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Lo que la semana nos dejó
El "nuevo" cronograma del pliego del transporte público, el avance de Plaza Rumencó en la Comisión de Obras, la protesta vecinal por la inseguridad y una nueva audiencia por Punta Mogotes, entre los temas más importantes de la semana de la mano de La Tecla.
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Minella Stadium S.A. y el convenio no vinculante con AFA
El expediente de la Licitación Pública N° 03/25 para la concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas encierra una inconsistencia técnica más, que hoy se ubica en el centro de las miradas judiciales. Se trata del "Convenio Marco de Colaboración" firmado el 10 de marzo de 2025 entre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, el secretario general Víctor Blanco, y el representante de Minella Stadium S.A., Rafael Trevisan.
Presentado por la empresa como el activo más valioso de su propuesta, el papel funcionó como la llave maestra para que la Comisión Asesora de Preadjudicación le otorgara 30 puntos clave —el máximo posible en el rubro de acuerdos institucionales—, catapultando a una firma constituida apenas seis meses antes a una calificación perfecta de 100 sobre 100.
Detrás del impacto propagandístico de prometer partidos de la Selección Argentina en Mar del Plata, la compulsa documental expone un texto sin sustancia jurídica obligatoria. En su Cláusula Cuarta, el propio convenio desarma cualquier expectativa de garantía al establecer, de manera textual y explícita, que el acuerdo no genera compromisos ni obligaciones contractuales entre las partes, así como tampoco implica ninguna erogación económica de ninguna índole. Es decir que, lejos de ratificar un calendario formal o un esquema de financiamiento, el documento constituyó una mera manifestación de intenciones condicionada exclusivamente a que la firma privada resultara adjudicataria, sin obligar a la AFA a disputar un solo encuentro en el escenario local.
Semejante brecha entre el peso otorgado en el dictamen administrativo y la vacuidad legal del escrito constituye una de las principales líneas de investigación en la causa penal que instruye la Unidad Funcional de Instrucción N° 10. La fiscalía analiza si la ponderación con puntaje máximo de un documento formalmente no vinculante configuró una maniobra para inflar artificialmente la solvencia técnica de la oferente única.
A esta paradoja se suma, como informó La Tecla, que la entidad madre del fútbol argentino suscribió entendimientos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires por el Estadio Único de La Plata, lo que confirma que el acuerdo utilizado para convalidar la entrega del Parque de los Deportes carecía de la exclusividad y la certidumbre con la que fue evaluado por los estamentos municipales. El estadio ubicado en la capital provincial ya se encuentra en obra para ser “la nueva casa de la Selección Argentina”.
En definitiva, la promesa de volver a ver a la Selección vistiendo de fiesta al Estadio Mundialista terminó reducida a una cuidada estrategia publicitaria sobre papel mojado. Mientras la Justicia intenta determinar hasta qué punto esta declaración de intenciones sin valor legal sirvió para direccionar la puntuación en favor de una empresa sin respaldo, la ciudadanía marplatense vuelve a quedar como rehén de una ilusión vendida a precio de saldo. Un capítulo más que resume la verdadera matriz de la concesión: la entrega del patrimonio público a cambio de compromisos de palabra que, a la hora de la verdad, no obligan a nadie ni garantizan un solo peso para la ciudad.
Pliego de colectivos: nuevo cronograma, diferencias internas y reclamos por la presencia del Ejecutivo
Presentado por la empresa como el activo más valioso de su propuesta, el papel funcionó como la llave maestra para que la Comisión Asesora de Preadjudicación le otorgara 30 puntos clave —el máximo posible en el rubro de acuerdos institucionales—, catapultando a una firma constituida apenas seis meses antes a una calificación perfecta de 100 sobre 100.
Detrás del impacto propagandístico de prometer partidos de la Selección Argentina en Mar del Plata, la compulsa documental expone un texto sin sustancia jurídica obligatoria. En su Cláusula Cuarta, el propio convenio desarma cualquier expectativa de garantía al establecer, de manera textual y explícita, que el acuerdo no genera compromisos ni obligaciones contractuales entre las partes, así como tampoco implica ninguna erogación económica de ninguna índole. Es decir que, lejos de ratificar un calendario formal o un esquema de financiamiento, el documento constituyó una mera manifestación de intenciones condicionada exclusivamente a que la firma privada resultara adjudicataria, sin obligar a la AFA a disputar un solo encuentro en el escenario local.
Semejante brecha entre el peso otorgado en el dictamen administrativo y la vacuidad legal del escrito constituye una de las principales líneas de investigación en la causa penal que instruye la Unidad Funcional de Instrucción N° 10. La fiscalía analiza si la ponderación con puntaje máximo de un documento formalmente no vinculante configuró una maniobra para inflar artificialmente la solvencia técnica de la oferente única.
