PANORAMA
La Tecla Mar del Plata
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Lo que la semana nos dejó
La visita de Milei a la ciudad, la empresa que el Ejecutivo busca adjudicar para el estacionamiento medido y el freno de la Autoridad del Agua a un barrio privado en Chapadmalal, entre lo más destacado de la semana, de la mano de La Tecla.
Tras la renuncia de Espert, la política marplatense salió a expresarse
La política se vio sacudida este domingo luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza, en medio del escándalo que lo vincula con el empresario “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos por causas de narcotráfico. El impacto no tardó en llegar a la arena marplatense, donde referentes de todo el arco local salieron a manifestarse en las redes sociales.
El ahora ex candidato de Javier Milei había quedado en el ojo de la tormenta tras revelarse una transferencia de 200.000 dólares del empresario “Fred” Machado, operación registrada en bases oficiales de Estados Unidos y utilizada como evidencia en un juicio en Texas. Primero negó cualquier vínculo, luego admitió haber recibido el dinero por un supuesto “asesoramiento” y, tras varios días de controversia, terminó dando “un paso al costado” mediante un posteo en sus redes sociales.
Su salida reordenó la lista bonaerense de La Libertad Avanza, donde el marplatense Alejandro Carrancio —coordinador de Productos Turísticos del Municipio y vicepresidente de LLA en la provincia— subirá al quinto lugar. En ese contexto, las repercusiones locales no tardaron en llegar.
El intendente Guillermo Montenegro fue uno de los primeros en pronunciarse: “Hoy vimos de parte de Javier Milei y José Luis Espert un gesto inédito en la política argentina que me parece que hay que rescatar y valorar. El proyecto de país es más importante siempre y no cualquiera está a la altura de dejar el ego de lado”.
Montenegro agregó además: “No tengo duda que Diego Santilli es una excelente persona y un gran candidato que representa nuestros valores. Todo mi apoyo”.
Por su parte, Carrancio también defendió la decisión de Espert y buscó reencauzar el mensaje político del espacio: “Lo que estamos haciendo junto al Presidente Javier Milei es histórico: sacar a la Argentina del pantano del privilegio y la mentira. No hay operación ni especulación que pueda frenar el cambio profundo que ya empezó”.
Y cerró con una definición tajante sobre el rumbo del oficialismo libertario: “Este proyecto no depende de nombres, depende de convicciones. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. ¡VLLC!”.
Prórrogas en suspenso y una emergencia cuestionada: Legislación, espejo de la transición
La sesión de la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento de este 6 de octubre, lejos de ser un mero trámite técnico, funcionó como una precisa radiografía del impasse político que vive General Pueyrredon. A semanas de las elecciones nacionales y a poco más de dos meses del recambio de bancas, la dinámica legislativa en torno a dos expedientes centrales; el Régimen de Incentivos a la Construcción y la Emergencia de Recolección de Residuos, dejó en evidencia la transición que vive el Concejo y el propio gobierno municipal.
El tratamiento de las prórrogas a las ordenanzas de incentivos a la construcción, expedientes 1536/25 y 1537/25, se convirtió en el punto de máxima tensión técnica y política. Tras la polémica desatada en la Comisión de Obras, donde Unión por la Patria (UP) expuso la posible caducidad de la Ordenanza 25.113 desde junio de 2024, el debate en Legislación quedó supeditado a la llegada de un pedido de informe.
El gesto de UP de solicitar que ambos expedientes "vayan juntos", basando la espera del 1537 en el informe solicitado para el 1536, no es una simple jugada administrativa. Es una estrategia de bloqueo y exposición: forzar al Ejecutivo a dar explicaciones formales sobre un posible vacío legal en la construcción de la ciudad durante más de un año. La aprobación de obras sin una norma vigente es un flanco de gestión que la oposición no dejará pasar.
