VACíO DE RESPUESTAS
La Tecla Mar del Plata
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Lo que la semana nos dejó
Inseguridad, concesiones bajo la lupa, conflictos ambientales y nuevas pulseadas judiciales marcaron la agenda marplatense. Mientras Punta Mogotes sigue sin definiciones y OAM atraviesa una transición, el Municipio también enfrenta cuestionamientos por la recaudación, los caminos rurales y el control de espacios públicos.
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La inseguridad no afloja en dos frentes: comercios y autos
El último informe del CeMAED registró un aumento del 31% en los robos y hurtos a locales comerciales en el segundo trimestre del 2026. Además, se sustrajeron 577 vehículos, un 26% más que en el mismo trimestre de 2025.
El relevamiento oficial permite así poner el foco en dos modalidades que mantienen números elevados pese a la baja general. En el caso de los locales comerciales, los 239 episodios registrados entre abril y junio contrastan con los 182 contabilizados durante el primer trimestre. Del total, 190 fueron robos consumados, 24 hurtos, 16 tentativas de hurto y nueve tentativas de robo.
El dato que más llama la atención aparece al observar cuándo y cómo se produjeron los hechos. En 171 casos, equivalentes al 72%, no había personas dentro del establecimiento al momento del episodio. A su vez, el 46% de las denuncias se concentró entre la medianoche y las 8 de la mañana, con especial incidencia entre la 1 y las 5. Es decir, la madrugada volvió a aparecer como una franja particularmente vulnerable para los comerciantes.
La distribución territorial tampoco fue uniforme. El Área Centro encabezó el listado de zonas con más denuncias, seguida por Estación Terminal, San José y Peralta Ramos Oeste. Entre las modalidades registradas también apareció el denominado "mecheo", mencionado en 36 episodios. Además, en 43 hechos se hizo referencia a la utilización de un arma de fuego y en otros cuatro a otro tipo de arma.
El comportamiento por día de la semana aporta otra particularidad: los martes concentraron la mayor cantidad de denuncias, con 47 casos, seguidos por los viernes, con 42. Lunes y miércoles tuvieron 36 episodios cada uno, mientras que los sábados sumaron 30, los jueves 26 y los domingos 22. Así, los números muestran que los ataques a comercios no se circunscribieron a los fines de semana.
El panorama cambia al poner la lupa sobre los vehículos. Durante el segundo trimestre fueron denunciadas 577 sustracciones de automóviles. Si bien el número representa una reducción del 12% frente a los 655 casos del primer trimestre, la comparación con abril-junio de 2025 arroja un incremento del 26%. De hecho, se trató del segundo trimestre con mayor cantidad de robos de autos de los últimos diez años.
El promedio equivale a más de seis vehículos sustraídos por día. El sábado fue la jornada con mayor cantidad de denuncias, con 99 casos, mientras que el domingo quedó en el extremo opuesto, con 71. En materia horaria, el pico apareció entre las 19 y las 21, aunque el propio informe advierte que el horario denunciado suele corresponder al momento en que la víctima descubre la ausencia del rodado y no necesariamente al instante en que se produjo la sustracción.
En términos generales, el 58% de las denuncias se concentró entre las 16 y la medianoche. Y también se modificó el mapa de las jurisdicciones más afectadas: la comisaría cuarta encabezó el registro con 87 sustracciones, seguida por la séptima, con 71; la octava, con 62; y la quinta, con 57. De este modo, el ranking dejó atrás el predominio que históricamente habían mostrado otras zonas policiales de la ciudad.
Por barrios, en tanto, el Centro volvió a ubicarse al frente, con 31 denuncias. Detrás aparecieron Bernardino Rivadavia, con 29; Don Bosco, con 25; Villa Primera, con 21; y Los Pinares y Libertad, con 18 cada uno. El informe también detectó puntos calientes alrededor de los sectores comprendidos entre Castelli, Tierra del Fuego, Roca y Malvinas, y entre San Martín, San Juan, Belgrano y Chaco.
Otro dato que surge del relevamiento es el nivel de violencia asociado a las sustracciones. De los 577 episodios, 338 fueron robos y 239 hurtos, una relación de 59% contra 41%. Dentro de los robos, en 159 casos —el 47%— se mencionó el uso de un arma de fuego para desapoderar al propietario. Otros 13 episodios incluyeron referencias a otro tipo de arma.
En cuanto a los vehículos preferidos, Volkswagen volvió a ocupar el primer lugar, con 118 unidades sustraídas. Le siguieron Fiat, con 82; Chevrolet, con 78; y Peugeot, con 74. Entre los modelos, el Chevrolet Corsa encabezó el ranking con 45 casos, seguido por el Volkswagen Gol Trend, con 42. Entre las camionetas, la Toyota Hilux fue la más buscada por los delincuentes, con 17 denuncias.
Los números de comercios y automóviles se inscriben en un escenario más amplio. Durante el segundo trimestre se contabilizaron 2.847 robos denunciados, de los cuales 1.704 correspondieron a bienes generales, 577 a automotores y 567 a motos. En conjunto, fueron 347 hechos menos que durante el primer trimestre, una caída del 10,9%.
Sin embargo, la baja global no alcanza para ocultar algunos focos que evolucionaron en sentido contrario. Los comercios registraron un salto del 31% y los robos de automóviles, aunque descendieron en la comparación trimestral, quedaron 26% por encima del mismo período del año pasado. Dos indicadores que vuelven a poner bajo la lupa la protección de los locales y el control sobre el parque automotor de Mar del Plata.
