La Tecla Mar del Plata
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Faltan apenas siete días para que los marplatenses y batanenses vuelvan a las urnas. La elección legislativa nacional renovará 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado. En la provincia de Buenos Aires solo se votará para diputados nacionales, 35 en total, y será el debut de la Boleta Única de Papel, un factor que obliga a recalcular estrategias y logística partidaria.
Con el cronómetro en marcha, cada fuerza política juega su última carta. La Libertad Avanza encara el cierre con Javier Milei cargando la campaña sobre sus espaldas, pidiendo "para votar al colorado, marcá al pelado” en referencia a Diego Santilli, quien encabeza ahora la lista libertaria bonaerense tras la salida de Espert en medio del escándalo narco. Militantes amarillos y liberales se mezclan en busca de cada voto suelto.
Del otro lado, Fuerza Patria salió de los actos por el Día de la Lealtad y siguen con su discurso antiimperialista. Con Jorge Taiana al frente de la boleta, repiten el viejo lema “Braden o Perón”, pero aggiornado: señalan la injerencia de Estados Unidos no desde una embajada, sino desde el Tesoro norteamericano y el financista Scott Bessent, a quien acusan de sostener con dólares al gobierno libertario.
En el medio, la alianza “Provincias Unidas”, entre otras listas, con Florencio Randazzo como principal candidato, intenta capturar el voto desencantado que no se alinea ni con Milei ni con el kirchnerismo.
La campaña entra en su tramo más feroz: actos relámpago, cierres, fotos, mesitas de campaña y redes sociales al rojo vivo. Nadie quiere quedar afuera de la postal del último sprint antes de las urnas.
El STM cuestionó los cargos a “dedo” y reclamó anular más de veinte nombramientos
El temblor llegó desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). Tras las recientes designaciones “hasta llamado a concurso” en Salud, Seguridad, EMVIAL, EMDER y EMTURyC, el gremio lanzó un comunicado durísimo contra el Ejecutivo de Guillermo Montenegro.
En el comunicado, el STM expresa “su más enérgico rechazo a las designaciones de personal jerárquico sin el debido concurso, tal como exige la Ley 14.656 y el Decreto 1843/17, normas que garantizan la igualdad de oportunidades y el principio de mérito en la carrera administrativa”.
Según el gremio, por decreto se nombraron más de veinte funcionarios sin concurso previo. “Decisión que viola los principios de legalidad, transparencia e igualdad que deben regir el empleo público”, señalaron Daniel Zacarías, secretario general del STM, y Cristian Milasincic, secretario adjunto del STM. Además, advirtieron que durante más de cinco años el municipio había sostenido el sistema de concursos, pero ahora “este apartamiento repentino de ese compromiso rompe la confianza legítima de quienes han tenido la expectativa que las vacantes se cubrirían conforme a derecho”.
El STM fue más allá: “Cada nombramiento arbitrario lesiona la carrera de cientos de agentes municipales que tienen una legítima expectativa de acceder a mejores cargos mediante el esfuerzo, la capacitación y el mérito”. Y cuestionaron la supuesta urgencia del Ejecutivo: “No existía, además, ninguna urgencia que justificara una designación directa, ya que las distintas áreas contaban con personal responsable en funciones y el concurso en muchos casos se encontraba en trámite”.
El gremio exigió la “anulación inmediata del decreto cuestionado”, el llamado urgente a concurso y que, de ser necesario, se aplique “a bonificación por mayor función como mecanismo legítimo para reconocer responsabilidades sin afectar los derechos de los demás trabajadores”.
Además, desde el STM advirtieron que “de no rectificarse estas decisiones, se promoverán las impugnaciones y acciones judiciales que correspondan para defender el principio de legalidad, la carrera administrativa y los derechos de los trabajadores municipales”.
En el tramo final, el comunicado subió el tono contra el clima pretransición. “Se suma el repudio absoluto a la incorporación de personal político a la planta municipal a escasos días del cambio de Intendente, práctica que resulta inadmisible, lesiva del interés público y contraria al respeto institucional que la transición de gobierno exige”, apuntaron.
El medido a medida de Boldt
En Mar del Plata, el tablero del estacionamiento medido cambió de dueño antes de que los jugadores locales pudieran siquiera colocar sus fichas. La gestión de Guillermo Montenegro avanzó con la privatización del servicio, y la suerte parece haber sonreído a Boldt Tech, la “hermana menor” del histórico grupo Boldt, que desde tragamonedas hasta sistemas de fotomultas, ha encontrado siempre su lugar en el casino del Estado. Lo que debía ser un juego abierto y competitivo se convirtió en una partida hecha a medida para una compañía con historial y nombre propio: Tabanelli.
