19 de marzo de 2026
ALTAS Y BAJAS
El tablero de Desarrollo Social: una renovación masiva de nombres y responsabilidades
A través de la Resolución 18/26, el Ejecutivo municipal formalizó el recambio de subresponsables patrimoniales en treinta áreas clave de la Secretaría de Desarrollo Social. La medida, que responde “a movimientos internos y necesidades de servicio”, destaca por una marcada concentración de funciones en perfiles técnicos y legales, dejando atrás una estructura de gestión más fragmentada.
El Boletín Oficial de General Pueyrredon dio cuenta de un movimiento de piezas de gran escala en la estructura administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social. Bajo la firma de la Resolución 18/26, se oficializó el cese y la designación de nuevos subresponsables patrimoniales —aquellos agentes encargados de la custodia y control de los bienes municipales— en un total de treinta dependencias de la cartera social. Lo que a simple vista parece un trámite burocrático de rutina, revela al analizar los anexos una reconfiguración profunda: mientras que 16 nombres dejan sus funciones de control en diversas áreas, un grupo similar de agentes ingresa, aunque bajo una lógica de centralización mucho más acentuada que la gestión anterior.
El análisis del Anexo I permite observar que la renovación no es uniforme, sino que se ha optado por un sistema de "super-responsables" en áreas críticas. Un caso paradigmático es el de la Dirección de Políticas de Género, donde la abogada Mariana Stanga asume la responsabilidad patrimonial de seis dependencias de forma simultánea, incluyendo la Dirección General, el Hogar de Medio Camino y la División de Prevención y Asistencia a Víctimas de Violencia, reemplazando en todas ellas a Marisa Gladys Olivetto. Algo similar ocurre en el sector de Personas Mayores, donde la Licenciada en Servicio Social, Laura Adriana Cabero, toma las riendas de cinco dependencias que antes estaban bajo el mando de Ana Leticia Moyano y Raúl Daniel Cuaglio. Esta tendencia se repite en el área de Discapacidad con Leandro Ignacio Nogueira Roig y en Protección a las Víctimas con Natalia Hanemann, sugiriendo un intento de profesionalizar y unificar el control administrativo en manos de cuadros técnicos específicos.
Sin embargo, el documento también muestra un juego de cambios que resulta curioso para el observador atento. No todos los que se dan de baja desaparecen de la estructura; algunos simplemente cambian de mostrador. Por ejemplo, Julio César Greco deja la Dirección General de Administración para recalar en la Dirección de Programas Especiales, mientras que Rodrigo Suarez cesa en Niñez para asumir funciones en el Departamento Juventud. Incluso en las divisiones más operativas, como los hogares de cuidado, se perciben estos enroques: Ariel Arrozeres deja la jefatura de la División "La Ardillita" para hacerse cargo del patrimonio del Hogar Convivencial Casa de los Amigos.
En términos estrictamente estadísticos, la resolución afecta a 30 áreas que van desde la Subsecretaría de Derechos Humanos hasta los Centros Gerontológicos. El saldo final muestra que, a pesar de la masividad del cambio, el poder de control patrimonial se ha vuelto más piramidal. Si antes la responsabilidad estaba repartida de manera más atomizada, hoy unos pocos nombres propios —especialmente en las áreas de Género, Personas Mayores y Protección Integral— concentran la vigilancia de los recursos municipales. Esta centralización, justificada en los considerandos por "razones de servicio", busca agilizar la gestión de un área siempre sensible y expuesta a la urgencia social, en un contexto donde el control de los activos públicos se vuelve una prioridad política para la administración local.