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La Tecla Mar del Plata
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Lo que la semana nos dejó
La reestructuración de la Agencia de Recaudación, el desembarco de Mauricio Macri en Mar del Plata, el aumento del desempleo, la regulación de las apps de transporte y el desafío del Festival de Cine marcaron una semana de fuerte intensidad política, económica e institucional.
El Ejecutivo local dispuso una profunda reestructuración en la Agencia de Recaudación Municipal
Mediante el Decreto 1267/26, el gobierno de General Pueyrredon suprimió oficinas, creó nuevas áreas funcionales y ordenó la reubicación de los trabajadores afectados con el objetivo de optimizar la eficiencia del organismo tributario.
El gobierno municipal de General Pueyrredon formalizó una significativa modificación en la estructura orgánico funcional de la Agencia de Recaudación Municipal (ARM) mediante el dictado del Decreto 1267/26. La medida, rubricada por Agustín Neme, a cargo del Ejecutivo local, y el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli, introduce una serie de cambios técnicos e institucionales sobre el diseño administrativo que se encontraba vigente desde fines de 2019.
De acuerdo con los considerandos de la normativa, la reforma se fundamenta en la necesidad de acompañar "la constante dinámica de las actividades que desarrolla" el organismo recaudador, reflejando las variaciones operativas que se produjeron en el seno de la administración local durante los últimos años. De este modo, el Ejecutivo busca establecer un esquema organizativo que "refleje el funcionamiento y necesidades operativas actuales de cada una de las áreas involucradas, de forma talde facilitar el cumplimiento de los objetivos de gestión oportunamente trazados".
La reestructuración comprende tanto la creación de nuevas oficinas como la redenominación de dependencias clave para delimitar con mayor precisión sus competencias en el territorio. En primer término, el decreto dispone la creación de la División Exenciones, bajo la órbita de la Dirección General de Recursos. Esta nueva dependencia asume la misión formal de "impulsar el estudio, propuesta y ejecución de políticas orientadas a lograr una mayor eficiencia en las tareas de evaluación de solicitudes, otorgamiento y control permanente de las exenciones previstas en el ordenamiento fiscal vigente".
En paralelo, se modificaron los nombres de cuatro áreas existentes para ajustar su identidad institucional a sus tareas reales: la División Publicidad y Propaganda pasó a llamarse División Publicidad y Tributos Varios de Comercio; el Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios se simplificó como Departamento Actividades Económicas; el Departamento de Contribución por Mejoras y Propiedad Inmueble se transformó en el Departamento de Propiedad Inmueble; y el Departamento Descentralización Administrativa Tributaria adoptó el nombre de Departamento Rodados. Este último continuará con la gestión de los gravámenes provinciales delegados al municipio bajo la Ley Provincial 13.010, además de la tasa de control y patentamiento de motovehículos.
Uno de los ejes más salientes del reordenamiento político y técnico es la disolución de ciertas estructuras intermedias con el propósito de centralizar procesos estratégicos y evitar la dispersión de esfuerzos inspectores. El artículo quinto determina la eliminación del Departamento de Inteligencia Fiscal, un área que dependía de la Dirección General de Fiscalización. Lejos de discontinuar sus prerrogativas de control, el Ejecutivo resolvió transferir sus funciones de manera cruzada al Departamento Actividades Económicas y al Departamento de Fiscalización Externa. A partir de este cambio, la Dirección General de Fiscalización concentrará sus tareas inspectoras de mayor impacto a través de Fiscalización Externa, un área técnica facultada para "determinar y/o redeterminar de oficio, sobre base cierta o presunta según corresponda, la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y el Fondo para la Promoción Turística" en el marco de los operativos e inspecciones contables desplegados en el distrito.
El reordenamiento de la agencia fiscal impacta de forma directa en el personal municipal, previendo mecanismos institucionales para garantizar la estabilidad de los agentes públicos mediante transferencias dirigidas. En ese sentido, el decreto establece en su artículo tercero la supresión de la División Certificados, disponiendo explícitamente el traslado de todo su personal, además de sus bienes, muebles, útiles y funciones, hacia el Departamento de Análisis y Gestión Administrativa de la Mora, que opera bajo la órbita de la Dirección General de Cobranzas.
De igual manera, el artículo cuarto determina la disolución de la División Tasas Inmuebles, ordenando el traspaso inmediato de sus trabajadores y recursos materiales al Departamento de Propiedad Inmueble. Esta reorganización del capital humano busca robustecer las áreas dedicadas al cobro administrativo y a la atención de las cuentas corrientes, centralizando el control en departamentos unificados. A tal fin, el artículo décimo de la normativa instruye formalmente a la Dirección de Recursos Humanos y al Departamento Técnico y Gestión de Recursos Humanos a efectuar las comunicaciones pertinentes y tramitar las reubicaciones correspondientes, mientras que la Dirección de Presupuesto procederá a adecuar las partidas contables para sostener el nuevo organigrama.
Muro se muestra activo y pone el foco en la pesca marplatense
El concejal del PRO mantuvo un encuentro con con Juan Antonio López Cazorla, subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, para analizar la situación del sector pesquero y destacó medidas destinadas a mejorar su competitividad.
Fernando Muro busca mantenerse en movimiento dentro del escenario político local. Mientras el calendario electoral todavía parece lejano, el concejal del PRO intensifica su agenda de reuniones y aprovecha las redes sociales para mostrar cada una de sus actividades, con foco en sectores productivos clave para Mar del Plata.
En las últimas horas, el exsecretario de Desarrollo Local mantuvo un encuentro con Juan Antonio López Cazorla, subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. La reunión estuvo centrada en la situación que atraviesa la industria pesquera y en las medidas impulsadas por el Gobierno nacional para apuntalar la actividad.
Tras el encuentro, Muro explicó que la conversación sirvió para “analizar la actualidad del sector pesquero y las medidas que se vienen implementando para fortalecer una actividad estratégica para Mar del Plata”.
Mantuve una reunión de trabajo con Juan Antonio López Cazorla, Subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, para analizar la actualidad del sector pesquero y las medidas que se vienen… pic.twitter.com/qXVlXVyAMa
— Fernando Muro (@FernandoMuro_ok) June 22, 2026
La pesca continúa siendo uno de los principales motores económicos de la ciudad, por lo que cualquier medida que impacte sobre su competitividad genera atención tanto en el ámbito empresarial como en el político.
En ese marco, el concejal valoró algunas de las decisiones adoptadas por la administración nacional. “Valoramos especialmente las decisiones adoptadas para acompañar a la flota fresquera, entre ellas la reducción transitoria de costos vinculados a la operatoria pesquera, la revisión de normativas que afectaban el funcionamiento de las embarcaciones y las gestiones orientadas a mejorar la competitividad del sector”, señaló.
