La Tecla Mar del Plata
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Lo que la semana nos dejó
Se conocieron las ofertas para la segunda etapa de La Rambla, las grietas que empiezan a verse en el oficialismo, la crisis en el Puerto y el regreso de Kicillof para el cierre del Congreso Bonaerense del Trabajo, entre los temas más importantes de la semana.
Neme habló tras el acto del 25 de Mayo, respaldó el rumbo de Milei y pidió “trabajar en equipo” por la crisis social
El intendente interino, Agustín Neme, encabezó un acto frente a la Catedral de Mar del Plata, donde habló sobre los valores de la ciudad y los principios que buscará defender mientras permanezca al frente del Ejecutivo municipal. Tras la actividad, dialogó con los medios y se refirió a temas como la problemática de la zona fría y la situación de las personas en situación de calle.
“Yo confió en que este gobierno va a sacar el país adelante, lo que no quiero es volver al modelo anterior. Ojalá que el presidente Milei saque al país adelante y tengamos un país sensato”, dijo Neme al referirse a las distintas medidas impulsadas por el Gobierno nacional.
Sobre la situación vinculada a la zona fría, el intendente interino sostuvo que “lo que conocemos ahora como zona fría pasa a un esquema de segmentación en la que todas las personas que no tengan la capacidad de pagar, el Estado va a estar con ese subsidio”. Además, adoptó una postura cauta respecto al tema y señaló que habrá que esperar el tratamiento en el Senado. “Los subsidios tendrán que ir donde en realidad tienen que ir”, finalizó.
En relación con las personas en situación de calle, quienes suelen aparecer en videos publicados en sus redes sociales, Neme aseguró que “la ciudad tiene un montón de dispositivos para acompañar a las personas en situación de calle”. Asimismo, vinculó los episodios más violentos con el consumo problemático de drogas.
También sostuvo que si toda la responsabilidad recae sobre el Municipio, la situación “se hace una carga muy pesada”, y apuntó contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires diciendo que “nos gustaría que nos digan qué es lo que están haciendo al respecto. Ahora si solo se lo vamos a pedir al municipio, las respuestas nunca van a alcanzar porque hay que trabajar en equipo”.
La caída del puerto de Mar del Plata
l puerto de Mar del Plata atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. La crisis ya no se explica por un único factor ni responde exclusivamente a los vaivenes históricos de la actividad pesquera. El aumento del combustible, la caída de la rentabilidad de la flota fresquera, la pérdida de competitividad logística, la incertidumbre en torno a las exportaciones y la discusión política abierta por el Gobierno nacional sobre el futuro del esquema de cuotas conforman un escenario que expone tensiones económicas, laborales y políticas que atraviesan a toda la ciudad.
La preocupación creció en las últimas semanas a partir de la posibilidad de que la administración de Javier Milei avance con modificaciones en el régimen pesquero que habiliten a los buques congeladores a capturar parte de la cuota de merluza actualmente asignada a los fresqueros. Detrás de esa discusión técnica aparece un debate mucho más profundo: el modelo de industria que quiere sostenerse en Mar del Plata.
Mientras los congeladores procesan gran parte de la producción a bordo, el sistema fresquero mantiene un entramado de plantas en tierra, fileteros, transportistas, estibadores y trabajadores vinculados al procesamiento industrial. Por eso, el temor en el sector no se limita a la actividad extractiva, sino al impacto que un eventual corrimiento de cuota podría generar sobre el empleo local.
La crisis encuentra además a la flota costera y fresquera atravesada por una ecuación económica cada vez más difícil de sostener. El gasoil se transformó en el principal punto de conflicto. Desde el sector advierten que el incremento acumulado del combustible desde fines de 2023 dejó a numerosos barcos sin margen de rentabilidad.
En los muelles ya se repite una imagen que hace meses comenzó a naturalizarse: embarcaciones amarradas, menor movimiento y armadores que reconocen dificultades para sostener las salidas de pesca. La situación expone además un problema estructural. El puerto de Mar del Plata continúa dependiendo casi exclusivamente de la pesca para sostener su nivel de actividad, mientras pierde peso como nodo logístico y comercial.
La frustrada licitación de la terminal de contenedores, que terminó sin oferentes a fines de 2025, dejó al descubierto las dificultades para atraer inversiones y recuperar conectividad marítima. A eso se suma la caída de cargas, el traslado de exportaciones hacia otros puertos y una operatoria cada vez más concentrada en el transporte terrestre. Paradójicamente, los indicadores productivos muestran que la actividad pesquera todavía conserva volumen.