UTF Arroyo Lobería: denuncian a la concesionaria por la falta de baños públicos y reclaman una inspección
Vecinos de Playa Chapadmalal presentaron una denuncia ante el EMTURyC contra RIVAN S.A. por un presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas para la Unidad Turística Fiscal. Piden una inspección sin previo aviso, la constatación de la situación y la aplicación del régimen sancionatorio si se verifica la irregularidad.
UTF Arroyo Lobería: denuncian a la concesionaria por la falta de baños públicos y reclaman una inspección
La Unidad Turística Fiscal Arroyo Lobería quedó nuevamente bajo la lupa. Habitantes de Playa Chapadmalal formalizaron una denuncia ante el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) en la que cuestionan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa RIVAN S.A., concesionaria del espacio, y ponen el foco en la falta de una batería de baños públicos de acceso libre y gratuito.
La presentación fue dirigida al presidente del EMTURyC, Diego Juárez, y solicita que el organismo realice una inspección "sin previo aviso al concesionario", con el objetivo de determinar en qué condiciones se encuentran actualmente las instalaciones sanitarias y si el servicio se encuentra efectivamente disponible para quienes concurren al lugar.
El planteo de los vecinos se apoya en las obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 21.524. En particular, señalan el artículo 28.6, que establece que el concesionario debe "asegurar la prestación del servicio de baños públicos y gratuitos durante todo el año".
La normativa contempla, además, una alternativa para el caso de que las instalaciones sanitarias fijas no puedan ser utilizadas. Según el escrito, el concesionario debe contratar e instalar como mínimo seis baños químicos portátiles hasta que pueda restablecerse el funcionamiento de los sanitarios permanentes.
Para los denunciantes, la cuestión no se limita a la existencia física de algún baño dentro del predio. Sostienen que el Pliego exige un área de baterías sanitarias destinada al uso público y gratuito, con acceso directo e independiente desde el exterior, además de instalaciones para ambos sexos y personas con discapacidad.
En ese sentido, la presentación advierte que el servicio no debería depender de que una persona ingrese a un sector comercial, realice un consumo o solicite autorización al concesionario. El planteo apunta a que los sanitarios deben encontrarse efectivamente disponibles para cualquier concurrente de la unidad.
"Se trata de una obligación vinculada al uso público de la Unidad Turística Fiscal y a las condiciones mínimas de salubridad, higiene, accesibilidad y disfrute del espacio público", sostienen los denunciantes en el escrito presentado ante el Ente.
Un reclamo que vuelve sobre un antecedente de 2022
Uno de los aspectos que le agrega peso político y administrativo a la denuncia es que los vecinos aseguran que la situación ya había sido puesta en conocimiento del Municipio años atrás.
Según consta en la presentación, el reclamo actual reitera lo planteado el 21 de julio de 2022 mediante la Nota EMTUR N° 757/22. Es decir, los denunciantes sostienen que no se trataría de una problemática nueva, sino de una situación que continúa sin una solución efectiva.
El escrito también recuerda que en 2021 el Concejo Deliberante había solicitado información al Departamento Ejecutivo sobre la UTF Arroyo Lobería, incluyendo inspecciones realizadas, infracciones y sanciones, en el marco de denuncias que contemplaban, entre otras cuestiones, la falta de construcción de sanitarios públicos accesibles.
Así, el reclamo no queda solamente concentrado en la actuación de la empresa concesionaria. Los vecinos también ponen el foco sobre el rol del organismo municipal encargado de fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de la concesión.
Qué le reclaman al EMTURyC
La denuncia pide que la inspección sea realizada sin aviso previo y que se verifique una serie de condiciones concretas: la existencia de sanitarios destinados al público, la gratuidad efectiva, el acceso directo e independiente desde el exterior, la disponibilidad para ambos sexos, la accesibilidad para personas con discapacidad y las condiciones de higiene, seguridad, funcionamiento y mantenimiento.
También reclaman que se compruebe el horario y la disponibilidad efectiva del servicio y, eventualmente, la existencia de los seis baños químicos portátiles previstos por el artículo 28.6 para el caso de imposibilidad de utilizar las instalaciones fijas.
En caso de verificarse la irregularidad, los denunciantes solicitan que se labre un acta, se identifique la norma infringida y se active el régimen de infracciones y sanciones previsto para la concesión. También piden que RIVAN S.A. sea intimada a cumplir de manera inmediata con las obligaciones establecidas en el Pliego.
La presentación incluso solicita que se informe formalmente el resultado de la inspección, el funcionario que intervino, los hechos constatados, la eventual existencia de una infracción, las medidas intimadas y si se inició un procedimiento sancionatorio.
El reclamo deja, además, una advertencia para la propia administración municipal. Los denunciantes sostienen que, si no existe una respuesta adecuada y una constatación efectiva de los hechos, se reservan la posibilidad de avanzar con acciones administrativas y judiciales.
La concesión, otra vez bajo la lupa
El caso vuelve a poner en escena el debate sobre las obligaciones que deben cumplir los privados que explotan Unidades Turísticas Fiscales y, al mismo tiempo, sobre el control que ejerce el Municipio sobre esas concesiones.
En el caso de Arroyo Lobería, el Pliego no deja librada a criterio del concesionario la prestación del servicio sanitario: establece expresamente que los baños públicos y gratuitos deben estar disponibles durante todo el año y prevé incluso una solución alternativa mediante baños químicos ante la imposibilidad de utilizar las instalaciones permanentes.