A esta paradoja se suma, como informó La Tecla, que la entidad madre del fútbol argentino suscribió entendimientos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires por el Estadio Único de La Plata, lo que confirma que el acuerdo utilizado para convalidar la entrega del Parque de los Deportes carecía de la exclusividad y la certidumbre con la que fue evaluado por los estamentos municipales. El estadio ubicado en la capital provincial ya se encuentra en obra para ser “la nueva casa de la Selección Argentina”.
En definitiva, la promesa de volver a ver a la Selección vistiendo de fiesta al Estadio Mundialista terminó reducida a una cuidada estrategia publicitaria sobre papel mojado. Mientras la Justicia intenta determinar hasta qué punto esta declaración de intenciones sin valor legal sirvió para direccionar la puntuación en favor de una empresa sin respaldo, la ciudadanía marplatense vuelve a quedar como rehén de una ilusión vendida a precio de saldo. Un capítulo más que resume la verdadera matriz de la concesión: la entrega del patrimonio público a cambio de compromisos de palabra que, a la hora de la verdad, no obligan a nadie ni garantizan un solo peso para la ciudad.
Con las respuestas del Ejecutivo sobre la mesa, la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante volvió a poner bajo análisis el proyecto que habilita el llamado a licitación pública nacional e internacional del servicio de transporte urbano de pasajeros. El expediente, que acumula meses de consultas técnicas, pedidos de informes y reclamos de los bloques, continuará en comisión con una nueva metodología de trabajo.
El presidente de la comisión, Guido García, destacó que la documentación enviada por la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda contiene “respuestas bien detalladas” y consideró que permite consolidar el proyecto presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, el debate volvió a dejar expuestas diferencias sobre cómo debe continuar el tratamiento del expediente.
Desde Unión por la Patria, Pablo Obeid manifestó preocupación por algunas respuestas enviadas por el Municipio y sostuvo que “da la sensación de que el Ejecutivo aspira a modificar recorridos y que después todo lo demás siga igual”. Además, reclamó mayor información sobre frecuencias, refugios y controles del sistema.
Por su parte, el edil de UxP, Diego García remarcó que “los vecinos se quejan del transporte público y del estado de las calles” y planteó que todavía existen interrogantes sobre datos técnicos y mecanismos de control. “Si bien tenemos un pantallazo de lo que presentó cada bloque, se abren nuevas preguntas en relación a datos y controles”, afirmó.
Otro de los cuestionamientos llegó desde Acción Marplatense. Horacio Taccone coincidió en que existe la necesidad de avanzar con un nuevo sistema, pero reclamó que los funcionarios municipales concurran al Concejo para responder consultas de los ediles. “Nosotros queremos que salga un buen pliego y para que salga un buen pliego la oposición debe ser escuchada.”, sostuvo, y pidió que el debate no quede limitado a una instancia administrativa.
Mientras que el concejal del PRO Marcelo Cardoso, quien realizó una reflexión sobre la responsabilidad que tiene el Concejo frente al futuro del sistema de transporte. “No estamos analizando un expediente más, estamos analizando uno de los más trascendentes que va a tener este Concejo Deliberante, porque estamos definiendo el sistema de transporte”, sostuvo.
En ese sentido, Cardoso remarcó que el debate debe estar “por encima de cualquier diferencia política” y señaló que “todos sabemos que el sistema actual presenta dificultades”. Para ordenar la discusión, propuso que cada bloque presente sus modificaciones al pliego y que, una vez reunidas, sean remitidas al “área competente” del Ejecutivo para su análisis". “No tenemos que buscar el monopolio de las buenas ideas”, planteó.
Desde la UCR-Nuevos Aires también surgieron matices dentro del oficialismo. Vilma Baragiola consultó cuánto tiempo demandaría el tratamiento del expediente y planteó la necesidad de pensar un sistema de transporte con una mirada de largo plazo. “Ya no hay que pensar una Mar del Plata al 2030, sino al 2050”, señaló.
Además, la edil radical cuestionó algunos puntos de las respuestas del Ejecutivo, entre ellos el esquema de financiamiento de las paradas de colectivos. “Me hace ruido cargar sobre el boleto todo lo que tiene que ver con el mobiliario urbano. Ya tenemos un boleto que, por la situación económica, genera preocupación en quienes lo utilizan todos los días”, expresó.
