17 de abril de 2026
RECLAMOS
Faro de la Memoria: organismos de derechos humanos piden prorrogar el freno a las obras
Tras el vencimiento de la cautelar que paralizó la construcción de un bar de gin en el predio lindero a la ex ESIM, la Justicia Federal debe decidir si extiende los plazos para realizar estudios forenses. El conflicto escala ante las sospechas de que el terreno oculte restos óseos y el cuestionamiento a la validez de la ordenanza municipal que cedió el espacio.
El futuro del predio lindero al Faro de la Memoria en Mar del Plata ha vuelto a quedar bajo la lupa de la Cámara Federal de Apelaciones. Tras el vencimiento del plazo de 60 días hábiles que mantuvo paralizadas las obras de la destilería y bar de gin de la firma Restinga (Burbarrel SA), los organismos de derechos humanos locales han iniciado una nueva ofensiva legal para evitar que el cemento avance sobre un territorio que, según sostienen, aún guarda secretos del aparato represivo de la última dictadura militar.
La estrategia de los colectivos de derechos humanos, encabezada legalmente por el abogado César Sivo, se centra ahora en la necesidad de tiempo. Ante el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Santiago Inchausti, se presentaron nuevos elementos probatorios y pedidos de medidas técnicas que exceden los tiempos procesales administrativos. La mirada está puesta en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuya intervención ha sido solicitada para realizar tareas de geolocalización en busca de niveles de fósforo que indiquen la presencia de restos óseos. Según la argumentación de la querella, la construcción de cualquier estructura permanente sobre el suelo podría sellar de forma irreversible la posibilidad de hallar pruebas en causas de lesa humanidad que investigan los delitos cometidos en la jurisdicción de la antigua Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM).
Desde los organismos, voces como la de Irma Piñero, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, refuerzan la tesis de que el sector en disputa no era ajeno al centro clandestino de detención. Testimonios de sobrevivientes y registros históricos señalan que los límites de la ESIM se extendían hasta el acceso a los balnearios del sur, y que en las zonas boscosas ahora pretendidas para la explotación comercial se habrían llevado a cabo simulacros de fusilamiento. Para los denunciantes, el reciente hallazgo de restos de desaparecidos en el centro cordobés "La Perla", décadas después de los hechos, funciona como un recordatorio de que la búsqueda forense no admite cierres definitivos frente a proyectos inmobiliarios o comerciales.
En paralelo a la causa federal, el conflicto mantiene un frente abierto en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1. Allí, los organismos buscan la nulidad de la ordenanza municipal que avaló la cesión del predio a la sociedad de fomento Faro Norte, el nexo necesario para que el empresario Matías Iriarte desembarcara con su proyecto privado. La demanda sumó peso recientemente con las declaraciones de exautoridades de la propia entidad vecinal, quienes contradijeron los argumentos del Ejecutivo local al afirmar que el proyecto original distaba de los fines sociales y deportivos que se utilizaron para justificar la norma. Bajo esta óptica, los querellantes sostienen que el documento que dio origen a la ordenanza es ideológicamente falso, lo que viciaría de nulidad todo el proceso administrativo.
El componente político de la controversia también se ha intensificado. En una reciente conferencia de prensa, los organismos denunciaron una "doble vara" por parte de la administración municipal. El punto de comparación fue el despliegue de maquinaria pública para desmantelar puestos de feriantes en la Playa Bristol, una acción de control urbano que los colectivos de derechos humanos contrastaron con la "pasividad" oficial ante el incumplimiento inicial de la cautelar por parte de la firma Restinga en el Faro. Mientras la querella acusa al municipio de proteger intereses privados, desde el gobierno local han defendido el emprendimiento como una fuente genuina de empleo, calificando la resistencia de los organismos como una utilización política de los derechos humanos.
Por estas horas, la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones resulta clave. Mientras la cautelar se mantiene vigente por una prórroga corta de diez días dictada por el juez Inchausti, el tribunal superior deberá definir si concede el tiempo necesario para que la ciencia forense agote las instancias de búsqueda en el terreno, o si permite que la actividad comercial se asiente definitivamente en una de las zonas más sensibles de la memoria histórica de la ciudad.