Ahora, la pelota quedó del lado del EMTURyC. El organismo deberá determinar si la situación denunciada efectivamente configura un incumplimiento y, en ese caso, qué medidas corresponden frente a la concesionaria.
Mientras tanto, los vecinos de Playa Chapadmalal buscan que el reclamo deje de ser una presentación administrativa más y se traduzca en una inspección concreta sobre el terreno. La denuncia apunta precisamente a eso: que se constate si una obligación establecida en el contrato de concesión se cumple en la práctica o si, como sostienen los denunciantes, lleva años sin resolverse.
El Municipio formalizó el pedido para declarar de interés patrimonial al Parador Ariston
Con el ingreso del expediente 1680/26, el Ejecutivo busca incorporar la obra de Marcel Breuer al catálogo municipal. El trámite legislativo pondrá a prueba los límites entre la preservación histórica, las excepciones inmobiliarias y la fragilidad ambiental de La Serena.
El ingreso del expediente 1680/26 al Concejo Deliberante formalizó la intención del Ejecutivo de incorporar el Parador Ariston al Código de Preservación Patrimonial municipal. La iniciativa plantea declarar de interés patrimonial el inmueble ubicado en la intersección de Corbeta Uruguay y el doctor Juan Otimio Tesone, en el barrio La Serena. La tramitación responde a un informe técnico elaborado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y cuenta con la recomendación unánime de los miembros de la Unidad de Gestión de Preservación Patrimonial. Con este aval institucional, la propuesta busca incorporar formalmente al edificio a las previsiones de la Ordenanza 10.075 y sus modificatorias.
Asimismo, la iniciativa articula la normativa municipal con la Ley Nacional 27.538, sancionada a fines de 2019, que declaró a la estructura como Monumento Histórico Nacional.
En el plano catastral y regulatorio, el proyecto establece la unificación formal de las parcelas 10a, 8 y 9 de la manzana 22 en la Sección P, con el fin de consolidar el predio que integrará el listado oficial de bienes tutelados por la comuna. La concreción de este encuadre municipal busca saldar un histórico vacío administrativo en la esfera local, otorgándole al municipio herramientas jurídicas para fiscalizar de manera directa las intervenciones edilicias, el uso del suelo y las futuras habilitaciones comerciales en el sector.
Si bien a comienzos de año se registraron iniciativas parlamentarias por parte de bloques opositores para incorporar el inmueble al catálogo local, la propuesta impulsada ahora desde el Ejecutivo formaliza el interés oficial y sienta las bases administrativas para que el municipio regule de manera directa el futuro del predio.
El debate parlamentario se reactiva en un escenario político sensible, atravesado por la adquisición del predio por parte del grupo Parador Ariston S.A., vinculado a los socios de la firma gastronómica La Fonte D'Oro. La propuesta del privado —que encomendó el diseño al polémico estudio Mariani-Pérez Maraviglia-Cañadas— contempla la restauración de la icónica estructura en forma de trébol para destinarla a usos culturales y gastronómicos, pero su factibilidad económica se apoya en la construcción en paralelo de un complejo hotelero de cinco estrellas en las parcelas contiguas.
En los hechos, la eventual inclusión del Ariston dentro del catálogo patrimonial local abre el escenario para las pretensiones del grupo inversor. La parcela se encuadra actualmente como Distrito Residencial R5, una zonificación concebida para viviendas unifamiliares de baja densidad con un plano límite de altura restringido a los siete metros. La concreción de una infraestructura hotelera de escala internacional dependerá de que el oficialismo logre los acuerdos legislativos necesarios para otorgar indicadores urbanísticos especiales o aprobar un convenio de desarrollo, un mecanismo que suele encender rispideces en el recinto por las compensaciones urbanas exigidas a los desarrolladores.
A las tensiones normativas se suman los condicionantes geográficos y ambientales del litoral sur. La proximidad del predio a la Ruta 11 lo sitúa en un sector afectado por la erosión del frente de acantilados y por la ausencia de redes públicas de agua potable y saneamiento. Distintas organizaciones ambientalistas ya manifestaron su preocupación por el peso volumétrico de nuevas construcciones sobre la franja costera y señalaron antecedentes polémicos de obras de gran envergadura en áreas protegidas.
De este modo, la discusión del expediente en las comisiones del Concejo Deliberante no solo evaluará el valor arquitectónico del parador, sino que pondrá a prueba si la protección municipal se utilizará como un instrumento estricto de resguardo o como el paso previo para habilitar excepciones edilicias en una zona ambientalmente frágil.
Tercer pedido de informes al EMVIAL por el estado de los caminos rurales
A través del expediente 1686/26,la comisión de Obras del Concejo Deliberante reiteró la solicitud al ente municipal, que no respondió a los requerimientos solicitados en noviembre y marzo sobre la red vial y la ejecución presupuestaria.
La comisión de Obras del Concejo Deliberante de General Pueyrredon volvió a tratar el expediente 1686/26, un proyecto de Comunicación impulsado por la oposición que solicita al Departamento Ejecutivo precisiones técnicas sobre la situación actual y los recursos asignados a la red vial rural del partido.
El presidente de la comisión, Fernando Muro (PRO), expuso el recorrido de la iniciativa durante la reunión. El proyecto ingresó el 23 de octubre de 2025 y fue tratado por primera vez el 18 de noviembre de ese año, bajo la presidencia de la entonces concejal Angélica González (Coalición Cívica). En esa ocasión, la comisión resolvió girar un primer pedido de informe al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL).