Asimismo, destacó la importancia de estas iniciativas para la economía local. “Son medidas que contribuyen a fortalecer una actividad que genera empleo, inversión y desarrollo productivo en nuestra ciudad”, sostuvo.
La reunión se suma a una serie de actividades que Muro viene exhibiendo en sus redes sociales durante las últimas semanas, una estrategia que busca reforzar su presencia pública y mantener contacto con distintos sectores económicos de Mar del Plata.
El desempleo volvió a crecer en Mar del Plata y alcanzó al 9,3% en el inicio del año
El indicador creció tres puntos respecto al mismo período del año pasado. Entre desocupados, subocupados y demandantes de empleo, más de 110 mil marplatenses atravesaron dificultades laborales durante el primer trimestre de 2026.
Mar del Plata registró un nuevo aumento en los niveles de desempleo durante el primer trimestre de 2026. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la desocupación alcanzó el 9,3%, tres puntos por encima del 6% registrado en el mismo período del año pasado.
La cifra implica que unas 32 mil personas se encontraban sin trabajo entre enero y marzo, meses que incluyen la temporada alta de verano. El dato se mantuvo en niveles similares a los del último trimestre de 2025, cuando la tasa había sido del 9,5%.
De acuerdo al informe, sobre una población económicamente activa de 348 mil personas, unas 316 mil contaban con empleo. Sin embargo, la situación del mercado laboral muestra otras señales de fragilidad. Además de los desocupados, se contabilizaron 43 mil ocupados que buscaban otro trabajo y 36 mil subocupados, es decir, personas que trabajan menos horas de las que necesitan por razones ajenas a su voluntad.
En conjunto, estos indicadores reflejan que alrededor de 111 mil marplatenses atravesaron algún tipo de problema vinculado al empleo durante el primer trimestre del año, lo que representa cerca del 23% de la población económicamente activa.
El 9,3% registrado también constituye el nivel más alto para un primer trimestre desde 2021. La comparación con 2023 resulta aún más significativa, en ese momento Mar del Plata había alcanzado una de las tasas de desempleo más bajas de su historia reciente, con un 4,9%.
Mientras tanto, a nivel nacional, el desempleo se ubicó en el 7,8%, una décima por debajo del registrado un año atrás.
#DatoINDEC
Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,6%, 44,8% y 7,8% en el 1° trimestre de 2026, respectivamentehttps://t.co/H6I4TCJTQU pic.twitter.com/19lzqGYvTF
— INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 22, 2026
Festival de Cine: la prueba de fuego para Diego Juárez y el EMTURyC
El Incaa advirtió que la continuidad de la categoría Clase A dependerá de la convocatoria de público. En medio de cuestionamientos por la política turística local, el EMTURyC afronta un desafío que excede lo cultural.
La presentación de la 41° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dejó una señal de alarma que rápidamente trasladó la presión hacia el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). Las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) admitieron que la continuidad de la categoría Clase A dependerá, entre otras cuestiones, de la capacidad de convocatoria que logre el evento. En otras palabras, si no hay público, Mar del Plata podría perder uno de sus mayores activos culturales y turísticos.
La advertencia golpea de lleno sobre la gestión de Diego Juárez, titular del EMTURyC y uno de los funcionarios que más cuestionamientos acumula dentro del gabinete municipal. Tras una temporada de verano que no logró cumplir las expectativas generadas y un reciente fin de semana largo que dejó números flojos para la hotelería y la gastronomía, el festival aparece ahora como una prueba de fuego para una conducción que todavía no logra exhibir resultados contundentes.
No se trata de un evento más. El Festival Internacional de Cine es uno de los pocos sellos de alcance global que conserva Mar del Plata y el único festival Clase A de América Latina. Por eso, las palabras del presidente del Incaa, Carlos Pirovano, no pasaron inadvertidas cuando pidió una mayor participación de la ciudad para evitar que la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films (FIAPF) revise su clasificación.
Durante la presentación se insistió en que hoteles, restaurantes, comercios, escuelas y distintos actores de la ciudad deberán involucrarse para que el festival trascienda las salas. Ese trabajo de articulación debería tener al EMTURyC como protagonista central. Sin embargo, puertas adentro del sector turístico abundan las críticas hacia una gestión que, según empresarios locales, carece de una estrategia clara para posicionar a Mar del Plata fuera de la temporada alta.
Mientras desde Nación y el Incaa plantean la necesidad de movilizar a toda la ciudad para sostener la categoría internacional, en Mar del Plata todavía resuenan los cuestionamientos por la escasa capacidad del ente para generar iniciativas que compensen la caída del consumo y la retracción del turismo.
La situación adquiere además un fuerte contenido simbólico. Juárez desembarcó en el organismo apadrinado políticamente por Daniel Scioli y con la promesa de aportar una mirada renovada para la principal industria de la ciudad. Sin embargo, cada vez que los números turísticos quedan bajo la lupa, las críticas reaparecen y apuntan a la falta de gestión, promoción y planificación.
Con noviembre cada vez más cerca, el Festival de Cine se perfila como mucho más que un acontecimiento cultural. Para Juárez puede convertirse en el examen más importante desde que asumió al frente del EMTURyC. El resultado no se medirá solamente en cantidad de espectadores, sino también estará en juego el prestigio internacional de la ciudad.
Luz verde a las apps de transporte
Tras siete años del desembarco de las plataformas en General Pueyrredon, el Concejo aprobó un marco regulatorio. Los detalles de la ordenanza. El premio consuelo para los taxistas.
Siete años después de la llegada de las primeras aplicaciones de transporte a Mar del Plata, el Concejo saldó una de las discusiones más largas y conflictivas de los últimos tiempos. La cuarta Sesión Pública Ordinaria terminó con la aprobación de una ordenanza que regula el funcionamiento de las plataformas digitales y pone fin a un vacío normativo que la política local nunca había logrado resolver.
La iniciativa fue aprobada con los votos del PRO, La Libertad Avanza, la UCR-Nuevos Aires y la Coalición Cívica. Del otro lado quedaron Unión por la Patria, Acción Marplatense Movimiento Derecho al Futuro y el Frente Renovador, que rechazaron el expediente y cuestionaron aspectos centrales de la regulación.
El recorrido hasta llegar a ese desenlace estuvo lejos de ser lineal. Cuando Uber, Cabify y otras plataformas comenzaron a operar en la ciudad, la reacción de taxistas y remiseros fue inmediata. El conflicto escaló rápidamente y se transformó en uno de los principales focos de tensión del sistema de transporte local.
