8 de mayo de 2026
FINAL DE LA LÍNEA
CAMETAP advierte que ya no puede sostener el servicio
La Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) denunció un quebranto financiero total y exigió la intervención urgente de los tres niveles del Estado. Con una brecha tarifaria superior al 65% y una deuda millonaria del Gobierno Nacional en concepto de atributos sociales, el servicio quedó paralizado por tiempo indeterminado debido a la falta de pago de salarios.
El conflicto del transporte público en Mar del Plata ha escalado a un punto de no retorno. Lo que comenzó como una tensión latente por el retraso en la actualización de los costos terminó por estallar este viernes con una medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Desde las 18 horas, la retención de tareas paralizó por completo el movimiento de las unidades en las calles, dejando a miles de usuarios a pie. Sin embargo, detrás del conflicto gremial subyace un escenario de asfixia financiera que las empresas nucleadas en CAMETAP califican como una "crisis terminal".
A través de un duro descargo, la cámara empresaria aseguró que la ecuación económica del sector se encuentra quebrada. El diagnóstico es sombrío: la recaudación actual por pasajes no alcanza para cubrir los costos operativos mínimos y pone en riesgo real la continuidad de las fuentes laborales. Según explican desde el sector, el pasado 6 de abril se formalizó un pedido de reconsideración tarifaria ante la Municipalidad de General Pueyrredón, del cual aún no han obtenido respuesta oficial. El desfasaje, según los cálculos técnicos presentados, supera el 65% respecto al valor actual del boleto, una distancia que los transportistas consideran insalvable para garantizar la viabilidad del sistema.
A la falta de actualización del cuadro tarifario local se le suma un frente de conflicto con el Estado Nacional que agrava la liquidez de las firmas. CAMETAP denunció un retraso crítico en la liberación de las partidas correspondientes a los Atributos Sociales Nacionales, regulados por la Resolución 651/15. Estos fondos representan la compensación del 55% que el Gobierno debe reintegrar por los descuentos realizados a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Según la entidad, la deuda de Nación se arrastra desde el 1 de febrero de este año; un pasivo de tres meses que equivale, ni más ni menos, a la totalidad de la masa salarial del personal de las empresas.
Esta combinación de factores —un boleto desvalorizado frente a la inflación y el corte de la cadena de pagos por parte del Ministerio de Transporte— ha generado un cuello de botella que desembocó directamente en la imposibilidad material de abonar los sueldos en tiempo y forma. Para las empresas, la situación ya no se trata de una disputa por rentabilidad, sino de una lucha por la "supervivencia operativa". El comunicado de los transportistas es tajante al señalar que la sostenibilidad del servicio público está agotada y que el escenario de parálisis total es el resultado previsible de una desatención estatal prolongada.
Ante este panorama, el sector privado ha solicitado de manera pública y urgente la intervención de las autoridades locales, provinciales y nacionales. El reclamo apunta a una solución integral que permita inyectar los recursos devengados por normativa y readecuar las tarifas a la realidad de los costos vigentes. Mientras tanto, Mar del Plata se enfrenta a una ciudad sin colectivos y a la incertidumbre de un sistema que, según sus propios protagonistas, ya no tiene margen de maniobra para seguir funcionando bajo las condiciones actuales.