El Departamento Ejecutivo ingresó dos proyectos al Concejo Deliberante el 3 de julio de 2023, antes del inicio de la campaña electoral. Uno buscaba privatizar el estacionamiento medido, sancionado en 2024 entre protestas de trabajadores municipales y críticas de la oposición. El otro expediente establecía el pliego para la explotación publicitaria. En enero de 2025, los sobres se abrieron y las apuestas quedaron sobre la mesa: Núcleo ofrecía un 22% de recaudación, Propago un 24,57%, Boldt un 30% y Tacuar un 45%. Tras casi nueve meses, el Ejecutivo eligió a Boldt y envió a principios de octubre el proyecto de adjudicación al Concejo, respaldado por el artículo 52 de la LOM, fue aprobado en las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación, le queda pendiente el aval en Hacienda.
La jugada no fue casual. Bajo la mayoría automática en el Concejo, el oficialismo allanó el terreno para que Boldt Tech avanzara mientras las firmas locales quedaban fuera, desplazadas bajo el argumento de “oferta más conveniente”. La suerte, otra vez, acompañó a una empresa acostumbrada a ganar con el Estado.
Boldt no es nuevo en los despachos oficiales. Desde 1995, la familia Tabanelli mantiene la exclusividad del negocio del juego en la provincia de Buenos Aires, con prórrogas sucesivas y favores cruzados. En 2025, la compañía incluso fue excluida de una licitación de casinos por “irregularidades técnicas”, pero en Mar del Plata encontró otra puerta abierta: el medido. Boldt Tech fue creada en julio de 2023, en la misma época del expediente de la licitación, y aunque su domicilio legal está en Falucho 2299, el control real permanece en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre impugnaciones cruzadas y cuestionamientos, Propago denunció que tanto Boldt como Núcleo subcontrataban sistemas de la UNLP, lo que les daba ventaja. Boldt intentó impugnar a Núcleo, pero su presentación fue desestimada. Sin embargo, la adjudicación avanzó hacia la empresa de los Tabanelli, dejando de lado a proveedores locales, pese a que estos tenían experiencia directa en el servicio.
El canon mínimo previsto de 45.000 Unidades de Estacionamiento Medido cada cuatro meses asegura a Boldt Tech ganancias garantizadas, con ajustes automáticos cada 120 días según el precio de la nafta premium de YPF. El discurso oficial habla de “modernización y control”, pero la realidad muestra un negocio público entregado a quien ya sabe jugar con las cartas del Estado.
El historial de Boldt está marcado por polémicas: denuncias por manejos irregulares con Lotería y Casinos bonaerense en 2012, sanciones del Ministerio de Seguridad en 2018, clausura judicial de un casino y el caso Ciccone Calcográfica. Pese a ello, el apellido Tabanelli sigue apareciendo cada vez que se abren licitaciones millonarias, y Mar del Plata no es la excepción.
El contrato de Boldt Tech para el medido prevé nueve años, con prórroga de uno más, abarca 3.818 plazas del centro y macrocentro, y establece porcentajes de coparticipación sobre la recaudación bruta. La plataforma promete pagos con App, QR, prepago en comercios y atención de personal de calle, garantizando disponibilidad y soporte técnico. Todo preparado, según el Ejecutivo, para la eficiencia, pero en la práctica, el tablero ya estaba cargado para la empresa del juego.Así, en una ciudad donde cada espacio de estacionamiento se convirtió en un número en el tapete, la apuesta del Ejecutivo quedó clara: Boldt Tech juega con ventaja. Mientras los actores locales observan desde la banca, la historia se repite: bajo la promesa de modernización, otra concesión pública cae en manos de quienes ya conocen la ruleta del Estado, y la ciudad, una vez más, queda mirando cómo alguien más reparte las cartas.
El periplo de la privatización
El oficialismo de General Pueyrredon logró imponer su mayoría con el apoyo libertario para privatizar el Estacionamiento Medido, un servicio que estuvo décadas bajo órbita municipal. Un proceso pausado, pero sinuoso.
El expediente 1378/23 ingresó al Concejo Deliberante el 3 de julio de 2023, buscando la privatización del Estacionamiento Medido de General Pueyrredon. Su camino administrativo, marcado por la polémica y la presión de los trabajadores municipales, se aceleró a principios de 2024. El 8 de enero de ese año, y con pedidos de informes, el proyecto obtuvo despacho en la comisión de Movilidad Urbana. En dicha sesión, el oficialismo defendió la medida como una forma de mejorar el servicio, asegurando que el control de tránsito e infracciones seguiría siendo municipal y que se incorporaría tecnología, como una app para el pago. Por su parte, la oposición objetó la falta de documentación y la necesidad de análisis de costos. El 19 de febrero, con la presencia de personal de Tránsito que denunció el vaciamiento del área, Legislación aprobó el expediente con los votos oficialistas y el rechazo opositor, desestimando los pedidos de que permaneciera en la comisión y se presentaran funcionarios. En el debate, se aclaró la correción del canon a pagar por la empresa; de 45.000 a 450.000 Unidades de Estacionamiento Medido (UEM). En su siguiente escala, en Hacienda, quedó en stand-by a la espera de informes de Contaduría General y Gobierno Digital. Finalmente, se aprobó el 10 de abril. De este modo, el expediente estuvo listo para la sesión del 25 de abril. Tras un plenario tenso, marcado por las protestas y cánticos de los trabajadores municipales, el proyecto se aprobó. Así, la ordenanza que autoriza el llamado a licitación para la concesión del Estacionamiento Medido fue sancionada con los votos del PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívic - ARI y Crear + Libertad, y la negativa opositora de Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador.