Con la llegada de Guillermo Montenegro a la intendencia, la situación cambió parcialmente. Aunque no hubo una regulación específica, la postura municipal fue menos rígida y las plataformas siguieron funcionando de hecho.
Los primeros intentos para ordenar el tema aparecieron en 2022. Ese año ingresó el expediente 1222 impulsado por la Coalición Cívica para crear un registro municipal de prestadores. También surgieron otras iniciativas vinculadas a la actividad. Ninguna prosperó. La falta de acuerdos y luego el proceso electoral terminaron congelando el debate.
La situación comenzó a modificarse tras la renovación del Concejo luego de las elecciones de 2025. Con cambios en las presidencias de las comisiones y la llegada de Agustín Neme a la intendencia, el expediente volvió a escena. El titular de Movilidad Urbana, Guido García, retomó la discusión y abrió una nueva etapa de intercambios con distintos sectores.
Conductores de aplicaciones, representantes del sector de taxis y remises y concejales de diferentes bloques acerca ron propuestas para intentar construir una regulación. Pero cuando el tema parecía encaminarse, una reunión de comisión terminó en un escándalo.
A comienzos de junio, una discusión entre taxistas y trabajadores de plata formas derivó en una pelea dentro del recinto. Las imágenes se viralizaron rápidamente y pusieron al HCD en el centro de la escena nacional. El episodio generó repudios generalizados.
Tras el conflicto, el oficialismo aceleró definiciones. El Ejecutivo municipal respondió planteos pendientes y propuso modificaciones al proyecto original. Entre ellas, que la responsabilidad principal recaiga sobre las empresas tecnológicas y no sobre los conductores individuales.
Con esos cambios incorporados, una reunión conjunta de las comisiones de Movilidad y Legislación (Bordaisco-UCR) otorgó des pacho favorable. La oposición cuestionó la velocidad del trámite y advirtió que una discusión postergada durante años se resolvía ahora en apenas unos días. También expresó dudas sobre los controles que tendrá el Municipio y sobre el compromiso efectivo de las empresas para cumplir las exigencias de la ordenanza.
Los cuestionamientos no alcanzaron para modificar el resultado. Durante la sesión, el oficialismo defendió la iniciativa como una adaptación necesaria frente a una realidad que ya existe en las calles. Además, sostuvo que la nueva normativa brinda mayor libertad de elección para vecinos y turistas.
Finalmente, la mayoría oficialista impuso su número y convirtió el proyecto en ordenanza. Junto con la regulación de las plataformas, el Concejo también aprobó modificaciones a las normas que rigen para taxis y remises.
Después de la votación llegaron las celebraciones y las críticas. Neme des tacó que quedó “atrás una normativa que había quedado vieja, generaba conflictos y le daba la espalda a una realidad que ya existía”. Desde la oposición, en cambio, insistieron en que persisten interrogantes sobre la aplicación efectiva del nuevo esquema.
La ordenanza comenzará a regir una vez reglamentada y otorgará un plazo de 90 días para que empresas, vehículos y conductores se adapten a las nuevas condiciones. Así, tras años de discusiones, prohibiciones, proyectos archivados, presentaciones judiciales y enfrentamientos, General Pueyrredon decidió regular una actividad que ya formaba parte de la vida cotidiana. El debate político terminó; ahora comienza el desafío de demostrar si la norma puede funcionar en la práctica.
El gobierno municipal abre a concurso interno una jefatura clave para la fiscalización de las cuentas públicas
A través del Decreto 1268/26, el Ejecutivo local dispuso la modificación de la planta de personal permanente para cubrir la vacante de Jefe de División en Control Interno, un movimiento técnico y administrativo enmarcado en las facultades presupuestarias vigentes que podrá contar con la supervisión del Sindicato de Trabajadores Municipales.
La administración del partido de General Pueyrredon oficializó el llamado a Concurso Interno para cubrir el cargo de Jefe de División dentro de la División de Control Interno. La medida, formalizada a través del Decreto 1268/26, lleva las firmas de Agustín Neme, a cargo del Ejecutivo local, y del secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli. Desde el punto de vista técnico-presupuestario, esta convocatoria encuentra su fundamento legal en la Ordenanza 26900, norma que aprobó el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2026, y que expresamente faculta al Departamento Ejecutivo a reasignar créditos presupuestarios correspondientes al inciso de Gastos en Personal para adecuar la estructura según las necesidades de la gestión.
La disposición administrativa implica una modificación formal en la Planta de Personal Permanente de la Administración Central. Específicamente, el decreto da de alta el cargo bajo el número de orden 24870 dentro de una estructura sumamente sensible para la transparencia y la fiscalización municipal: la División de Control Interno. Dicha dependencia se encuentra subordinada jerárquicamente al Departamento de Control Interno, el cual a su vez orbita bajo la Dirección de Control Interno y Auditoría de la Subcontaduría Municipal, un área crítica perteneciente a la Contaduría General de la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda. Las misiones, funciones, responsabilidades y aptitudes personales requeridas para quienes aspiren al puesto quedaron preestablecidas en los informes técnicos de la Contaduría General, determinándose que la función exigirá una dedicación horaria mínima de cuarenta horas semanales, con la posibilidad de incrementarse de acuerdo a las demandas operativas de la oficina.
En lo que respecta a la dimensión política e institucional del proceso de selección, el diseño del concurso se ajustará estrictamente a los lineamientos del Régimen General de Concursos aprobado por el histórico Decreto 1843/17. Para garantizar la idoneidad e imparcialidad en la evaluación de los postulantes, el Ejecutivo designó un jurado compuesto por funcionarios de carrera con experiencia en las áreas de control y hacienda. Los miembros titulares asignados son Marcos Antonio Basualdo, jefe de departamento en Control de Recursos Humanos; Luis Eduardo Desrets, jefe del Departamento Contaduría y Dictámenes; y Pablo Ariel Grochowski, actual director de Control Interno y Auditoría. En caso de contingencias, el cuerpo de suplentes estará integrado por Marisa Claudia Marino, Miguel Ángel Gramajo y Carolina Natalia Losciale, todos ellos con rango de jefatura en distintas dependencias de la comuna.
Uno de los aspectos políticos de mayor relevancia en este tipo de disposiciones en la administración pública de General Pueyrredon es la articulación con la representación gremial. El decreto contempla explícitamente la participación del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), habilitando a la organización a designar un veedor para el proceso, conforme a lo estipulado en la normativa de concursos vigente. Esta inclusión busca asegurar la transparencia de los procedimientos internos y evitar focos de conflicto laboral, en un área donde la rigurosidad técnica y la estabilidad de la planta permanente resultan fundamentales para el andamiaje institucional del municipio.
