1 de agosto de 2026
RESUMEN
Lo que la semana nos dejó
Mientras Mar del Plata acumuló conflictos por el Minella, los geriátricos, Chapadmalal y el deterioro social, el balance de los diputados del distrito muestra una producción parlamentaria dispar y vuelve a abrir la pregunta sobre cuánto de esa actividad logró transformarse en respuestas concretas para la ciudad
El balance legislativo de los diputados marplatenses en la Legislatura bonaerense
A más de dos años y medio de haber asumido en la Cámara Baja bonaerense, el registro de iniciativas presentadas por los legisladores de General Pueyrredon refleja tanto su producción parlamentaria como los recambios generados por licencias y renuncias.
Transcurridos más de dos años y medio del mandato iniciado en diciembre de 2023, la representación del distrito de General Pueyrredon en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires registra un panorama definido por el volumen de iniciativas ingresadas y las reconfiguraciones institucionales producidas en el cuerpo. De los cinco dirigentes marplatenses que asumieron formalmente sus escaños para el período 2023-2027, tres continúan de forma ininterrumpida en la Cámara Baja provincial, mientras que dos dejaron sus funciones legislativas bonaerenses hacia fines de 2025 para asumir otros cargos públicos.
En cuanto al volumen de proyectos ingresados ante la cámara provincial, el diputado Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, encabeza la nómina con un total de 280 iniciativas. Su actividad parlamentaria se desglosa en 160 proyectos de declaración, 97 proyectos de ley, 17 solicitudes de informes y 6 proyectos de resolución. Asimismo, en el marco del trabajo en comisiones, Garciarena ocupa la secretaría en Legislación General y en Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, e integra como vicepresidente la comisión de Derechos del Usuario y el Consumidor.
Dentro del bloque de La Libertad Avanza, el diputado Gastón Abonjo contabiliza 108 proyectos presentados. La nómina de sus iniciativas comprende 41 proyectos de ley, 40 proyectos de declaración, 24 solicitudes de informes y 3 proyectos de resolución. En lo relativo a la labor de comisiones, Abonjo preside la comisión de Igualdad Real de Oportunidades y Trato, e integra en calidad de vocal las comisiones de Obras Públicas, Industria y Minería, y Asuntos de las Personas con Discapacidad.
En la misma bancada liberal, la diputada Sofía Pomponio registra 72 proyectos ante el cuerpo legislativo. Su balance cuantitativo está compuesto por 29 proyectos de ley, 25 proyectos de declaración, 15 solicitudes de informes y 3 proyectos de resolución. En relación con las comisiones permanentes, Pomponio ejerce la vicepresidencia de Energía y Combustibles, y se desempeña como vocal en Obras Públicas, Recursos Naturales, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Seguridad y Asuntos Penitenciarios, y Asuntos de las Personas con Discapacidad.
La nómina de legisladores elegidos en 2023 se completa con dos bancas que sufrieron modificaciones en su composición. Gustavo Pulti, electo por Unión por la Patria, dejó la Legislatura provincial en diciembre de 2025 para asumir como concejal en el municipio de General Pueyrredon. Durante su gestión en la Cámara de Diputados bonaerense presentó 44 proyectos: 37 de declaración, 5 de ley y 2 solicitudes de informes, sin registrar proyectos de comunicación. En su reemplazo asumió el diputado José “Cote” Rossi, vinculado a La Cámpora.
En tanto, Alejandro Carrancio, también electo en 2023 por La Libertad Avanza, solicitó licencia a fines de 2024 para desempeñarse como coordinador de Productos Turísticos del INPROTUR y renunció definitivamente a su banca en noviembre de 2025 para asumir como diputado nacional. Durante su período en la Legislatura provincial formalizó 11 proyectos, que incluyeron 6 de declaración, 2 de ley, 2 de comunicación y 1 solicitud de informes. Tras su renuncia, asumió la banca bonaerense Geraldine Calvella, perteneciente al mismo espacio político.
Milei llamó "ladrón" a Lula y dejó a Scioli en una encerrona: ¿convicción o el oportunismo de siempre?
Las durísimas críticas e insultos del presidente al mandatario brasileño reabrieron el archivo del secretario de Turismo, que durante años reivindicó su amistad con el líder del Partido de los Trabajadores. En el oficialismo crecen las preguntas sobre cuánto hay de convicción y cuánto de supervivencia política del exmotonauta k devenido en libertario.
La política tiene una regla que rara vez falla: el archivo siempre vuelve. Y esta vez el que quedó bajo los reflectores es Daniel Scioli. Las durísimas declaraciones de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva no solo generaron repercusiones diplomáticas, sino que también volvieron a poner sobre la mesa una incómoda pregunta para el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación: ¿realmente pensaba todo lo que decía sobre Lula o aquellas palabras respondían al momento político que atravesaba?
El presidente Javier Milei participó este sábado de la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) de Brasil, donde brindó un encendido respaldo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro para las elecciones del próximo 4 de octubre.
Durante su discurso lanzó una batería de cuestionamientos contra el mandatario brasileño. Sin mencionarlo directamente, lo calificó como "ladrón", "presidiario" y "totalitario", en un mensaje que rápidamente cruzó las fronteras y volvió a tensar la relación entre ambos gobiernos.
Pero si las palabras de Milei generaron ruido fuera del país, dentro del propio Gobierno también comenzaron a despertar incomodidad. Principalmente porque uno de sus funcionarios más conocidos construyó durante años una relación política y personal con el líder del Partido de los Trabajadores.
El exmotonauta es, probablemente, uno de los dirigentes argentinos que más veces cambió de camiseta política sin perder vigencia. Llegó a la política de la mano de Carlos Menem; luego se convirtió en una de las principales figuras del kirchnerismo, fue vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernó dos mandatos la provincia de Buenos Aires durante las gestiones kirchneristas y fue el candidato presidencial del Frente para la Victoria en 2015. Tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada volvió a reinventarse y se calzó la "remera violeta" para integrar el gabinete libertario.
En 2021, Scioli mantuvo un encuentro con Lula luego de que la Justicia brasileña restituyera los derechos políticos del exmandatario. En aquella oportunidad no ocultó el vínculo que los une y aseguró: "Hay una amistad de muchos años, un afecto, reconocimiento y agradecimiento con Lula, que me apoyó en la campaña", en referencia a la elección presidencial de 2015.
Incluso, durante ese mismo encuentro dejó una definición sobre la relación bilateral que hoy contrasta con el clima político que impulsa el Gobierno nacional: "Mi postura no es que hay que comprarle menos a Brasil, sino venderle más".
Los elogios venían de mucho antes. Durante su etapa como gobernador bonaerense llegó a definir a Lula como "un gran estadista, un gran presidente. Un hombre que transformó su vida en buscar el bien", además de mostrarse en reiteradas oportunidades junto al líder brasileño.
Con semejante historial, las declaraciones de Milei dejaron a Scioli en una posición incómoda. La pregunta empieza a circular en los pasillos del oficialismo y también entre sus socios políticos: ¿sigue pensando lo mismo sobre Lula? ¿O aquellas definiciones quedaron archivadas junto con la camiseta política que vestía en ese momento?
La situación tampoco pasa inadvertida en Mar del Plata, donde algunos operadores ya trabajan para instalar al secretario de Turismo como posible candidato a intendente en 2027. Sin embargo, el escenario no parece sencillo.
Los antecedentes electorales tampoco lo favorecen. En el balotaje presidencial de 2015, Mauricio Macri obtuvo en General Pueyrredon 229.751 votos contra los 176.061 que consiguió Scioli. La diferencia fue de 53.690 sufragios en un distrito que, desde entonces, se consolidó como uno de los principales bastiones del entonces Cambiemos y luego Juntos por el Cambio.
A eso se suma el caso de UT Chapadmalal. La entrega del complejo a la AABE parece haber dejado en el olvido aquella defensa del turismo social que Scioli sostenía durante sus años en el kirchnerismo.
Mientras tanto, puertas adentro del oficialismo crece el malestar por el efecto colateral que dejó el discurso presidencial. Las palabras de Milei no solo reavivaron la tensión con Brasil: también obligaron a varios dirigentes propios a enfrentarse con su propio archivo.
Y entre todos ellos, el caso de Scioli aparece como el más difícil de explicar. Porque cuando las convicciones parecen cambiar al ritmo de los gobiernos, la pregunta deja de ser qué piensa hoy y pasa a ser otra mucho más incómoda: ¿alguna vez dejó de pensar aquello que decía de Lula o simplemente volvió a acomodarse al viento político de turno?
Reelecciones indefinidas: ¿qué dicen los bloques del Concejo Deliberante de General Pueyrredon?