También desde la UCR-Nuevos Aires, el concejal Ricardo Liceaga Viñas marcó una diferencia respecto del esquema acordado inicialmente para el tratamiento del expediente. “Los acuerdos están para cumplirse y nosotros habíamos acordado que cuando llegaban las respuestas, venían los funcionarios”, señaló. Si bien aclaró que no buscaban “entorpecer el avance del expediente” y acompañó la continuidad del tratamiento, remarcó que la presencia del Ejecutivo formaba parte del compromiso asumido para profundizar el análisis del pliego y despejar las dudas de los ediles.
Finalmente, y en línea con la propuesta planteada por Cardoso, Guido García formalizó la nueva metodología dentro de la comisión. El titular de Movilidad Urbana propuso que cada bloque presente por escrito hasta el 24 de agosto sus propuestas de modificación para luego analizarlas en conjunto y, posteriormente, consultar al Ejecutivo sobre el impacto de los cambios sugeridos.
“La etapa de diagnóstico está llegando a su conclusión. Tenemos que empezar a trabajar en las cuestiones más concretas del pliego”, sostuvo García. Luego, remarcó que “el intercambio y el ida y vuelta existen y la comisión está haciendo su trabajo”.
El pliego seguirá bajo análisis en comisión tras el esquema de trabajo definido por los ediles. Hasta el 24 de agosto, los bloques deberán elevar sus planteos sobre el proyecto y luego se abrirá una nueva instancia de diálogo con integrantes del Ejecutivo para discutir las modificaciones propuestas. Habrá que ver si finalmente los funcionarios estarán presentes en el recinto.
De cara a 2027, la inseguridad empieza a entrar en campaña y la demagogia gana terreno
Con el Mundial terminado, las vacaciones de invierno ya archivadas y el calendario electoral todavía lejano, la política marplatense comenzó a mirar un tema que promete dominar la agenda de aquí hasta 2027: la inseguridad. Lo que durante meses fue una preocupación cotidiana de los vecinos empieza a transformarse, lentamente, en una herramienta de confrontación entre oficialismos y oposiciones de los distintos niveles del Estado.
El cacerolazo realizado la semana pasada en Mar del Plata, aunque sin la convocatoria masiva que algunos esperaban, dejó un mensaje claro. El reclamo ya no apunta únicamente contra los delincuentes, sino también hacia una dirigencia que parece más ocupada en repartir responsabilidades que en construir respuestas coordinadas.
La seguidilla de hechos ocurridos durante el fin de semana terminó de acelerar ese proceso. Tres homicidios en menos de 24 horas —el asesinato del comerciante Ricardo Ruiz durante un asalto, el crimen del chofer de aplicación Alberto Rodríguez y el brutal femicidio de Mailén, una joven de 24 años asesinada tras acudir a una supuesta entrevista laboral— volvieron a instalar el debate sobre la seguridad en el centro de la escena. A ellos se sumaron tiroteos, robos violentos y una creciente sensación de vulnerabilidad que atraviesa tanto a los barrios periféricos como al centro de Mar del Plata.
A partir de allí comenzó un fenómeno conocido en la política argentina: las redes sociales se poblaron de publicaciones, comunicados y declaraciones de dirigentes que rápidamente encontraron responsables. Algunos apuntaron al Municipio; otros a la Provincia; otros al Gobierno nacional. Cada espacio político buscó acomodar el discurso de acuerdo con su conveniencia electoral.
Sin embargo, el mapa institucional muestra una realidad mucho más compleja que los eslóganes. El Municipio, hoy encabezado por Agustín Neme, administra herramientas preventivas como el Centro de Operaciones y Monitoreo, la Patrulla Municipal y los controles de tránsito, además de coordinar acciones con las fuerzas provinciales. La Policía Bonaerense depende del gobierno de Axel Kicillof, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Javier Alonso. Y la Nación también interviene mediante las fuerzas federales cuando existen operativos específicos o investigaciones de delitos complejos. Pero hay un actor que muchas veces queda relegado del debate político y cuya incidencia resulta determinante: la Justicia.
La discusión sobre reincidentes que recuperan rápidamente la libertad, menores involucrados en hechos violentos que no permanecen detenidos, causas que avanzan lentamente o sentencias que generan rechazo social vuelve una y otra vez al centro del debate. Sin decisiones judiciales oportunas y eficaces, sostienen distintos especialistas en seguridad, cualquier política preventiva encuentra límites difíciles de superar.
Eso no exime de responsabilidades al resto del Estado. La prevención del delito requiere planificación, presencia territorial, controles efectivos y coordinación permanente. En Mar del Plata, por ejemplo, los operativos sobre motocicletas irregulares, las caravanas nocturnas, las picadas y los rodados sin documentación continúan siendo uno de los principales reclamos vecinales, al considerar que muchos hechos delictivos son cometidos por motochorros o vehículos fuera de regla.