Con la publicación en el Boletín Oficial y la notificación a la Dirección de Recursos Humanos, el trámite ingresa en su fase operativa de inscripción y evaluación.
Del olvido inmobiliario a la Mar del Plata de excepción: la reveladora confesión de Jerónimo Mariani
En una audiencia clave, el arquitecto del polémico proyecto de 35 pisos admitió ser copropietario de las tierras, dejó al descubierto los hilos económicos detrás de la iniciativa y reavivó el debate sobre los límites de las excepciones urbanísticas en la ciudad.
El litigio judicial en torno al proyecto inmobiliario en la manzana de Alem al 2500, impulsado por las ONG Mirada Ciudadana y Surfrider Argentina, posee un capítulo de enorme gravedad institucional. Durante la audiencia virtual, a la que tuvo acceso La Tecla Mar del Plata y fue celebrada ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1, a cargo del juez Simón Isacch, las declaraciones de los testigos clave arrojaron luz sobre los controvertidos mecanismos de validación oficial y las verdaderas motivaciones de sus impulsores. Sin duda, el testimonio más esperado y que terminó por sacudir el expediente fue el del arquitecto Jerónimo Mariani, proyectista y figura central del desarrollo inmobiliario impulsado por Fiduciaria Paisajes Urbanos MdP S.A.. Lo que debió haber sido una exposición estrictamente técnica derivó en una sorprendente confesión que debilitó la pretendida neutralidad del profesional y expuso las profundas contradicciones de un modelo de planificación urbana hecho a la medida de los desarrolladores privados.
Desde el inicio de su declaración, Mariani intentó posicionarse en un rol meramente externo, afirmando haber sido contratado a principios de 2022 junto a su estudio de arquitectura con el único propósito de llevar adelante el anteproyecto y la presentación municipal en una manzana que reconoció como "muy compleja" por la presencia de bienes patrimoniales. En su reconstrucción de los hechos, detalló cómo la propuesta original de edificar dos torres de unos 20 pisos mutó hacia el diseño actual de una sola torre de gran altura —32 plantas tipo más áreas comunes— tras una serie de "idas y vueltas" y negociaciones directas con el poder ejecutivo municipal, específicamente con las áreas de obras, planeamiento y patrimonio. Según el propio arquitecto, el primer paso indispensable en estas dinámicas de excepción consiste en "convencer" a los equipos técnicos de la comuna para que validen el proyecto y habiliten su elevación al Concejo Deliberante, donde finalmente se transformaría en ordenanza.
Sin embargo, el eje de la audiencia cambió drásticamente cuando el juez Isacch interrogó formalmente a Mariani sobre si poseía algún tipo de participación societaria en Alem 2500 S.A. o intereses económicos directos en el pleito. Tras un titubeo que marcó el quiebre de la jornada, el arquitecto ensayó una inédita justificación: afirmó que un video de Instagram que acababa de ver casualmente en el hall del juzgado instantes antes de testificar le había hecho "recordar" que, en realidad, sí poseía intereses financieros en el negocio. Ante la mirada atónita de las partes, Mariani admitió que junto a su hermano Agustín Mariani eran propietarios de un porcentaje de una de las cuatro parcelas que componen la manzana afectada, la cual aportaron en los orígenes de la fiduciaria a cambio de futuras unidades edilicias. Entre disculpas al tribunal y muestras de una visible incomodidad, argumentó que simplemente "no se acordó antes" de su condición de socio fiduciante aportante de tierras, calificando el episodio como una omisión involuntaria que lo hacía sentir "medio avergonzado".
Más allá de la insólita anécdota de la amnesia corporativa remediada por una red social, el sincericidio de Mariani posee una enorme gravedad institucional y política. La revelación desarma la narrativa que presentaba al prestigioso estudio como un consultor técnico independiente y lo coloca en el terreno de la especulación inmobiliaria directa, donde el diseñador de la norma de excepción es, al mismo tiempo, el beneficiario directo de los metros cuadrados excedentes que esa misma norma le otorga. Este cruce de intereses adquiere mayor relevancia frente a las denuncias previas de Mirada Ciudadana y Surfrider sobre las inconsistencias en la titularidad de las tierras, que incluyen lotes a nombre de terceras firmas e incluso un "sobrante fiscal" de órbita municipal que jamás fue regularizado antes de exigir los millonarios beneficios urbanísticos.
La declaración de Mariani también ratificó la controvertida filosofía con la que ciertos sectores corporativos conciben el desarrollo de Mar del Plata. Al ser consultado por las normativas vigentes, el arquitecto reconoció abiertamente que en ningún otro distrito catalogado como zona de baja densidad (R7) se conocen alturas semejantes, coincidiendo implícitamente con los cuestionamientos de la vecindad y los peritos. No obstante, justificó la transgresión argumentando de forma unilateral que la manzana "tiene características más de R3 que de R7" debido a sus bordes, concluyendo que la drástica restricción de altura que el código impone a la costa debía ser modificada por "buena práctica" constructiva.
Esta postura reactiva las denuncias de particulares y organizaciones civiles respecto a que las corporaciones privadas se arrogan la facultad de decidir y reconfigurar la morfología urbana por fuera de los canales democráticos, transformando las excepciones patrimoniales en “un traje a medida”. Con el avance de las causas penales por fraude ideológico y las graves fisuras éticas expuestas en las testimoniales, el caso de La Robla deja al descubierto un entramado donde las reglas públicas parecen ceder ante el “olvido conveniente” de los poderosos.
Con fondos de la Provincia, avanza una licitación por casi $2.000 millones para reparar calles de Mar del Plata
Dos empresas presentaron ofertas válidas para ejecutar trabajos de bacheo de pavimentos de hormigón. Otras dos fueron rechazadas por incumplimientos en la documentación exigida por el pliego.
El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) avanzó este miercoles con la apertura de ofertas de una licitación destinada a ejecutar obras de bacheo de pavimentos de hormigón en distintos sectores de Mar del Plata, una intervención que cuenta con un presupuesto oficial de $1.948 millones y será financiada con recursos provenientes de la Provincia de Buenos Aires.
La Licitación Pública N°06/2026 contempla la reparación de unos 10.500 metros cuadrados de pavimento de hormigón, distribuidos en tres frentes de trabajo que serán definidos por el organismo. El plazo previsto para la ejecución es de 180 días.
Durante el acto de apertura, encabezado por autoridades técnicas y administrativas del Emvial, quedaron en carrera dos empresas. La oferta más baja correspondió a LFR Constructora Vial SA, que cotizó los trabajos en $1.655.881.390,62, casi 300 millones de pesos por debajo del presupuesto oficial
Por su parte, Pasalto Materiales SRL presentó una propuesta de $2.087.578.478,03. Sin embargo, la firma incluyó una nota ofreciendo un descuento global del 20% en caso de recibir un anticipo financiero del 5%, lo que reduciría el monto final a $1.670.062.782,42.