El último Índice de Producción Industrial Pesquero del INDEC registró para marzo de 2026 un incremento interanual del 31,6%, impulsado principalmente por la pesca marítima y el grupo de peces. Sin embargo, en el sector advierten que esos números conviven con un deterioro creciente de la rentabilidad y con costos operativos que avanzan mucho más rápido que los precios de venta.
En ese contexto, el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata intenta reposicionarse con medidas orientadas a sostener exportaciones y recuperar movimiento comercial. No obstante, la resolución refleja un diagnóstico compartido incluso dentro del propio organismo: Mar del Plata descarga pescado, pero gran parte de ese valor agregado termina saliendo por otras terminales portuarias.
La tensión económica también se trasladó al plano político. En la última sesión del Concejo Deliberante, prácticamente todo el arco político local —con excepción de La Libertad Avanza— expresó respaldo a la flota fresquera y cuestionó la posibilidad de modificar el esquema de cuotas. El posicionamiento dejó una postal poco habitual: sectores divergentes coincidiendo en la defensa de uno de los principales motores económicos de la ciudad. Lo que aparece en debate es qué puerto y qué perfil productivo tendrá Mar del Plata en los próximos años. Mientras el sector reclama medidas urgentes para sostener actividad y empleo, la política comienza a asumir que el conflicto dejó de ser un problema sectorial para convertirse en una discusión sobre el futuro económico de una de las principales ciudades turísticas y pesqueras del país.
La Provincia abrió los sobres para la última etapa de la Rambla y todas las ofertas superan el presupuesto oficial
l Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires abrió las cuatro ofertas que recibió por la última etapa de la puesta en valor de la Rambla. Todas ellas superan el máximo presupuesto por la Provincia que se fijó en $5.022.539.604,42.
Las cotizaciones ofertadas a la Provincia, superan ampliamente el monto fijado, todas ellas por millones de pesos. En la apertura de sobres, las empresas que se presentaron fueron Construcción La Plata S.A., cuyo monto se eleva a los $5.852.843.666,67; José Luis Triviño S.A, $5.907.283.591,92; Cecosa S.A, $5.729.703.364,56 y Riva S.A, $6.021.663.401,03.
En las próximas fechas, se hará el análisis de cada una de las propuestas y luego la Provincia dictamina a quien se le otorgara el trabajo. Una vez hecho este paso, el oferente seleccionado para realizar estas obras tiene 180 días corridos para finalizarlas desde el acta de inicio de obra, con la expectativa oficial de llegar a la antesala de la temporada 2026/2027.
Tal como informó La Tecla Mar del Plata en entradas anteriores, la segunda etapa de la puesta en valor de la Rambla contempla una intervención sobre cerca de 13 mil metros cuadrados, con trabajos previstos en distintos sectores del complejo costero. Entre las tareas proyectadas se encuentran la restauración de solados y espacios verdes en las recovas del Casino Central y el Hotel Provincial, además de obras en Plaza Bristol y en las inmediaciones del Skatepark Bristol. El plan también incluye mejoras en las instalaciones cloacales y de agua de los locales comerciales ubicados bajo la recova del Casino y en los baños públicos del paseo inferior.
La apertura de sobres para esta nueva fase se da mientras todavía continúan trabajos correspondientes a la primera etapa de la obra, desarrollada sobre una superficie superior a los 25 mil metros cuadrados y con un presupuesto que ronda actualmente los 16 mil millones de pesos. En ese contexto, la Provincia busca avanzar con el cierre integral del proyecto de restauración de la Rambla, aunque aún persisten sectores intervenidos y plazos de ejecución que siguen bajo seguimiento.
La comisión de Obras expone las grietas del oficialismo marplatense
La Comisión de Obras y Planeamiento del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, presidida por el concejal Fernando Muro (PRO), se ha convertido en el escenario donde se proyectan las tensiones y los reacomodamientos de las fuerzas políticas locales. Lejos de ser meros trámites técnicos, los expedientes tratados funcionan como el catalizador de una interna oficialista cada vez más expuesta, donde los alineamientos nacionales colisionan de frente con los intereses territoriales y las lógicas de poder dentro del propio interbloque de gobierno.
