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Redacción
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Desmantelan la SISU y eliminan el FISU: golpe directo a los barrios populares
El cierre operativo del área y la quita del fondo dejan sin obras ni financiamiento a miles de familias en el conurbano.
La Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) ya es, en los hechos, una estructura desmantelada. Esta semana termina de abandonar los dos pisos que ocupaba en el histórico edificio de YPF sobre Diagonal Norte, en una postal que sintetiza el final de una política pública clave. De los cerca de 600 empleados que llegó a tener —en su mayoría militantes—, hoy sobreviven apenas unos 100, reubicados entre la Secretaría de Hacienda y otras dependencias dispersas.
El vaciamiento no es solo administrativo: marca el cierre de una etapa y anticipa el impacto concreto sobre los barrios populares. La disolución operativa de la SISU deja sin conducción a programas de urbanización que durante años canalizaron recursos hacia villas y asentamientos, especialmente en el conurbano bonaerense.
En ese contexto, el Gobierno nacional avanzó con la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta financiera que sostenía esas intervenciones. La medida implica cortar el flujo de fondos para obras de infraestructura básica y proyectos de integración en más de dos mil barrios populares, muchos de ellos ubicados en el segundo y tercer cordón del Área Metropolitana.
El FISU financiaba mejoras esenciales en barrios registrados en el ReNaBaP, además de promover la creación de lotes con servicios. Su alcance era amplio y su impacto, directo: urbanización, acceso a servicios y obras en territorios históricamente relegados.
El programa había sido creado durante la gestión de Mauricio Macri y consolidado como ley bajo el gobierno de Alberto Fernández. Se nutría de recursos como el Impuesto PAIS, aportes extraordinarios y financiamiento internacional, lo que le permitió movilizar cifras millonarias para sostener políticas de integración urbana.
Con la llegada de Javier Milei, el esquema comenzó a desarmarse: primero con una fuerte reducción en sus fuentes de financiamiento y finalmente con su eliminación. La decisión deja obras inconclusas y sin horizonte a miles de familias que dependían de estos programas.
La gestión del fondo, además, estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos políticos en los últimos años. El manejo de recursos millonarios sin controles claros alimentó críticas incluso dentro del propio oficialismo anterior, en medio de disputas por el control de la estructura.
El cierre se formalizó a través del Decreto 446/2024, en el marco de la política de eliminación de fondos fiduciarios que impulsa el Gobierno. Mientras el Ejecutivo celebra el recorte como parte de su plan de ajuste, en los territorios el impacto ya se traduce en obras frenadas, menor presencia estatal y una profundización de la desigualdad.
El vaciamiento no es solo administrativo: marca el cierre de una etapa y anticipa el impacto concreto sobre los barrios populares. La disolución operativa de la SISU deja sin conducción a programas de urbanización que durante años canalizaron recursos hacia villas y asentamientos, especialmente en el conurbano bonaerense.
En ese contexto, el Gobierno nacional avanzó con la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta financiera que sostenía esas intervenciones. La medida implica cortar el flujo de fondos para obras de infraestructura básica y proyectos de integración en más de dos mil barrios populares, muchos de ellos ubicados en el segundo y tercer cordón del Área Metropolitana.
El FISU financiaba mejoras esenciales en barrios registrados en el ReNaBaP, además de promover la creación de lotes con servicios. Su alcance era amplio y su impacto, directo: urbanización, acceso a servicios y obras en territorios históricamente relegados.
El programa había sido creado durante la gestión de Mauricio Macri y consolidado como ley bajo el gobierno de Alberto Fernández. Se nutría de recursos como el Impuesto PAIS, aportes extraordinarios y financiamiento internacional, lo que le permitió movilizar cifras millonarias para sostener políticas de integración urbana.
Con la llegada de Javier Milei, el esquema comenzó a desarmarse: primero con una fuerte reducción en sus fuentes de financiamiento y finalmente con su eliminación. La decisión deja obras inconclusas y sin horizonte a miles de familias que dependían de estos programas.
La gestión del fondo, además, estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos políticos en los últimos años. El manejo de recursos millonarios sin controles claros alimentó críticas incluso dentro del propio oficialismo anterior, en medio de disputas por el control de la estructura.
El cierre se formalizó a través del Decreto 446/2024, en el marco de la política de eliminación de fondos fiduciarios que impulsa el Gobierno. Mientras el Ejecutivo celebra el recorte como parte de su plan de ajuste, en los territorios el impacto ya se traduce en obras frenadas, menor presencia estatal y una profundización de la desigualdad.