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Viernes, 21 agosto 2026
Argentina
21 de agosto de 2026

El Ejecutivo quiere "jubilar" el papel: presentó un régimen para digitalizar toda la documentación administrativa

El gobierno local elevó al Concejo un proyecto de ordenanza que establece reglas para digitalizar, conservar y eventualmente destruir los documentos físicos. La iniciativa busca convertir la despapelización en una política permanente para toda la estructura municipal.

El Ejecutivo quiere
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El gobierno municipal puso en marcha un nuevo paso dentro de su estrategia de modernización administrativa: elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca establecer un régimen integral para digitalizar la documentación, reemplazar progresivamente los expedientes en soporte físico y habilitar la destrucción del papel una vez cumplidos los procedimientos correspondientes.

 

La iniciativa fue presentada por el Departamento Ejecutivo en la mesa de entradas del HCD y apunta a darle un marco normativo permanente a una práctica que, hasta ahora, se fue incorporando de manera progresiva en distintas áreas del Estado municipal. El objetivo declarado es que la documentación administrativa pueda ser generada, tramitada, conservada y eventualmente eliminada de manera digital, con respaldo legal y bajo procedimientos reglamentados.

 

En el mensaje enviado al Concejo, el Ejecutivo sostuvo que la propuesta busca “consolidar la política de modernización administrativa y despapelización impulsada por el Municipio”, y explicó que el nuevo régimen se plantea en sintonía con la legislación nacional y provincial vinculada con la firma digital y la gestión documental electrónica.

 

El proyecto establece desde su primer artículo la creación de un “régimen integral de digitalización, sustitución documental, conservación digital y destrucción del soporte físico de toda documentación administrativa” de la Municipalidad de General Pueyrredon.

 

La medida no quedaría limitada a las dependencias de la administración central. El segundo artículo determina que su aplicación será obligatoria también para los entes descentralizados y para todo organismo municipal que produzca, reciba, tramite o conserve documentación administrativa.

 

La conducción del proceso quedaría en manos de la Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización y de la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, que serán las autoridades de aplicación, según establece el proyecto. A su vez, el Departamento Ejecutivo quedaría facultado para reglamentar, supervisar y actualizar los procedimientos vinculados con la digitalización, conservación y destrucción de los documentos.

 

En los fundamentos, el gobierno interino de Agustín Neme presenta la iniciativa como una herramienta para avanzar hacia una administración con menos papel y mayor trazabilidad documental. La propuesta también incorpora como argumentos la eficiencia, la seguridad, la transparencia, la simplificación de los trámites y la sustentabilidad.

 

El proyecto se apoya además en un proceso que ya tuvo un antecedente concreto dentro del propio ámbito municipal. En el Concejo Deliberante, la despapelización comenzó a implementarse internamente el 2 de enero de 2023, durante la presidencia de Marina Sánchez Herrero. En aquella etapa se incorporaron el expediente electrónico y la firma digital mediante un sistema de desarrollo propio.

 

Ahora, el Ejecutivo pretende llevar esa lógica al conjunto de la estructura municipal y convertirla en una política regulada por ordenanza. El cambio no supone solamente dejar de imprimir expedientes: también abre la puerta a establecer qué documentación puede ser sustituida por su versión digital, cómo debe conservarse y bajo qué condiciones puede destruirse el soporte físico.

 

Para eso, la reglamentación tendrá un rol central. El proyecto delega en el Ejecutivo la definición y actualización de los procedimientos, por lo que buena parte de los detalles operativos de la transición quedarán establecidos en una instancia posterior a la aprobación de la ordenanza.

 

La propuesta deberá ahora atravesar el debate legislativo. Si obtiene el aval del Concejo y posteriormente es promulgada, General Pueyrredon contará con un marco específico para ordenar y profundizar una transformación administrativa que ya comenzó en algunas áreas y que el Ejecutivo busca extender al conjunto del Estado municipal.

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