El problema es que esa complejidad suele desaparecer cuando comienza la disputa electoral. Allí predominan las consignas simples, los cruces por redes sociales y la búsqueda de un responsable único para un fenómeno que involucra a varios poderes del Estado.
La particularidad del escenario marplatense es que cada nivel de gobierno responde a un signo político distinto. El Municipio está gobernado por el PRO junto a sus aliados radicales y libertarios; la Provincia permanece bajo la conducción del peronismo con Axel Kicillof; y la Nación es administrada por La Libertad Avanza de Javier Milei. Ese tablero hace todavía más difícil construir una estrategia común y favorece que la seguridad se transforme en un terreno de disputa permanente.
La experiencia demuestra que, cuando se acercan las elecciones, la inseguridad suele convertirse en uno de los temas más utilizados para interpelar al electorado. Todo indica que esta vez no será la excepción. De aquí a 2027 aumentarán las estadísticas, los cuestionamientos cruzados, las promesas y las propuestas. La incógnita será si también crecerán los acuerdos para enfrentar un problema que, lejos de distinguir colores políticos, golpea todos los días a los vecinos de Mar del Plata.
Las cuatro patas del oficialismo
A más de siete meses del inicio del gobierno interino de Agustín Neme, el esquema político que sostiene al oficia lismo empieza a mostrar sus primeras grietas. La continuidad del llamado “Modelo Mar del Plata”, construido sobre una alianza de sectores diversos, mantiene el equilibrio institucional, pero también abre una disputa por quién tendrá la lapicera política de cara al 2027. Además, creció la tensión entre las fuerzas que integran la coalición a partir de las versiones sobre un posible regreso de Guillermo Montenegro al Municipio.
La salida de Montenegro del Ejecutivo para asumir como senador bonaerense modificó el tablero local. Aunque Neme tomó las riendas y mantuvo la estructura de gobierno, el escenario comenzó a ordenarse alrede dor de cuatro espacios de poder que conviven dentro del oficialismo: el montenegrismo; el sector encabezado por Agustín Neme y el presidente del PRO local, Emiliano Giri; la UCR, representada por el senador Maximiliano Abad; y LLA, con el diputado Alejandro Carrancio.
Son los denominados “cuatro fantásticos”, cuatro patas que forman parte de la gestión, pero que también empiezan a mirar el futuro con estrate gias propias. La elección de 2027 aparece como el horizonte que explica los movimientos actuales: Montenegro no podrá buscar un tercer mandato consecutivo, salvo que la Legislatura bonaerense modifique la normativa vigente sobre reelecciones, por lo que la sucesión municipal será una batalla abierta. Además, el próximo año se renovará la mitad del Concejo.
En ese escenario tomó fuerza la espe culación sobre un eventual retorno de Montenegro, acompañado por cambios en el gabinete. La posibi lidad se vincula al contexto que atraviesa Mar del Plata, marcado por el crecimiento de la inseguri dad y una crisis social que suma presión sobre la gestión local. Según esa versión, el regreso del intendente en uso de licencia estaría acompañado por respaldo nacional, con fondos para reordenar las cuentas municipales y la llegada de fuerzas federales para reforzar la seguridad.
Pero detrás del equilibrio formal empiezan a aparecer diferencias sobre el rumbo político y el futuro armado. Mientras el sector de Agustín Neme y Emiliano Giri busca consolidar una identidad propia, el montenegrismo intenta preservar la influencia construida durante dos gestiones municipales. El radicalismo busca sostener protagonismo institucional y La Libertad Avanza ampliar su peso. La gestión interina también funcionó como un escenario para reacomodar piezas. La continuidad de funcionarios vinculados a distintos espacios muestra que la administración sigue siendo un mosaico de alianzas.
Por ahora, los cuatro sectores conviven. Con el calendario electoral acercándose y las versiones sobre el regreso de Guillermo Montenegro instaladas, la disputa por el futuro de la comuna deja de ser subterrá nea y expone las tensiones del oficialismo.