Antes de la apertura de las propuestas económicas, el Emvial rechazó las ofertas de otras dos empresas. En el caso de Ciageser SA, la documentación presentada incluía un certificado de capacidad técnico-financiera vencido, mientras que Gama Networks SA fue descartada por no presentar varios de los requisitos exigidos en el pliego, entre ellos la garantía de oferta y certificados de inscripción y habilitación.
Ahora, toda la documentación será analizada por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, que deberá evaluar las propuestas y definir cuál será la adjudicataria de la obra.
Los trabajos serán financiados a través del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado por la Ley Provincial 15.561.
Minella bajo la lupa: diferencias entre la licitación original y el contrato definitivo
El documento firmado entre el Municipio y Minella Stadium no solo modificó plazos administrativos previstos en la licitación. También incorporó mecanismos de autorización automática, derechos de preferencia, nuevas instancias arbitrales y protecciones contractuales que no aparecen expresamente en el pliego aprobado por el Concejo Deliberante.
El documento firmado entre el Municipio y Minella Stadium no solo modificó plazos administrativos previstos en la licitación. También incorporó mecanismos de autorización automática, derechos de preferencia, nuevas instancias arbitrales y protecciones contractuales que no aparecen expresamente en el pliego aprobado por el Concejo Deliberante.
Más allá de la polémica por la demora en la presentación del plan ejecutivo de obras, la comparación entre el pliego de bases y condiciones aprobado para la licitación del Estadio José María Minella y el contrato finalmente suscripto con Minella Stadium S.A. revela una serie de diferencias que hasta ahora tuvieron escasa difusión pública.
Autorizaciones automáticas
El pliego contemplaba el denominado “silencio positivo” únicamente para las sublocaciones. La sublocación es un contrato mediante el cual el inquilino original (sublocador) alquila una parte o la totalidad del espacio que habita a un tercero (sublocatario). Es decir, si la Municipalidad no se pronunciaba en cinco días sobre una notificación vinculada a un contrato de sublocación, la autorización se consideraba concedida.
Además de mantener ese esquema para las sublocaciones, incorporó la posibilidad de que nuevas actividades o nuevos usos propuestos por la concesionaria queden automáticamente autorizados si el Municipio no responde dentro de los treinta días. Se trata de una herramienta que amplía considerablemente la capacidad operativa de la empresa frente a eventuales demoras administrativas.
Exclusividad y competencia
Uno de los aspectos más controvertidos del contrato es la incorporación de mecanismos de protección frente a la competencia. El documento establece que, si el Municipio decide adjudicar actividades que compitan con las contempladas en la concesión, Minella Stadium tendrá derecho de preferencia.
En la práctica, cuando dos ofertas sean consideradas equivalentes, la propuesta de la concesionaria deberá ser priorizada. La cuestión adquiere relevancia porque no surge con la misma claridad en el pliego licitatorio y aparece desarrollada específicamente en el contrato final.
El contrato incorpora una cláusula específica denominada “Exclusión de nuevos desarrollos en competencia”, inexistente como capítulo autónomo en el pliego aprobado por el Concejo.
Dentro de ese esquema se incluye además la restricción para la construcción o explotación de nuevos estadios, arenas o instalaciones similares en un radio de tres kilómetros del Minella, una disposición que tampoco aparece reflejada en los mismos términos en la documentación licitatoria original.
Cerramientos y control de accesos
El pliego contempla la reparación, mantenimiento y eventual reemplazo de los cercos perimetrales existentes en el estadio y demás instalaciones deportivas. Incluso establece obligaciones periódicas de conservación de estos cerramientos y prevé la modernización de sectores delimitados dentro del predio.
Sin embargo, el contrato firmado entre el Municipio y Minella Stadium avanza un paso más allá. Allí se autoriza a la concesionaria a realizar cerramientos que podrían extenderse a otros sectores del Parque de los Deportes y, en coordinación con el Emder, establecer horarios de ingreso, egreso, permanencia y apertura de accesos.
El pliego hace referencia a cercos e infraestructura ya existente, el contrato incorpora herramientas de administración y ordenamiento sobre espacios que exceden estrictamente el área concesionada, un aspecto que tampoco figuraba expresamente en las condiciones originales de la licitación.
Explotación antes de las obras
Otra diferencia relevante es que el contrato habilita expresamente a la concesionaria a solicitar el inicio de la explotación de sectores concesionados antes, durante o después de la ejecución de las obras. La discusión pública se concentró hasta ahora en la ausencia de avances constructivos visibles. Sin embargo, el contrato abre la puerta a que determinadas actividades comerciales o de explotación puedan desarrollarse sin necesidad de esperar la finalización integral del proyecto.
Estabilidad contractual
El contrato incorpora un mecanismo de subsanación previa que obliga al Municipio a intimar a la empresa y otorgarle la posibilidad de corregir incumplimientos antes de avanzar hacia una eventual rescisión. Además, introduce expresiones como el “principio de conservación, vigencia y validez del contrato”, una formulación que no figura entre las disposiciones del pliego y que fortalece la posición jurídica del concesionario frente a futuros conflictos.
Tribunales internacionales
La posibilidad de acudir a instancias arbitrales internacionales ya estaba contemplada en la licitación, pero el contrato amplió el esquema previsto originalmente. Al mecanismo vinculado al Ciadi se sumaron nuevas alternativas arbitrales, entre ellas la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
En materia de sublocaciones, por ejemplo, el contrato mantiene casi sin modificaciones el régimen previsto en el pliego, incluyendo la obligación de notificar al Municipio y el mecanismo de aprobación por silencio administrativo. Por eso, la discusión de fondo parece desplazarse hacia otro terreno: cuánto se amplió el alcance de determinados derechos cuando llegó el momento de redactar el contrato definitivo.
Judicializan una resolución pesquera y denuncian trato desigual hacia Mar del Plata
SUPA y Fecooaport presentaron una acción judicial para dejar sin efecto la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero. Sostienen que los criterios establecidos para incorporar nuevos buques poteros benefician a los puertos del sur y perjudican a "La Feliz".
El conflicto por la ampliación de la flota potera sumó un nuevo capítulo judicial. El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y la Federación de Cooperativas y Empresas de Servicios Portuarios (Fecooaport) solicitaron a la Justicia Federal que deje sin efecto la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero (CFP), al considerar que perjudica a Mar del Plata y favorece a los puertos del sur del país.
