El desarrollo urbanístico de Mar del Plata vuelve a situarse en el centro de un complejo escenario judicial y político. El conflicto, que tiene como eje la construcción de una torre de 127 metros de altura en la manzana de Aristóbulo del Valle y Falucho, ha ingresado en una etapa de definiciones tras el reciente levantamiento de la medida cautelar que frenaba el avance administrativo de la obra. Sin embargo, lejos de desactivar la controversia, esta decisión judicial ha impulsado una nueva ofensiva de las organizaciones vecinales y ambientalistas, quienes aseguran que el proceso de fondo esconde anomalías administrativas de gravedad.
En este marco, las entidades Mirada Ciudadana y Surfrider Foundation han convocado a una conferencia de prensa para el próximo miércoles 11 de marzo, con el objetivo de exponer las pruebas que, según denuncian, acreditarían beneficios extraordinarios otorgados por el Estado municipal a favor de la firma Paisajes Urbanos. El proyecto, que contempla una estructura de 35 pisos sobre el histórico chalet “La Robla” en el barrio Stella Maris, es visto por sus detractores no solo como un impacto visual irreversible sobre la zona de Playa Varese, sino como una vulneración sistemática del Código de Preservación Patrimonial a través del uso de excepciones normativas.
La disputa pone de manifiesto un marcado conflicto de intereses entre dos visiones contrapuestas de ciudad. Por un lado, la Dra. Soledad Arenaza, abogada de las organizaciones demandantes, sostiene que la demanda judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 continúa firme pese al avance administrativo, enfocándose en la detección de irregularidades legales en la tramitación del expediente. Para las entidades convocantes, existe una connivencia estatal que favorece a un grupo reducido de desarrolladores, permitiendo la instalación de normas especiales que terminan por destruir la identidad arquitectónica y el perfil costero tradicional de Mar del Plata.
En la vereda opuesta se sitúa la visión del sector desarrollador, representado en gran medida por Florencia Miconi, CEO de IMASA y referente de la sociedad impulsora del proyecto. Desde este sector se promueve la idea de “reinventar” la ciudad, argumentando que este tipo de inversiones de gran escala, proyectadas por estudios como Mariani, Pérez Maraviglia y Cañadas, son motores esenciales para la generación de empleo y la modernización de la infraestructura urbana. Esta postura sostiene que el crecimiento vertical es una respuesta necesaria a la demanda habitacional y turística contemporánea, y que la inversión privada es el camino para dinamizar la economía local.
El debate que ahora se traslada nuevamente a la opinión pública excede lo estrictamente inmobiliario para transformarse en una discusión política sobre el rol del Estado local en la planificación urbana. Mientras los vecinos insisten en que la ciudad debe valorarse a través de su identidad y el respeto estricto a las leyes vigentes, el oficialismo municipal y las constructoras apuestan por un modelo de excepciones que prioriza la inversión de capital. La resolución de esta causa judicial, bajo la mirada del juez Isaach, marcará un precedente determinante para el futuro de los barrios patrimoniales y la fisonomía de la costa marplatense.
