La ley que rige el manejo de la seguridad en Buenos Aires está a punto de modificarse. Qué cambios se vienen, qué opinan los intendentes, qué dicen quienes se oponen y un tema central: el dinero
Agrega La Tecla Mar del Plata a tus medios preferidos en Google.
¿Qué hacer con la seguridad en la provincia de Buenos Aires? La pregunta es recurrente y las respuestas varían muchísimo según a quién se le pregunte. Y también según el momento: a lo largo de los años se aplicaron parches sucesivos al régimen legal que rige desde fines de los años ’90 y también hubo idas y vueltas en el abordaje práctico. Sin ir más lejos, hasta hace dos años la Provincia les asignaba a los municipios un Fondo de Seguridad para atender estas cuestiones; ahora, para irritación de muchos alcaldes, ya no lo hace.
Es que en los últimos años los intendentes de los 135 municipios han venido tomando más y más protagonismo, encargándose de aspectos de la seguridad que el gobierno bonaerense delegó o descuidó. Todos parecen estar de acuerdo: la ley que actualmente rige el funcionamiento de la Policía y el resto de los organismos encargados de prevenir y combatir el delito quedó irremediablemente vieja y hay que cambiarla. Los intendentes agregan: además de la ley, hace falta el dinero.
El gobierno de Axel Kicillof emprendió una movida para reformar integralmente la actual Ley de Seguridad Pública. Y en los últimos meses salió a preguntarles a los alcaldes qué opinan al respecto. Desde el gabinete del ministro de Seguridad, Javier Alonso, partieron funcionarios a las ocho secciones electorales de la provincia, para encabezar sendos encuentros con los respectivos jefes comunales. Estas reuniones fueron coordinadas por el subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero.
Por ahora, el proyecto sólo es un borrador. En el gobierno de Kicillof afirman que la idea es tomar el feedback de los intendentes para redactar el texto que se enviará a la Legislatura. La mayoría de los ítems de ese borrador extienden y regulan la potestad de los municipios en el manejo de la seguridad. Y, en general, los alcaldes están de acuerdo, pero enfatizan que es vital que la sanción de la ley vaya acompañada del aporte de los recursos que necesitan para cumplir con las nuevas demandas (y, de hecho, con las que ya tienen: varios de los puntos que se incluirían son el reconocimiento y formalización de acciones que los municipios ya realizan, como el patrullaje con fuerzas propias, el mantenimiento de vehículos y dependencias policiales y la colocación de cámaras de vigilancia y sistemas de alerta).
“Para mí, lo central es reconocer a los municipios como actores importantes en la diagramación y proyección de las políticas de seguridad en el territorio. En los últimos veinte años ha habido cada vez un mayor involucramiento. La Provincia, por acción u omisión, ha ido delegando funciones”, dijo Lisandro Benito, secretario de Gobierno de Junín (hasta diciembre del año pasado era secretario de Seguridad del distrito).
El jefe comunal de Pergamino, Javier Martínez (PRO), dijo que hace falta dotar a los municipios de un mayor control sobre la seguridad. “Nosotros tenemos centro de monitoreo, patrulla urbana, guardianes de espacios públicos. Suplantamos el trabajo, no tan efectivo, que hace la Policía bonaerense con sus Comandos de Patrullas”, explicó.
“Acá se ve más la fuerza municipal que la policial. Y yo tengo 52 personas patrullando y 20 caminantes urbanos, contra 250 o más que tiene la Policía. Si tuviéramos el control, nosotros podríamos hacer con esa fuerza algo más interesante”, agregó Martínez.
Para el kicillofista Francisco Echarren, que impulsa el avance en la autonomía de los municipios y busca que el suyo sea el primero en tener su propia carta orgánica, la iniciativa es prometedora. “Me parece que está buena la ley, que es un avance importante. Contempla algunas cuestiones que tienen que ver con la autonomía, como la participación de los gobiernos locales en la toma de decisiones”, dijo en diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7.
Por su parte, el alcalde de Berisso, Fabián Cagliardi, destacó que “la normativa debe adaptarse a la realidad de hoy, incorporando los avances tecnológicos y las nuevas herramientas con las que cuentan los municipios. En 1998 no existían los centros de monitoreo, ni la red de cámaras que actualmente tienen los 135 distritos de la provincia. Hoy no hay un solo municipio que no cuente con un centro de monitoreo y con sistemas de videovigilancia”.
Una ley obsoleta con firma celebre
La Ley de Seguridad Pública que actualmente rige en territorio bonaerense fue impulsada por una personalidad que ya por entonces figuraba en los libros de historia. Se trata de León Arslanian, presidente del tribunal civil que juzgó a las juntas militares en 1985, tras el fin de la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983, y que a fines de los años ’90 era ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Eduardo Duhalde. La sanción de la nueva normativa fue el resultado de un proceso que se inició como reacción al asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, en enero de 1997. Aprobada al año siguiente, la Ley 12.154 implementó sistemas de participación ciudadana y descentralización de las fuerzas policiales.
Buena parte del texto fue modificado por normas posteriores, pero mecanismos participativos como los foros de seguridad siguen en vigencia. Sin embargo, 28 años después, todos los actores involucrados sostienen que la ley quedó obsoleta y hace falta formular un nuevo sistema de seguridad, que profundice la descentralización y la intervención de diferentes sectores de la comunidad.