El primer gran foco de conflicto de la jornada se encendió con el tratamiento del expediente 1365/26, un conjunto de proyectos de resolución, comunicación y decreto que buscaban frenar el impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 314/2026 del Ejecutivo Nacional sobre los bienes estatales ubicados en Mar del Plata, con especial preocupación sobre la Base Naval. En este terreno, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) asumió una defensa irrestricta de la gestión del presidente Javier Milei. El titular de la bancada libertaria, Rolando Demaio, no tardó en calificar la iniciativa opositora como una “injerencia inconstitucional e improcedente del municipio en competencias nacionales”. Con un discurso alineado a la retórica de Balcarce 50, Demaio sostuvo que el Gobierno nacional busca la eficiencia y que “no quiere mantener más elefantes blancos a costos que realmente a todos los contribuyentes nos implican mayores impuestos” , catalogando los rumores de venta de la base militar como una forma de “alarmar a una comunidad” de manera infundada.
Sin embargo, lo que inicialmente se perfilaba como el clásico choque entre el oficialismo nacional y la oposición terminó por exponer una profunda fisura en el frente gubernamental local. El bloque de la UCR+Nuevos Aires optó, una vez más, por tomar una distancia prudencial de sus socios libertarios y se plantó en la defensa de los recursos de la ciudad, mostrando que la relación entre violetas y boinas blancas es la más compleja dentro del oficialismo marplatense. Así, recordando los antecedentes de 2011, cuando también se evaluó el traslado de la unidad militar, la bancada radical marcó la cancha con pragmatismo histórico: “La verdad es que primero viene el traslado, después viene la venta de la tierra. Básico”. La advertencia caló hondo en la estrategia libertaria al sentenciar que “no se puede acompañar todo porque no da todo lo mismo” , exigiendo información clara al Ministerio de Defensa antes de convalidar cualquier medida dictada desde Buenos Aires. Esta postura forzó un repliegue táctico de Demaio, quien debió ceder ante la presión y reconocer que la solicitud de informes planteada por el radicalismo tenía “su lógica”, dejando finalmente el expediente en comisión.
La volatilidad de las relaciones políticas dentro del Concejo quedó aún más en evidencia durante el debate del expediente 1397/26, centrado en la prórroga por 18 meses del Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción. En este caso, al tratarse de una iniciativa impulsada por el Departamento Ejecutivo municipal, la sinergia y la sintonía política se reconfiguraron drásticamente. El PRO y La Libertad Avanza operaron en perfecta sincronía para intentar acelerar el trámite legislativo. Ante la necesidad del sector de contar con previsibilidad, Julián Bussetti (PRO) propuso avanzar de manera pragmática: “El sector necesita esta ordenanza así que propongo que pase de comisión con los pedidos de informe” , una moción que fue inmediatamente acompañada por el bloque libertario bajo el argumento de imprimirle “celeridad” al asunto de cara a la próxima sesión ordinaria.
Nuevamente, el escollo principal para las aspiraciones de máxima del Ejecutivo no provino de los cuestionamientos de las bancadas opositoras, sino del propio riñón de la coalición gobernante. La UCR+Nuevos Aires volvió a condicionar el avance del proyecto exigiendo precisiones extremas a la Secretaría de Obras y a Obras Sanitarias. Calificaron al Código de Ordenamiento Territorial (COT) vigente como “vetusto” y reclamaron un debate estructural y definitivo en lugar de continuar encadenando excepciones temporales surgidas en la postpandemia. Con esta postura, el radicalismo tendió puentes tácticos con la preocupación expresada por los bloques de Unión por la Patria (UP), AM–MDF y el Frente Renovador (FR) respecto al impacto ambiental y de infraestructura de las obras. El mensaje hacia el PRO y el Ejecutivo fue directo y sin concesiones: “Tienen que llegar los pedidos de informes antes de la sesión. Si no llegan antes de la sesión, sabemos cómo tenemos que votar”.
Al cierre del debate, el tablero político reflejó la complejidad del escenario actual. El expediente del régimen de construcción logró avanzar hacia la Comisión de Legislación con los votos del PRO, LLA y el aval condicionado de la UCR+NA, mientras que la oposición en su conjunto (UP, AM-MDF y FR) optó por la abstención ante la falta de datos técnicos previos.