La posibilidad de habilitar nuevos mandatos para intendentes y concejales volvió a la agenda provincial y ya genera debate dentro del escenario político local. Ante el nuevo escenario, La Tecla habló con los presidentes de las bancadas del HCD y con el titular del Concejo para conocer cómo se paran frente a la discusión.
La discusión por las reelecciones indefinidas volvió a instalarse en la agenda política bonaerense y, como suele ocurrir cada vez que el tema reaparece, abrió un nuevo capítulo de tensiones entre oficialismo y oposición. Esta vez, el debate impulsado desde el peronismo provincial comenzó a generar repercusiones también en General Pueyrredon, donde los bloques del Concejo Deliberante ya comenzaron a fijar posición.
El gobernador Axel Kicillof volvió a pronunciarse a favor de eliminar los límites actuales para las reelecciones durante un acto en General Alvear, donde inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud junto al ministro Nicolás Kreplak y el intendente Ramón Capra. Allí sostuvo que todos los dirigentes deberían tener la posibilidad de competir electoralmente si cuentan con el respaldo de la ciudadanía.
Luego, la vicegobernadora Verónica Magario salió a respaldar esa postura a través de sus redes sociales. La dirigente defendió que los intendentes puedan volver a presentarse cuantas veces lo decida el electorado y cuestionó las restricciones vigentes que limitan los mandatos.
Ante ese escenario, la discusión comenzó a trasladarse al ámbito local. Por eso, La Tecla consultó al presidente del Concejo Deliberante y a los titulares de los bloques políticos para conocer cuál es su postura sobre la posibilidad de habilitar las reelecciones indefinidas de intendentes y concejales.
El primero en responder fue el titular del HCD, Emiliano Recalt, quien marcó una postura contraria a la iniciativa impulsada desde sectores del oficialismo bonaerense. “En La Libertad Avanza estamos en contra del proyecto o la intención que pueda tener el gobernador sobre las reelecciones indefinidas”, afirmó. En esa línea, agregó: “Creemos en la alternancia, en la necesidad de contar con dirigentes que no estén atados a un sillón y que permitan que cada uno de los distritos se desarrollen con el impulso de nuevas políticas no condicionadas por un mismo jefe comunal”.
El presidente del Concejo también vinculó su postura con el discurso del presidente Javier Milei sobre la duración de los mandatos. “El propio Presidente plantea la necesidad de que el proyecto supere a los candidatos. Cuando Javier Milei dice que cumple sus ocho años como presidente si es que la gente lo vuelve a elegir, deja un mensaje. Los proyectos de ciudad, provincia y país deben prevalecer por sobre las personas”, sostuvo.
Además, Recalt cuestionó la eliminación de los límites actuales y afirmó que “utilizar estos artilugios lo único que demuestra es la necesidad de continuar ocupando un cargo y no permitir los cambios necesarios para darle impulso a una nueva gestión”.
Mientras que el presidente de la UCR-Nuevos Aires, Ariel Bordaisco, manifestó: “Mi partido, el radicalismo, ya dejó sentada su posición, tanto cuando se modificó por ley el régimen electoral y se pusieron los dos mandatos, como recientemente, con la ley de Kicillof”.
En esa línea, el dirigente radical sostuvo: “Nosotros creemos en la periodicidad de los mandatos, creemos que hace a la República y a una mejor democracia que haya recambio político, sobre todo en los ámbitos de gestión, que es donde se puede generar algún escenario de cancha inclinada”.
A su vez, remarcó que la postura del espacio “fue siempre ratificada” y afirmó: “Estamos en contra de esa modificación y creemos que la ley, tal como está, representa lo que debe ser un proceso republicano, es decir, la periodicidad y el recambio en los cargos políticos, sobre todo cuando son de gestión”.
Por otro lado, al referirse a su paso como senador provincial en la Legislatura bonaerense, Bordaisco recordó: “Yo ya me manifesté y ya nos manifestamos, ya votamos eso, digo, porque también lo votamos en contra en la Legislatura, por lo pronto en el Senado, cuando se eligió”.
En ese sentido, aclaró que está dispuesto a discutir una reforma más amplia del sistema político: “Estoy para discutir una reforma integral del sistema político, sí, donde discutamos boleta única de papel, donde discutamos una gran discusión de reforma política”. No obstante, planteó sus reparos sobre modificar las reglas en el corto plazo y concluyó: “Pero un año antes de una elección intentar modificar las reglas de juego, no”.
Desde la Coalición Cívica, el presidente del bloque, Guido García, también se mostró en contra de la posibilidad de volver a habilitar las reelecciones indefinidas. “Nuestro partido fue autor, promotor y acompañamos la Ley que puso fin a las reelecciones indefinidas”, señaló. Y agregó: “Estamos a favor de la alternancia”.
En la misma línea se expresó el titular de la bancada del PRO, Julián Bussetti, quien sostuvo que el espacio rechaza la continuidad sin límites de los dirigentes. “Nosotros estamos en contra de la reelección indefinida de intendentes y concejales. Creo que no es bueno para la democracia, que sería una involución”, afirmó.
Además, el dirigente del PRO cuestionó que el tema forme parte de las prioridades actuales de la ciudadanía. “Hoy en la provincia de Buenos Aires y ningún marplatense te pregunta por este tema. No está en la agenda”, planteó.
En ese sentido, Bussetti consideró que la discusión responde más a una interna política que a una demanda social. “Es la política, en este caso el peronismo, tratando de dirimir sus internas. No es un tema que esté en la agenda de los marplatenses ni de los bonaerenses, por lo cual creo que es una vez más una disociación entre las prioridades o los temas que quiere discutir el gobernador y los temas que realmente importan en la provincia de Buenos Aires”.
“Están completamente disociados de la realidad y de los problemas concretos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que son enormes”, agregó.
Por su parte, el titular de la bancada de LLA en el HCD, Rolando Demaio, expresó: “La Libertad Avanza ratifica su rechazo firme a la reelección indefinida de intendentes en la Provincia de Buenos Aires”. En ese sentido, agregó que desde el bloque “reiteramos nuestra posición clara, firme y sin matices: estamos en contra de la reelección indefinida de intendentes”.
Asimismo, Demaio sostuvo que “la limitación de mandatos consecutivos no es un capricho ni una traba artificial. Es una herramienta elemental de renovación democrática, de prevención de feudos personales y de respeto a la alternancia. Permitir que los mismos dirigentes se perpetúen indefinidamente en el poder local profundiza el clientelismo, debilita el control ciudadano y convierte a los municipios en cotos cerrados de poder, lejos de las necesidades reales de los vecinos”.
En esa misma línea, Demaio remarcó su coincidencia con los planteos de los referentes provinciales. “Coincidimos plenamente con lo expresado por el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja”, señaló, al recordar que el dirigente ha expresado en reiteradas oportunidades que, mientras la provincia de Buenos Aires enfrenta problemas estructurales graves, lo único que parece preocupar a ciertos sectores es “asegurarse el curro de sus vidas” mediante la reelección eterna.
A su vez, el presidente del bloque de LLA dijo que en “la misma línea se expresa el diputado nacional Alejandro Carrancio, referente de La Libertad Avanza en la Quinta Sección Electoral y coordinador de concejales en la provincia, quien sostiene con claridad la necesidad de poner un freno a la perpetuación en el poder y de priorizar la renovación y la transparencia por sobre los intereses personales de la casta política”.
“Desde Mar del Plata reafirmamos que La Libertad Avanza no negociará principios. La democracia se fortalece con límites claros a los mandatos, no con reelecciones indefinidas que terminan consolidando privilegios”, subrayó Demaio.
En tanto, el presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, señaló que su postura coincide con la del espacio que representa y recordó que el partido mantiene una posición histórica en contra de la reelección indefinida. “La postura mía es la postura del Frente Renovador, que es la postura que atendió siempre Sergio Massa: en contra de la reelección indefinida”, sostuvo el edil.
Por otro lado, Horacio Taccone, titular del bloque de Acción Marplatense-Movimiento Directo al Futuro, se refirió a la actual situación de las reelecciones y sobre su situación. “Yo creo que tiene que elegir la gente. Y si la gente te quiere elegir tres veces, cuatro veces seguidas, que la gente te elija”, remarcó.
Además de esto, el concejal ratificó que él no teme a las “elecciones indefinidas” sino que cree que las personas que consideran que hizo bien su trabajo votan a su favor. “Yo creo que en definitiva las personas que votan son las que eligen y si ven que haces una buena gestión te deberían tener que poder votar. Es lo que yo pienso”, aclaró Taccone.
