2 de febrero de 2026
CONCEJO
Presupuesto 2026: el Ejecutivo activa el blindaje legal con el llamado a audiencias públicas
A través de dos decretos publicados este lunes, se formalizó la convocatoria para el 25 de febrero en el Concejo Deliberante. Con el foco puesto en OSSE y la Administración Central, la movida busca neutralizar posibles frenos judiciales y pavimentar el camino hacia una aprobación que el oficialismo se encaminaría a consolidar con su mayoría propia.
La hoja de ruta para el ejercicio financiero 2026 en General Pueyrredon ha sumado su capítulo administrativo más determinante. Tras el ingreso de los expedientes al Concejo Deliberante a fines de enero, el Boletín Oficial oficializó este 2 de febrero los decretos 203/26 y 204/26, mediante los cuales el Departamento Ejecutivo convoca a las audiencias públicas informativas para el tratamiento del Presupuesto de Gastos, el Cálculo de Recursos y las ordenanzas Fiscal e Impositiva. La cita, programada para el miércoles 25 de febrero a las 10 de la mañana en el recinto del Concejo Deliberante, no es un simple formalismo de transparencia; representa un movimiento táctico diseñado para blindar la arquitectura fiscal del gobierno local frente a cualquier eventual cuestionamiento en los tribunales.
El dato más significativo surge del decreto vinculado a Obras Sanitarias (OSSE). El texto reconoce de manera explícita que la convocatoria se realiza bajo el paraguas preventivo de una sentencia de primera instancia en la causa iniciada por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC). Si bien el municipio aclara que dicho pronunciamiento no se encuentra firme ni implica un reconocimiento de los hechos, la decisión de abrir el presupuesto de OSSE a la consulta pública demuestra una voluntad de "curarse en salud". Ante un escenario donde el servicio sanitario y el reglamento general de la empresa estatal suelen ser focos de conflicto por sus actualizaciones tarifarias, el Ejecutivo prefiere agotar las instancias de participación ciudadana para evitar que un futuro amparo pueda empantanar el flujo de recursos de la prestataria.
En paralelo, la convocatoria para la Administración Central y los entes descentralizados unifica el debate sobre el ambicioso —y a la vez austero— presupuesto consolidado de 521.996 millones de pesos. Al programar ambas audiencias para el mismo día y hora, el oficialismo busca concentrar la discusión pública y acelerar los tiempos legislativos. El debate en el recinto del Concejo Deliberante funcionará como el termómetro final antes de que los expedientes pasen a la votación definitiva. Allí, la gestión local pondría a prueba la solidez del interbloque conformado por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza, una alianza que, en los papeles, le otorgaría los 14 votos necesarios para garantizar la gobernabilidad financiera sin depender de las objeciones de una oposición que no articula un frente unido.
Esta etapa participativa llega en un momento donde la lupa está puesta en la reingeniería de la Tasa por Servicios Urbanos (TSU) y el traslado del alumbrado público a la boleta de la empresa EDEA. Los decretos conocidos hoy confirman que la estrategia para el 2026 es el equilibrio fiscal a rajatabla, siguiendo la sintonía del modelo nacional, aunque ello implique un crecimiento nominal del gasto que queda relegado frente a la dinámica inflacionaria. Con la fecha del 25 de febrero ya marcada en el calendario, el oficialismo se encaminaría a cerrar la temporada estival con sus herramientas de gestión aprobadas, apostando a que la participación en las audiencias sea el último peldaño administrativo antes de convertir sus proyectos en leyes locales efectivas.