La medida cuestionada habilita un proceso licitatorio para incorporar hasta 18 nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar (Illex argentinus). Sin embargo, desde los sectores portuarios marplatenses sostienen que los criterios establecidos para evaluar los proyectos generan una desventaja para la ciudad.
A través de un documento difundido en las últimas horas, las entidades señalaron que la resolución "establece un régimen de evaluación de proyectos y un sistema de ponderación territorial que deja a Mar del Plata sin posibilidad de competir con los puertos del sur del país".
En esa línea, cuestionaron la legalidad y constitucionalidad de la decisión adoptada por el organismo nacional. "La decisión adoptada presenta graves objeciones desde el punto de vista de su legalidad, razonabilidad y constitucionalidad, al advertirse deficiencias sustanciales en los antecedentes científicos que sustentan la medida, irregularidades procedimentales, afectaciones al federalismo de concertación previsto por la Ley N°24.922 y una manifiesta contradicción con principios consagrados por la Constitución que afectan los derechos y patrimonios de los empresarios y trabajadores marplatenses", afirmaron.
Según indicaron, la presentación que se encuentra en el Juzgado Federal Nro.4, busca frenar la aplicación de la Resolución 6/2026 y abrir una discusión sobre los criterios utilizados para asignar los nuevos permisos vinculados a la explotación del recurso.
Además, los firmantes expresaron su respaldo a la acción impulsada ante la Justicia Federal para "dejar sin efecto la Resolución Nro. 6/2026 del Consejo Federal Pesquero" y avanzar en un planteo de inconstitucionalidad contra una medida que, según entienden, afecta los intereses económicos y laborales vinculados a la actividad portuaria marplatense.
La controversia se suma a un reclamo de distintos sectores productivos de Mar del Plata, que vienen cuestionando la concentración de inversiones y beneficios pesqueros en los puertos patagónicos en detrimento de la principal terminal pesquera bonaerense.
A 67 años de su fundación, la OAM atraviesa una situación compleja en medio de cuestionamientos
La entidad nacida un 25 de junio de 1959 enfrenta reclamos por prestaciones rechazadas y problemas operativos en la atención. Mientras la conducción habla de modernización, crecen las críticas por la pérdida de cobertura y transparencia.
La Obra Asistencial Mutual (OAM) de Mar del Plata atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Fundada el 25 de junio de 1959 con el objetivo de brindar cobertura de salud a trabajadores municipales y sus familias, la entidad nació en un contexto en el que no existían esquemas de protección social específicos para ese sector. Durante décadas, su funcionamiento se apoyó en un esquema mutualista y solidario que alcanzó a más de 5.000 afiliados y que en la actualidad ronda los 4.000.
Sin embargo, en el presente, distintos sectores vinculados a la masa de afiliados advierten un deterioro progresivo del sistema de prestaciones. Según plantean, en los últimos meses se registraron recortes de coberturas, dificultades en el acceso a servicios médicos y una creciente centralización de decisiones que habría debilitado los mecanismos de participación interna.
El eje de las críticas se centra en el convenio firmado entre la conducción de la OAM, encabezada por César Elbaum, y la empresa de medicina prepaga DoctoRed del Grupo ROISA. De acuerdo a estas versiones, el acuerdo —presentado originalmente como una instancia de modernización y ordenamiento financiero— habría sido implementado sin convocatoria a asamblea de socios ni instancias de debate ampliado, lo que genera cuestionamientos sobre el cumplimiento de los estatutos internos.
En paralelo, afiliados señalan problemas operativos que impactan directamente en la atención diaria: oficinas con atención reducida o cerradas, sistemas digitales con fallas recurrentes y demoras en autorizaciones médicas. En ese marco, también se mencionan rechazos de prestaciones que, según advierten, podrían derivar en presentaciones judiciales individuales a través de amparos, con el consiguiente riesgo de mayor presión financiera sobre la mutual.
Otro de los puntos que genera preocupación es el volumen de recursos involucrados en el esquema de gestión con el grupo empresario, estimado por algunos actores internos en más de 700 millones de pesos, aunque no existen precisiones públicas unificadas sobre los términos económicos del acuerdo.
Las críticas también se alimentan de antecedentes recientes vinculados al desempeño del Grupo ROISA en la administración de otras prestaciones de salud, donde —según señalan distintos sectores del sistema sanitario— se habrían registrado conflictos por pagos a prestadores y recortes en servicios. En este contexto, algunos afiliados temen que el modelo de gestión aplicado derive en una reducción progresiva de la cobertura.
Mientras tanto, la conducción de la OAM sostiene el rumbo de modernización como una necesidad para garantizar la sustentabilidad del sistema. El debate, sin embargo, se profundiza entre la búsqueda de eficiencia financiera y el reclamo por preservar el carácter solidario de una institución que este jueves cumplió 67 años de funcionamiento en Mar del Plata.
El Ejecutivo sancionó a dos agentes del EMSUR por registrar faltas reiteradas
A través de sendos decretos publicados en el Boletín Oficial, la comuna aplicó suspensiones de 20 y 30 días a personal de las áreas de Planificación y Espacios Públicos tras constatar inasistencias injustificadas y la total ausencia de descargos por parte de los involucrados.
El gobierno municipal de General Pueyrredon formalizó la suspensión de dos agentes pertenecientes al Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) tras registrarse una serie de inasistencias injustificadas acumuladas durante el primer trimestre del año. Las medidas, plasmadas en los decretos de firma conjunta 1296/26 y 1297/26, llevan la firma de Agustín Neme, a cargo del Ejecutivo local, el presidente del ente descentralizado, Daniel Martínez, y el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli. Las resoluciones exponen un estricto seguimiento de las auditorías internas y de los movimientos administrativos relacionados con las solicitudes de licencias médicas presentadas por el personal de la comuna.
El alcance de las sanciones disciplinarias afectó a personal de distintas dependencias técnicas y operativas del EMSUR. Por un lado, en la Dirección de Planificación se encuadró el caso del agente Rodrigo Martín Pereyra (Legajo N° 27411/1), a quien se le dictaminó una penalidad de 20 días de suspensión. Por el otro, en la Dirección de Espacios Públicos se estableció una sanción de 30 días de suspensión para el empleado Joel Maximiliano Gallardo (Legajo N° 35805/1). En ambos expedientes administrativos se destaca un factor político y laboral clave: la condición de reincidencia de los agentes. Las cinco faltas computadas en esta oportunidad para cada uno se contabilizaron a partir de sanciones previas dictadas a principios de este mismo año bajo los decretos 232/26 y 719/26, lo que agrava la situación de revista de los trabajadores.