Desde Unión por la Patria, en tanto, adoptaron una postura más cautelosa. La presidenta del bloque, Marina Cuesta, señaló que todavía no existe una definición interna sobre el tema y que esperarán directivas políticas. “Por ahora no fijamos una postura”, expresó la dirigente peronista.
Así, la discusión que comenzó en La Plata ya tuvo su primera escala en Mar del Plata. Mientras el oficialismo local y los sectores opositores rechazan la posibilidad de habilitar mandatos sin límite, Unión por la Patria mantiene abierta la puerta a futuras definiciones.
La pelea por las reelecciones indefinidas recién comienza y promete convertirse en uno de los debates políticos centrales de la provincia rumbo a los próximos años.
La reglamentación de las apps de transporte empezó por el padrón de choferes y vehículos
El Municipio reunió a taxistas y representantes de las plataformas para avanzar en la implementación de la ordenanza. La inscripción de conductores y unidades será uno de los ejes de la nueva normativa, que entrará en vigencia el 1° de septiembre.
El intendente interino, Agustín Neme, recibió a la comisión directiva de la Federación Nacional de Conductores de Taxi de Mar del Plata y a representantes de las plataformas para avanzar en la reglamentación que comenzará a regir el próximo 1° de septiembre.
Uno de los principales ejes de la reunión fue la conformación del padrón de choferes y vehículos que deberán inscribirse para operar bajo el nuevo esquema. El objetivo es definir cómo funcionará el sistema y garantizar que tanto conductores como unidades cumplan con los requisitos establecidos por la ordenanza.
Desde la Federación calificaron el encuentro como "positivo" y señalaron que, una vez que la normativa entre en vigencia, el desafío será hacer cumplir las condiciones previstas en la reglamentación. Entre ellas, mencionaron la obligatoriedad del carnet profesional, el certificado de antecedentes penales y una identificación visible en los vehículos afectados al servicio.
Además, durante el encuentro también se analizó el límite de antigüedad de las unidades, que no podrán superar los 15 años. Para el gremio la reglamentación representa la oportunidad de dejar atrás un escenario sin reglas claras y avanzar hacia un sistema que establezca las mismas condiciones para todos los prestadores del servicio.
La baja de impuestos que festeja LLA choca con la crisis de los motores productivos de Mar del Plata
Mientras Emiliano Recalt celebró la reducción de la presión tributaria anunciada por el Gobierno nacional, en la ciudad los sectores que podrían beneficiarse de esas medidas atraviesan dificultades estructurales. Puerto, campo y producción enfrentan conflictos, falta de inversión y problemas que no se resuelven solo con una baja impositiva.
El presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, salió a celebrar uno de los anuncios que el Gobierno nacional busca mostrar como una de sus principales banderas económicas: la reducción de la presión tributaria proyectada para 2026, que según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) alcanzaría su nivel más bajo desde 2006.
“No es magia señores! Es convicción, es compromiso y visión de país”, escribió el dirigente de La Libertad Avanza en sus redes sociales, en línea con el discurso oficial que plantea la baja de impuestos como una herramienta para impulsar la producción y devolverle competitividad a los sectores económicos.
Sin embargo, el anuncio abre una discusión en Mar del Plata ¿Qué impacto real tendrá esta reducción sobre los sectores productivos de la ciudad que atraviesan una situación compleja?
La baja de retenciones y la eliminación del Impuesto PAIS aparecen como dos de los principales puntos destacados por el informe del Iaraf. Una medida que beneficia especialmente a las actividades vinculadas al comercio exterior, entre ellas el sector agropecuario y exportador. Pero en General Pueyrredon, esos sectores llegan a este escenario con dificultades acumuladas.
El cordón frutihortícola local, uno de los más importantes de la provincia, atraviesa una etapa marcada por la caída del consumo, menores niveles de producción y un aumento de los costos. A eso se suman problemas históricos vinculados a la infraestructura rural, como el deterioro de los caminos y la falta de obras hidráulicas, que condicionan la actividad y el traslado de la producción.
Aunque una menor carga tributaria puede representar un alivio para los productores, la discusión en la ciudad pasa también por las condiciones necesarias para que esa producción pueda crecer. Sin caminos adecuados, infraestructura y planificación territorial, la reducción de impuestos aparece como una herramienta insuficiente frente a problemas de fondo.
La situación del puerto marplatense muestra otro escenario complejo. Mientras el Gobierno nacional busca mostrar a las exportaciones como uno de los motores del crecimiento, la industria pesquera continúa atravesada por conflictos laborales, caída de rentabilidad y tensión entre sindicatos y cámaras empresarias.
El reciente estado de alerta declarado por Siconara volvió a exponer las dificultades de una actividad clave para la economía local. La disputa por convenios colectivos, liquidaciones y costos operativos se suma a un año donde la pesca quedó en el centro de múltiples reclamos y conflictos.
En ese contexto, la baja de impuestos aparece como una señal positiva para los sectores exportadores, pero llega a una ciudad donde sus principales motores económicos todavía enfrentan problemas estructurales. La apuesta del Gobierno nacional apunta a liberar cargas para generar crecimiento. El desafío local será si esas medidas alcanzan para revertir un escenario donde la producción convive con falta de infraestructura, conflictos laborales y pérdida de competitividad.
La postal marplatense expone así una tensión entre lo macroeconómico y la realidad cotidiana. Mientras desde el oficialismo celebran un alivio tributario histórico, los sectores que deberían encabezar esa recuperación todavía esperan condiciones básicas para poder despegar.
La foto social de "La Feliz"
A mitad del mandato de Javier Milei, General Pueyrredon expone una realidad compleja: desempleo, pobreza y una crisis que sigue golpeando a los barrios marplatenses y batanenses.
A dos años y medio de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y más de una década de gobiernos de Juntos por el Cambio en General Pueyrredon, Mar del Plata exhibe una postal compleja. Mientras el Gobierno nacional destaca señales de estabilidad, la realidad cotidiana expone una ciudad donde el deterioro social continúa.
“La Feliz" parece dividirse en dos. Por un lado, la vinculada al turismo, la gastronomía y los servicios. Por el otro, una que convive con el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, el crecimiento de la informalidad y una demanda social que no deja de aumentar.
Según el último informe del Indec, la pobreza alcanza al 22,8% de la población de la ciudad, lo que representa a 153.185 personas, mientras que la indigencia afecta a otras 34.655. A ese escenario se suma uno de los problemas estructurales de la ciudad: el mercado laboral. Durante el primer trimestre de 2026, la desocupación trepó al 9,3%, equivalente a unas 32 mil personas sin empleo. Sin embargo, la preocupación excede a quienes buscan trabajo y no lo consiguen.
Desde la CGT Regional sostienen que el deterioro laboral es más profundo y remarcan que “111.000 personas presentan problemas de empleo sobre una población económicamente activa de 348.000 habitantes”, un panorama que podría agravarse durante el invierno por la estacionalidad de la economía marplatense. Un informe sociolaboral de la Universidad Nacional de Mar del Plata concluyó que el empleo registrado continúa retrocediendo y crecieron los despidos sin causa.
La crisis también modifica el mapa urbano. El Registro Nacional de Barrios Populares contabilizó 72 asentamientos distribuidos en distintos sectores del distrito, donde viven al menos 15.580 familias, aunque quienes trabajan en el territorio aseguran que el número real es mayor. La falta de agua potable, cloacas y calles asfaltadas sigue formando parte de la vida cotidiana de miles de vecinos.
El último relevamiento municipal contabilizó 431 personas en situación de calle, con historias atravesadas por pérdida de empleo, consumos problemáticos y problemas de salud mental.
La crisis también impacta sobre la actividad económica. Tras la temporada de verano y Semana Santa, más de 200 comercios cerraron sus puertas, especialmente en corredores comerciales alejados del centro y cercanos a barrios populares, donde la caída del consumo golpea con mayor intensidad. Desde APYME describen que Mar del Plata atraviesa “una profunda crisis”, con caída de ventas, aumento de tarifas, costos y endeudamiento.
El deterioro del poder adquisitivo completa el cuadro. Un estudio del ISEPCI concluyó que el Salario Mínimo Vital y Móvil perdió capacidad de compra frente a la Canasta Básica. Al mismo tiempo, casi uno de cada cinco hogares de General Pueyrredon continúa dependiendo del gas envasado, un servicio que acumuló fuertes aumentos durante los últimos años.
La vulnerabilidad también queda reflejada en un relevamiento realizado en 2025 por el peronismo en 30 barrios periurbanos. Allí, ocho de cada diez personas no tienen obra social y alrededor de seis de cada diez vecinos en edad laboral están desocupados. Entre quienes generan ingresos predominan las changas y el trabajo informal, mientras el multiempleo aparece como estrategia para sostener a las familias.