Plaza Rumencó: el oficialismo recurrió a un dibujo normativo para destrabar el polémico proyecto
Cuando la necesidad política apura, la rigidez normativa suele volverse llamativamente elástica. Este martes 4 de agosto, la Comisión de Obras y Planeamiento del Concejo Deliberante ofreció una muestra de contorsionismo legislativo al tratar el controvertido expediente 1154/26. Apenas tres semanas después de haber clavado los frenos por falta de informes técnicos y ante la sombra de una medida cautelar judicial que paralizó las obras clandestinas en el predio, el oficialismo del PRO, la UCR+Nuevos Aires y La Libertad Avanza unieron votos para destrabar el proyecto de rezonificación del paseo comercial Plaza Rumencó. La aprobación de los nuevos indicadores urbanísticos para el terreno situado en Avenida Jorge Newbery N° 5035 se consiguió mediante un artilugio recurrente: disociar formalmente el cambio de zonificación respecto de las autorizaciones para construir y de la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
El viraje de la bancada oficialista tuvo su puesta en escena más evidente en el rol del concejal Marcelo Cardoso (PRO). El mismo edil que el pasado 14 de julio impostó una figura de estricto celo técnico y solicitó mantener el expediente en comisión para evitar imprevisiones, reapareció convertido en el principal impulsor de la aprobación. En una argumentación plagada de atenuantes semánticos, Cardoso sostuvo que el Concejo solo debe evaluar la "conveniencia urbanística" y que las exigencias hidráulicas, ambientales y de tránsito son "etapas posteriores" que el emprendimiento deberá cumplir antes de mover un solo ladrillo. La distinción buscó resguardar al interbloque de las esquirlas de la medida cautelar vigente en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2, permitiendo que la gestión municipal sostenga el discurso de no violar la orden judicial, aun cuando en los hechos el Concejo legisla para convalidar un proyecto que avanzó ilegalmente con movimientos de suelo sin el aval estatal.
Para cerrar la ecuación de votos, el oficialismo necesitó y encontró el auxilio táctico de La Libertad Avanza. La concejal Noelia Álvarez Ríos concedió el aval de su bloque con una salvedad calculada: exigir una consulta a la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda para determinar si la ordenanza no colisiona con el fallo judicial por la falta de estudio de impacto ambiental. En lugar de pausar el tratamiento hasta obtener esa respuesta crucial, la bancada libertaria aceptó enviar el expediente a la Comisión de Legislación con el pedido adjunto. La maniobra permitió que el proyecto siga su marcha sin que ningún bloque asuma plenamente el costo político de ignorar la cautelar. Por su parte, la oposición encarnada por Unión por la Patria y AM-MDF optó por la abstención, señalando la inconsistencia de votar a ciegas un despacho que busca regularizar por vía de excepción una obra que ya desafió la autoridad municipal y judicial.
A las flaquezas de origen se le sumó un capítulo igual de opaco durante el debate de la comisión: el esquema de compensaciones urbanísticas. Desde la oposición expusieron las grietas de la aplicación de la Ley Provincial 14.449, remarcando que la contribución exigida al privado consiste en obras de alumbrado público instaladas sobre la misma avenida Jorge Newbery, frente al predio comercial. De este modo, la supuesta retribución a la comunidad finaliza convertida en una revalorización directa de la propia fachada del emprendimiento. El cuadro de inconsistencias se completa con el laberinto societario del expediente, impulsado originalmente por Molas y Asociados pero fragmentado en la causa judicial entre Treelands S.A., MPSG 5 Newbery S.A. y Exfako S.A., una nebulosa que deja sin respuesta sobre quién recaerá jurídicamente la obligación financiera de abonar las compensaciones impuestas.
El dictamen favorable conseguido en la Comisión de Obras proyecta un mensaje político significativo para la dinámica del desarrollo urbano en General Pueyrredon. En la práctica, el trámite legislativo de Plaza Rumencó confirma que la estrategia de construir sin permisos, judicializar el conflicto y presionar con hechos consumados encuentra terreno fértil en los pasillos del Concejo Deliberante. Con el expediente ahora rumbo a la Comisión de Legislación, el Municipio vuelve a quedar expuesto como un garante a posteriori de iniciativas privadas que imponen sus propios tiempos por encima de las normas ambientales y el estricto control estatal.
Nueva tregua judicial en la disputa entre el Municipio y la Provincia por el control del complejo
La pulseada por el futuro y la administración del complejo costero de Punta Mogotes sumó este martes un nuevo capítulo de cautela institucional. En las oficinas del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Mar del Plata, las delegaciones del Municipio de General Pueyrredon y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconocieron formalmente que todavía no lograron alcanzar un punto de acuerdo para destrabar el traspaso del predio, aunque coincidieron en extender la mesa de discusión. Frente a la falta de consenso, el juez Simón Isacch dispuso convocar a una nueva audiencia para el próximo martes 18 de agosto a las 12 y prorrogó la suspensión de los plazos judiciales.
La resolución del magistrado otorga dos semanas más de oxígeno a una controversia que combina argumentos técnicos con un marcado contrapunto político entre la gestión municipal encabezada por Agustín Neme y el Ejecutivo bonaerense. Mientras las declaraciones públicas exponen una marcada tirantez entre las partes, el terreno judicial muestra por ahora una dinámica más pragmática. Durante el encuentro de este mediodía, el secretario de Hacienda, Legal y Técnica de la comuna, Mauro Martinelli, y la subsecretaria de Turismo provincial, Soledad Martínez, expresaron la voluntad compartida de no romper los canales de negociación. De la reunión también formaron parte el administrador general del ente, Fernando Maraude, y el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, quien intervino de manera remota.