Posteriormente, con la renovación de autoridades en el cuerpo legislativo, el expediente volvió a tratarse en marzo de 2026. Ante la ausencia de dictamen por parte del organismo descentralizado que preside Mariano Bowden, los concejales decidieron reiterar la nota.
Durante el tratamiento de la solicitud, Muro señaló que la situación de los caminos rurales es una problemática recurrente en el distrito que genera reclamos periódicos del sector productivo. Asimismo, indicó que el municipio gestionó subsidios para atender contingencias en la zona, aunque aclaró que la solicitud presentada abarca relevamientos integrales y datos sobre los montos ejecutados.
Al no haberse recibido la información solicitada y sin que se registraran intervenciones por parte de los demás ediles presentes, el expediente permaneció en comisión. Los integrantes aprobaron cursar un nuevo pedido de informe al EMVIAL, lo que constituye la tercera notificación enviada a la dependencia municipal desde la presentación inicial del proyecto.
La falta de respuesta del ente municipal mantiene en suspenso las precisiones requeridas sobre los 500 kilómetros de la red vial rural. Entre los puntos consultados se encuentran el relevamiento de arterias transitables, el equipamiento vial disponible y el destino de los fondos recaudados mediante las tasas aplicadas a los productores agropecuarios y al transporte de la zona frutihortícola del distrito.
Destituyeron al juez federal Alfredo López por mal desempeño
El Jurado de Enjuiciamiento resolvió apartar de manera definitiva al titular del Juzgado N° 4 de Mar del Plata al considerar que incurrió en faltas graves a la ética por reiteradas publicaciones discriminatorias en redes sociales.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación resolvió la destitución de Alfredo López como titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata. La decisión se fundamentó en la causal de mal desempeño de sus funciones, tras el proceso disciplinario derivado de una serie de publicaciones con contenido antisemita y discriminatorio realizadas desde su cuenta personal en la red social X. De este modo, concluyó el trámite promovido por el Consejo de la Magistratura y el magistrado quedó apartado formalmente del Poder Judicial.
En los fundamentos de la resolución, el órgano juzgador determinó que los mensajes examinados durante el jury no constituyeron exabruptos aislados ni episodios emocionales coyunturales, sino una conducta persistente e incompatible con la imparcialidad y el decoro requeridos para el ejercicio magistral. Asimismo, el dictamen dejó asentado que, si bien la libertad de expresión goza de una amplia tutela constitucional y convencional, dicho derecho encuentra sus límites frente a los discursos de odio e incitación a la violencia simbólica o la discriminación hacia una comunidad.
El expediente disciplinario se había iniciado formalmente a partir de las denuncias presentadas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el Foro Argentino contra el Antisemitismo y letrados particulares. Durante la instrucción en la Comisión de Acusación, se analizaron diversas publicaciones emitidas por la cuenta del magistrado entre finales de 2024 y mediados de 2025. Aunque el juez había presentado su renuncia al cargo en el mes de abril, el Poder Ejecutivo no formalizó su aceptación, lo que dio vía libre a la continuidad del juzgamiento institucional.
El Jurado de Enjuiciamiento que dictó el veredicto estuvo integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Zulli, y la abogada Ana Fernández. Por su parte, la posición manifestada oportunamente por la defensa del magistrado sostuvo que los comentarios objeto de cuestionamiento se vinculaban con opiniones de carácter personal sobre acontecimientos de la política internacional.
La destitución del titular del Juzgado N° 4 profundiza el esquema de vacantes en el fuero federal de Mar del Plata, al registrarse el segundo apartamiento de un juez en la jurisdicción en un lapso de ocho meses, tras la remoción de un integrante del Tribunal Oral Federal. Con los Juzgados N° 2 y N° 4 desocupados, la totalidad de las dependencias de primera instancia con competencia en materias civil, comercial y laboral de la jurisdicción marplatense deberán funcionar bajo el régimen de subrogancias hasta la cobertura definitiva de los cargos.
Punta Mogotes sigue en un limbo judicial y político tras otra audiencia sin acuerdo
El Municipio de General Pueyrredon y la Provincia de Buenos Aires sumaron un nuevo capítulo en la mesa de negociación ante la Justicia pero postergaron las definiciones hasta el 31 de agosto. Las trabas extrainstitucionales, la suspensión de los plazos procesales y la inquietud creciente de los concesionarios ante la proximidad de una nueva temporada de verano.
La disputa política e institucional entre la gestión municipal de General Pueyrredon y el gobierno bonaerense sumó este martes un nuevo episodio en los tribunales marplatenses. En una audiencia de apenas minutos encabezada por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, Simón Isacch, las representaciones legales del gobierno local, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Administración Punta Mogotes informaron que existieron avances en las conversaciones cruzadas pero admitieron que el acuerdo definitivo aún resulta esquivo. Frente a esa tónica de negociación inconclusa, el magistrado resolvió otorgar una nueva prórroga y citar a las partes para el próximo 31 de agosto a las 12, manteniendo congelados los tiempos procesales de las dos causas en pugna.
Con la reunión celebrada este 18 de agosto, el expediente acumula un recorrido de casi dos meses de audiencias sucesivas sin resoluciones de fondo. El derrotero judicial se inició formalmente el 30 de junio pasado, cuando el juez Isacch convocó a una primera mesa de conciliación e incorporó a la discusión el tratamiento de una causa conexa por la disputa del predio. Aquella jornada inicial, en la que participaron funcionarios de alto rango como el Asesor General de Gobierno provincial, Santiago Pérez Teruel, finalizó con la decisión de disponer un cuarto intermedio hasta el 4 de agosto con el fin de conceder tiempo a la elaboración de una propuesta técnica sustentable.