Organizaciones sociales, iglesias y comedores barriales coinciden en que la demanda alimentaria continúa creciendo. Muchas familias recurren a viandas para sostener la comida y pagar servicios o alquileres, en un contexto donde la asistencia nacional disminuyó.
Pese a este escenario, el conflicto social no alcanzó los niveles que muchos anticiparon. Distintos actores atribuyen parte de esa contención al fortalecimiento de la Asignación Universal por Hijo, que en la ciudad alcanza a más de 30 mil menores, y al incremento de la asistencia alimentaria impulsada por la Provincia. En el plano local, el Municipio actualizó este año el monto de la Tarjeta Alimentaria Municipal tras seis años sin modificaciones a $28.000.
La fotografía que deja General Pueyrredon, a mitad del mandato de Milei y después de más de diez años de gobiernos locales, muestra una ciudad donde las urgencias siguen ocupando el centro de la escena. La recuperación económica todavía no logra traducirse en mejoras para muchos marplatenses, que continúan esperando respuestas frente a problemas estructurales.
En tiempos de incertidumbre económica, el STM destacó el funcionamiento de la paritaria municipal
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Daniel Zacarías, reivindicó el acuerdo paritario vigente y afirmó que la negociación garantiza previsibilidad para los trabajadores municipales. El incremento de julio se activó por la cláusula de actualización vinculada al IPC.
En medio de un escenario económico marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) salió a reivindicar la actualización salarial del 10,2% que percibirán los empleados comunales en julio y puso en valor el acuerdo paritario alcanzado con el Ejecutivo a fines de 2025, al sostener que permitió dotar de previsibilidad a la evolución de los salarios.
El incremento no surgió de una nueva negociación entre las partes, sino de la aplicación automática del convenio salarial sellado el año pasado entre el Municipio y el gremio. Ese esquema estableció ajustes trimestrales atados a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec y contempló mecanismos de recuperación del salario real.
En ese marco, el secretario general del STM, Daniel Zacarías, destacó el funcionamiento del acuerdo y sostuvo que "en un contexto económico complejo para la clase trabajadora, la paritaria municipal promovida por el Sindicato de Trabajadores Municipales de General Pueyrredon vuelve a demostrar su solidez e impacto institucional".
El dirigente gremial afirmó que "la reciente oficialización del aumento salarial del 10,2% para el mes de julio ratifica el valor estratégico del acuerdo alcanzado entre el STM y el Departamento Ejecutivo, consolidando un esquema de negociación continua que garantiza previsibilidad, resguarda el ingreso y sostiene el poder adquisitivo de las familias municipales".
El convenio vigente establece dos modalidades de actualización. Durante el primer y el tercer trimestre del año, los salarios acompañan el 100% de la inflación acumulada. En tanto, en el segundo y cuarto trimestre se incorpora un adicional equivalente al 50% del IPC, con el objetivo de recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
Sobre ese mecanismo, Zacarías remarcó que "el esquema paritario obtenido por la conducción sindical contempla el seguimiento estricto del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, establece tramos específicos de recuperación efectiva del salario, incorporando porcentajes adicionales que se posicionan por encima de la pauta inflacionaria".
Además, sostuvo que "el incremento correspondiente a julio refleja el cumplimiento de este compromiso asumido en la mesa paritaria: una política salarial previsible que no solo acompaña el ritmo de la inflación, sino que además genera instancias reales de recomposición".
Desde el sindicato también recordaron que el acuerdo vigente incluye otro de los puntos centrales de la negociación: la promoción y el ascenso de 1.000 trabajadores municipales durante el presente ejercicio, una medida que busca fortalecer la carrera administrativa y reconocer la trayectoria laboral.
En ese sentido, Zacarías aseguró que "estos logros son fruto directo de la negociación responsable, el diálogo institucional sostenido y la defensa irrestricta de los derechos de quienes garantizan, día a día, las prestaciones y los servicios que recibe la comunidad".
Finalmente, el secretario general del STM afirmó que la actualización salarial "trasciende la mera aplicación de un porcentaje" y constituye "la ratificación de una política paritaria seria, previsible y comprometida, consolidada como una herramienta de protección efectiva del trabajo frente a la coyuntura", al tiempo que reafirmó el compromiso del gremio de continuar defendiendo el poder adquisitivo y las condiciones laborales de los trabajadores municipales.
Piden explicaciones al Municipio por el impacto de la telemedicina
A semanas de confirmarse la prórroga millonaria del servicio digital, un bloque opositor presentó un pedido de informes para exigir datos concretos sobre derivaciones, pacientes atendidos y criterios de evaluación técnica, reavivando la discusión sobre la atención presencial en los barrios.
La reciente prórroga del contrato de telemedicina municipal por casi 300 millones de pesos trasladó nuevamente la tensión política y sanitaria al recinto del Concejo Deliberante de General Pueyrredon. A través del expediente 1616/26, se formalizó un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo para requerir precisiones sobre el funcionamiento, el alcance real y los parámetros de evaluación de la plataforma prestada por la empresa IT Consult S.A. La iniciativa surge tres semanas después de la publicación del Decreto 1334/26, que extendió por doce meses la vinculación con la firma proveedora, renovando el debate sobre la efectividad del sistema en relación con la inversión de recursos públicos.
El proyecto parlamentario busca fiscalizar los indicadores sanitarios acumulados desde la puesta en marcha de la aplicación SALUD MGP. Entre los puntos solicitados, el Legislativo demanda conocer la cantidad exacta de vecinos asistidos, los criterios tenidos en cuenta para avalar la continuidad del contrato y la medición del impacto de esta política digital en el acceso general a la salud pública. Asimismo, se requiere el detalle fehaciente sobre las derivaciones realizadas desde la virtualidad hacia la red presencial, especificando cuántos casos fueron redirigidos a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), a las guardias de 24 horas, al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), al servicio del SAME o a la línea 109 de contención en salud mental.
El requerimiento legislativo reabre una discusión profunda sobre los modelos de atención médica en el distrito. En los fundamentos de la propuesta se recogen observaciones recurrentes sobre las limitaciones inherentes a la práctica virtual, tales como la imposibilidad de realizar exámenes físicos, la vulnerabilidad ante fallas técnicas y el riesgo latente de que la modalidad remota pretenda sustituir la consulta presencial. A estos cuestionamientos se suma la advertencia institucional expresada por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, entidad que recientemente señaló que la atención a distancia puede debilitar el vínculo profesional entre médico y paciente.
Este cruce en el ámbito legislativo representa un nuevo capítulo en la controversia que rodea a la Secretaría de Salud, conducida por Viviana Bernabei. Desde su adjudicación original en mayo de 2025 y tras sortear inconvenientes administrativos —como el expediente de legítimo abono por errores en la facturación a inicios de este año—, la telemedicina ha sido defendida por el oficialismo como una herramienta clave de descentralización. Sin embargo, el planteo de la oposición busca contrastar la retórica de la innovación con la actualidad edilicia y de personal que enfrentan las salas de barrio, reavivando el debate sobre si la plataforma actúa como un complemento eficaz o como un costoso paliativo frente a las deficiencias del sistema sanitario local.
Con el blindaje de la política, crecen las sospechas sobre la concesión del Minella
El acta de preadjudicación reaviva el debate por la concesión del Parque de los Deportes. Ante el silencio oficial, la preocupación de los empleados de planta vinculados al proceso, la inacción del nuevo cuerpo legislativo y el cerco penal, la llegada de nuevos actores empresarios buscan reempaquetar una concesión acorralada por la Justicia. El titular del EMDER, Sebastián D’Andrea, se negó a hablar con La Tecla Mar del Plata.
El análisis de las actuaciones administrativas de la Licitación Pública N° 03/25 para la concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas reconstruye no solo las cifras de un contrato sospechado, sino la ingeniería de cobertura desplegada por la conducción política municipal. En el Acta de la Comisión Asesora de Preadjudicación de Ofertas, del 23 de junio de 2025, no figura la firma de ningún funcionario con responsabilidad política directa. El dictamen recayó exclusivamente en agentes de carrera y directores de línea del Municipio y del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER). El diseño es un salvavidas político: si la concesión naufraga o termina en la justicia penal, los funcionarios políticos se resguardarían en que “actuaron en base a los dictámenes técnicos" de los empleados de planta que participaron del proceso licitatorio.
