7 de mayo de 2026
¿DISTANCIADOS?
El presupuesto para políticas de género pone a prueba la unidad del oficialismo marplatense
La Libertad Avanza tensa la cuerda en el Concejo Deliberante con un proyecto que busca derogar la perspectiva de género en las cuentas municipales. La iniciativa obliga al resto de las fuerzas oficialistas a posicionarse, mientras crece la incertidumbre sobre la cohesión del interbloque, con el año electoral en el horizonte.
El ingreso de un nuevo expediente en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon ha dejado de ser un mero trámite legislativo para convertirse en el epicentro de una discusión política que promete, al menos, replantear las alianzas dentro del gobierno local. La propuesta para abrogar la Ordenanza N° 25.195, que establece la obligatoriedad de la perspectiva de género en la planificación presupuestaria, no solo apunta a una cuestión de agenda social, sino que introduce un cuestionamiento sistémico a la administración de los recursos públicos en todos sus niveles. Al estar firmado por la totalidad del bloque de La Libertad Avanza, incluyendo al presidente del cuerpo, Emiliano Recalt, el proyecto se instala en el corazón del debate sobre el ejercicio 2026, desafiando la lógica de asignación de fondos que ha imperado en la comuna y exponiendo las costuras de una coalición oficialista que hoy navega entre identidades diversas.
Para el PRO, la fuerza que lidera el Ejecutivo, el proyecto plantea una encrucijada incómoda pero inevitable. En el último tiempo, el partido amarillo ha mostrado signos de sintonía con el discurso de la austeridad libertaria, tiñéndose de violeta en su afán por profundizar el ajuste fiscal. Sin embargo, este expediente los obliga a posicionarse frente a una política que ellos mismos han sostenido como parte de una gestión moderna y equilibrada. El dilema para el partido amarillo será determinar si el ahorro de los 7.522 millones de pesos etiquetados bajo la "Reducción de la Brecha de Género" justifica el costo político de desmantelar una estructura administrativa ya consolidada. La mención en el proyecto a gastos presuntamente discrecionales —como la compra de insumos corrientes bajo el paraguas de género— busca interpelar directamente la fibra eficientista del PRO, poniendo a prueba su pragmatismo frente a la presión ideológica de sus socios libertarios.
Por otro lado, la UCR + Nuevos Aires recibe este movimiento como una nueva provocación que erosiona la confianza dentro del interbloque. Para el radicalismo, la perspectiva de género en el Estado no es un gasto superfluo sino una herramienta de política pública irrenunciable, por lo que el proyecto de los cuatro ediles libertarios no hace más que sumar leña al fuego de una relación que ya venía castigada por las diferencias de enfoque nacional. La tensión crece a medida que el debate legislativo avanza, y la incertidumbre respecto a la unidad oficialista empieza a cubrirse con un manto de duda. ¿Hasta qué punto puede sostenerse un esquema de gobierno donde uno de sus componentes principales cuestiona no solo el gasto, sino la concepción misma de las funciones del Estado municipal?
La discusión que se avecina en las comisiones no se limitará a lo estrictamente local, ya que el planteo libertario busca nacionalizar la controversia. El expediente pone el foco en la desproporción del empleo público —señalando que por cada empleado nacional existen tres en el ámbito provincial— y cuestiona los multimillonarios fondos que la provincia de Buenos Aires destina a estas partidas. Al vincular la realidad de General Pueyrredon con la macroeconomía y la estructura del gasto bonaerense, La Libertad Avanza intenta forzar una discusión integral sobre el rol del Estado, la duplicidad de funciones y la trazabilidad del dinero del contribuyente. Esta visión pone bajo la lupa la transparencia de programas que, según denuncian, han fallado en sus resultados medibles a pesar del incremento sostenido de recursos.
Mientras tanto, la oposición observa el escenario con la guardia en alto, preparándose para una batalla que considera fundamental en términos de derechos adquiridos. Se espera que los bloques opositores articulen una defensa cerrada de la normativa vigente, argumentando que la eliminación de estas herramientas de monitoreo invisibiliza las desigualdades estructurales. Sin embargo, el verdadero espectáculo político se dará hacia adentro del oficialismo. El debate se perfila como un choque de paradigmas entre la eficiencia administrativa orientada a resultados directos y la planificación estatal con enfoque de derechos. En las próximas semanas, el Concejo Deliberante será el escenario donde se dirimirá si la coalición gobernante logra encontrar un punto de equilibrio o si este proyecto termina siendo el catalizador de una ruptura que redefina el mapa político de Mar del Plata.