La jornada legislativa dejó una certeza insoslayable para la política local: el interbloque oficialista muestra sus grietas de forma cada vez más regular. Dependiendo de si la discusión gira en torno a la ideología nacional o a la planificación del territorio local, las alianzas se vuelven elásticas, dejando al oficialismo en una deriva y a la oposición al acecho. Un escenario fragmentado que promete profundizarse con el correr de las semanas.
La Municipalidad lanzó una licitación por casi $4 mil millones para sostener el sistema de cámaras de seguridad
“Yo confió en que este gobierno va a sacar el país adelante, lo que no quiero es volver al modelo anterior. Ojalá que el presidente Milei saque al país adelante y tengamos un país sensato”, dijo Neme al referirse a las distintas medidas impulsadas por el Gobierno nacional.
Sobre la situación vinculada a la zona fría, el intendente interino sostuvo que “lo que conocemos ahora como zona fría pasa a un esquema de segmentación en la que todas las personas que no tengan la capacidad de pagar, el Estado va a estar con ese subsidio”. Además, adoptó una postura cauta respecto al tema y señaló que habrá que esperar el tratamiento en el Senado. “Los subsidios tendrán que ir donde en realidad tienen que ir”, finalizó.
En relación con las personas en situación de calle, quienes suelen aparecer en videos publicados en sus redes sociales, Neme aseguró que “la ciudad tiene un montón de dispositivos para acompañar a las personas en situación de calle”. Asimismo, vinculó los episodios más violentos con el consumo problemático de drogas.
También sostuvo que si toda la responsabilidad recae sobre el Municipio, la situación “se hace una carga muy pesada”, y apuntó contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires diciendo que “nos gustaría que nos digan qué es lo que están haciendo al respecto. Ahora si solo se lo vamos a pedir al municipio, las respuestas nunca van a alcanzar porque hay que trabajar en equipo”.
La caída del puerto de Mar del Plata
La preocupación creció en las últimas semanas a partir de la posibilidad de que la administración de Javier Milei avance con modificaciones en el régimen pesquero que habiliten a los buques congeladores a capturar parte de la cuota de merluza actualmente asignada a los fresqueros. Detrás de esa discusión técnica aparece un debate mucho más profundo: el modelo de industria que quiere sostenerse en Mar del Plata.
Mientras los congeladores procesan gran parte de la producción a bordo, el sistema fresquero mantiene un entramado de plantas en tierra, fileteros, transportistas, estibadores y trabajadores vinculados al procesamiento industrial. Por eso, el temor en el sector no se limita a la actividad extractiva, sino al impacto que un eventual corrimiento de cuota podría generar sobre el empleo local.
La crisis encuentra además a la flota costera y fresquera atravesada por una ecuación económica cada vez más difícil de sostener. El gasoil se transformó en el principal punto de conflicto. Desde el sector advierten que el incremento acumulado del combustible desde fines de 2023 dejó a numerosos barcos sin margen de rentabilidad.
En los muelles ya se repite una imagen que hace meses comenzó a naturalizarse: embarcaciones amarradas, menor movimiento y armadores que reconocen dificultades para sostener las salidas de pesca. La situación expone además un problema estructural. El puerto de Mar del Plata continúa dependiendo casi exclusivamente de la pesca para sostener su nivel de actividad, mientras pierde peso como nodo logístico y comercial.
La frustrada licitación de la terminal de contenedores, que terminó sin oferentes a fines de 2025, dejó al descubierto las dificultades para atraer inversiones y recuperar conectividad marítima. A eso se suma la caída de cargas, el traslado de exportaciones hacia otros puertos y una operatoria cada vez más concentrada en el transporte terrestre. Paradójicamente, los indicadores productivos muestran que la actividad pesquera todavía conserva volumen.
El último Índice de Producción Industrial Pesquero del INDEC registró para marzo de 2026 un incremento interanual del 31,6%, impulsado principalmente por la pesca marítima y el grupo de peces. Sin embargo, en el sector advierten que esos números conviven con un deterioro creciente de la rentabilidad y con costos operativos que avanzan mucho más rápido que los precios de venta.
En ese contexto, el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata intenta reposicionarse con medidas orientadas a sostener exportaciones y recuperar movimiento comercial. No obstante, la resolución refleja un diagnóstico compartido incluso dentro del propio organismo: Mar del Plata descarga pescado, pero gran parte de ese valor agregado termina saliendo por otras terminales portuarias.