Ese blindaje burocrático sirvió para otorgar la calificación máxima de 100 puntos sobre 100 a Minella Stadium S.A., la única firma oferente. Con apenas seis meses de existencia previa (constituida en diciembre de 2024), la empresa obtuvo el aval técnico gracias a promesas de inversión por más de $47.284 millones ($29.559 millones en obras comprometidas y $17.725 millones en adiciones). Semejante volumen de inversión proyectada funcionó como una precisa llave matemática: al superar en ocho veces el canon base anual (fijado en $3.600 millones), la firma destrabó el beneficio del artículo 55° del pliego, extendiendo a 54 meses el período de gracia sin pagar un solo peso al erario público. A cambio, el dictamen habilitó desarrollos gastronómicos e inmobiliarios sobre 8.000 m² del Parque de los Deportes y la explotación comercial de los estacionamientos de Patín Ruta y la Pista de Atletismo. Obras que a finales de julio de 2026 ni siquiera han comenzado.
Incluso las garantías financieras fueron aprobadas sin objeciones por la comisión técnica. Se dio por válida una Declaración Jurada de afectación de fondos respaldada por una Cédula de Crédito Bancario emitida por el Banco Master S.A. de Brasil a favor de REVEE por 26 millones de dólares, además de un compromiso de aportes irrevocables por 40 millones de dólares. Tampoco se cuestionó que el mayor puntaje parcial de la evaluación —30 puntos— se concediera por la presentación de un Convenio Marco de Colaboración con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para traer partidos de las Selecciones Nacionales, sin verificar la viabilidad real o la exclusividad de dicho documento.
Apenas un mes después de aquel dictamen, el 24 de julio de 2025, el Concejo Deliberante convalidó la concesión por mayoría, con 15 votos a favor, 8 en contra y 1 ausencia, otorgando la cobertura institucional final al acuerdo. Sin embargo, el transcurso del tiempo dejó al descubierto la inconsistencia de los compromisos: tras el recambio legislativo de diciembre de 2025, la nueva conformación del Concejo ha mostrado una alarmante falta de voluntad política para auditar a fondo o rescindir el contrato. Más allá de reclamos aislados y presentaciones fragmentadas de la oposición, la mayoría parlamentaria sostiene un cerco de contención sobre el expediente, evitando citar a los responsables o revisar la vigencia de un convenio cuyas obras prometidas ni siquiera han comenzado.
Con el predio sumido en el abandono y sin infraestructura nueva, la crisis sumó en las últimas horas una nueva derivación empresaria. En medio de versiones de colapso financiero y falta de liquidez, el empresario Marcelo Fígoli, al frente de Fénix Entertainment Group, formalizaría su incorporación societaria a la concesionaria. El movimiento busca recomponer la alicaída estructura de Minella Stadium S.A. e intentar salvar la concesión, en una maniobra de reempaquetado corporativo que pretende amortiguar los incumplimientos contractuales y las deudas acumuladas con proveedores locales.
Sin embargo, esta maniobra privada choca de frente con el marco regulatorio de la propia concesión. Aunque el pliego contempla la posibilidad de modificar la nómina de socios o reestructurar el directorio de la empresa, la normativa establece que cualquier cambio en la composición accionaria o en las autoridades de la firma debe contar con la aprobación previa y explícita del Municipio. No se trata de un trámite menor ni de una negociación entre privados que pueda validarse como un hecho consumado a espaldas del control público.
Mientras el poder político mantiene la parálisis y el sector privado busca reestructurar el negocio sin rendir cuentas, la causa penal que se tramita en la Justicia Federal avanza de forma independiente. Así, con medidas de instrucción impulsadas por la querella, se busca desentrañar el entramado de fondo a través de cuatro ejes clave:
» La pista del lavado de activos: La solicitud formal para requerir al Juzgado Federal de Lomas de Zamora copia certificada de la causa "Espinosa y otros", donde la concesión del Minella y el Polideportivo figura como una de las hipótesis de maniobra de lavado de dinero.
» Rastreo financiero internacional: El pedido de oficios al Banco Central de la República Argentina, al Banco Central de Brasil y a la Corte Suprema de ese país para investigar el estado patrimonial del Banco Master S.A., REAG y el grupo REVEE, garantes financieros de la oferta original.
» El convenio con AFA: La intimación a la AFA para que precise la validez real del acuerdo presentado por la empresa para sumar 30 puntos en la licitación, cotejándolo con el convenio idéntico firmado para el Estadio Único de La Plata.
» Constatación de daños y deuda local: La realización de una inspección ocular sobre el Parque de los Deportes con peritos oficiales y la citación testimonial de la cadena de pymes marplatenses (seguridad, gráfica y arquitectura) defraudadas con cheques sin fondo tras el colapso operativo de la firma.
El mapa que ya miran los armadores: la Quinta Sección empieza a ponerle números al 2027
El padrón de 2025 dejó una fotografía que ya empieza a ser utilizada como hoja de ruta. Mar del Plata, Tandil, La Costa y Necochea concentran el mayor peso electoral. La sección deberá renovar once bancas en la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense.
Aunque las elecciones de 2027 todavía aparecen a una distancia considerable, en los distintos campamentos políticos bonaerenses ya comenzaron a aparecer las primeras cuentas. No se trata todavía de candidaturas ni de listas cerradas, sino de algo más básico: saber dónde están los votos, cuánto pesa cada distrito y qué territorios pueden terminar inclinando la balanza para renovar las once bancas en la Cámara de Diputados bonaerense.
En ese tablero, la Quinta Sección Electoral vuelve a ocupar un lugar central. La región reúne a 27 municipios y concentra 1.336.787 electores, de acuerdo con el padrón utilizado en las elecciones bonaerenses de 2025. La cifra representa cerca del 9,3% del padrón provincial, una dimensión que explica por qué cualquier armado electoral que pretenda disputar poder en la Provincia necesita mirar hacia este rincón del territorio.
La particularidad de la Quinta es que no se trata de un distrito homogéneo. El mapa combina ciudades de fuerte peso demográfico con municipios del interior profundo y localidades de perfil turístico, productivo y agropecuario. Desde la Costa Atlántica hasta el centro bonaerense, la sección reúne realidades políticas diferentes que, al momento del conteo, terminan integrándose en una misma bolsa electoral.
Y en ese esquema hay un dato que sobresale por encima de todos: General Pueyrredon juega en otra escala.
El distrito que contiene a Mar del Plata concentra 596.177 electores, equivalente al 44,6% del padrón de toda la Quinta Sección. Es decir, prácticamente uno de cada dos votantes de la región reside en General Pueyrredon. La dimensión del número convierte al distrito en una pieza inevitable para cualquier estrategia que busque ganar la sección y, al mismo tiempo, en un territorio donde las fuerzas políticas necesitan hacer pie si pretenden proyectarse hacia la Legislatura.
Muy detrás aparece Tandil, con 119.911 electores, que representa el 8,97% del padrón seccional. Luego se ubican el Partido de La Costa, con 88.966 votantes, y Necochea, con 88.911. Entre los cuatro distritos reúnen una porción sustancial del electorado de la Quinta y forman, de hecho, el núcleo de municipios que los armadores tienen especialmente marcados en sus planillas.
El resto del mapa se completa con distritos de menor volumen, pero que pueden adquirir un valor significativo cuando se mira el resultado con una lógica estrictamente seccional. Balcarce aporta 42.058 electores; General Alvarado, 41.075; Pinamar, 37.343; Villa Gesell, 37.075; Chascomús, 36.621 y Mar Chiquita, 33.970.
La suma permite entender por qué la Quinta no se define solamente en Mar del Plata. La ciudad tiene un peso determinante, pero el interior de la sección conserva una masa electoral suficiente como para modificar los resultados y, sobre todo, para convertirse en terreno de disputa cuando las principales fuerzas comienzan a medir sus posibilidades.
Abad y Garciarena vuelven a marcar perfil propio con un mensaje en defensa de la universidad pública
Los referentes del radicalismo bonaerense recordaron los 60 años de “La Noche de los Bastones Largos” con publicaciones en redes sociales. Aunque mantienen su cercanía política con el PRO y La Libertad Avanza en distintos ámbitos legislativos, volvieron a exhibir diferencias en temas vinculados a la educación pública y la autonomía universitaria, en un gesto con proyección hacia 2027.
Maximiliano Abad, senador nacional por la UCR, y Diego Garciarena, diputado provincial del radicalismo bonaerense, utilizaron sus redes sociales para recordar el 60° aniversario de “La Noche de los Bastones Largos”, el episodio ocurrido el 29 de julio de 1966 cuando la dictadura de Juan Carlos Onganía reprimió violentamente a estudiantes, docentes e investigadores de las universidades nacionales.
Las publicaciones de ambos dirigentes se inscriben en una línea de respaldo a la universidad pública, la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento.
“A 60 años de la Noche de los Bastones Largos, recordamos para no repetir. La autonomía universitaria y la libertad de pensamiento no se negocian”, escribió Abad en su cuenta de X.
