15 de mayo de 2026
CONFLICTO
Familiares de desaparecidos impugnan el aval judicial a la destilería de gin en el Faro
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos provincial acusó al juez Santiago Inchausti de incompetencia y arbitrariedad tras levantar la cautelar que protegía el predio de la ex-ESIM. Denuncian un trasfondo comercial avalado por el oficialismo local y exigen la nulidad de la medida.
El conflicto por el uso del suelo lindero al Faro de la Memoria, en el sur de Mar del Plata, sumó un capítulo de altísima tensión política y judicial. Luego de que el Juzgado Federal N°3 decidiera levantar la restricción general sobre la "Parcela 1" —permitiendo a la firma Burbarrel S.A. retomar el proyecto de instalación de una destilería y bar de la marca de gin La Restinga—, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires lanzó una dura ofensiva pública. A través de un crítico comunicado, el colectivo de derechos humanos calificó la resolución como parte de un entramado de "negociados" locales y cuestionó con severidad el proceder del juez Santiago Inchausti, abriendo un nuevo frente de batalla legal en la Cámara Federal de Apelaciones.
El eje central del reclamo de los familiares radica en lo que consideran una grave vulneración de las garantías del debido proceso y una abierta extralimitación de las competencias del magistrado. Según explicaron desde la organización, la controvertida decisión de Inchausti se dictó en el marco de un incidente secundario, cuyo único y acotado propósito era coordinar las tareas técnicas preliminares con georradar —programadas para mediados de junio— destinadas a detectar anomalías o restos óseos en el subsuelo. Para la querella, resulta inadmisible que en ese contexto técnico se haya avanzado sobre la medida cautelar de fondo, la cual justamente se encuentra bajo revisión en una instancia superior. Ante este escenario, los abogados de la asociación ya han presentado un pedido de nulidad, argumentando que el juez de primera instancia no podía modificar la protección del predio mientras la Cámara Federal no se pronunciara sobre las apelaciones en curso.
La postura de los organismos desmonta los argumentos de la resolución judicial previa, la cual justificaba la liberación del terreno bajo la premisa de que, tras cinco meses de vigencia de la cautelar, no se habían aportado "pruebas concretas" de delitos de lesa humanidad en esa parcela específica, relativizando el riesgo debido a los usos municipales previos del predio. Para los familiares, este razonamiento criminalístico ignora la sensibilidad humanitaria y la indivisibilidad de un espacio históricamente atravesado por el accionar represivo de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM). Asimismo, el documento emitido por el colectivo pone el foco sobre las condiciones económicas de la concesión, denunciando que la cesión de cuatro hectáreas de un ex campo de detención a un "precio vil" de apenas 250.000 pesos mensuales constituye una afrenta directa a las víctimas y a la preservación de la memoria histórica.
El plano político local tampoco quedó al margen de la confrontación. La asociación apuntó de manera directa contra la gestión municipal y las expresiones de los concejales del oficialismo local, quienes en las últimas semanas militaron activamente la viabilidad del emprendimiento bajo el eslogan de “la ciudad del sí”. Desde el organismo fustigaron la premisa gubernamental de que los problemas estructurales de empleo en Mar del Plata puedan resolverse mediante la explotación comercial privada de un sitio de memoria y muerte. Al ratificar el reclamo histórico de Memoria, Verdad y Justicia, los familiares advirtieron que no es posible edificar el progreso sobre el olvido, concluyendo de forma tajante que las urgencias del desarrollo económico local no pueden estar reñidas con el imperativo ético y legal del "Nunca Más".