El trasfondo del conflicto tramita a través de dos demandas interconectadas que condicionan el futuro de las instalaciones. Por un lado, figura el reclamo impulsado por el Municipio en agosto de 2024 para cancelar judicialmente las deudas de la Administración Punta Mogotes y restituir el control de los 24 balnearios a la órbita local, invocando la legislación que en 1984 confirió el 70% de la entidad a la Provincia. Por el otro, aparece la medida cautelar presentada por la comuna para congelar la licitación pública anunciada por la Gobernación en mayo pasado, con la cual el Estado provincial pretende ejecutar un plan de modernización integral a través de nuevos concesionarios antes de formalizar la transferencia del patrimonio al municipio.
Con la prórroga dictada por el juez Isacch, el expediente se mantendrá congelado en términos estrictamente procesales, lo que evita por el momento que la Justicia deba resolver la cautelar presentada por la comuna. Las próximas semanas serán determinantes para verificar si las mesas de trabajo logran delinear una transición consensuada sobre la administración del predio o si la controversia ingresa de forma definitiva en la etapa de resolución dictaminada por el tribunal.
Torre de 15 pisos en Mogotes: el antecedente que inquieta y la obra que ofrecen como compensación
Más de dos meses después del último tratamiento, el polémico proyecto para construir una torre de 15 pisos en Punta Mogotes volvió a la Comisión de Obras del Concejo Deliberante. Aunque el expediente otra vez quedó en la instancia, el dato político de la jornada no pasó por la falta de definiciones, sino por la confirmación de cuál será la compensación urbanística que propone el Ejecutivo: reactivar parcialmente una obra pública que había quedado paralizada con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
La iniciativa, impulsada a través del expediente 1396/26, pretende autorizar al Fideicomiso Meridies Mar a construir un edificio multifamiliar de 15 pisos sobre William Morris al 1010, mediante un plano límite especial que excede los indicadores urbanísticos vigentes para ese sector de Punta Mogotes.
La discusión por el proyecto de ordenanza ya había tenido un primer capítulo el 2 de junio, cuando los arquitectos del emprendimiento expusieron ante los concejales. Allí defendieron el proyecto al sostener que la torre tendría una baja ocupación del suelo, amplios retiros laterales y de fondo y respetaría el cono de sombra previsto por la normativa. Sin embargo, la oposición advirtió entonces que la verdadera discusión no era solamente un edificio, sino el precedente que podría generar para habilitar nuevas construcciones en altura sobre la costa sur.
El expediente recién volvió a tratarse el 4 de agosto. Esta vez no hubo exposición de los desarrolladores ni debate técnico. El presidente de la comisión, Fernando Muro, informó que había ingresado la respuesta de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano al pedido de informes sobre la compensación urbanística y señaló que el tratamiento continuará cuando los desarrolladores incorporen los renders comprometidos para complementar la documentación presentada.
Fue precisamente esa respuesta la que aportó una de las principales novedades del expediente. En el informe firmado por el polémico secretario Jorge "Guasa" González, el Ejecutivo confirmó que la contraprestación ofrecida por el fideicomiso consistirá en ejecutar parte del “Parque Lineal Punta Mogotes”, una obra diseñada por el Municipio para mejorar la conexión peatonal entre los balnearios y el barrio mediante nuevas veredas accesibles, cruces seguros, iluminación, equipamiento urbano y señalización sobre la avenida De los Trabajadores.
La elección no pasó inadvertida. El Parque Lineal Punta Mogotes no es una obra nueva, sino un proyecto elaborado por la propia Municipalidad e incorporado al programa Argentina Hace durante 2023, con un presupuesto superior a los 1.023 millones de pesos. Sin embargo, nunca llegó a adjudicarse y quedó archivado a fines de ese año luego de que la administración de Milei discontinuara ese esquema de financiamiento para la obra pública.
Así, la compensación urbanística que permitiría avanzar con una excepción para construir en altura busca, al mismo tiempo, rescatar un proyecto que nunca pudo ejecutarse con recursos nacionales.
Mientras el expediente permanece en comisión a la espera de nuevos renders, el debate de fondo sigue abierto. Más allá de la torre de 15 pisos, varios concejales sostienen que una autorización de estas características podría transformarse en un antecedente para revisar los indicadores urbanísticos de Punta Mogotes y habilitar un nuevo modelo de desarrollo inmobiliario en uno de los sectores costeros donde históricamente predominó una escala edilicia muy inferior. Esa es, para la oposición, la discusión que excede a un emprendimiento privado y que marcará el futuro urbanístico de la zona.