Llegado el 4 de agosto, los funcionarios que comparecieron de forma presencial y remota —entre ellos el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez— ratificaron que el diálogo se mantenía abierto pero que no había sido posible cristalizar el consenso. El juez resolvió conceder dos semanas adicionales que desembocaron en el encuentro de esta mañana, donde la dinámica volvió a repetirse de manera idéntica: las partes adujeron estar negociando y solicitaron mayor margen temporal para no romper la instancia de diálogo institucional.
Sin embargo, detrás del formalismo de las actas judiciales, la negociación se encuentra fuertemente impactada por variables de índole política ajenas al funcionamiento estricto del complejo balneario. Esas interferencias han obturado de manera persistente las opciones de entendimiento entre la comuna, que aspira a cancelar las deudas del ente mixto para recuperar la tutela del predio de 24 balnearios, y la administración provincial, que busca consolidar un plan de modernización e inversiones mediante una nueva licitación integral antes de encarar cualquier traspaso dominial.
La paulatina dilación de este proceso empieza a proyectar consecuencias concretas sobre el terreno operativo. La prórroga sistemática de la suspensión de plazos legales mantiene en suspenso dos decisiones clave: por un lado, la cautelar impulsada por el Municipio para frenar el llamado a licitación provincial; por otro, el reclamo de la propia Administración Punta Mogotes para prorrogar de manera automática los contratos vigentes hasta el 30 de abril de 2027. Esta parálisis no solo dilata la resolución sobre la titularidad del activo público más valioso de la franja costera marplatense, sino que incrementa la incertidumbre técnica y comercial de los actuales concesionarios e inversores de cara a la planificación de la próxima temporada estival.
Tras la salida de ROISA, OAM enfrenta una transición bajo la lupa
La Junta Fiscalizadora quedó al frente de la entidad tras la renuncia del Consejo Directivo, con el asesoramiento del Dr. Rubén Pili. El 15 de septiembre, los afiliados elegirán a las nuevas autoridades. La mutual intenta garantizar la continuidad de las prestaciones mientras revisa documentación y decisiones de la gestión que tenía al frente a César Elbaum.
La Obra Asistencial Mutual de los Trabajadores Municipales (OAM) atraviesa una nueva etapa signada por la transición y la incertidumbre. La desvinculación del Grupo ROISA y la dimisión del Consejo Directivo dejaron a la entidad bajo la conducción de la Junta Fiscalizadora, que deberá encaminar el funcionamiento de la mutual hasta las elecciones previstas para el próximo 15 de septiembre.
“Actualmente la Junta Fiscalizadora se encuentra a cargo con el asesoramiento del Dr. Rubén Pili, luego de la dimisión del Consejo Directivo”, señalaron desde la entidad. En ese escenario, el principal objetivo pasa por sostener las prestaciones, revisar la situación administrativa y tratar de recuperar progresivamente los estándares de atención que OAM tenía antes del desembarco de ROISA.
El nombre de Pili no es nuevo para la mutual. El médico ya estuvo al frente de OAM y volvió a aparecer en escena en medio de la transición que atraviesa la institución. Sin embargo, según pudo saber este medio, no asumiría como presidente, sino que su participación estaría vinculada al acompañamiento y asesoramiento durante este período.
La elección del 15 de septiembre aparece así como el próximo punto de definición. Ese día, los afiliados deberán elegir a la nueva conducción de una entidad que llega a las urnas después de atravesar meses de fuertes cuestionamientos, reclamos por las prestaciones y dudas sobre el esquema de gestión implementado durante el vínculo con el grupo empresario.
La salida de ROISA tampoco significa que los problemas hayan quedado atrás. Por estas horas se trabaja para evitar que se interrumpan las prestaciones y se mantiene de manera provisoria el uso de la aplicación para determinadas gestiones, mientras se intenta normalizar la atención personalizada.
Al mismo tiempo, la Junta Fiscalizadora comenzó a revisar documentación y distintos aspectos de la gestión anterior. En ese proceso aparecen las responsabilidades cruzadas entre el Grupo ROISA y el ex presidente de OAM, César Elbaum, cuya conducción estuvo al frente del convenio que vinculó a la mutual con DoctoRed, empresa perteneciente al grupo empresario.
El acuerdo había sido presentado en marzo de 2026 como una herramienta para absorber deudas, ordenar las cuentas y modernizar el funcionamiento de la entidad. Entre otras medidas, contemplaba la incorporación de servicios de telemedicina y una aplicación móvil. Sin embargo, desde el comienzo estuvo acompañado por cuestionamientos de sectores de afiliados, que objetaron que la operación se hubiera implementado sin una convocatoria a una asamblea de socios.
Con el paso de los meses, las críticas se trasladaron al funcionamiento cotidiano de la mutual. Afiliados denunciaron dificultades para acceder a determinadas prestaciones, demoras en autorizaciones médicas, reducción o cierre de atención en algunas oficinas y fallas recurrentes en los sistemas digitales.
También aparecieron cuestionamientos por rechazos de prestaciones que, según advierten algunos afiliados, podrían derivar en presentaciones judiciales individuales mediante recursos de amparo. De avanzar por esa vía, OAM podría enfrentar un nuevo frente de conflicto, con potencial impacto sobre sus cuentas.
