La batalla legal por el ordenamiento territorial de General Pueyrredon ha desvelado un profundo quiebre institucional dentro del propio gobierno provincial. Documentos oficiales internos confirman que la Provincia padece de una bicefalia legal o doble estándar administrativo: mientras un organismo exige la protección de los bosques, el organismo encargado de registrarlos y tutelarlos admite que es incapaz de hacerlo. Esta disfunción sistémica expone las áreas de valor ambiental y forestal de la costa sur a un desmonte acelerado sin control oficial.
El núcleo de la crisis radica en el Registro Forestal. A través del informe IF-2024-32440244, la Dirección Forestal del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) reconoció formalmente que "no cuenta con dicha información" sobre la existencia, ubicación o categorización de los bosques, permanentes o protectores, en el Partido de General Pueyrredón.
La gravedad de esta admisión, que viola directamente el Régimen Forestal Nacional y Provincial, se manifiesta en la absurda contradicción con la Agencia de Recaudación (ARBA). Un instructivo de trámites de ARBA, actualizado al 25 de noviembre de 2025, exige a los contribuyentes que solicitan exenciones fiscales por mantener bosques protectores, la presentación obligatoria de un "Certificado emitido por la Dirección Provincial de Forestación"; es decir, la Provincia pide a los ciudadanos un documento que el propio organismo certificador declara no poder emitir.
Este colapso del sistema forestal genera un vacío legal que es servicial a la política de suelo del Municipio, especialmente en la zona de Chapadmalal. La denuncia del Observatorio Paseo Costanero Sur apunta a que esta falta de registro facilita la argumentación de la inexistencia de valor ambiental en áreas clave. La organización no solo solicitó la inmediata inspección y registro de los bosques en la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Dorada, conocida como Playa Paradise, sino que amplió la demanda a las zonas colindantes de A. Seco, A. Chapadmalal y Arroyo Las Brusquitas, espacios donde están habilitadas diversas UTF.
Si bien un dictamen del Ministerio de Gobierno ya había declarado nula la adjudicación de estas UTF por falta de convalidación territorial, esta documentación desnuda una falla más profunda. Al no haber un registro activo de bosques, la provincia no puede ejercer su rol de autoridad de aplicación para proteger el patrimonio forestal, dejando a la vegetación costera sin tutela. La decisión del MDA, al transferir la responsabilidad al Municipio basándose en un decreto de 1980 sin garantizar la continuidad del registro provincial, se traduce hoy en una licencia para el desmonte en la costa. Esta parálisis administrativa condena a las áreas verdes a ser las primeras víctimas del avance inmobiliario, bajo la coartada de un Estado que no puede ver lo que debe proteger.