Tras la marcha por inseguridad, relevaron al jefe de la Policía Departamental de Mar del Plata
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso el relevo del comisario mayor Cristian Daniel Fontana, quien estaba al frente de la Jefatura Departamental de Mar del Plata desde agosto de 2025.
Fontana había asumido el cargo tras reemplazar a Edgardo Vulcano, luego de haberse desempeñado en el Grupo de Prevención Motorizado. La medida se conoció durante la movilización contra la inseguridad que llegó hasta la sede policial de Entre Ríos y Gascón, donde se registraron momentos de fuerte tensión entre manifestantes y efectivos.
Mientras se define quién será el nuevo titular de la fuerza en General Pueyrredon, la conducción de la Departamental quedó de forma interina a cargo de la comisario inspector Marta Analía Moya, quien estará al frente de la estructura operativa durante los próximos días.
Hasta el momento, la cartera de Seguridad bonaerense no informó oficialmente los motivos del relevo ni confirmó si habrá otros cambios dentro de la conducción policial de la ciudad, en un contexto atravesado por fuertes reclamos vecinales y cuestionamientos por el aumento de los hechos delictivos.
En este escenario, se aguarda la llegada a Mar del Plata del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, junto al comisario general Javier Carlos Villar, actual jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ambos podrían brindar definiciones sobre la reorganización de la fuerza y anunciar quién será el próximo jefe de la Policía Departamental marplatense.
Fígoli avanza sobre el Minella y el Municipio deberá decidir si autoriza el cambio de control de la concesionaria
La historia de la concesión del Estadio José María Minella sumó un nuevo capítulo. En medio de una licitación que continúa atravesada por cuestionamientos políticos y una investigación judicial, la empresa Minella Stadium S.A. solicitó autorización al Municipio para transferir el 87,5% de su paquete accionario a Perfeta Producciones S.A., firma perteneciente al empresario de medios Marcelo Fígoli.
El pedido fue presentado ante el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), organismo que actúa como autoridad de aplicación del contrato de concesión. Sin embargo, el trámite no será automático. Las condiciones del pliego establecen que cualquier modificación en la composición societaria de la empresa adjudicataria requiere una autorización previa, expresa y por escrito del Municipio.
Frente a esa situación, el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli, resolvió conformar una Comisión Ad Hoc que tendrá la misión de estudiar la documentación presentada por la concesionaria y determinar si la operación se ajusta a las condiciones establecidas en el pliego y al resto de la normativa aplicable.
La resolución sostiene que la complejidad de la operación y su impacto sobre la concesión justifican un análisis integral antes de que el Ejecutivo adopte una decisión definitiva. En ese marco, la comisión deberá verificar la documentación societaria aportada, evaluar su adecuación jurídica, técnica y contable y elevar un informe con sus conclusiones a la autoridad competente.
El cuerpo estará integrado por representantes del EMDER, la Dirección General Legal y Técnica, la Contaduría General y la Dirección General de Contrataciones, áreas que deberán emitir un dictamen antes de que el Municipio resuelva si autoriza o no el traspaso accionario. Además, cada dependencia deberá designar un representante titular y uno suplente para integrar formalmente la comisión.
La operación no implica, por el momento, un cambio en la concesión del complejo deportivo, sino una modificación en el control accionario de la empresa adjudicataria. No obstante, por el volumen de la transferencia —equivalente al 87,5% del capital social— el expediente quedó sujeto al procedimiento de revisión previsto en el contrato.
La novedad aparece en un momento especialmente sensible. Desde su adjudicación, la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes se convirtió en uno de los expedientes de mayor impacto político de la gestión municipal. La licitación continúa siendo objeto de una investigación judicial y de cuestionamientos impulsados por distintos sectores de la oposición y organizaciones civiles, que pusieron el foco tanto en el proceso licitatorio como en la conformación societaria de la empresa concesionaria.
Ahora, el intento de transferir la mayoría accionaria a una firma vinculada a Marcelo Fígoli vuelve a colocar el expediente en el centro de la escena. La decisión final quedará en manos del Ejecutivo municipal, aunque previamente deberá contar con el informe elaborado por la comisión creada especialmente para analizar una operación que, por sus implicancias, promete sumar un nuevo capítulo a una de las concesiones más controvertidas de los últimos años.