En la misma sintonía, Garciarena sostuvo que “defender la educación pública también significa defender el derecho a enseñar, investigar y expresarse en libertad. Significa el derecho al desarrollo nacional”.
Las expresiones de ambos referentes radicales vuelven a mostrar un perfil propio dentro de la coalición, especialmente en temas donde la UCR mantiene posiciones históricas vinculadas a la educación pública y al sistema universitario.
Sin embargo, tanto Abad como Garciarena no se alejan políticamente del PRO ni de La Libertad Avanza. Por el contrario, continúan compartiendo espacios de coordinación legislativa y acuerdos parlamentarios en distintos niveles. Las publicaciones aparecen más bien como señales de diferenciación y construcción de identidad radical, en un contexto en el que ya comienzan a asomar los movimientos de cara a las elecciones de 2027.
En el plano local, las referencias públicas al aniversario fueron escasas. Al menos durante la jornada del miércoles, no hubo pronunciamientos destacados los concejales del Municipio de General Pueyrredon sobre el aniversario de “La Noche de los Bastones Largos”.
Denuncian a un enfermero por brutal maltrato a una anciana en un geriátrico
Las imágenes difundidas muestran a un enfermero identificado como Nicolás Cichero golpeando y hostigando verbalmente a una residente del geriátrico “David”. La familia de la víctima presentó una denuncia penal, mientras la Justicia investiga posibles fallas en los controles del establecimiento y evalúan medidas preventivas sobre la residencia.
Un grave episodio de violencia contra una adulta mayor sacudió a Mar del Plata luego de que se difundieran imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la residencia geriátrica “David”, donde un enfermero identificado como Nicolás Cichero aparece agrediendo física y verbalmente a una residente del establecimiento.
Las imágenes, que comenzaron a circular masivamente en redes sociales, muestran una escena de extrema crueldad. Mientras alimenta a la mujer, Cichero le propina un golpe con la punta de la cuchara. La anciana rompe en llanto y el enfermero la traslada hacia su habitación, donde se escuchan frases cargadas de desprecio y violencia, entre ellas “llorando por cualquier cosa” y “morite de una y nos dejás de joder a todos”.
El material difundido generó una inmediata reacción de indignación pública y derivó en una denuncia penal presentada por los familiares de la víctima. A partir de esa presentación, la Justicia inició una investigación para determinar las responsabilidades del caso, mientras la policía intenta dar con el paradero del acusado.
Más allá del proceso judicial en curso, las imágenes exponen una conducta que no puede ser minimizada como un exceso o un maltrato aislado. Lo que muestran las cámaras es un trato degradante, intimidatorio y violento hacia una persona mayor completamente indefensa, ejercido además por alguien que tenía la responsabilidad profesional de asistir y protegerla.
Según trascendió, durante la grabación también se escuchan expresiones de extrema violencia dirigidas a las residentes, lo que abre interrogantes sobre la existencia de otros posibles episodios de maltrato dentro del establecimiento y sobre los mecanismos de control y supervisión en este tipo de instituciones.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la situación de los geriátricos en General Pueyrredon y la necesidad de reforzar los controles sobre espacios que albergan a una población especialmente vulnerable. Si bien la residencia “David” contaría con la habilitación correspondiente para funcionar, la difusión de estas imágenes representa un golpe severo al plantear serias dudas sobre las condiciones reales de cuidado que recibían sus residentes.
La gravedad de las imágenes difundidas provocó una fuerte reacción entre los familiares de los residentes. Según trascendió, varias familias decidieron retirar de manera inmediata a los adultos mayores alojados en el establecimiento, al considerar que no estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad y contención.
En paralelo, las autoridades analizan la posibilidad de avanzar con medidas preventivas sobre la residencia, entre ellas una eventual clausura mientras se evalúan las condiciones de supervisión, cuidado y protección de las personas mayores alojadas en el lugar.
Mientras avanza la investigación judicial, el episodio ya dejó una marca difícil de revertir. Una adulta mayor sometida a una violencia inadmisible dentro de un lugar que, en teoría, debía garantizarle contención, dignidad y seguridad.
Geriátricos: el escándalo que estalló y una política que siempre llega después
El brutal caso de maltrato en la residencia “David” volvió a poner bajo la lupa el sistema de control sobre los hogares de adultos mayores en General Pueyrredon. Pero el problema no nació con el video viralizado este 29 de julio. Durante todo el año hubo advertencias, pedidos de informes y debates parciales, aunque el Concejo Deliberante volvió a mostrar una reacción tardía frente a una problemática estructural.
La difusión de las imágenes que muestran a un enfermero agrediendo física y verbalmente a una residente del geriátrico “David” conmocionó a Mar del Plata. La indignación social fue inmediata, la denuncia penal avanzó rápidamente y las autoridades comenzaron a evaluar responsabilidades. Sin embargo, detrás del horror registrado por las cámaras hay una pregunta que golpea de lleno a la política local: ¿por qué las respuestas institucionales siempre aparecen después del escándalo?
Desde comienzos del 2026, las Residencias de Larga Estadia para Personas Mayores (RLE) ya venían generando preocupación en el Concejo Deliberante. Hubo incendios, denuncias por maltrato, problemas de habilitación y advertencias sobre la falta de coordinación entre Provincia y Municipio. La mayoría de las iniciativas legislativas quedaron en pedidos de informe, jornadas de trabajo o expresiones de preocupación, sin avanzar en un esquema preventivo robusto.
El primer antecedente fuerte del año apareció en enero, cuando, tras un incendio fatal en un geriátrico de La Perla y denuncias penales por maltrato físico, la abadista Gabriela Azcoitia (UCR–Nuevos Aires) impulsó un proyecto para crear una línea gratuita y confidencial de denuncias destinada a familiares y residentes de hogares de larga estadía.
La iniciativa apuntaba a la fragmentación de los controles entre la Provincia de Buenos Aires, responsable de las habilitaciones sanitarias, y el Municipio, que conserva facultades sobre seguridad edilicia y funcionamiento administrativo. El diagnóstico era que las zonas grises entre ambas jurisdicciones terminan dejando a los adultos mayores expuestos a situaciones de negligencia o abuso. Sin embargo, el proyecto quedó como una advertencia temprana más que como el inicio de una política integral de prevención.
En marzo, la Comisión de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano comenzó su actividad con una agenda cargada de temas sanitarios. Allí aparecieron distintas miradas sobre los geriátricos. UCR–Nuevos Aires insistió con pedidos de informes y herramientas de control. Unión por la Patria puso el foco en los dispositivos de protección de derechos para personas mayores.
Lo llamativo es que, pese a reconocer que los hogares de adultos mayores constituían un tema sensible, ningún bloque logró construir una agenda preventiva sostenida. La discusión quedó dispersa entre expedientes administrativos, reclamos y debates regulatorios, mientras el problema de fondo, detectar y evitar situaciones de violencia o abandono, seguía sin abordarse de manera contundente.
La cuestión volvió a escena en junio, cuando Azcoitia presentó un proyecto para convocar una Jornada de Trabajo sobre las demoras en los procesos de habilitación y rehabilitación de geriátricos. El expediente, aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud el 24 de junio, buscaba reunir a organismos provinciales, PAMI, IOMA, obras sociales, prepagas, cámaras empresarias y representantes judiciales para analizar las dificultades que atraviesan las residencias.
El debate puso sobre la mesa que los establecimientos no logran completar sus trámites de habilitación y, sin esa documentación, las obras sociales suspenden pagos o rechazan coberturas. La consecuencia es una creciente judicialización de los casos y familias obligadas a recurrir a amparos para conseguir una vacante.
Pero, otra vez, la respuesta institucional se concentró en discutir trámites, expedientes y financiamiento, no en fortalecer mecanismos permanentes de supervisión sobre el trato cotidiano que reciben los residentes.
El caso Cichero deja al descubierto una constante preocupante del funcionamiento político local. Los concejales suelen actuar cuando la tragedia ya ocurrió, cuando el video se viralizó o cuando la indignación pública obliga a pronunciarse.
Después del incendio de La Perla aparecieron proyectos vinculados a denuncias y controles. Tras las demoras en habilitaciones surgieron jornadas de trabajo y pedidos de informes. Ahora, luego de que las redes sociales mostraron a una anciana llorando mientras era golpeada y humillada por un enfermero, volverán seguramente los anuncios de nuevas medidas, reuniones urgentes y declaraciones de repudio.
La crítica no alcanza a un solo bloque. Toda la rosca política ha participado de debates parciales sobre geriátricos, pero ninguno impulsó hasta ahora un sistema integral y preventivo que permita detectar situaciones de abuso antes de que se conviertan en un escándalo público.
