centro de las preocupaciones de los marplatenses, el Municipio de General Pueyrredon decidió destinar $3.696 millones al mantenimiento integral del sistema de videovigilancia durante los próximos 24 meses. La adjudicación quedó en manos de NEC Argentina y la cifra, en un contexto de recursos escasos y demandas que se acumulan, difícilmente pase inadvertida.
La empresa presentó una oferta inferior al presupuesto oficial, fijado en $3.960 millones, y obtuvo el máximo puntaje en la evaluación. Pero detrás de la licitación hay bastante más que cámaras que se rompen y técnicos que salen a repararlas. El contrato incluye el mantenimiento de las 1.383 unidades existentes y de las que eventualmente se incorporen, además del equipamiento, los sistemas de captura y almacenamiento de imágenes, servidores, licencias y el software que permite administrar toda la información.
También forman parte de la contratación unos 450 kilómetros de infraestructura de fibra óptica, nodos inalámbricos y otros componentes de la red metropolitana que hacen posible que las imágenes lleguen al Centro de Operaciones y Monitoreo. En otras palabras, durante los próximos dos años una parte importante de la estructura tecnológica vinculada a la seguridad quedará bajo mantenimiento de una empresa privada.
La cuenta equivale a más de $154 millones mensuales. Y es ahí donde empieza la discusión. Porque una cosa es poner en condiciones un sistema con cámaras fuera de servicio, problemas técnicos o infraestructura deteriorada. Otra es destinar durante dos años una suma de semejante magnitud para sostener el mantenimiento preventivo y correctivo de una red que, una vez normalizada, debería requerir intervenciones puntuales.
El mantenimiento preventivo supone controles periódicos, revisiones y tareas para evitar que los equipos fallen. El correctivo, en cambio, aparece cuando algo deja de funcionar y hay que salir a resolver el problema. La pregunta que sobrevuela la contratación es cuántas intervenciones de ese tipo justifican una estructura presupuestaria de casi $3.700 millones.
En ese debate aparece una alternativa: reforzar la capacidad técnica propia del Municipio y articular, por ejemplo, con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata para atender parte de las necesidades del sistema. En una proyección planteada sobre una partida de $20 millones mensuales, podría financiarse un pequeño equipo especializado y destinar el resto a becas para estudiantes de carreras vinculadas al desarrollo tecnológico. No se trata de sostener que el sistema pueda funcionar sin recursos ni de desconocer la complejidad de la red, sino de preguntarse si todo el mantenimiento debe tener el mismo precio durante 24 meses.
El pliego también fija las condiciones bajo las cuales deberá funcionar el servicio. Cada cámara deberá mantener una disponibilidad mínima del 90% y podrá acumular hasta 36 horas mensuales fuera de servicio sin que, por sí solo, eso implique apartarse del estándar establecido. Para las fallas, además, se prevé un plazo máximo de 48 horas de resolución.
Son parámetros técnicos que tienen una explicación, pero que adquieren otra dimensión cuando se los pone al lado del monto total del contrato. Porque si una cámara ubicada en una esquina clave permanece sin funcionar durante horas, el vecino difícilmente evalúe el cumplimiento del porcentaje de disponibilidad: simplemente verá una cámara apagada en una ciudad donde la seguridad es uno de los principales reclamos.
La discusión, entonces, no es si Mar del Plata necesita cámaras. Las necesita. Tampoco si un sistema de semejante dimensión requiere mantenimiento. También. El punto es cuánto cuesta hacerlo y si, en momentos en que la Municipalidad no parece sobrada de recursos para atender todas las demandas, una contratación de estas características representa la mejor utilización posible de los fondos públicos.
Entre servidores, fibra óptica, software, licencias y 1.383 cámaras, el Municipio puso sobre la mesa una cifra considerable para que el sistema siga funcionando. Ahora deberá demostrar que semejante desembolso se traduce en resultados concretos y no en una estructura millonaria destinada, simplemente, a garantizar que lo que ya existe continúe encendido.
Porque en una ciudad que reclama respuestas frente a la inseguridad y donde cada peso del presupuesto puede tener más de un destino, la pregunta no es solamente cuánto cuesta mantener las cámaras. La verdadera discusión es cuánto está dispuesto a pagar el Municipio para hacerlo y qué otras necesidades quedan esperando mientras se firma un contrato de casi $3.700 millones.
