14 de abril de 2026
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Conflicto universitario: la UNMDP endurece su postura frente al ajuste presupuestario nacional
En un contexto de creciente tensión institucional, la casa de altos estudios marplatense llevará adelante este miércoles una jornada de resistencia política y académica. La medida, que se alinea con un reclamo federal, exige al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denuncia un escenario de asfixia que pone en riesgo el funcionamiento básico del sistema científico y educativo.
La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) se convertirá este miércoles 15 de abril en el epicentro regional de un conflicto político que no encuentra salida. Bajo la consigna federal “La Universidad no se apaga”, la institución iniciará una jornada de visibilización de 24 horas que busca confrontar directamente con la política de recorte presupuestario ejecutada por el Gobierno Nacional. Lo que en apariencia podría leerse como una agenda de actividades académicas es, en rigor, una demostración de fuerza de un frente unificado que agrupa a autoridades rectorales, gremios docentes, personal nodocente y el movimiento estudiantil, todos alineados en un reclamo que ya trasciende lo estrictamente universitario para instalarse en la agenda pública nacional.
La gravedad de la situación fue expuesta durante la conferencia de prensa encabezada por autoridades institucionales y gremiales. Según lo denunciado, la falta de una actualización presupuestaria acorde a la inflación acumulada ha derivado en una crisis estructural que afecta desde el pago de salarios hasta la viabilidad de las investigaciones científicas en curso. El eje del conflicto radica en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional, una normativa que, según recordaron desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), lleva más de 175 días sin ser aplicada efectivamente, desoyendo incluso mandatos judiciales previos que ordenaban la regularización de las partidas.
Desde la perspectiva política del rectorado y los gremios, el desfinanciamiento no es visto como una medida técnica de ahorro, sino como un ataque directo a la base de la educación pública. Esta lectura fue ratificada por los representantes de los trabajadores y la Federación Universitaria Marplatense (FUM), quienes sostienen que la situación de "aulas vacías" y la fuga de investigadores son consecuencias directas de una política de desatención hacia el sistema de ciencia y técnica. La jornada de este miércoles pretende transformar el Complejo Universitario en un espacio de debate político permanente, donde la tradicional "carpa universitaria" y las clases públicas funcionen como herramientas de presión frente a la falta de respuesta oficial.
El programa de la jornada incluye instancias de alto contenido simbólico y político, como la entrevista pública donde la rectora Mónica Biasone profundizará sobre la necesidad de sostener la inversión estratégica en educación para el desarrollo del país. Asimismo, la presencia de figuras del ámbito académico y la apertura de laboratorios y centros de extensión a la comunidad buscan demostrar el impacto social que la universidad genera, contrastando esta labor con el discurso de "gasto público" que emana desde los sectores oficiales. La participación del Colegio Nacional Arturo Illia suma además el respaldo de los niveles preuniversitarios a una lucha que se percibe como integral.
A medida que el reloj avance hacia la medianoche, las intervenciones artísticas y los debates abiertos en las facultades de Ciencias Económicas y Sociales y de Exactas servirán para consolidar un frente de opinión pública en Mar del Plata. El conflicto universitario entra así en una fase de endurecimiento, donde la UNMDP no solo reclama por su propia subsistencia económica, sino que se posiciona como un actor político clave en la defensa de un modelo de Estado que garantice el acceso a la ciencia y la formación profesional. La jornada de mañana será, en definitiva, un termómetro de la capacidad de movilización de una comunidad que se declara en estado de alerta permanente frente a lo que consideran un desmantelamiento sin precedentes del sistema público de enseñanza.