La clave la dio el presidente de la comisión, el radical Daniel Núñez, al aceptar la solicitud de UP. Al considerar “razonable” y “sin inconveniente” dejar ambos expedientes en comisión a la espera del informe, el radicalismo revalida su rol de árbitro. Núñez, quien ya ha marcado la cancha en temas como Zona Fría y Discapacidad, demuestra que la Unión Cívica Radical (UCR) ya no se siente obligada a salvar cada trámite de sus (ex)socios del PRO y la Coalición Cívica. La necesidad de "ordenar la discusión", un leitmotiv de Núñez, se traduce ahora en darle aire a un cuestionamiento opositor que presiona la fibra legal del gobierno saliente.
El otro punto caliente fue la Emergencia Económico-Financiera del Servicio de Recolección de Residuos, el expediente 1585/25, que busca prorrogar el contrato vigente por dos años más. Aquí, la gestión Montenegro logró mantener la mayoría simple, pero el debate expuso la fragilidad del procedimiento.
El rechazo de UP y la abstención de AM se consolidaron en Legislación. Desde UP, analizaron que el Ejecutivo “construyó una emergencia” en octubre para evitar enviar un pliego de licitación que era una obligación conocida. El cuestionamiento es doble: por la oportunidad política; la falta de planificación que obliga a prorrogar el servicio más caro de la ciudad, y por la legalidad; la duda de que una emergencia habilite una prórroga y no una contratación directa, "contradiciendo incluso un dictamen de Asesoría Legal".
La abstención de AM refuerza la idea de un arco opositor que, si bien puede mostrar sus clásicas grietas de manual en otros temas, como en la Zona Fría, encuentra un consenso tácito de cuestionar los modos y costos de la administración. Aunque el interbloque oficialista (PRO, CC-ARI, y la UCR) mantenga el voto positivo; con Núñez acompañando sin fisuras en este caso, cumpliendo su rol de defensa cuando lo considera necesario, la discusión queda manchada por la crítica a la gestión.
La caótica transición
Lo sucedido en la Comisión de Legislación es análogo a la transición que General Pueyrredon vive hacia el 10 de diciembre. Por un lado, el radicalismo se pone el traje de bisagra indispensable. La UCR ha consolidado su rol de fiel de la balanza. Los cuatro votos que tendrá a partir de diciembre, sumados a la presidencia del cuerpo que ya ostentan, le dan un poder de negociación total. Dejar expedientes en comisión, exigir informes y marcar la diferencia en temas sensibles son la prueba de que el radicalismo está cobrando su independencia y mirando a 2027, utilizando su peso para "ordenar", y a veces obstaculizar, la agenda que hereda Neme.
Por otro lado, se encuentra el oficialismo desdibujado y en pleno reordenamiento. La gestión de Montenegro, acelerando su salida con agenda nacional y ambiciones de gabinete, deja en el Concejo un oficialismo fragmentado y sin cintura. Acostumbrados a la mayoría automática, el PRO y sus aliados deben ahora negociar cada paso, un escenario que se agravará con la conformación 10 a 10. La dificultad para resolver expedientes propios y la exposición a los pedidos de informes señalan el fin de la era del cheque en blanco legislativo.
Asimismo, la oposición, a pesar de sus internas, se muestra unida en la tarea de controlar y desgastar al gobierno saliente, poniendo el foco en la legalidad y la planificación de los servicios públicos esenciales. Saben que la debilidad del Ejecutivo es su fuerza para forzar explicaciones y sentar precedentes para la próxima etapa.
El 26 de octubre, con las elecciones nacionales, definirá el contexto macro. Pero en General Pueyrredon, la guerra de la transición ya comenzó en el Concejo Deliberante. Los dos expedientes clave congelados en Legislación son la prueba de que, hasta el 10 de diciembre, la agenda local no la impondrá solo el Ejecutivo, sino la nueva dinámica de fuerzas y la presión por la rendición de cuentas.
La costa marplatense concesionada
El extenso litoral de General Pueyrredon, el corazón turístico de la provincia de Buenos AIres, se ha transformado en el principal campo de batalla político-económico del distrito. Bajo la figura administrativa de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF), el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) gestiona el uso y la explotación de 50 valiosos espacios costeros.
