20 de marzo de 2026
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Transporte para discapacidad: Baragiola apunta contra IOMA
La concejal radical advirtió sobre la falta de autorizaciones para el ciclo 2026 y la existencia de deudas de arrastre del año anterior. Así, alerta que el servicio en el Partido de General Pueyrredon corre serio riesgo de interrupción, afectando directamente la asistencia a terapias y establecimientos educativos.
La crisis que atraviesa el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de tensión en Mar del Plata. En esta oportunidad, el foco de conflicto se centra en la crítica situación que enfrentan los transportistas de personas con discapacidad, quienes denuncian una parálisis administrativa y financiera por parte del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Ante este escenario, la concejal Vilma Baragiola (UCR+NA) elevó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante para exigir respuestas inmediatas a la gestión provincial, advirtiendo que la sostenibilidad del servicio se encuentra en un punto de no retorno.
La iniciativa legislativa tiene su origen en el reclamo de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad del partido de General Pueyrredon. Según detallaron los prestadores locales, el organismo provincial no solo ha demorado el pago de servicios ya realizados, sino que arrastra deudas pendientes desde el año 2025. A este ahogo financiero se le suma un obstáculo burocrático de gravedad: la falta de emisión generalizada de las autorizaciones correspondientes al ciclo 2026, un paso administrativo fundamental para que los pacientes puedan disponer del traslado hacia sus centros de atención.
El impacto de estas irregularidades trasciende lo económico para convertirse en una problemática social de primer orden. Sin los permisos vigentes y con los pagos congelados, cientos de marplatenses y batanenses ven vulnerado su derecho al acceso a la salud y la educación. La falta de transporte implica, en la práctica, la interrupción de tratamientos médicos, terapias de rehabilitación y la inasistencia a centros de día o escuelas especiales, lo que profundiza la exclusión de uno de los sectores más vulnerables de la comunidad.
Al respecto, Baragiola fue tajante al definir la urgencia del planteo: “Estamos frente a una situación muy delicada. No se trata solo de un problema administrativo, sino de personas que no pueden llegar a sus tratamientos o a la escuela. El Estado no puede mirar para otro lado cuando se vulneran derechos tan básicos”. La edil de la UCR+NA remarcó que el escenario actual coloca a los transportistas en una encrucijada donde la continuidad operativa es prácticamente imposible sin el flujo de fondos correspondiente y la previsibilidad de las autorizaciones.
En el cuerpo del proyecto, se insta al gobierno de la Provincia de Buenos Aires a que informe de manera detallada sobre el estado de las partidas presupuestarias destinadas a estos pagos y los plazos previstos para normalizar la situación. La presión política sobre la obra pública bonaerense crece a medida que los prestadores locales advierten que, de no mediar una solución inmediata, el sistema podría colapsar definitivamente. “Es urgente que la Provincia y IOMA den respuestas concretas, regularicen los pagos y garanticen la continuidad del servicio. No podemos permitir que quienes más lo necesitan queden a la deriva”, concluyó la concejal.