21 de julio de 2026
CONFLICTO
El aval judicial y ambiental a la destilería en el Faro reactiva la controversia política
La revocación de las restricciones sobre la parcela contigua al espacio de memoria y la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental por parte del Municipio despejan el camino formal para la firma Burbarrel S.A. Sin embargo, la decisión reabre el debate social entre el impulso a las concesiones comerciales en la zona sur y la preservación patrimonial del extinto centro clandestino de detención.
El avance del proyecto gastronómico y la destilería de Gin Restinga en las inmediaciones del Faro de la Memoria sumó definiciones institucionales clave que reubicaron el tema en el centro de la agenda política local. La confluencia entre una resolución de la Justicia Federal y la habilitación ambiental otorgada por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) cerró la etapa de paralización técnica, pero reencendió los cuestionamientos de sectores sociales y de derechos humanos respecto del uso del suelo y el resguardo de la memoria histórica en la costa sur de Mar del Plata.
En el plano judicial, el Juzgado Federal N° 3 resolvió dejar sin efecto la medida cautelar que impedía cualquier tipo de intervención en el predio ubicado en la rotonda del Faro y la avenida de los Trabajadores. La decisión del magistrado se produjo tras la incorporación del informe N° 146.673 de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, cuyos relevamientos no hallaron elementos de prueba ni restos vinculados a los delitos de lesa humanidad investigados en la causa principal. Cumplidos los plazos procesales estipulados por la Cámara Federal, la justicia consideró que no subsistían fundamentos legales para mantener la restricción cautelar solicitada oportunamente por las querellas.
En paralelo, la vía administrativa municipal avanzó con la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La disposición, enmarcada en la Ley Provincial 11.723 y la Ordenanza 26.400, convalidó los estudios técnicos presentados por la firma Burbarrel S.A. e incluyó la instancia de participación ciudadana contemplada por la normativa local. Sin embargo, la resolución municipal fijó condicionamientos normativos de estricto cumplimiento: la realización de las obras de infraestructura sanitaria a cargo de OSSE, la notificación obligatoria ante posibles contingencias y la exigencia expresa de paralizar los trabajos e informar a las autoridades en caso de producirse hallazgos de valor histórico o paleontológico en el sector.
La confluencia de ambas decisiones deja al descubierto la grieta política y conceptual que atraviesa a la ciudad sobre el desarrollo de la franja costera del sur. Por un lado, el Ejecutivo municipal y los promotores del emprendimiento destacan la importancia de otorgar seguridad jurídica a las inversiones privadas y dinamizar la oferta turística y gastronómica durante todo el año. Por el otro, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas y colectivas sostienen su rechazo a la comercialización de terrenos linderos a un ex centro clandestino de detención, argumentando que la delimitación entre el espacio privado y el sitio de memoria trasciende lo puramente catastral y compromete valores de preservación simbólica y urbanística que el Estado debería priorizar.