Más que simples balnearios, las UTFs son el mecanismo por el cual la gestión municipal actual ha decidido financiar la infraestructura pública y el desarrollo urbanístico, delegando la carga de miles de millones de pesos en inversión al capital privado a cambio de concesiones a muy largo plazo. La política de costa concesionada se consolida, pero no sin dejar a su paso controversias, acusaciones de opacidad y un riesgo de rigidez regulatoria que podría condicionar a las futuras administraciones por más de dos décadas.
Así, la radiografía administrativa del borde costero marplatense revela un patrón dual de gestión: un núcleo central petrificado en el tiempo y una periferia en frenética búsqueda de inversión. El primer patrón está ejemplificado por los contratos ultra-largos. Un puñado de UTFs estratégicas, como el emblemático Torreón del Monje y los Balnearios 1, 2 y 3 de La Perla, poseen contratos con vigencia extendida hasta el 2046. Esta decisión, tomada en administraciones anteriores, ata de manos al Municipio, impidiendo cualquier reordenamiento territorial o cambio profundo en el modelo de explotación de esos frentes de playa durante casi 21 años más.
El costo de asegurar estabilidad e inversión en el pasado es la pérdida de soberanía administrativa en el futuro. Frente a esta rigidez central, la administración ha puesto el foco en la Zonas Sur y Norte, históricamente más desordenadas, buscando saldar la deuda de unidades bajo figuras precarias o libres de ocupantes.
Este es el escenario de las grandes licitaciones de 2025, donde el Ejecutivo ha priorizado la concreción de proyectos que inyecten capital fresco y obras, aun a costa de rigor competitivo. El caso de la UTF Playa Dorada, un predio de alto valor ecológico en Chapadmalal, es el ejemplo paradigmático de esta política. La licitación, que finalizó con Desarrolladora Homs S.A. como único oferente, fue aprobada por el Concejo Deliberante con el voto del oficialismo y sus aliados, a pesar de las críticas de la oposición y de las asambleas vecinales.
La defensa oficial se centró en la necesidad de asegurar una inversión de más de 2.018 millones de pesos en infraestructura, lo que justifica, a ojos oficialistas, el otorgamiento de la concesión por 20 años, prorrogables por 6 más. La crítica política, sin embargo, denunció la falta de transparencia, la ausencia de competencia real y el riesgo de avanzar sobre el valor ambiental del predio, señalando que la gestión “solo legisla para las corporaciones y no para la comunidad”.
Un patrón similar se observó en la Zona Norte. Unidades como Beltrán Norte y Playa Estrada requirieron múltiples llamados a licitación para encontrar un adjudicatario, revelando las dificultades del mercado para asumir compromisos en esa zona. Finalmente, en julio de 2025 se logró la adjudicación de Beltrán Norte y Playa Constitución. El hecho de que se necesiten dos o tres convocatorias para atraer inversores subraya el esfuerzo administrativo para regularizar estos frentes.
Por otro lado, la gestión de las UTFs también enfrenta desafíos inmediatos en el Centro y Punta Cantera. La UTF Playa Mariano, en Faro Norte, vio su contrario vencer en agosto de 2025. Además, en enero del mismo año, el balneario fue multado por el EMTURyC por extralimitarse en el uso de la playa pública. Este incidente ilustra el riesgo regulatorio en unidades con vencimiento inminente y la urgencia administrativa de definir su destino post-contractual.
En este marco se encuentran Playa Acevedo, Playa Santa Isabel y La Redonda, que fueron llamadas a licitación y la apertura de sobres será el próximo 17 de octubre. A esto, se suman otros vencimientos a corto plazo, como Balneario Punta Iglesia y Playa Chica, ambos con fecha límite en abril de 2026.
Finalmente, existen UTFs que sigue bajo figuras transitorias de “Depositario” o “Precario”, incluyendo a Punta Cantera I y Playa Bristol Popular. La política del Ejecutivo es clara: transformar la precariedad en concesiones que obliguen a la inversión y al pago de un canon.
El ritmo y la celeridad de las adjudicaciones sugieren una gestión decidida a consolidar este modelo, marcando una línea divisoria en la política costera del partido. La costa ya no es solo paisaje, es la principal herramienta de financiamiento de la infraestructura, lo que eleva el debate al plano más alto de la política local. Así, la cesión del uso público es la gran apuesta política a largo plazo que definirá el debate sobre el futuro costero de todo General Pueyrredon.
