La Tecla Mar del Plata
Todos los derechos reservados
El interminable y denso debate alrededor del nuevo pliego de licitación para el Servicio Integrado de Transporte Urbano (SITU) sumará este lunes una jornada de alto voltaje político en el Concejo. Una vez finalizada la comisión de Legislación —convocada para las 11—, se pondrá en marcha formalmente el denominado “Espacio de Trabajo Complementario”, una mesa de trabajo creada a la par de la comisión de Movilidad Urbana con el objetivo específico de analizar, desglosar e incorporar las modificaciones propuestas al expediente 1729/25, la norma madre que busca regular el sistema de colectivos de Mar del Plata para las próximas décadas.
El estreno de esta mesa alternativa llega salpicado por la polvareda política que dejó el último encuentro de la comisión de Movilidad Urbana, conducida por el concejal oficialista Guido García. Durante esa deliberación, la invención de esta instancia "paralela" cosechó duras críticas por parte de los bloques opositores, quienes objetaron la metodología y acusaron al oficialismo de improvisar un atajo institucional para desviar el tratamiento ordinario del expediente. La controversia escaló a tal punto que desde las filas del kicillofismo adelantaron que realizarán una presentación formal contra el mecanismo implementado, al entender que se trata de un formato antirreglamentario que distorsiona las facultades de las comisiones permanentes del cuerpo y desdibuja el debate público.
En ese clima cargado de sospechas e incertidumbre metodológica, en los pasillos del Concejo Deliberante se multiplican los cuestionamientos sobre las garantías de transparencia que ofrecerá el encuentro. En los pasillos del Concejo Deliberante se multiplican las objeciones de la oposición respecto a las garantías de transparencia que ofrecerá el encuentro. La gran incógnita que circula entre los despachos es si la reunión del Espacio Complementario será transmitida en vivo mediante los canales oficiales del cuerpo deliberativo o si, al menos, quedará grabada de manera pública para que los vecinos y medios de comunicación puedan auditar el encuentro.
También se le añade una duda política aún mayor: ¿Participarán funcionarios del Departamento Ejecutivo —como los responsables de la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda o de la Subsecretaría de Movilidad Urbana— para defender la letra original del proyecto y escuchar las enmiendas, o dejará el debate librado a la pura rosca y negociación legislativa entre las bancadas?
A la espera de definiciones sobre el formato del debate y la presencia de representatividad gubernamental, el caudal de expedientes y propuestas acumulado revela que el texto original elaborado por el municipio deberá atravesar un severo filtro. En el plano puramente político, el bloque de Unión por la Patria, con las firmas de los concejales Pablo Obeid y Diego García, lidera la ofensiva con un exhaustivo paquete de modificaciones técnicas centradas en la flota, los costos tarifarios y el control social. Los ediles opositores calificaron de francamente insuficiente la exigencia del Ejecutivo de iniciar la concesión con apenas un 20% de unidades cero kilómetro sostenido por un promedio de siete años de antigüedad a lo largo de 20 años de contrato.
En la propuesta de UxP, demandan elevar ese piso inicial de vehículos 0 km al 40% de la flota mínima e imponer un cronograma de renovación total para que, al cumplir el quinto año de concesión, el 100% de los micros responda al modelo del año de inicio o posterior. Asimismo, en el apartado de costos y tarifas, UP advierte un peligroso bache: mientras el pliego promociona e incentiva la incorporación de tecnologías limpias (GNC, unidades eléctricas o biodiésel), el cálculo de la tarifa técnica y su redeterminación se basan exclusivamente en el consumo y precio del gasoil. Piden corregir urgente el Anexo II fijando fórmulas claras para las energías alternativas, evitando así decisiones unilaterales que afecten el bolsillo del usuario o desalienten las inversiones verdes.
La propuesta del bloque kirchnerista se completa con la exigencia de aperturar el GPS en tiempo real para que los usuarios visualicen la ubicación exacta de los colectivos desde la app móvil y con la creación de un Ámbito Tripartito Institucional —integrado por la Comuna, los concesionarios, sociedades de fomento y escuelas— que se reúna semestralmente para evaluar la efectividad de las frecuencias y recorridos.