Pero el deterioro del funcionamiento tampoco quedó circunscripto a la atención médica. Uno de los problemas que permanece sin solución es el suministro de gas en el edificio de OAM y en el Instituto Yumbel. La situación expone que la transición no se limita a resolver cuestiones institucionales, sino que todavía persisten inconvenientes concretos que afectan el funcionamiento cotidiano.
Otro de los puntos bajo análisis es el volumen de recursos involucrados en el esquema de gestión con el grupo empresario, estimado por algunos actores internos en más de 700 millones de pesos, aunque no existen precisiones públicas unificadas sobre los términos económicos del convenio.
Ahora, con ROISA fuera de escena y el Consejo Directivo dimitido, la Junta Fiscalizadora tiene por delante una tarea que excede la administración transitoria. Deberá sostener el funcionamiento de la mutual, revisar lo ocurrido durante la gestión anterior y preparar el terreno para que los afiliados definan el próximo rumbo institucional.
La elección de septiembre será, en ese sentido, mucho más que un recambio de autoridades. Será el momento en que los afiliados deberán decidir qué modelo de conducción quieren para una entidad que busca dejar atrás una etapa de conflicto, mientras todavía persisten interrogantes sobre su situación administrativa, económica y prestacional.
Hasta entonces, OAM transita un período de incertidumbre en el que la Junta Fiscalizadora, con el acompañamiento de Pili, deberá garantizar la continuidad de la institución. El desafío inmediato será llegar al 15 de septiembre con las prestaciones en funcionamiento y con un panorama más claro sobre las cuentas, las responsabilidades y el futuro de la mutual.
Pettovello visitó la ciudad con miras al Unzué y al rol de los empresarios marplatenses
La funcionaria nacional reunió a unos 50 empresarios en el histórico edificio para avanzar con cursos vinculados a la demanda laboral y sumar al sector privado a la recuperación del predio. La propuesta tiene un antecedente en el radicalismo del Concejo Deliberante.
La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, visitó este miércoles Mar del Plata y reunió a varios empresarios en el Espacio Unzué. El objetivo fue avanzar en un esquema de capacitación laboral vinculado a las necesidades del mercado y sumar al sector privado a la recuperación del histórico edificio.
“Los necesito a todos, manos a la obra. Ahora cuentan con un espacio, ¿no se ven en este lugar participando?”, planteó Pettovello durante el encuentro, que se extendió durante poco más de una hora. La iniciativa busca replicar el modelo del ex Centro Garrigós, en Buenos Aires, reconvertido en un Centro de Formación Capital Humano con participación de empresas privadas.
La ministra Sandra Pettovello se reunió con empresarios de la ciudad de Mar del Plata para invitarlos a ser parte del nuevo Centro de Formación Capital Humano.
Juntos recorrieron las obras de puesta en valor del Edificio Saturnino Unzué, donde funcionará la nueva sede para… pic.twitter.com/JL2I7f3XoH
— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) August 19, 2026
El planteo tiene un antecedente directo en el Concejo Deliberante. El 28 de mayo, la concejal de la UCR + Nuevos Aires, Vilma Baragiola, presentó un proyecto de ordenanza para crear el programa “Formando Unzué”, con capacitaciones gratuitas, talleres de oficios y alfabetización digital. El expediente permanece en comisión a la espera de informes del Ministerio de Capital Humano y de las secretarías municipales de Educación, Desarrollo Social y Desarrollo Local.
La propuesta de Baragiola también contempla la participación de empresas, fundaciones y cámaras empresariales para aportar al equipamiento, mantenimiento y puesta en valor de los espacios, además de una articulación con universidades, centros de formación profesional y organismos públicos.
Durante la visita, Pettovello recorrió las instalaciones y mostró los avances de las obras que lleva adelante Nación, principalmente en la capilla y sectores aledaños. También se trabaja en la impermeabilización de parte del techo del primer piso, en medio del deterioro que atraviesa el historico edificio.
“Es un pecado que esté en estas condiciones y cerrado. Es de la gente y los ciudadanos, tenemos la obligación de recomponerlo”, sostuvo la ministra.
Del encuentro participaron referentes de la UCIP, el Parque Industrial, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Textil, el Centro de Constructores y empresarios de firmas como Grupo Solimeno, Lucciano’s y La Fonte D’Oro, entre otros. Pettovello acordó mantener una agenda de trabajo para avanzar con los cursos y no descartó regresar próximamente a la ciudad.
La jornada también permitió que representantes de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera plantearan ante la ministra la crisis de las tradicionales “lanchas amarillas” y el riesgo que enfrentan unas 45 pymes del sector. De esta manera, el Gobierno nacional busca convertir al Unzué en un espacio de formación laboral y, al mismo tiempo, avanzar en su recuperación con participación del sector privado.
La Reserva: “Es un proyecto depredador”
Organizaciones ambientalistas presentaron una demanda contra la Municipalidad de General Pueyrredon y aguardan una definición sobre una medida cautelar para frenar el avance de la iniciativa en el sur de la ciudad. Durante una conferencia de prensa, la abogada Soledad Arenaza cuestionó el procedimiento que permitió avanzar con el desarrollo inmobiliario y puso el foco en la situación dominial del terreno.
