16 de junio de 2026
BOLETÍN OFICIAL
El municipio apura millonarias inversiones estructurales ante la amenaza del apagón digital
A pocos meses del vencimiento de soportes clave y en medio de un severo retraso en infraestructura, el Ejecutivo local reactivó el tendido de fibra óptica y extendió de forma directa el mantenimiento del sistema central de gestión tributaria.
El debate en torno a la modernización del Estado en General Pueyrredon ha dejado de ser una disquisición teórica sobre plataformas de atención al vecino para convertirse en una carrera de supervivencia financiera y operativa. Tras sucesivas advertencias sobre el avanzado deterioro del soporte físico municipal —caracterizado por computadoras que duplican su ciclo de vida útil y una preocupante dependencia de enlaces inalámbricos por antena—, la administración local ha comenzado a mover sus piezas en el tablero presupuestario. Las recientes publicaciones del Boletín Oficial exponen una reacción oficial que, forzada por la inminencia de plazos técnicos insoslayables, busca apuntalar los cimientos invisibles pero vitales de la estructura administrativa antes de que el entramado digital colapse por vetustez.
La primera de estas medidas apunta de lleno a resolver el histórico cuello de botella de la conectividad interna entre el Palacio Municipal, las delegaciones y los entes descentralizados. Mediante el Decreto Nº 1223/26, firmado por el intendente interino Agustín Patricio Neme y el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli, el Ejecutivo oficializó el llamado a la Licitación Pública Nº 21/26 para la adquisición de componentes destinados al tendido de fibra óptica. El proceso cuenta con un presupuesto oficial asignado de 336.221.422,09 pesos. La apertura de sobres con las ofertas económicas se llevará a cabo el próximo 13 de julio a las diez de la mañana en la Dirección General de Contrataciones. Esta fuerte inyección de recursos representa el primer intento serio en años por abandonar las transmisiones "por aire", un sistema condicionado por la inestabilidad climática y el ancho de banda acotado, para avanzar hacia una red propia y cableada que pueda soportar el flujo de datos que demanda la administración moderna.
En paralelo al despliegue de la infraestructura física, el gobierno municipal debió resolver la continuidad del soporte lógico que viabiliza la recaudación fiscal del distrito. A través del Decreto Nº 1233/26, el municipio autorizó la contratación directa de la firma JOTAFÍ S.A., titular de la propiedad intelectual del Sistema Informático Integral de Gestión Municipal, conocido formalmente como SIGEMi. El acuerdo establece una prórroga de nueve meses para los servicios de soporte técnico, atención de consultas y asistencia en la parametrización de los módulos informáticos. La erogación mensual acordada asciende a 13.483.000 pesos, lo que representará un costo total de 121.347.000 pesos que afectará de manera mayoritaria al presupuesto del ejercicio corriente y, en menor proporción, a los primeros dos meses del año próximo.
El expediente administrativo que derivó en esta contratación directa expone con nitidez las tensiones de la gestión diaria. La prórroga fue solicitada de manera urgente por la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), cuyas dependencias manifestaron la necesidad imperiosa de mantener la asistencia técnica sobre los módulos de cuentas corrientes, tasas urbanas, seguridad e higiene y la propia plataforma de pago web para los contribuyentes. El pedido fue posteriormente avalado por las subsecretarías de Gobierno Digital y de Economía y Hacienda, reflejando que la interrupción del servicio informático habría significado la parálisis inmediata de los canales de cobro y fiscalización del Estado local.
Desde una perspectiva política, ambas disposiciones exponen una doble lectura sobre el manejo tecnológico del municipio. Por un lado, la asignación conjunta de más de 450 millones de pesos demuestra que el Ejecutivo ha tomado nota de que la capa superficial de la gestión —las aplicaciones móviles y los portales web de cara al usuario— no puede sostenerse sin una inversión millonaria en los subsuelos del sistema. Por el otro, la obligada contratación directa de un proveedor externo por razones de propiedad intelectual vuelve a poner de manifiesto la subordinación técnica del municipio ante desarrolladores privados, una inercia contractual que se remonta a convenios de 2022 y que el Estado local aún no ha logrado revertir con capacidades propias. Con la fecha límite del apagón de seguridad en el horizonte, los decretos de este invierno delinean el inicio de un plan de contingencia física, aunque la renovación integral del parque de hardware sigue siendo la gran asignatura pendiente en la agenda pública local.