El escándalo de la residencia “David” expuso una vulnerabilidad mucho más amplia que un solo enfermero, mostró un sistema de cuidados donde las alertas existen, los antecedentes se acumulan y la política sigue reaccionando después de que el daño ya está hecho.
Las imágenes que hoy indignan a Mar del Plata son brutales. Pero todavía más grave es comprobar que las instituciones parecieron necesitar un video viral para recordar que detrás de cada geriátrico hay personas mayores cuya protección no puede depender de que una tragedia se haga tendencia en redes sociales.
Con el 2027 en el radar, el ravertismo incorpora el CAPS a la pelea por Chapadmalal
Sectores ligados a Fernanda Raverta impulsan un proyecto para "blindar" el Centro de Atención Primaria de la Salud de la Unidad Turística. Desde la Comuna responden que el servicio nunca estuvo en riesgo y que incluso ya fue garantizada su continuidad.
La puja política por el futuro de la Unidad Turística Chapadmalal suma un nuevo capítulo. En medio del debate por el destino del histórico complejo y cuando resta poco más de un año para las elecciones ejecutivas de 2027, sectores alineados con la senadora provincial Fernanda Raverta comenzaron a impulsar una iniciativa para garantizar la continuidad del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que funciona dentro del predio, una discusión que desde el Municipio consideran saldada.
El proyecto fue presentado por un grupo de vecinos que integra la denominada Iniciativa Ciudadana para la Recuperación y Gestión de la Unidad Turística Chapadmalal, un espacio que viene promoviendo distintas acciones vinculadas al futuro del complejo y que mantiene vínculos con dirigentes cercanos a la ex titular de la Anses. La propuesta busca incorporar un esquema de protección institucional para el CAPS ante cualquier cambio en la administración del predio.
La presentación no pasó inadvertida en el ámbito político. En el oficialismo local interpretan que el tema vuelve a instalarse en la agenda de la mano de sectores del ravertismo, que en los últimos meses incrementaron su participación en cada discusión relacionada con Chapadmalal, uno de los escenarios donde la dirigente peronista busca consolidar su posicionamiento de cara a la disputa por el Ejecutivo municipal en 2027.
El documento propone que el centro sanitario quede resguardado dentro de cualquier proceso de recuperación o puesta en valor de la Unidad Turística, garantizando además que continúe prestando servicios para los vecinos del corredor costero sur. Actualmente, el CAPS funciona entre los hoteles 4 y 5 del complejo y constituye el principal efector de atención primaria para habitantes de barrios y localidades como Playa Chapadmalal, Santa Isabel, El Marquesado, San Eduardo de Chapadmalal, San Eduardo del Mar, La Paloma y Playa Los Lobos.
Sin embargo, desde la Comuna relativizaron el planteo. Según explicaron, nunca existió una decisión de cerrar el centro de salud ni de discontinuar la atención sanitaria en la zona. Incluso remarcaron que tiempo atrás mantuvieron reuniones con representantes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), donde quedó garantizada la permanencia del servicio más allá del avance del proceso licitatorio sobre la Unidad Turística.
Lejos de una eventual desaparición del CAPS, la alternativa que se encuentra bajo análisis contempla trasladarlo unos 100 metros dentro del mismo complejo hacia un inmueble de mayores dimensiones y mejores condiciones edilicias, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención para los vecinos del sur del distrito.
En ese marco, el debate reabierto por el espacio vinculado al ravertismo responde más a una estrategia para mantener vigente la discusión sobre Chapadmalal que a un riesgo concreto sobre el funcionamiento del centro sanitario. La cuestión se suma así a la disputa política que desde hace meses enfrenta al Gobierno nacional, la Provincia y distintos actores locales por el futuro de uno de los complejos turísticos más emblemáticos del país.
Con el calendario electoral de 2027 cada vez más cerca, Chapadmalal vuelve a convertirse en un terreno de disputa política. Esta vez, el foco dejó de estar exclusivamente en el destino de los hoteles y se trasladó al centro de salud que presta servicios en la Unidad Turística, en una discusión que desde la Comuna aseguran que ya había sido resuelta.
Sin gas y con las cuentas en rojo: el nuevo frente que complica a OAM
El Instituto Yumbel, que pertenece a la obra social de los municipales, permanece sin suministro desde mediados de junio y calefacciona sus aulas con caloventores. La situación también alcanza al edificio de la mutual. Mientras tanto, crece la preocupación por las cuentas de OAM, el futuro de ROISA y la incertidumbre sobre la normalización del servicio.
La crisis que atraviesa la Obra Asistencial Mutual (OAM) de los trabajadores municipales suma un nuevo capítulo y comienza a dejar consecuencias concretas en sus propios servicios. Desde mediados de junio, el Instituto Yumbel permanece sin gas, una situación que obligó a calefaccionar las aulas con caloventores y que encendió las alarmas entre las familias de los alumnos y los trabajadores de la institución. Pero el problema no se limita al establecimiento educativo: el corte del suministro también afecta al edificio de OAM, donde funciona parte de la estructura administrativa y asistencial de la mutual.
El Instituto Yumbel, ubicado en Balcarce al 3200, cuenta con los niveles inicial, primario y secundario y tiene una planta de entre 55 y 60 trabajadores. Se trata de una de las principales prestaciones educativas vinculadas a OAM y forma parte del esquema de servicios que la mutual brinda a sus afiliados.
El inconveniente comenzó a mediados de junio, cuando Camuzzi retiró los medidores de gas del establecimiento, porque había una caldera vencida. Desde entonces, las aulas deben ser calefaccionadas mediante equipos eléctricos, mientras que el edificio de la mutual atraviesa una situación similar por la interrupción del servicio.
Ante los reclamos realizados por las familias, desde la institución señalaron que se estaban llevando adelante tareas vinculadas a la infraestructura y a la climatización de los espacios. Sin embargo, la falta de gas aparece en un momento especialmente delicado para OAM, atravesada por una situación económica que genera preocupación puertas adentro.
Los números de la mutual se encuentran bajo presión. Los ingresos deben cubrir prestaciones, deudas acordadas y gastos operativos, mientras que los costos fijos continúan representando una carga importante para la estructura. En ese escenario, el margen financiero se habría reducido considerablemente y la capacidad de respuesta de la entidad aparece cada vez más limitada.
A este panorama se suma otro condicionante: OAM continúa concursada, por lo que la posibilidad de desprenderse de activos o utilizar determinados recursos extraordinarios se encuentra restringida, reduciendo las alternativas para afrontar la crisis.
En paralelo, vuelve a aparecer en escena ROISA, la prepaga que hizo un acuerdo con la mutual. Frente al deterioro de la situación financiera, no se descarta que puedan evaluarse cambios en la relación entre ambas entidades y habría una salida anticipada de la firma que tiene a cargo DoctoRed.
Mientras tanto, un grupo de afiliados decidió avanzar con un reclamo ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), solicitando una intervención frente al escenario que atraviesa OAM. El planteo ya habría sido remitido a la mutual para que presente su respuesta.
De esta manera, la crisis dejó de ser solamente una cuestión vinculada a balances y números internos, y comenzó a reflejarse en el funcionamiento cotidiano de sus servicios. La falta de gas en Yumbel y en el edificio de OAM aparece como una de las manifestaciones visibles de una problemática que atraviesa distintos sectores de la entidad.
Plaza Rumencó: el recorrido de un proyecto atravesado por polémicas, cautelares y cambios de dueños
Movimientos de suelo antes de contar con todas las autorizaciones, cuestionamientos ambientales, una intervención de la Justicia y un expediente que todavía no logra avanzar en el Concejo marcaron la historia de uno de los desarrollos inmobiliarios más debatidos de Mar del Plata.
Desde que comenzó a tomar forma en la zona sur de Mar del Plata, Plaza Rumencó estuvo lejos de transitar un camino lineal. El emprendimiento comercial proyectado sobre la avenida Jorge Newbery acumuló conflictos administrativos, cuestionamientos ambientales, una intervención de la Justicia, modificaciones en la titularidad de los terrenos y un expediente que, meses después de ingresar al Concejo Deliberante, todavía no consigue avanzar hacia su aprobación definitiva.
El primer paso formal llegó durante los primeros meses de 2026, cuando el Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para modificar los indicadores urbanísticos del predio y otorgarle la categoría de Equipamiento Específico (Ee), indispensable para desarrollar un complejo comercial de gran escala.
Sin embargo, mientras el expediente iniciaba su recorrido legislativo, en el terreno ya podían observarse desmontes, movimientos de suelo y otras intervenciones que rápidamente despertaron cuestionamientos de vecinos y organizaciones ambientalistas. El principal punto de discusión era que esas tareas se realizaban antes de obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), exigida por la legislación provincial para este tipo de emprendimientos.
