El frente de batalla judicial por la administración del Complejo Punta Mogotes, que enfrenta al Municipio de General Pueyrredon y a la Provincia de Buenos Aires, escaló a la esfera política nacional con la intervención del senador radical Maximiliano Abad.
El legislador celebró la reciente resolución del juez Simón Francisco Isacch, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1, que si bien no prohibió el avance del proyecto urbanístico provincial, sí ordenó notificar al Ministerio de Producción bonaerense y a la Administración de Punta Mogotes sobre la existencia del litigio de fondo.
De este modo, Abad utilizó el fallo para trazar un relato político que acusa al gobierno provincial de desoír la voluntad local y las decisiones judiciales. Según el senador, la medida cautelar se vuelve necesaria ante el intento del gobierno bonaerense de avanzar con un concurso de ideas o Master Plan a través del Ministerio de Infraestructura para decidir el destino de Punta Mogotes por los próximos veinte años, sin la participación del gobierno municipal.
En esta línea, Abad resumió la cronología judicial como una cadena de rechazos a la estrategia provincial. Así, recordó que el conflicto inició cuando "el Municipio quiso pagar y la Provincia no lo aceptó" para denunciar el convenio y recuperar el complejo. Luego, la Provincia "quiso que se decida en La Plata", pero "la Justicia lo frenó", confirmando la competencia local.
Para Abad, el dictamen del juez Isacch, que obliga a dar publicidad al juicio para evitar futuros reclamos de terceros de "buena fe", es la prueba más reciente de que el gobierno provincial actúa como si el complejo aún estuviera bajo su control irrestricto. El senador fue contundente en su crítica, afirmando que este nuevo fallo ratifica su postura de que "la Provincia no entiende que no solo ya no puede decidir más sobre nuestras costas, sino que Punta Mogotes no les pertenece".
Por último, el legislador enmarcó la disputa en una "deuda política e institucional con la ciudad", ratificando su compromiso de impulsar las acciones necesarias para que Mar del Plata recupere la potestad sobre su propio patrimonio costero.
