26 de junio de 2026
PREVISIÓN SOCIAL
El reordenamiento de PAMI en Mar del Plata: entre la urgencia edilicia y la reforma laboral
El traslado de la oficina del Puerto a una dependencia municipal compartida deja en evidencia las falencias de infraestructura en la atención de la tercera edad. Mientras se acumulan demoras en trámites críticos como los medicamentos oncológicos, la reestructuración de las agencias regionales coincide con una dura pulseada por la modificación de los convenios colectivos estatales.
La realidad operativa del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) en Mar del Plata y su zona de influencia atraviesa un período de profunda transformación estructural, marcado por el cierre de dependencias tradicionales y mudanzas de contingencia. La reciente desactivación de la histórica boca de atención ubicada en la intersección de la avenida Luro y Teodoro Bronzini, sumada al inminente vencimiento del contrato de alquiler de la sede de la zona Puerto, ha forzado una relocalización de apuro de los servicios hacia la Delegación Municipal del Puerto, situada en la denominada Vieja Usina, sobre la calle Rondeau al 500.
Esta mudanza, resuelta bajo la presión de los plazos contractuales y la necesidad de no interrumpir las prestaciones, expone severas limitaciones logísticas. El edificio de la Vieja Usina no fue diseñado para absorber el flujo masivo y cotidiano de la población de la tercera edad, más aún considerando que allí ya coexisten oficinas de la comuna, de la empresa sanitaria Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) y de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Entre las principales deficiencias edilicias señaladas por los trabajadores del organismo se destaca la ausencia de sanitarios públicos adecuados y adaptados para personas con movilidad reducida, así como la falta de una infraestructura tecnológica básica para el despliegue de los sistemas informáticos esenciales para la validación de trámites.
Las consecuencias de esta política de descentralización y reducción de la estructura orgánica no se limitan a la incomodidad física de las oficinas de atención. En el plano prestacional, ya se registran sensibles alteraciones en los tiempos de respuesta administrativa. Las autorizaciones para medicamentos de alta complejidad, como los tratamientos oncológicos, que históricamente se resolvían en un plazo estimado de cuatro días, sufren actualmente retrasos que promedian las dos semanas. Esta dilatación en los procesos internos coincide, geográficamente, con el repliegue del organismo en distritos vecinos de la región, como General Lavalle y San Clemente del Tuyú, cuyas delegaciones se encuentran en proceso de cierre, forzando a los afiliados rurales y costeros a trasladarse decenas de kilómetros para realizar gestiones presenciales.
Detrás de la coyuntura local se percibe un trasfondo político y sindical de alcance nacional. La reorganización territorial de las oficinas de PAMI se produce en paralelo al inicio de la convocatoria gubernamental para renegociar los convenios colectivos de trabajo en el ámbito del Estado, amparada en la legislación vigente de reforma administrativa. Desde el SUTEPA local interpretan que este llamado, coordinado a nivel central por la Secretaría de Capital Humano, busca avanzar sobre derechos adquiridos y flexibilizar las condiciones laborales vigentes. De este modo, la discusión salarial —prácticamente estancada tras meses de pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación— queda subordinada a una disputa macro por la estabilidad del estatuto del trabajador estatal, configurando un escenario donde la eficiencia operativa declarada por la administración central colisiona de manera directa con las demandas de los beneficiarios y el malestar de la planta de empleados.