La controversia escaló hasta los tribunales. A partir de una presentación judicial impulsada, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2, a cargo de Marcelo Fernández, dictó una medida cautelar que ordenó suspender cualquier intervención material en el predio ubicado sobre la avenida Jorge Newbery 5035.
En su resolución, el magistrado sostuvo que permitir la continuidad de las obras sin contar con las autorizaciones ambientales podía ocasionar un daño de difícil reparación y dispuso que la empresa entonces responsable del proyecto, Molas y Asociados Fiduciaria SA, cesara inmediatamente las tareas mientras el Municipio debía garantizar el cumplimiento de la orden judicial.
Lejos de cerrarse, la polémica sumó un nuevo capítulo semanas después. En plena tramitación de la causa se informó que las parcelas involucradas habían cambiado de titularidad. Los nuevos responsables del desarrollo pasaron a ser las firmas Treelands S.A. y MPSG 5 Newbery S.A., mientras que una tercera parcela quedó en manos de Exfako S.A., donde se proyecta la instalación de una estación de servicio.
Los representantes legales aclararon ante la Justicia que el paseo comercial ya no era responsabilidad de Molas y Asociados Fiduciaria, sino de las nuevas sociedades, que asumieron el desarrollo del proyecto inmobiliario.
Mientras tanto, el expediente comenzó a transitar su recorrido dentro del Concejo Deliberante. Recién el 14 de julio obtuvo su primer tratamiento en la Comisión de Obras y Planeamiento, presidida por el edil del Pro, Fernando Muro.
Durante esa reunión, los desarrolladores defendieron la iniciativa como un centro de servicios destinado a acompañar el crecimiento demográfico del sur del distrito. El proyecto contempla un predio de siete hectáreas, más de 750 espacios para estacionamiento, un supermercado, un centro médico con atención permanente, gimnasio, comercios, oficinas, espacios educativos, hotel y locales gastronómicos.
Pero las explicaciones no alcanzaron para despejar las dudas. El propio oficialismo terminó poniendo un freno al expediente. Desde la Unión Cívica Radical, Vilma Baragiola consultó sobre la situación judicial del emprendimiento, mientras que el concejal del PRO Marcelo Cardoso advirtió que el expediente todavía presenta importantes faltantes técnicos.
Entre ellos mencionó los informes de factibilidad de Camuzzi, los estudios de tránsito que debe elaborar el Emvial, los análisis hidráulicos, los estudios geológicos y la resolución definitiva del Emsur respecto de la evaluación ambiental.
La postura de Cardoso terminó inclinando la balanza hacia la prudencia. El oficialismo descartó avanzar con un despacho rápido y resolvió mantener el proyecto en estudio hasta completar toda la documentación pendiente.
Así, el expediente quedó atrapado entre los tiempos de la Justicia y los del Concejo. La cautelar continúa vigente, las intervenciones permanecen paralizadas y el tratamiento legislativo sigue sin definiciones.
Ahora, todas las miradas apuntan al regreso de la actividad legislativa tras el receso invernal. Según trascendió, la Comisión de Obras volvería a reunirse el próximo 4 de agosto y Plaza Rumencó figura entre los temas que podrían regresar a la agenda.
Será un nuevo capítulo para un emprendimiento que, desde sus primeros movimientos de suelo, quedó envuelto en una sucesión de controversias políticas, administrativas y judiciales que todavía mantienen abierto su futuro.
Liceaga Viñas activa el Comité radical y busca devolverle protagonismo territorial a la UCR rumbo al 2027
El presidente del Comité local lanzó una propuesta que busca darle actividad permanente a la sede partidaria y fortalecer la estructura radical de cara a los próximos desafíos electorales.
El concejal radical y presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Mar del Plata–Batán, Ricardo Liceaga Viñas, lanzó el programa “Comité Abierto y Activo”, una iniciativa que apunta a transformar la histórica sede ubicada en San Martín y Dorrego en un espacio de participación permanente para afiliados, vecinos e instituciones.
La propuesta contempla una agenda de actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas que comenzarán este sábado 1° de agosto y que buscarán que el edificio partidario tenga movimiento durante todo el año, más allá de los tiempos electorales.
La iniciativa incluye talleres, clases de inglés, danza, entrenamiento y distintas propuestas vinculadas a la formación y la expresión artística. Desde la conducción del Comité plantean que la sede debe volver a funcionar como un punto de encuentro con la comunidad y no solamente como un ámbito reservado para reuniones políticas.
El movimiento tiene también una lectura interna dentro del radicalismo marplatense. Con Liceaga Viñas al frente del Comité y en representación del espacio que conduce el senador nacional Maximiliano Abad, la apertura de la sede aparece como una señal de reorganización y fortalecimiento de la estructura partidaria de cara a los próximos desafíos electorales.
En un escenario donde las fuerzas políticas buscan recuperar cercanía con los vecinos, la UCR intenta volver a una lógica histórica del partido: presencia territorial, militancia y espacios abiertos a la comunidad.
El programa establece que el Comité permanecerá abierto de martes a viernes, entre las 15.30 y las 19, con el objetivo de recibir consultas, generar actividades y ampliar la participación.
La apuesta de Liceaga Viñas es que el Comité deje de ser únicamente una referencia institucional del radicalismo y vuelva a convertirse en un espacio activo dentro de la vida cotidiana de la ciudad.
Con el 2027 todavía en el horizonte, la UCR local empieza a mover sus piezas. Y la primera señal llega desde su propia casa: abrir las puertas del Comité para recuperar volumen político y territorial.
La Justicia rastrea los fondos de la concesionaria del Minella mientras el sector privado busca su rescate
La querella particular activó una batería de oficios al Banco Central, entidades financieras y empresas de servicios para fiscalizar los movimientos bancarios y la capacidad operativa de la firma adquirente. En paralelo, la eventual incorporación de nuevos grupos privados abre una vía de reestructuración corporativa que requiere la validación del Estado municipal.
La controversia en torno a la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los “espacios comunes y necesarios” del Parque de los Deportes “Teodoro Bronzini” ha ingresado en una fase donde la compulsa política cede terreno al examen técnico de los flujos financieros. Mientras en el ámbito empresarial se configura el desembarco de Marcelo Fígoli, al frente de Fénix Entertainment Group, con el objetivo de capitalizar la firma Minella Stadium S.A. y salvar la vigencia del contrato, el frente judicial comenzó a escrutar la arquitectura bancaria sobre la cual se asentó el proyecto original.
En las últimas horas, la representación legal del particular damnificado, en colaboración con la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 de Mar del Plata, libró una serie de medidas de prueba orientadas a determinar el verdadero volumen económico de la empresa concesionaria. Los requerimientos alcanzaron formalmente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que informe la situación crediticia general y las entidades en las que opera la sociedad. Asimismo, se giraron oficios al Banco Santander y al Banco Galicia con el fin de auditar las cuentas desde su apertura, los movimientos registrados, las firmas autorizadas, los giros en descubierto y la emisión de cheques electrónicos.
Un eje central de estas actuaciones apunta al cumplimiento normativo del sistema financiero. Las solicitudes enviadas a las entidades bancarias exigen precisar si se aplicaron los protocolos internacionales de control denominados "Conozca a su Cliente" (KYC) respecto de la firma brasilera Grupo REVEE en su carácter de accionista o garante, y si esa vinculación derivó en algún reporte o medida preventiva particular. De manera complementaria, la investigación requirió a la firma Camuzzi Gas la titularidad, el estado de pagos y los niveles de consumo del suministro energético en el complejo deportivo, buscando contrastar la operatividad real del predio con las obligaciones contractuales asumidas.
Esta avanzada sobre el mapa financiero coincide con los movimientos que se registran en el plano corporativo. La intención de sumar nuevos socios para recomponer la liquidez de Minella Stadium S.A. responde a la necesidad de hacer frente a los compromisos asumidos y resolver deudas acumuladas con proveedores locales. No obstante, el marco regulatorio del municipio establece que cualquier reestructuración del paquete accionario o modificación en el directorio exige la autorización previa de la administración local para resultar válida y evitar la nulidad administrativa.
El escenario actual expone así dos dinámicas cruzadas: por un lado, una estrategia del sector privado orientada a la reingeniería empresarial para sostener la concesión; por el otro, una investigación judicial que busca reconstruir el recorrido del dinero y la solidez real del grupo adjudicatario. Entre ambas coordenadas, el Municipio y el cuerpo legislativo mantienen una postura de observación frente a un expediente cuya viabilidad futura dependerá tanto de la aprobación de sus nuevos actores como de las conclusiones que arroje el peritaje financiero en marcha.