En paralelo, la bancada del Frente Renovador, representada por los concejales Juan Manuel Cheppi y Solange Flores, volcó el eje de sus observaciones hacia la histórica postergación que sufren los vecinos de Batán y los sectores del cordón periurbano. Su propuesta madre contempla la creación prioritaria de la "Parada Jerarquizada de Integración Batán", un nodo de transbordo estratégico situado a la altura del kilómetro 12,5 de la Ruta Provincial 88, destinado a interconectar de forma eficiente la línea urbana 716U con los servicios interurbanos de las líneas 715 y 720.
Desde el massismo exigen que esta infraestructura se ejecute durante el primer año de contrato y que cuente obligatoriamente con refugio accesible, videovigilancia monitoreada en tiempo real, iluminación uniforme con luces de emergencia, botón antipánico bidireccional con directo enlace a las fuerzas de seguridad, pantallas informativas y cargadores eléctricos. Asimismo, el Frente Renovador requirió modificar puntualmente el trazado de la línea 715 en su paso por Estación Chapadmalal para cubrir arterias clave y demandó la instauración de un servicio interno complementario y permanente dentro de la línea 720 para asegurar la conectividad regular de las familias y estudiantes que habitan en los parajes rurales de San Francisco y Los Ortiz.
Dentro del ámbito legislativo también se computa el aporte individual del concejal Ricardo Liceaga Viñas (UCR+NA), quien presentó una iniciativa tendiente a blindar los derechos de las mujeres y colectivos vulnerables dentro del transporte público. El edil radical solicitó la incorporación formal del articulado de la Ordenanza N° 26.755 al pliego licitatorio, haciendo vinculante la obligatoriedad de colocar cartelería preventiva y gráfica dentro de todos los colectivos para visibilizar y sancionar conductas de acoso y violencia de género.
La enmienda de Liceaga Viñas encomienda además a la Dirección General de Políticas de Género la confección del material y exige la implementación de capacitaciones obligatorias a los choferes en perspectiva de género e información sobre puntos seguros de asistencia.
La presión sobre el pliego no proviene únicamente de la política, sino también del tejido social a través de notas particulares ingresadas al expediente. Una de las más trascendentes lleva la firma de Silvia Aballay, presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDIS), órgano que planteó un reclamo categórico bajo el concepto de accesibilidad universal. El COMUDIS solicita que el pliego garantice que la concesión comience desde el primer día con al menos un 35% de la flota compuesta por unidades de piso bajo y rampas, fijando como meta contractual obligatoria alcanzar el 100% de colectivos accesibles en un plazo de siete años.
Además, el organismo exige que la antigüedad máxima de 10 años no funcione como excusa para dilatar la accesibilidad y plantea la norma de "no retroceso", mediante la cual todo colectivo que se dé de baja deba ser reemplazado indefectiblemente por uno accesible. Como punto determinante, el COMUDIS exigió que el Municipio entregue informes técnicos y planes de obra sobre los supuestos 50 puntos viales críticos que hoy dificultaron la circulación de colectivos bajos, y remató su presentación solicitando formalmente la convocatoria a una nueva Audiencia Pública, tras fundamentar que el texto del pliego que hoy se analiza es sustancialmente distinto al proyecto debatido en la audiencia del año 2021.
Finalmente, como antecedente de peso territorial, se incorporó la presentación impulsada por la Red Interinstitucional de Batán, un colectivo de organizaciones comunitarias y educativas que expuso con dureza cómo la precariedad del sistema de colectivos actual vulnera el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes de la zona. El documento describe situaciones dramáticas de ausentismo y desgranamiento escolar provocadas por la falta de micros, frecuencias erráticas e incompatibilidad horaria con las escuelas. Sus demandas puntuales reclaman adecuar las frecuencias a los horarios de entrada y salida de los colegios, extender las trazas hacia barrios y parajes rurales alejados de la Ruta 88 (como La Serranita, El Morrito, Villa del Parque, El Colmenar, Aeroclub, Costamari, El Boquerón y La Polola), revisar los extensos tiempos de espera de los recorridos por rondines y garantizar alternativas de movilidad seguras para las comunidades educativas de los turnos vespertinos y nocturnos.
En ese marco, el “Espacio de Trabajo Complementario” debutará este lunes con una agenda saturada de reclamos profundos. La atención estará puesta no solo en la capacidad técnica para absorber estas modificaciones, sino en el carácter político institucional de la jornada: se sabrá si las deliberaciones quedan expuestas a la mirada pública o en la penumbra de las comisiones cerradas, y si el Ejecutivo municipal demuestra voluntad real de intervenir en la construcción del pliego definitivo.