El proyecto inmobiliario Reserva Explanada quedó formalmente bajo la lupa de la Justicia. La Asamblea Playas del Sur y Surfrider Argentina recurrieron a los tribunales para cuestionar el avance del emprendimiento y solicitar que se deje sin efecto la declaración de impacto ambiental que habilitó los trabajos en el predio ubicado en la zona sur de Mar del Plata. El alcance del reclamo y los fundamentos de la presentación fueron expuestos durante una conferencia de prensa.
La presentación tiene como demandada a la Municipalidad de General Pueyrredon y apunta, entre otros aspectos, contra las condiciones en las que se autorizó el desarrollo. Las organizaciones sostienen que existen cuestionamientos vinculados al impacto ambiental, la situación del terreno y el procedimiento administrativo que permitió avanzar con la iniciativa.
El proyecto “La Reserva” contempla edificaciones en el sur de la ciudad destinadas al “uso residencial uni o multifamiliar”, con los servicios correspondientes, una densidad de 100 habitantes por hectárea y alturas de hasta 14,4 metros. La iniciativa prevé la construcción de hasta ocho edificios en un predio próximo al arroyo Corrientes, en la zona sur de Mar del Plata.
Los argumentos de la acción judicial fueron expuestos durante una conferencia de prensa en la que participaron la abogada Soledad Arenaza y el ambientalista y abogado Kanki Alonso, integrante de la estrategia legal de las organizaciones. Allí, Arenaza explicó los principales fundamentos del planteo, confirmó que la demanda ya fue admitida y detalló que ahora esperan que la Justicia resuelva la medida cautelar presentada para intentar frenar los trabajos preparatorios del emprendimiento.
En ese marco, Arenaza precisó el objetivo de la acción presentada ante la Justicia: “la acción judicial tiene por objetivo que se declare nula la declaración de impacto ambiental”. Según explicó, el planteo se vincula con las características del terreno donde se pretende avanzar con la construcción. “Esto se debe a que el área donde se proponen hacer estos edificios no está determinada, en ninguna de sus fronteras, colinda con todo bien de dominio público”, sostuvo.
La abogada también puso el foco en los antecedentes administrativos y en el proceso mediante el cual el proyecto obtuvo indicadores urbanísticos. Al referirse a la aprobación del emprendimiento en 2022 en el Concejo Deliberante, cuestionó los tiempos y las condiciones en las que se avanzó: “Hace 30 años que no pueden hacer una mensura, pero sí pueden sacar indicadores para autorizar este tipo de emprendimientos en 23 días”. En la misma línea, agregó: “Y tenemos también vencida una una mensura, lo que es la línea Rivera hace casi media década”.
Otro de los puntos centrales del planteo judicial pasa por el estado actual del proceso. Arenaza confirmó que “la demanda ya fue admitida” y explicó que las organizaciones aguardan una definición sobre la medida cautelar presentada para frenar cualquier avance sobre el terreno.
“Estamos a la espera de que se resuelva una medida cautelar que fue presentada, porque también estamos en conocimiento de que se iniciaron ya trabajos preparatorios para empezar con este emprendimiento”, señaló.
En ese sentido, indicó que “Estamos a la espera de que el juez (Simón) Isacch haga lugar a una medida cautelar solicitada para que se tengan las obras y no se pueda innovar en el estado de situación de la pasada”.
La demanda tiene como destinatario a la Municipalidad de General Pueyrredon. Consultada específicamente sobre ese punto, Arenaza dijo que no avanzaron con una denuncia penal contra funcionarios municipales. Sin embargo, la abogada dejó abierta esa posibilidad en función de lo que surja durante el proceso judicial.
Durante la conferencia, Arenaza sintetizó la posición de las organizaciones con una definición que ya se convirtió en una de las frases centrales del reclamo: “Es un proyecto depredador”.
Con la causa ya admitida y una medida cautelar pendiente de resolución, el conflicto por Reserva Explanada se instala así en un nuevo escenario. Mientras los impulsores del proyecto buscan avanzar con el emprendimiento, las organizaciones ambientalistas intentan frenar las obras y cuestionan tanto el impacto sobre el territorio como el procedimiento administrativo que permitió su aprobación.
El bloque del PRO respaldó al comerciante detenido tras abatir a un delincuente en el barrio Regional
Durante el cierre de la Comisión de Seguridad, Julián Bussetti, presidente del bloque amarillo, afirmó que el vecino actuó en legítima defensa y confirmó el apoyo institucional de su bancada de cara a la audiencia judicial del próximo lunes.
La tercerización de la recaudación municipal quedó bajo la lupa de la oposición
Un pedido de informes de Unión por la Patria busca conocer qué hizo el consorcio KARSTEC-IT NET y qué resultados obtuvo tras recibir más de $1.000 millones.
La estrategia del gobierno municipal para mejorar la recaudación volvió a quedar bajo la lupa de la oposición. Unión por la Patria presentó un pedido de informes para conocer en detalle cuánto dinero destinó la comuna a un servicio tercerizado de asistencia en la gestión tributaria y, sobre todo, qué resultados obtuvo a cambio. Según la documentación incorporada al expediente, durante 2026 se pagaron al menos $1.057 millones al consorcio integrado por KARSTEC S.A. e IT NET S.A., por prestaciones correspondientes al año anterior.
El planteo se inscribe en uno de los principales problemas que arrastra la administración de General Pueyrredon: la caída de la cobrabilidad de las tasas municipales. Durante el segundo semestre de 2024, el Municipio avanzó con la Licitación Pública N.º 27/24 para contratar asistencia técnica destinada a fortalecer y modernizar el sistema tributario. La premisa oficial era mejorar los ingresos municipales apelando, una vez más, a la incorporación de empresas privadas en áreas de gestión.