La tensión económica también se trasladó al plano político. En la última sesión del Concejo Deliberante, prácticamente todo el arco político local —con excepción de La Libertad Avanza— expresó respaldo a la flota fresquera y cuestionó la posibilidad de modificar el esquema de cuotas. El posicionamiento dejó una postal poco habitual: sectores divergentes coincidiendo en la defensa de uno de los principales motores económicos de la ciudad. Lo que aparece en debate es qué puerto y qué perfil productivo tendrá Mar del Plata en los próximos años. Mientras el sector reclama medidas urgentes para sostener actividad y empleo, la política comienza a asumir que el conflicto dejó de ser un problema sectorial para convertirse en una discusión sobre el futuro económico de una de las principales ciudades turísticas y pesqueras del país.
Las cotizaciones ofertadas a la Provincia, superan ampliamente el monto fijado, todas ellas por millones de pesos. En la apertura de sobres, las empresas que se presentaron fueron Construcción La Plata S.A., cuyo monto se eleva a los $5.852.843.666,67; José Luis Triviño S.A, $5.907.283.591,92; Cecosa S.A, $5.729.703.364,56 y Riva S.A, $6.021.663.401,03.
En las próximas fechas, se hará el análisis de cada una de las propuestas y luego la Provincia dictamina a quien se le otorgara el trabajo. Una vez hecho este paso, el oferente seleccionado para realizar estas obras tiene 180 días corridos para finalizarlas desde el acta de inicio de obra, con la expectativa oficial de llegar a la antesala de la temporada 2026/2027.
Tal como informó La Tecla Mar del Plata en entradas anteriores, la segunda etapa de la puesta en valor de la Rambla contempla una intervención sobre cerca de 13 mil metros cuadrados, con trabajos previstos en distintos sectores del complejo costero. Entre las tareas proyectadas se encuentran la restauración de solados y espacios verdes en las recovas del Casino Central y el Hotel Provincial, además de obras en Plaza Bristol y en las inmediaciones del Skatepark Bristol. El plan también incluye mejoras en las instalaciones cloacales y de agua de los locales comerciales ubicados bajo la recova del Casino y en los baños públicos del paseo inferior.
La apertura de sobres para esta nueva fase se da mientras todavía continúan trabajos correspondientes a la primera etapa de la obra, desarrollada sobre una superficie superior a los 25 mil metros cuadrados y con un presupuesto que ronda actualmente los 16 mil millones de pesos. En ese contexto, la Provincia busca avanzar con el cierre integral del proyecto de restauración de la Rambla, aunque aún persisten sectores intervenidos y plazos de ejecución que siguen bajo seguimiento.
El primer gran foco de conflicto de la jornada se encendió con el tratamiento del expediente 1365/26, un conjunto de proyectos de resolución, comunicación y decreto que buscaban frenar el impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 314/2026 del Ejecutivo Nacional sobre los bienes estatales ubicados en Mar del Plata, con especial preocupación sobre la Base Naval. En este terreno, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) asumió una defensa irrestricta de la gestión del presidente Javier Milei. El titular de la bancada libertaria, Rolando Demaio, no tardó en calificar la iniciativa opositora como una “injerencia inconstitucional e improcedente del municipio en competencias nacionales”. Con un discurso alineado a la retórica de Balcarce 50, Demaio sostuvo que el Gobierno nacional busca la eficiencia y que “no quiere mantener más elefantes blancos a costos que realmente a todos los contribuyentes nos implican mayores impuestos” , catalogando los rumores de venta de la base militar como una forma de “alarmar a una comunidad” de manera infundada.
Sin embargo, lo que inicialmente se perfilaba como el clásico choque entre el oficialismo nacional y la oposición terminó por exponer una profunda fisura en el frente gubernamental local. El bloque de la UCR+Nuevos Aires optó, una vez más, por tomar una distancia prudencial de sus socios libertarios y se plantó en la defensa de los recursos de la ciudad, mostrando que la relación entre violetas y boinas blancas es la más compleja dentro del oficialismo marplatense. Así, recordando los antecedentes de 2011, cuando también se evaluó el traslado de la unidad militar, la bancada radical marcó la cancha con pragmatismo histórico: “La verdad es que primero viene el traslado, después viene la venta de la tierra. Básico”. La advertencia caló hondo en la estrategia libertaria al sentenciar que “no se puede acompañar todo porque no da todo lo mismo” , exigiendo información clara al Ministerio de Defensa antes de convalidar cualquier medida dictada desde Buenos Aires. Esta postura forzó un repliegue táctico de Demaio, quien debió ceder ante la presión y reconocer que la solicitud de informes planteada por el radicalismo tenía “su lógica”, dejando finalmente el expediente en comisión.
