Proyectos para prevenir inundaciones, proveer agua potable y reducir la contaminación ya tienen créditos aprobados, pero el gobierno nacional no pone la firma para que se puedan iniciar

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Una cosa es que no haya plata. Otra cosa es que la plata aparezca y todo quede trabado por la falta de una simple firma. Esto es, según el gobierno de Axel Kicillof, lo que impide que la provincia de Buenos Aires pueda concretar una serie de obras hídricas, algunas de gran envergadura, con financiamiento internacional. Son trabajos para los que ya se pidió financiamiento a instituciones como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, por su denominación anterior: Corporación Andina de Fomento) y el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe (KFAED, por sus siglas en inglés).

En algunos casos los organismos ya dieron el visto bueno, pero el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, no firma el aval correspondiente requerido por la ley para que la Provincia pueda tomar esos créditos. Desde el gobierno provincial acusan a la administración de Javier Milei de “discriminar” a Buenos Aires, porque Caputo sí firmó la autorización para 18 préstamos solicitados por otras 10 provincias a organismos internacionales, por un valor total aproximado de 1973 millones de dólares. “Buenos Aires no entró en el reparto”, destaca una presentación del ministerio de Infraestructura bonaerense en la que se puede percibir la frustración. Tres de las obras comprometidas, pero hasta ahora freezadas por el gobierno libertario, beneficiarían a la Región Capital (La Plata, Berisso y Ensenada). Se trata de la ampliación de la planta de tratamientos cloacales (con un costo de 270 millones de U$S, aún no aprobada por la Nación); de la construcción de una nueva planta potabilizadora, con un préstamo de 148,7 millones ya otorgado, que vence este año y que el gobierno nacional debería prorrogar para que no se caiga; y del proyecto para el acueducto Parque San Martín, con un crédito de U$S 62,9 millones aprobado por el KFAED, que espera el aval correspondiente.

Otra obra pendiente es la construcción de un túnel y conductos aliviadores en Quilmes para los arroyos San Francisco y Las Piedras, que no solo beneficiarían a ese distrito sino también a buena parte del sur del conurbano. Mendoza ya presentó un proyecto ante la CAF. También esperan el aval o prórroga de Nación el último tramo de la ampliación del Río Salado; obras hidráulicas que beneficiarían a varios municipios, para prevenir inundaciones; y un plan para toda la cuenca del río Luján.

El mes pasado, el juez federal Alberto Recondo instó a Caputo a responder a los repetidos reclamos de la Provincia para la planta de tratamiento cloacal de la Región Capital. No tuvo respuesta. Es el mismo juez que le había impuesto al Estado bonaerense un millonario embargo por la contaminación de las aguas. La planta sería la respuesta a esa exigencia.

Enfrentados
El argumento de la asfixia

La actitud del ministro Caputo de no autorizar a la Provincia a contraer préstamos para realizar obras de gran envergadura es interpretada desde el gobierno de Axel Kicillof como un mecanismo más para “asfixiar” a la administración bonaerense, a la que está enfrentado políticamente.

“El gobierno nacional no nos contesta los WhatsApp, ni las notas formales, ni nos da una reunión, y ni siquiera nos firma los avales para que podamos tomar financiamiento internacional para obras que son muy necesarias”, dijo el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. “En esto ni siquiera nos pueden responder con ese latiguillo de que ‘no hay plata’. El financiamiento de organismos internacionales sólo requiere por parte del gobierno nacional una notita que diga: ‘Doy el aval para que la Provincia pueda tomar este financiamiento’. Claramente hay una decisión política del presidente Milei de desfinanciar con todos los instrumentos que tenga a su alcance a la provincia de Buenos Aires”, enfatizó el funcionario.

Incesante
Una batalla en continuado

Mayra Mendoza habrá dejado la intendencia de Quilmes para asumir una banca de diputada provincial, pero no dejó de mover cielo y tierra para conseguir financiamiento internacional para una serie de obras destinadas a impedir las inundaciones recurrentes en su distrito y otros linderos. Cada vez que viaja al exterior aprovecha para insistir en la necesidad de financiamiento para esos trabajos, entre ellos la construcción de conductos aliviadores para los arroyos San Francisco y Las Piedras. Lo hizo, por ejemplo, en el Foro Mundial Urbano en Baku, Azerbaiján, en mayo pasado, y antes, en el encuentro de Mercociudades, en Brasil. “Hemos solicitado y presentado ante la CAF las necesidades de obras de nuestro plan hídrico. Este financiamiento necesita una garantía soberana y la provincia de Buenos Aires ha pedido que el ministro Luis Caputo firme esta garantía soberana para el préstamo. Y, por supuesto, no la tenemos. Pero no vamos a dejar de insistir”, subrayó la diputada.

EL PLAN PARA EL SALADO
La disputa por la obra más grande de la provincia de Buenos Aires

Para el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez, no cabe duda de que “la obra más importante en la provincia de Buenos Aires” es la ampliación del cauce del ya de por sí anchuroso río Salado. Y no se trata de un emprendimiento reciente: es la obra principal del Plan Maestro diseñado para toda la cuenca, que se presentó en 1999 y que contempla tanto la participación de la Nación como la de la Provincia. El plan debería haberse concluido en 2015. Pero pasaron cosas. La finalización del Plan Maestro es ansiosamente esperada por los productores rurales de los distritos ubicados en la cuenca del Salado, ya que impedirá o morigerará las inundaciones de los campos, que son un azote periódico. Pero el advenimiento del gobierno libertario supuso un parate.

De los cinco tramos en que fue dividido el cauce del Salado, tres ya fueron dragados. Quedan dos tramos, el IV y el V. El gobierno de Javier Milei dejó detenidas las obras del IV, que corresponden al Estado nacional. La Provincia anunció que, mientras espera que se active ese tramo, ejecutará las obras correspondientes al V. Pero ocurrió lo mismo que con tantos otros emprendimientos. Apareció el financiamiento internacional, pero no apareció la firma desde Nación que avale el inicio de los trabajos. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) calcula que el retraso en la ampliación del Salado ya costó más de 40.000 millones de dólares en pérdidas.

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