Los puntos en discusión para la reforma de la Ley de Seguridad
En las reuniones que Escudero mantuvo con los intendentes de las ocho secciones electorales bonaerenses se analizó un borrador de lo que será el proyecto definitivo que el gobierno de Axel Kicillof enviará a la Legislatura para reformar la Ley de Seguridad. Entre sus puntos centrales figuran:
- Más atribuciones para los municipios. Intervendrían en el desarrollo de estrategias de prevención, asistencia a víctimas y fortalecimiento de las comisarías. Y tendrían un rol central en el reclutamiento de policías.
- Regulación de las patrullas municipales. La mayoría de los distritos cuentan con cuerpos de patrullaje y prevención. La ley establecería un marco común para esos cuerpos y los incorporaría al sistema de seguridad como “primer escalón de respuesta”, con protocolos claros y coordinación con la Policía bonaerense. Sus miembros podrían utilizar “armas de letalidad reducida”.
- Ampliación del Consejo Provincial de Seguridad. Hoy lo conforman representantes del Ejecutivo provincial y legisladores. Se propone incorporar al procurador general de la Corte, al jefe de la Policía y a los 135 intendentes municipales.
- Involucramiento de la comunidad. Hoy existen foros vecinales y municipales de seguridad. Se propone ir más allá, incorporando a actores que hoy no están contemplados.
- Integración entre Nación, Provincia y municipios. La acción de las fuerzas federales, la Policía bonaerense y los cuerpos municipales de patrullaje formaría parte de un mismo esquema.
- Coordinación con la seguridad privada. Habría una interacción más profunda que el mero control estatal sobre las agencias. Se propone una “coordinación virtuosa”. - Planes de seguridad local. Los municipios deberían diseñar una planificación para realizar acciones de prevención y apoyo al trabajo de la Policía provincial.
El poderoso caballero que puede frustrar el éxito de cualquier reforma
Desde que el poeta español Francisco de Quevedo escribió su “Letrilla satírica” pasaron más de cuatrocientos años. Y sin embargo las líneas repetidas a lo largo de ese poema, poderoso caballero / es don Dinero, no han perdido un ápice de su vigencia. Acaso han ganado bastante. Ante él se inclinan las buenas intenciones y las mejores, y todo proyecto debe tenerlo en cuenta.
La iniciativa para reformar la Ley de Seguridad bonaerense no es una excepción. Los intendentes se entusiasman con algunos aspectos, pero advierten que las ideas más maravillosas necesitan el respaldo de los fondos para poder realizarse.
“Si la Provincia va a descentralizar funciones, también va a tener que descentralizar recursos”, sentenció el jefe comunal de Pergamino, Javier Martínez.
Por su parte, el radical Esteban Reino, de Balcarce, dijo a La Tecla que las modificaciones son bienvenidas cuando las acompañan los fondos necesarios. “Las reformas son buenas si vienen los recursos. Hoy, las partidas que vienen de Provincia ya no cubren el combustible para los patrulleros”, marcó el alcande.
El intendente de Tigre, el justicialista Julio Zamora (de relación tensa con las principales vertientes del peronismo bonaerense, incluido el kicillofismo), hizo hincapié en el costo que tienen las acciones que los municipios deben emprender en el área de seguridad y las que se sumarían con la reforma.
“Toda ley que nos dé nuevas atribuciones debe venir acompañada de los recursos necesarios”, dijo Zamora a La Tecla. “Hoy mismo hay una delegación de la función de seguridad ciudadana en los municipios, sin los recursos que hacen falta. En Tigre cobramos una sobretasa de Seguridad para estas cosas, porque el trabajo en esta área es más del 10% del presupuesto municipal. Hace dos años recibíamos de la Provincia un Fondo de Seguridad y ahora no lo tenemos”, apuntó.
Aún no está claro si, de sancionarse la nueva Ley de Seguridad, ese fondo que entregaba la Provincia a los municipios volvería a habilitarse o si se adoptaría algún otro mecanismo para garantizar los recursos necesarios para implementar todas las medidas. Para Zamora, se trata de un detalle: “Necesitamos la plata. Que le pongan el nombre que quieran”.
¿Policías locales o profesionalizar la Bonaerense? He ahí la cuestión
Aunque el proyecto oficial para la reforma de la Ley de Seguridad provincial aún no está definido, lo que sí está claro es que contemplará la regulación de las fuerzas locales que ya funcionan en muchos municipios para darles una entidad definida dentro del sistema de seguridad bonaerense, en coordinación con la Policía provincial.
No todos están de acuerdo con esta idea. Hay quienes preferirían que la propia fuerza bonaerense sea la encargada de la seguridad, y argumentan que la proliferación de guardias o patrullas locales produce una atomización del trabajo que trae más perjuicios que beneficios. Por ejemplo, el intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade, se manifestó recientemente en contra de la creación de policías locales.
Pero la oposición más notable viene de alguien que fue nada menos que ministro de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof. Se trata de Sergio Berni, antecesor de Javier Alonso en el cargo y actualmente senador provincial por Fuerza Patria. Berni anunció que presentará su propio proyecto en la Legislatura, centrado en fortalecer y jerarquizar a la Policía bonaerense en lugar de fomentar la creación de fuerzas locales.
Desde Junín también pusieron el foco en este punto, aunque no se oponen de plano a la existencia de patrullas municipales. El secretario de Gobierno y ex secretario de Seguridad del distrito, Lisandro Benito, dijo a La Tecla que las sucesivas reformas que tuvieron lugar en las últimas décadas “han producido un desguazamiento de la Policía, sin lograr el objetivo de optimizar los recursos dedicados a la seguridad”.
El intendente Juan Fiorini (PRO) se mostró a favor de la reforma en general, aunque la posición del municipio es que deben ser los intendentes los que resuelvan si crean fuerzas locales y bajo qué parámetros.