La volatilidad de las relaciones políticas dentro del Concejo quedó aún más en evidencia durante el debate del expediente 1397/26, centrado en la prórroga por 18 meses del Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción. En este caso, al tratarse de una iniciativa impulsada por el Departamento Ejecutivo municipal, la sinergia y la sintonía política se reconfiguraron drásticamente. El PRO y La Libertad Avanza operaron en perfecta sincronía para intentar acelerar el trámite legislativo. Ante la necesidad del sector de contar con previsibilidad, Julián Bussetti (PRO) propuso avanzar de manera pragmática: “El sector necesita esta ordenanza así que propongo que pase de comisión con los pedidos de informe” , una moción que fue inmediatamente acompañada por el bloque libertario bajo el argumento de imprimirle “celeridad” al asunto de cara a la próxima sesión ordinaria.
Nuevamente, el escollo principal para las aspiraciones de máxima del Ejecutivo no provino de los cuestionamientos de las bancadas opositoras, sino del propio riñón de la coalición gobernante. La UCR+Nuevos Aires volvió a condicionar el avance del proyecto exigiendo precisiones extremas a la Secretaría de Obras y a Obras Sanitarias. Calificaron al Código de Ordenamiento Territorial (COT) vigente como “vetusto” y reclamaron un debate estructural y definitivo en lugar de continuar encadenando excepciones temporales surgidas en la postpandemia. Con esta postura, el radicalismo tendió puentes tácticos con la preocupación expresada por los bloques de Unión por la Patria (UP), AM–MDF y el Frente Renovador (FR) respecto al impacto ambiental y de infraestructura de las obras. El mensaje hacia el PRO y el Ejecutivo fue directo y sin concesiones: “Tienen que llegar los pedidos de informes antes de la sesión. Si no llegan antes de la sesión, sabemos cómo tenemos que votar”.
Al cierre del debate, el tablero político reflejó la complejidad del escenario actual. El expediente del régimen de construcción logró avanzar hacia la Comisión de Legislación con los votos del PRO, LLA y el aval condicionado de la UCR+NA, mientras que la oposición en su conjunto (UP, AM-MDF y FR) optó por la abstención ante la falta de datos técnicos previos.
La jornada legislativa dejó una certeza insoslayable para la política local: el interbloque oficialista muestra sus grietas de forma cada vez más regular. Dependiendo de si la discusión gira en torno a la ideología nacional o a la planificación del territorio local, las alianzas se vuelven elásticas, dejando al oficialismo en una deriva y a la oposición al acecho. Un escenario fragmentado que promete profundizarse con el correr de las semanas.
En medio del debate por los recursos municipales y con la inseguridad como una de las principales preocupaciones vecinales, el gobierno puso en marcha una millonaria licitación para el mantenimiento del sistema de videovigilancia de Mar del Plata. El presupuesto oficial asciende a $3.960 millones y contempla el servicio sobre 1.383 cámaras de seguridad distribuidas en el distrito.
La apertura de sobres fue fijada para el 1 de junio y el contrato tendrá una duración inicial de 24 meses, con posibilidad de extenderse por otro año. El proceso incluye no solo el mantenimiento de los dispositivos ya instalados, sino también toda la infraestructura tecnológica que sostiene el esquema de monitoreo urbano.
Según el pliego oficial, la empresa que resulte adjudicataria deberá garantizar el funcionamiento de la totalidad de las cámaras existentes y de aquellas que puedan incorporarse en el futuro. Las tareas abarcan trabajos en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), intervenciones en la vía pública y el mantenimiento del equipamiento y software destinados a la captura, transporte y resguardo de imágenes.
Entre las exigencias fijadas por el Ejecutivo aparece una disponibilidad mínima del 90% del sistema, con un máximo de 36 horas mensuales fuera de servicio por cámara y la obligación de resolver incidentes técnicos en un plazo no mayor a 48 horas.
La contratación también contempla la administración del sistema de videovigilancia “Milestone”, el mantenimiento de servidores, la actualización de licencias y el acondicionamiento de los espacios de trabajo vinculados al monitoreo.