El contrato tiene como objetivo intervenir sobre distintos tributos, entre ellos la Tasa por Servicios Urbanos, la contribución destinada a Salud, Educación y Desarrollo Infantil, la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda, antenas, ocupación de espacios públicos y el impuesto automotor descentralizado. El proyecto de comunicación presentado ahora por Unión por la Patria busca determinar qué se hizo efectivamente durante la prestación y cuál fue el impacto concreto sobre las cuentas municipales.
La contratación contempla acciones para incrementar la recaudación, actualizar los padrones de contribuyentes, detectar situaciones de mora temprana y mejorar los mecanismos de gestión de deuda. También incluye la implementación de procesos para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones, la capacitación de personal municipal y la actualización de las normas tributarias.
Pero hay un dato que encendió las alarmas opositoras: el mecanismo de pago. De acuerdo con el expediente, el consorcio percibe una comisión del 26% calculada sobre la diferencia entre los ingresos municipales y una Recaudación Mensual Base, establecida a partir de lo recaudado por cada tributo durante 2024. Es decir, el esquema vincula la remuneración del contratista con el incremento de los ingresos obtenidos por encima de ese parámetro.
Los números que aparecen en la documentación oficial son contundentes. El Municipio realizó tres pagos durante 2026: $247.552.179,93 el 8 de enero; $419.057.626,83 el 6 de marzo; y $390.648.760,09 el 22 de abril. La suma asciende a $1.057.258.566,85. Los recibos incorporados al expediente confirman cada uno de esos desembolsos al Consorcio Cooperación KARSTEC IT-NET.
La particularidad es que esos pagos fueron realizados en 2026, pero corresponden a servicios prestados durante 2025, según consta en el proyecto presentado. Precisamente por eso, Unión por la Patria pide que el Ejecutivo confirme si el desembolso de enero corresponde a los servicios de julio de 2025, si el de marzo corresponde a agosto y si el de abril corresponde a septiembre. También reclama conocer si existen otros certificados liquidados desde el inicio del contrato y que se informe fecha, monto y período correspondiente.
“Más de mil millones de pesos por tres meses es mucha plata. El gobierno tiene que explicar qué está pagando, qué hicieron concretamente estas empresas y qué resultados consiguieron”, planteó Unión por la Patria, al poner el foco no solamente en el costo del servicio sino también en su eficacia.
El pedido de informes apunta además a conocer cuántas personas de las empresas están afectadas a las tareas, qué dependencias utilizan y qué equipamiento emplean para llevar adelante el trabajo. El punto no es menor para la oposición, que busca determinar cuánto de la estructura utilizada pertenece al contratista y cuánto corresponde a recursos municipales. Esos interrogantes están expresamente incluidos en el articulado del proyecto.
La discusión se monta sobre una tensión que atraviesa la gestión municipal desde hace años: cómo incrementar los recursos propios en un escenario de restricciones presupuestarias. El gobierno de Montenegro eligió recurrir a una herramienta que ya utilizó en otras áreas: incorporar al sector privado para complementar capacidades estatales. En este caso, la apuesta se trasladó directamente al corazón de las cuentas comunales: conseguir que los contribuyentes paguen más y mejorar la capacidad de cobro del Estado local.
Desde la oposición, sin embargo, ponen el acento en una pregunta más básica: si el Municipio ya cuenta con personal dedicado a la recaudación y la administración tributaria, cuál es el valor agregado que justifica contratar una estructura externa y pagarle en función de los ingresos adicionales. “Hay empleados municipales que ya trabajan en la recaudación y gestión de las tasas. Si el gobierno decidió pagar miles de millones a empresas privadas para asistir en esas tareas, tiene que explicar por qué, para hacer qué y con qué resultados”, cuestionó Unión por la Patria.
El proyecto no afirma que la contratación haya sido irregular ni cuestiona por sí mismo la utilización de empresas externas. Lo que reclama es información para evaluar el funcionamiento del servicio y medir sus resultados. De hecho, el propio expediente plantea que resulta necesario contar con esos datos para realizar una “evaluación integral del Servicio de Asistencia en la Gestión Tributaria contratado por el Municipio y los resultados obtenidos hasta el momento”.
El planteo vuelve a poner sobre la mesa, así, uno de los pilares del modelo de gestión que el oficialismo viene defendiendo: la articulación con el sector privado como herramienta para resolver problemas que las arcas municipales no logran afrontar por sí solas. En este caso, el mecanismo llegó al terreno de la recaudación, con una contraprestación millonaria y atada al incremento de los ingresos.
Ahora la pelota quedó en manos del Ejecutivo. La oposición quiere saber cuánto se pagó, qué tareas se realizaron, cuántos recursos se utilizaron y, fundamentalmente, cuánto más logró recaudar el Municipio gracias al contrato. Porque detrás de los más de $1.000 millones desembolsados no hay solamente una discusión contable: también aparece la pregunta sobre cuánto le cuesta al Estado municipal delegar parte de una de sus funciones centrales y qué obtiene a cambio.
La ministra Sandra Pettovello se reunió con empresarios de la ciudad de Mar del Plata para invitarlos a ser parte del nuevo Centro de Formación Capital Humano.
Juntos recorrieron las obras de puesta en valor del Edificio Saturnino Unzué, donde funcionará la nueva sede para… pic.twitter.com/JL2I7f3XoH