Al analizar el cronograma de las inasistencias consignadas bajo el código interno de faltas de la administración, el Boletín Oficial detalla comportamientos disímiles en la distribución temporal y en la modalidad de las ausencias. En la órbita de Espacios Públicos, las faltas de Gallardo correspondieron a la categoría de ausencias con aviso pero sin justificar. Cronológicamente, se distribuyeron de manera dispersa en el mes de febrero —específicamente los días 9, 20, 23 y 24—, mostrando una concentración consecutiva en las últimas dos jornadas mencionadas, para luego cerrar el ciclo con una quinta falta aislada el 10 de marzo. En contraste, el caso de Pereyra en la Dirección de Planificación evidenció faltas catalogadas como ausencias sin aviso y sin justificar. Su registro temporal exhibe una primera falta aislada el 27 de enero y, posteriormente, un bloque crítico de cuatro jornadas estrictamente consecutivas en el mes de marzo, abarcando los días 16, 17, 18 y 19, lo que representó una interrupción continua de sus funciones durante casi una semana completa.
El procedimiento administrativo que derivó en las respectivas suspensiones comparte una matriz idéntica que revela los mecanismos de cruce de datos implementados por el municipio. Los considerandos de las normativas reflejan que el comportamiento de los agentes surgió de forma indubitable mediante el cotejo de los partes diarios de asistencia de cada dependencia y la verificación de las solicitudes de carpetas médicas tramitadas ante el Departamento de Medicina del Trabajo, un área clave de control a la que los empleados finalmente no concurrieron para realizar las auditorías de salud obligatorias.
Los tiempos institucionales de la investigación también corrieron en paralelo para ambos casos. El pasado 10 de junio de 2026, la Dirección de Personal del EMSUR diligenció las cédulas de notificación correspondientes hacia los domicilios electrónicos de los agentes, otorgándoles el plazo legal de cinco días hábiles para que ejercieran su derecho de defensa y formularan el descargo pertinente. Al vencerse los plazos institucionales sin que ninguno de los dos empleados presentara documentación o justificación alguna, las actuaciones avanzaron de forma directa hacia las resoluciones sancionatorias.
De esta manera, los dictámenes jurídicos invocan la violación flagrante de las obligaciones fijadas para los agentes municipales en el artículo 103 inciso a) de la Ley Provincial 14656, que regula el empleo público bonaerense. La diferencia en el volumen de los días de castigo aplicados responde a la utilización de distintas tipificaciones de la misma norma. Para el caso del área de Planificación se aplicó el inciso c) del artículo 108, determinando los 20 días de cese temporal, mientras que para el agente de Espacios Públicos el Ejecutivo optó por encuadrar la conducta en el inciso d) del mismo artículo, elevando la sanción a 30 días de suspensión efectiva y sin goce de haberes.
El PRO local expone sus fracturas en el Boletín Oficial ante la llegada de Macri
Con el intendente Guillermo Montenegro en uso de licencia, el sector vinculado a Emiliano Giri avanzó con un decreto express que declara "Huésped de Honor" al exmandatario. Una maniobra institucional con alto voltaje político que desafía la conducción tradicional del oficialismo marplatense.
La interna del PRO en el partido de General Pueyrredon sumó este viernes un capítulo de alto voltaje político que se trasladó de los tradicionales despachos partidarios directamente a las páginas del Boletín Oficial. En una jornada marcada por la expectativa ante el cónclave del PRO convocado para hoy, viernes 26 de junio de 2026 en Mar del Plata, la publicación del Decreto 1315/26 encendió todas las alarmas en el esquema de poder local, evidenciando que las disputas por el liderazgo territorial se juegan con todas las herramientas del Estado disponibles.
La jugada administrativa, de indudable lectura política, lleva la firma conjunta de Agustín Neme, a cargo del Ejecutivo municipal como intendente interino, y de Mariano Bowden, presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL). Ambos funcionarios responden directamente al armado político de Emiliano Giri. El texto del decreto declara formalmente "Huésped de Honor del Departamento Ejecutivo Municipal del Partido de General Pueyrredon al Sr. Mauricio Macri", justificando la distinción en su trayectoria institucional como expresidente de la Nación entre 2015 y 2019. Asimismo, destaca el impacto de diversas obras estratégicas ejecutadas durante su mandato, tales como la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales (EDAR), el saneamiento del Arroyo Del Barco, la repotenciación de la Estación Transformadora, el Gasoducto de la Costa, el Acueducto del Oeste y las mejoras en el aeropuerto Astor Piazzolla.
Sin embargo, más allá de los considerandos de rigor técnico e institucional, el movimiento representa un abierto desafío a la conducción del intendente en uso de licencia, Guillermo Montenegro, y de su principal espada política en la Legislatura bonaerense, Alejandro Rabinovich. En el ajedrez de Juntos por el Cambio, el usufructo de la firma del Ejecutivo durante la ausencia temporal de Montenegro fue interpretado de inmediato como un mensaje de autonomía por parte del sector de Giri, que busca capitalizar de forma directa la relación y la foto con el líder y fundador del partido en su desembarco en la ciudad balnearia.
Desde la óptica del sector desplazado momentáneamente de la firma municipal, la emisión de este decreto express constituye un avance desmedido sobre la estrategia de contención y equilibrio que Montenegro suele imprimir a su gestión frente a las figuras nacionales. Para el ala que responde a Rabinovich y Montenegro, el control de la agenda institucional con líderes nacionales es un activo propio que no debería ser usufructuado por segundas líneas para dirimir posicionamientos internos. De este modo, la bienvenida formal a Macri se transformó en el escenario perfecto para un pase de facturas que expone la fragmentación de un oficialismo local donde las lealtades nacionales pesan tanto como el control del territorio.
Con el cónclave partidario desarrollándose en las próximas horas de este viernes, el decreto de honor funciona como una carta de presentación y un recordatorio de que la estructura municipal no es un bloque homogéneo. Mientras el exmandatario pisa suelo marplatense rodeado de la plana mayor del partido, la interna del PRO local se redefine entre la institucionalidad formal de un decreto interino y la silenciosa tensión de un liderazgo compartido que promete seguir sumando capítulos de cara al rearmado político de la provincia de Buenos Aires.
El PRO redefine su identidad: límites al oficialismo nacional y ofensiva total contra Kicillof
Bajo la conducción de Mauricio Macri, el encuentro “El Próximo Paso” en Mar del Plata consolidó una postura de autonomía frente a La Libertad Avanza al ratificar la interpelación al vocero Manuel Adorni, mientras la dirigencia se planta como la única alternativa para arrebatarle la provincia al kirchnerismo.