Pero el alcance del contrato va todavía más allá. El adjudicatario deberá intervenir sobre la red de fibra óptica municipal —que supera los 300 kilómetros bajo tecnología GPON y suma otros 150 kilómetros en formato anillo y estrella— además de operar sobre nodos inalámbricos estratégicos y actualizar el mapa digital de toda la infraestructura.
En ese escenario, el llamado abre inevitablemente otro interrogante político y administrativo: en tiempos de poca plata en el Municipio, ¿el mantenimiento del sistema de cámaras no es una tarea que podría llevar adelante directamente el Ejecutivo?
“Gobernar es dar trabajo”: comenzó el Congreso Bonaerense en Mar del Plata
Comenzó este jueves en Mar del Plata el Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, un espacio impulsado por el Ministerio de Trabajo bonaerense junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) que reúne a funcionarios, dirigentes gremiales, representantes empresariales y sectores vinculados a la producción con el objetivo de debatir el presente y el futuro del empleo. El encuentro también se inscribe en la estrategia política del gobernador Axel Kicillof de reforzar su vínculo con el movimiento obrero y los sectores productivos bonaerenses de cara al 2027.
El encuentro, que se desarrolla entre este jueves y viernes en el Hotel 13 de Julio, cuenta con la participación de asociaciones sindicales, pequeñas y medianas empresas y cámaras empresarias como la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Adimra y FEBA. Además, se hicieron presentes la gran mayoría de los representantes sindicales de Mar del Plata.
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, definió la actividad como “la primera iniciativa que se realiza en el marco y en el contexto de la provincia de Buenos Aires” y remarcó que el congreso es llevado adelante por “el mundo del trabajo”, con presencia de representantes de “los trabajadores, la iglesia, los sectores industriales, los rurales, los educativos y los de la salud”.
El funcionario destacó además la presencia de autoridades de otras jurisdicciones. “No solamente que han sido invitados, sino que tenemos la satisfacción de recibir a varios ministros y ministras de distintas provincias”, señaló.
Según explicó Correa, el objetivo del encuentro es “converger, debatir y analizar” la situación laboral y productiva actual para luego elaborar un documento con propuestas. Ese material, sostuvo, será “no solamente para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino una herramienta en términos federales para una construcción federal de lo que nosotros entendemos en términos de trabajo”.
En ese marco, el ministro apuntó contra las políticas del gobierno nacional y aseguró que la administración de Javier Milei “no habla de producción, no habla de trabajo y mucho menos de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”. Frente a ese escenario, marcó diferencias: “Nosotros hacemos todo lo contrario y entendemos que gobernar es dar trabajo”.
Correa afirmó que la discusión se da en un contexto crítico para el empleo y la producción. “Tenemos más de 300.000 trabajadores despedidos”, sostuvo, al tiempo que denunció “un industricidio feroz, peor que en los 90 y más rápido que en el proceso de Macri”. Según planteó, el impacto resulta especialmente sensible para la provincia de Buenos Aires debido a que concentra cerca del 50% de la producción nacional.
Entre las actividades previstas, el ministro anticipó su participación en un panel dedicado a la situación de Mar del Plata, el puerto y la pesca. Sobre ese sector, lanzó cuestionamientos al proceso de reforma laboral y acusó que “a los trabajadores de la pesca se los excluye de la modernización laboral, se los excluye y se los retrotrae en términos de derechos y conquistas”.
Consultado sobre la situación bonaerense, Correa defendió la política provincial en materia laboral y remarcó: “Desde la provincia de Buenos Aires podemos venir acá y hacer un congreso y asambleas y demás cuestiones vinculadas al vínculo con los trabajadores y las trabajadoras, y manifestar que en la provincia de Buenos Aires no se despide un solo trabajador, una sola trabajadora”.
Más allá del debate técnico y sectorial, el congreso también aparece como una nueva demostración del vínculo político que Kicillof busca consolidar con el movimiento obrero y los sectores productivos bonaerenses, en un escenario nacional atravesado por el ajuste y con la mirada puesta en el reordenamiento político de cara a 2027.
El cierre del Congreso será este viernes 29 desde las 15 y estará encabezado por el gobernador, quien llegará a Mar del Plata para clausurar la actividad junto a dirigentes gremiales, funcionarios y representantes del mundo laboral y empresarial.
General Pueyrredon se consolida como eje de la reconstrucción federal del PRO impulsada por Macri