Después de siete años de vacancias y postergaciones, el gobierno municipal decidió mover las fichas: los expedientes con las ternas para cubrir los Juzgados de Faltas N°1, N°2 y N°5 ya ingresaron a la mesa de entradas del Concejo Deliberante. Son tres sobres cerrados que se abrirán en la Comisión de Labor Deliberativa, el ámbito más político del HCD, donde se sientan los presidentes de bloque y las autoridades del cuerpo. La reunión sería el lunes 27, tras las elecciones nacionales. Si no hay sorpresas, el tema llegará al recinto en la sesión del jueves 30 para convalidar el decreto del HCD.
Los expedientes presentados son:
Expediente 1681/25: terna para el Juzgado de Faltas N°1.
Expediente 1682/25: terna para el Juzgado de Faltas N°2.
Expediente 1683/25: terna para el Juzgado de Faltas N°5.
Los nombres de los postulantes aún no se conocen públicamente porque los sobres permanecen cerrados. Sin embargo, trascendió que el acuerdo dentro del oficialismo incluiría al exsubsecretario de Legal y Técnica Franklin Llan de Rosos, al presidente del Colegio de Abogados Leandro Gabás y a la abogada Paula Hernández, aunque todavía no se sabe a qué juzgado iría cada uno.
Hasta hoy, solo tres de los cinco Juzgados de Faltas tienen juez titular: el N°1, el N°3 y el N°4. El N°2 y el N°5 están vacantes desde 2018 y son cubiertos de manera rotativa. A esto se suma la jubilación del actual juez del Juzgado N°1, José Luis Oteiza, lo que obliga a cubrir también esa silla.
Desde 2018, solo están en funciones tres jueces: Oteiza (Juzgado N°1), Pedro López Martucci (Juzgado N°3) y Fernando Mumare (Juzgado N°4), quienes además subrogan los Juzgados N°2 y N°5, vacantes desde las jubilaciones de Ana María Castelao y Carmen Maffioni.
El propio Código de Faltas Municipales establece: “El nombramiento de los jueces de Faltas corresponde al Intendente Municipal, previa aprobación del Concejo Deliberante, la cual se otorga por mayoría simple de los votos de los miembros que integran dicho cuerpo.” Con esa regla y la mayoría del oficialismo, todo indica que el camino está allanado.
En Casa Rosada ya nadie lo niega: Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones nacionales. Su renuncia, hablada con Javier Milei y validada en los despachos más cercanos al poder, se suma a la del canciller Gerardo Werthein y agita aún más un gabinete en plena mutación. En ese movimiento, un nombre empezó a sonar con insistencia: Guillermo Montenegro.
El intendente de General Pueyrredon —y senador provincial electo— dejó de ser solo un actor local. En Balcarce 50 lo mencionan como “pieza útil” para ocupar Justicia en la nueva etapa del gobierno libertario. Su pasado como juez federal, su vínculo aceitado con Comodoro Py y su perfil negociador con el Poder Judicial lo colocan en el radar de Milei, que necesita tender puentes con tribunales y ordenar su frente interno.
La salida de Cúneo Libarona, que se formalizaría el lunes posterior a las elecciones, reacomoda el tablero: ya hay cinco bajas confirmadas en la cúpula nacional, entre ellas las de Luis Petri, Patricia Bullrich y Manuel Adorni por sus candidaturas. El oficialismo transita el sprint final de la campaña con un gabinete en movimiento y un dólar que no da tregua.
En ese contexto, se sigue allanando el desembarco de Montenegro al esquema nacional. En despachos libertarios reconocen que, si acepta el ofrecimiento, dejaría la intendencia incluso antes de asumir su banca en el Senado bonaerense. De concretarse, Agustín Neme quedaría al frente del Ejecutivo marplatense como intendente interino.
Montenegro ya no juega solo en la liga local. Lo ven como parte de la ingeniería que Milei prepara para ordenar Justicia, redibujar alianzas y contener a sectores que miran con recelo las decisiones del Presidente. “Encaja con lo que viene”, repiten en voz baja en el entorno oficial. En tribunales, en cambio, destacan su trayectoria en el fuero federal y su capacidad de diálogo. La pregunta ya no es si va a irse de Mar del Plata. Es cuándo.