El cónclave bonaerense del PRO, bautizado como “El Próximo Paso”, trascendió la mera catarsis partidaria para convertirse en una fuerte definición de identidad y autonomía en el mapa político nacional. Frente al complejo escenario de convivencia con La Libertad Avanza, la fuerza liderada por Mauricio Macri utilizó la vidriera de Mar del Plata para delimitar sus fronteras y enviar un mensaje contundente: el alineamiento con el rumbo general de las reformas económicas no significará una sumisión institucional ni un cheque en blanco en el Congreso. Con la mirada puesta en un electorado que demanda certezas, el partido buscó posicionarse no como un mero espectador del oficialismo central, sino como el reaseguro técnico y político necesario para garantizar que el proceso de transformación social no sufra retrocesos frente a la amenaza de un eventual “regreso del populismo”.
La máxima expresión de esta distancia crítica quedó sellada bajo la centralidad del propio Macri, quien aprovechó el cierre de las deliberaciones —donde también matizó su discurso con alusiones a Lionel Messi en el marco del Mundial 2026 y un saludo solidario a los venezolanos por el sismo padecido— para fijar la postura del bloque legislativo frente a las últimas designaciones de la Casa Rosada. Al evaluar el clima de volatilidad institucional, el expresidente advirtió de forma taxativa que “se debe generar confianza y eso es lo que no ha pasado en las últimas semanas”.
En esa misma línea, explicitó su disconformidad con el nombramiento del vocero presidencial al señalar que “no estaba de acuerdo con la designación de Adorni; no porque fuera vidente, sino porque debe llegar gente con capacidad, porque es el mejor para el cargo y para el cambio, y eso no sucedía”. Lejos de relativizar el conflicto, Macri blindó la postura parlamentaria de su fuerza y ratificó el pedido de explicaciones públicas: “El PRO no cambió de opinión. Va a votar por la interpelación de Adorni en ambas cámaras”, sentenció, al tiempo que se despegó de la conveniencia opositora al argumentar que “el kirchnerismo intentó montar un show y no tiene autoridad moral”.
Este posicionamiento de firmeza legislativa convivió con el análisis estratégico de las espadas nacionales del partido, quienes matizaron la relación de fuerzas con la administración de Javier Milei. El diputado Fernando de Andreis trazó una línea histórica de continuidad y desencanto al sostener que “plantamos la semilla de la libertad en 2015, se frenó en 2019, y en 2023 volvió pero no de la forma que quisiéramos”, instando a la militancia a asumir un rol protagónico para “no poner en riesgo el cambio”.
De Andreis fue aún más drástico respecto al conflicto parlamentario y llamó a “seguir presionando hasta que Adorni se vaya del cargo”. Por su parte, el presidente del bloque de diputados, Cristian Ritondo, puso en valor el respaldo institucional histórico que la fuerza le otorgó a la gobernabilidad libertaria, destacando que “por primera vez en la historia desde el regreso de la democracia en 1983 no hubo un ex presidente que le acompañe a un presidente como Mauricio hizo en 2023”. No obstante, Ritondo no dudó en marcar la cancha de cara al futuro del armado nacional al concluir de manera tajante que “sin el PRO no es posible un cambio en la Argentina”.
El segundo gran eje rector del encuentro estuvo dominado por la construcción de una alternativa de poder en el territorio bonaerense, definido por toda la cúpula partidaria como el principal campo de batalla electoral. Ritondo unificó la geopolítica nacional con la necesidad territorial al sentenciar que “sin la provincia de Buenos Aires, no se puede gobernar la Argentina; hay que ganar la provincia”. La ofensiva frontal contra el gobernador Axel Kicillof estructuró los discursos de los referentes locales, comenzando por el concejal Julián Bussetti, quien buscó capitalizar la localía al declarar a General Pueyrredon como “el bastión de la Provincia de Buenos Aires”, para luego añadir que la región se encuentra en “el peor momento de la historia de la provincia” y calificar a Kicillof como “el peor gobernador de la historia”.
Frente a esta coyuntura, el intendente marplatense en uso de licencia Guillermo Montenegro aportó densidad al reclamo institucional denunciando una severa y sistemática discriminación financiera por parte de las administraciones peronistas. Montenegro reveló que, bajo la gestión nacional anterior y la actual administración provincial, “General Pueyrredon es el último municipio en la distribución de recursos, últimos de 135”, fundamentando la necesidad de confrontar de manera directa contra el actual modelo bonaerense.
Frente a lo que denominaron las trabas burocráticas del Estado provincial, la dirigencia contrapuso su experiencia de gestión y la desregulación económica en los distritos costeros como principal carta de presentación ante el electorado. Montenegro contrastó “los dos modelos enfrentados, del Estado que pone trabas y el que representa el de la ciudad del sí”, defendiendo además la histórica impronta pro-mercado del partido al recordar que en los inicios del espacio “casi había que pedir perdón por ganar plata”. Esta línea discursiva fue ratificada por el intendente interino Agustín Neme —quien ejerce el cargo por la licencia de Montenegro— y por el jefe comunal de Pinamar, Juan Ibarguren. Neme defendió el rumbo iniciado en 2019 y ponderó las políticas destinadas a “quitarle el pie de encima a los privados”, asumiendo además la bandera de la seguridad al señalar que en la ciudad balnearia “nos enfrentamos a la inseguridad y a las mafias como en la Playa Bristol”, emulando batallas previas como la defensa de El Marquesado.
En este marco, la demostración de unidad de cara al escenario exterior sirvió para matizar los reacomodamientos y tensiones propias de la política doméstica regional. La centralidad de Neme en el estrado expuso la sutil interna local existente entre el sector comandado por Emiliano Giri —padre político del intendente interino— y el eje de conducción tradicional que representan de manera conjunta Montenegro y el senador Alejandro Rabinovich. Más allá de estas inevitables disputas por el control territorial de la sección, el encuentro funcionó como un espacio de contención donde los emprendedores y la militancia apelaron a recuperar el “espíritu puro” del PRO bajo la premisa de que “el partido quiere cambiar a la Argentina de pies a cabeza”.
La síntesis doctrinaria del encuentro quedó reflejada en las palabras finales de Macri, quien buscó proyectar el destino de la fuerza al asegurar que “estamos para exigir que el futuro sea real; el rol del PRO es ese. No somos un paso atrás, somos el próximo paso”.
Mantuve una reunión de trabajo con Juan Antonio López Cazorla, Subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, para analizar la actualidad del sector pesquero y las medidas que se vienen… pic.twitter.com/qXVlXVyAMa
— Fernando Muro (@FernandoMuro_ok) June 22, 2026#DatoINDEC
Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,6%, 44,8% y 7,8% en el 1° trimestre de 2026, respectivamentehttps://t.co/H6I4TCJTQU pic.twitter.com/19lzqGYvTF