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Vuelcos en el sur de la ciudad: el Ejecutivo se “lava las manos” y le tira la “pelota” a la ADA
Tras las denuncias por el vuelco a cielo abierto de efluentes de cocina en la UTF Siempre Verde —concesionada a Residencias Cooperativas de Turismo—, la Comuna declaró que "excede su competencia" controlar la salubridad y el cuidado ambiental de las playas. Para los ambientalistas, esta maniobra demuestra la falta de voluntad pública para resolver problemas estructurales del modelo de desarrollo turístico.
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La discusión por el modelo de desarrollo turístico en Mar del Plata suma un nuevo capítulo marcado por la falta de voluntad política y la dilación administrativa. Ante las reiteradas denuncias por el vuelco a cielo abierto de aguas residuales provenientes de la cocina del restaurante "Socarrat" (explotado por la firma La Nidada) dentro de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Siempre Verde —cuya concesión responde a Residencias Cooperativas de Turismo (RCT)—, la respuesta de la Municipalidad de General Pueyrredon encendió las alarmas de los vecinos.
A través de un informe firmado por el Subsecretario de Inspección General, Cristian Beltrán, la Comuna argumentó que, si bien el local gastronómico posee habilitación vigente, el control sobre los vertidos de efluentes grises en la arena "excede el ámbito de competencia" de la dependencia municipal, desligándose de la salubridad, el ornato y el cuidado del entorno para trasladar la responsabilidad de manera exclusiva a la Autoridad del Agua (ADA) provincial.
La postura oficial generó un fuerte rechazo por parte de la Asamblea Luna Roja, que presentó un duro recurso de impugnación señalando la ilegalidad de dicha respuesta. Desde el colectivo ambientalista remarcaron que el Municipio no puede desligarse del poder de policía ni del control de salubridad sobre tierras de su titularidad dominial y bajo un esquema de concesión pública. Recordaron, además, la vigencia de la Ordenanza N.º 9129, que obliga a la Comuna a regular toda actividad potencialmente contaminante y exigir las certificaciones ambientales correspondientes como requisito para mantener cualquier habilitación comercial.
La saga en Chapadmalal expone una grieta estructural en la gestión turística y ambiental local. En lugar de coordinar fiscalizaciones sobre las UTF para garantizar el cumplimiento de los pliegos de bases y condiciones y la legislación hídrica, las autoridades municipales apuestan a la fragmentación administrativa.
Mientras las denuncias por falta de baños públicos gratuitos y vertido ilegal de efluentes en las dunas se acumulan, la respuesta del gobierno local se limita a la pasividad procedimental. Un esquema donde la falta de controles y la “lavada de manos” institucional dejan al descubierto las falencias de un modelo costero que posterga el cuidado del medio ambiente y la salud pública en favor de la especulación privada.