El expediente para privatizar el estacionamiento medido avanzó otro casillero clave. Este miércoles, la Comisión de Hacienda, que preside la edil de LLA María Cecilia Martinez, le dio luz verde al proyecto de adjudicación del servicio a Boldt Tech con los votos de la “escribanía” y acompañamiento libertario, y lo dejó listo para ser tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante.
El trámite fue veloz y sin sobresaltos: en apenas 26 segundos, los concejales del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza aprobaron el despacho. Unión por la Patria y Acción Marplatense votaron en contra, aunque evitaron confrontaciones públicas. La “escribanía” oficialista volvió a mostrarse aceitada.
¿Qué se aprobó? La entrega por nueve años —con opción a prórroga a uno— del estacionamiento medido a Boldt Tech, una firma creada en 2023 y vinculada al histórico grupo Tabanelli. La propuesta incluye el manejo de 3.818 espacios, tarifas ajustadas cada cuatro meses según el precio de la nafta premium y un canon del 30% para el Municipio.
La presencia de Boldt no sorprende: desde hace décadas controla el negocio del juego en la Provincia y participa en concesiones públicas sensibles. Su desembarco en el medido llegó acompañado de otra movida legislativa: un proyecto del PRO para flexibilizar restricciones de estacionamiento en el microcentro, que fue aprobado en Movilidad Urbana y Legislación, lo que ampliaría el área donde el medido podría aplicarse.
El oficialismo busca cerrar este expediente antes del recambio de bancas en diciembre, cuando perdería la mayoría automática. En las últimas semanas, se aceleraron también prórrogas de contratos, adjudicaciones y concesiones. Ahora, el estacionamiento medido privatizado quedó a un paso de concretarse.
Será en el plenario en el recinto donde se defina si Boldt suma un nuevo tablero a su historial de negocios públicos o si la oposición decide, esta vez, dar la discusión. Aunque, la “escribanía” cuenta con los votos para terminar de sellar el trato.
La tensión entre privados y organismos de control volvió a escalar en la costa sur de General Pueyrredon. La Autoridad del Agua (ADA) revocó los permisos del balneario Luna Roja (Playa Bonita), operado por la empresa EJC S.A., tras constatar incumplimientos en los monitoreos ambientales obligatorios en los pozos freáticos de la zona. La medida reaviva un conflicto que lleva años y que ya derivó en clausuras, sanciones municipales y causas judiciales.
El establecimiento, administrado por el empresario Horacio Ipucha, mantiene una concesión municipal vigente hasta 2030. Pese a eso, la ADA dejó sin efecto las autorizaciones otorgadas en 2022 para la extracción de agua y el vuelco de efluentes, tras verificar que la empresa no presentó los informes de monitoreo del nivel freático y calidad de agua correspondientes al inicio y cierre de las temporadas 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025, tal como establece la normativa.
El Observatorio Costanero Sur advirtió en sus redes sociales que uno de los pocos monitoreos entregados —el de junio de 2024— registró coliformes fecales de 150 NMP/100 ml y hasta 75 mg/l de nitratos en los pozos subterráneos. “Estos valores indican infiltración de aguas residuales al acuífero, un sistema que abastece a todo el barrio Playa Chapadmalal”, señalaron.
No es la primera vez que Luna Roja está bajo la lupa. En 2020 fue clausurada durante once meses por verter líquidos al arroyo Lobería. En 2023 el Emtur le aplicó una multa del 10% del canon anual y detectó construcciones no autorizadas en el espacio público, baños en mal estado y desagües clandestinos hacia la playa.
El foco de la ADA también alcanza a Olas Chapadmalal, el emprendimiento inmobiliario de 100 hectáreas impulsado por Fernando “Rata” Aguerre, fundador de Reef y dueño de Ala Moana. El proyecto, ubicado a 150 metros del mar, promete todos los servicios urbanos, incluyendo gas natural, aunque avanzaría sobre sectores de médanos y acantilados.
En la publicación del Observatorio, el grupo ambientalista alertó que las construcciones, en referencia a Luna Roja, sobre dunas interrumpen el flujo natural de arena entre playa y médano, eliminan zonas de amortiguación frente a sudestadas, compactan el suelo e impiden la recarga del acuífero. El diagnóstico es categórico: “daño ambiental acumulativo”, que combina erosión costera, pérdida de arena, contaminación del agua y riesgo sanitario.
Con la temporada de verano cada vez más cerca, el conflicto en Chapadmalal vuelve a tensarse entre inversión privada, controles estatales, intereses turísticos y un recurso natural que empieza a mostrar señales de agotamiento.