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Redacción
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Entre dudas legales, pedidos de informes y una indirecta por Mogotes, avanzó el Acueducto Oeste en Obras
El expediente para retomar parte de la obra a través de un nuevo acuerdo entre OSSE y Coarco, empresa ligada a un "arrepentido" de la causa "Cuadernos", fue aprobado por unanimidad en la comisión, aunque la oposición reclamó informes a la Secretaría Legal y Técnica y cuestionó que el Municipio absorba fondos que debía aportar Nación. La oposición no bloqueó el proyecto, pero pidió mayores precisiones técnicas y legales.
La comisión de Obras del Concejo Deliberante avanzó este martes con uno de los expedientes más sensibles en materia de infraestructura para Mar del Plata: la reactivación parcial de la segunda etapa del Acueducto Oeste. El proyecto obtuvo despacho y seguirá su recorrido legislativo, aunque el debate dejó expuestas dudas legales, cuestionamientos sobre el financiamiento y pedidos opositores para que el Municipio reclame judicialmente los fondos nacionales que quedaron congelados tras la llegada del gobierno de Javier Milei.
El expediente, impulsado por Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE), busca autorizar una adenda contractual con la empresa Coarco SA para retomar parte de los trabajos que habían quedado paralizados luego de la disolución del Enohsa y el freno a la obra pública nacional.
Durante la discusión, el presidente de la comisión, el concejal del PRO Fernando Muro, defendió la continuidad de la iniciativa y remarcó la importancia estratégica de la obra. “Es necesaria para todos los que tienen que ver con el sur de la ciudad. Se van a beneficiar 86 mil vecinos con el servicio de agua corriente”, sostuvo.
Muro reconoció además que el proyecto sufrió retrasos y explicó que OSSE reformuló el esquema económico para sostener los trabajos. Según detalló, el nuevo acuerdo prevé que la financiación sea afrontada íntegramente por la empresa municipal, mientras que la contratista absorberá parte de los pagos mediante certificados financiados con cheques diferidos a 360 días.
Sin embargo, desde la oposición surgieron fuertes interrogantes sobre la legalidad y el alcance de la reformulación. El concejal de Unión por la Patria, Pablo Obeid, aclaró que el bloque no cuestiona la necesidad de la obra, aunque advirtió sobre inconsistencias jurídicas y financieras. “Nosotros tenemos dudas, unas cuantas, respecto de la legalidad del procedimiento, no tanto de la importancia de la obra”, planteó.
El edil recordó que la licitación original, adjudicada en 2022, contemplaba un financiamiento del 79% por parte del Estado nacional y el 21% restante por OSSE. En ese marco, cuestionó que el Municipio avance ahora absorbiendo el costo que originalmente correspondía a Nación.
“Independientemente de la voluntad del actual presidente de no seguir financiando nueva obra pública, el Estado está obligado a la continuidad jurídica”, señaló Obeid, quien insistió en que la administración local no debería resignar esos recursos y reclamarle a Javier Milei.
En esa línea, el concejal kirchnerista reclamó que el Municipio avance con acciones legales contra el gobierno nacional para exigir el cumplimiento del convenio firmado en 2022. “Así como en otros casos se judicializa con otras órbitas de otros ejecutivos provinciales, se tiene que accionar y no resignar ese 79%, porque hay un convenio vigente”, sostuvo, en una referencia indirecta a la disputa política entre Provincia y Municipio por Punta Mogotes.
Según expuso Obeid durante el debate, el expediente presenta diferencias entre los montos informados y deja dudas respecto de si la reformulación permitirá completar siquiera los 11 pozos contemplados en esta nueva etapa.
Mientras tanto, el presidente del bloque del PRO, Julián Bussetti, propuso avanzar con el despacho y solicitar informes complementarios para despejar las dudas planteadas por la oposición. “Lo que propongo es aprobarlo y pedir todos los informes para evacuar las dudas que me parecen pertinentes”, expresó, en referencia a pedidos dirigidos a la Secretaría Legal y Técnica.
En el mismo sentido, Obeid confirmó que Unión por la Patria acompañaría el avance administrativo del expediente sin bloquearlo. “Estamos de acuerdo con no frenarlo”, afirmó, aunque reiteró la necesidad de contar con mayores precisiones técnicas y legales.
También desde el Frente Renovador y Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro coincidieron en remarcar la importancia de la obra, aunque advirtieron que persisten “muchas dudas en el expediente”.
Finalmente, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión de Obras, aunque con pedidos de informes complementarios a la Secretaría Legal y Técnica para aclarar aspectos vinculados al financiamiento, la continuidad contractual y el alcance real de la obra.
Detrás de la discusión técnica también sobrevuela otra polémica que no apareció de manera explícita en el debate: el rol de Coarco SA, la empresa adjudicataria vinculada al empresario marplatense Patricio Gerbi, arrepentido en la causa “Cuadernos”, el expediente judicial que investiga presuntas coimas en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. En los últimos meses, además, la Justicia rechazó un pedido de probation presentado por Gerbi para evitar el juicio oral.
El expediente continuará ahora su tratamiento en las comisiones de Legislación (Bordaisco-UCR+NA) y Hacienda (Cardoso-Pro), en medio de un debate político que ya excede la cuestión técnica y vuelve a poner sobre la mesa el impacto del freno a la obra pública nacional en Mar del Plata.