El costo del rumbo económico: Mar del Plata entre el desempleo y el sobreendeudamiento
El impacto de la política económica implementada por la administración nacional sobre el entramado productivo del partido de General Pueyrredon exhibe la brecha estructural entre la contabilidad macroeconómica del país y la realidad social de los municipios. Mientras el Gobierno nacional resalta un crecimiento del PBI impulsado por sectores primario-exportadores y el esquema financiero, la economía urbana de Mar del Plata expone severas señales de deterioro: suba del desempleo al 9,3%, 19 meses consecutivos de destrucción de trabajo formal en el sector privado local y una tasa de mora crediticia en los hogares que roza el 16%. Así lo confirman dos relevamientos técnicos: el Informe Sociolaboral N° 53 del Grupo de Estudios del Trabajo (GrET) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y el Mapa de Deuda confeccionado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) junto a la Fundación Friedrich Ebert (FES) a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En el plano financiero, la radiografía elaborada sobre el sistema bancario local muestra cómo las familias marplatenses recurren al endeudamiento para amortiguar la pérdida de ingresos reales en un contexto de recesión agravado por el rumbo económico nacional. A junio de 2026, la tasa de morosidad en el sistema financiero de General Pueyrredon alcanzó el 15,96%, lo que refleja retrasos superiores a 90 días en el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Aunque la cifra municipal se posiciona por debajo del promedio provincial del 20,17% y de la media nacional del 17,4%, el volumen absoluto grafica el nivel de sobreendeudamiento: sobre un total de 329.531 deudores identificados en el municipio, 72.778 personas presentan deudas en situación irregular, acumulando un monto en mora de $267.879,84 millones sobre un stock crediticio distribuido en el distrito que asciende a $1,68 billones.
El deterioro de la economía real se tradujo en una fuerte degradación de las variables laborales del municipio durante el primer trimestre de 2026, una época en la que la estacionalidad turística suele amortiguar la falta de trabajo. De acuerdo con las estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la tasa de desocupación en el aglomerado de Mar del Plata trepó al 9,3%, lo que equivale a 32.000 personas sin empleo y representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto de igual período de 2025. Este salto ubica al partido de General Pueyrredon en el quinto lugar entre los aglomerados con mayor desempleo del país, superado únicamente por San Nicolás-Villa Constitución, Bahía Blanca-Cerri y los partidos del Gran Buenos Aires.
Lejos de resolverse con un aumento de la búsqueda de empleo, el fenómeno refleja una fuerte presión social sobre un mercado de trabajo municipal incapacitado para absorber nuevos trabajadores. Si bien la tasa de actividad económica en el municipio trepó al 51,8% —1,8 puntos más que el año anterior—, la tasa de empleo se mantuvo estancada en un 46,9%, alcanzando a 316.000 ocupados. En consecuencia, la mayor participación de vecinos en la búsqueda de ingresos no derivó en contrataciones netas, sino en un incremento de la vulnerabilidad: la subocupación ascendió al 10,5% (36.000 personas) y los ocupados demandantes de otro puesto treparon al 12,3% (43.000 personas). Al consolidar desocupados y trabajadores en búsqueda activa, la tasa de presión general sobre el mercado laboral marplatense rozó el 21,6%, afectando a 65.000 personas, una marca inédita en el distrito desde la pospandemia.
La sangría productiva del municipio también queda expuesta en los indicadores del trabajo registrado privado. Con base en la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo de la Nación, el informe de la UNMDP destaca que el empleo formal en empresas de 5 o más trabajadores en el Gran Mar del Plata acumuló 19 meses consecutivos de caída interanual hasta el primer trimestre de 2026, con un retroceso general del 0,9%. La retracción de la actividad productiva provocada por el programa macroeconómico nacional se evidencia en las ramas generadoras de valor agregado local: la construcción se contrajo un 9,7% interanual debido al freno de la obra pública nacional y la menor inversión privada, la industria manufacturera registró un descenso del 6,5% en su plantilla de personal y el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones retrocedió un 7%. Leves repuntes en comercio, gastronomía y hotelería no lograron compensar la destrucción de puestos de trabajo estructurales en las fábricas y obras del distrito.
Este escenario local es el reflejo territorial del rumbo macroeconómico dispuesto por el Ejecutivo nacional. Aunque el PBI argentino creció un 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026, el dinamismo estuvo concentrado exclusivamente en sectores primario-exportadores y en el ámbito financiero, mientras la industria manufacturera nacional descendió un 1,7% y el comercio retrocedió un 0,3%. La contracción del mercado interno del país, visibilizada en la caída constante de las ventas en supermercados y autoservicios a precios constantes, configura la encrucijada del partido de General Pueyrredon: un distrito urbano e industrial fuertemente afectado por una política económica nacional que prioriza los sectores extractivos y financieros por sobre la producción fabril y el consumo popular.
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