Más que simples balnearios, las UTFs son el mecanismo por el cual la gestión municipal actual ha decidido financiar la infraestructura pública y el desarrollo urbanístico, delegando la carga de miles de millones de pesos en inversión al capital privado a cambio de concesiones a muy largo plazo. La política de costa concesionada se consolida, pero no sin dejar a su paso controversias, acusaciones de opacidad y un riesgo de rigidez regulatoria que podría condicionar a las futuras administraciones por más de dos décadas.
Así, la radiografía administrativa del borde costero marplatense revela un patrón dual de gestión: un núcleo central petrificado en el tiempo y una periferia en frenética búsqueda de inversión. El primer patrón está ejemplificado por los contratos ultra-largos. Un puñado de UTFs estratégicas, como el emblemático Torreón del Monje y los Balnearios 1, 2 y 3 de La Perla, poseen contratos con vigencia extendida hasta el 2046. Esta decisión, tomada en administraciones anteriores, ata de manos al Municipio, impidiendo cualquier reordenamiento territorial o cambio profundo en el modelo de explotación de esos frentes de playa durante casi 21 años más.
El costo de asegurar estabilidad e inversión en el pasado es la pérdida de soberanía administrativa en el futuro. Frente a esta rigidez central, la administración ha puesto el foco en la Zonas Sur y Norte, históricamente más desordenadas, buscando saldar la deuda de unidades bajo figuras precarias o libres de ocupantes.
Este es el escenario de las grandes licitaciones de 2025, donde el Ejecutivo ha priorizado la concreción de proyectos que inyecten capital fresco y obras, aun a costa de rigor competitivo. El caso de la UTF Playa Dorada, un predio de alto valor ecológico en Chapadmalal, es el ejemplo paradigmático de esta política. La licitación, que finalizó con Desarrolladora Homs S.A. como único oferente, fue aprobada por el Concejo Deliberante con el voto del oficialismo y sus aliados, a pesar de las críticas de la oposición y de las asambleas vecinales.
La defensa oficial se centró en la necesidad de asegurar una inversión de más de 2.018 millones de pesos en infraestructura, lo que justifica, a ojos oficialistas, el otorgamiento de la concesión por 20 años, prorrogables por 6 más. La crítica política, sin embargo, denunció la falta de transparencia, la ausencia de competencia real y el riesgo de avanzar sobre el valor ambiental del predio, señalando que la gestión “solo legisla para las corporaciones y no para la comunidad”.
Un patrón similar se observó en la Zona Norte. Unidades como Beltrán Norte y Playa Estrada requirieron múltiples llamados a licitación para encontrar un adjudicatario, revelando las dificultades del mercado para asumir compromisos en esa zona. Finalmente, en julio de 2025 se logró la adjudicación de Beltrán Norte y Playa Constitución. El hecho de que se necesiten dos o tres convocatorias para atraer inversores subraya el esfuerzo administrativo para regularizar estos frentes.
Por otro lado, la gestión de las UTFs también enfrenta desafíos inmediatos en el Centro y Punta Cantera. La UTF Playa Mariano, en Faro Norte, vio su contrario vencer en agosto de 2025. Además, en enero del mismo año, el balneario fue multado por el EMTURyC por extralimitarse en el uso de la playa pública. Este incidente ilustra el riesgo regulatorio en unidades con vencimiento inminente y la urgencia administrativa de definir su destino post-contractual.
En este marco se encuentran Playa Acevedo, Playa Santa Isabel y La Redonda, que fueron llamadas a licitación y la apertura de sobres será el próximo 17 de octubre. A esto, se suman otros vencimientos a corto plazo, como Balneario Punta Iglesia y Playa Chica, ambos con fecha límite en abril de 2026.
Finalmente, existen UTFs que sigue bajo figuras transitorias de “Depositario” o “Precario”, incluyendo a Punta Cantera I y Playa Bristol Popular. La política del Ejecutivo es clara: transformar la precariedad en concesiones que obliguen a la inversión y al pago de un canon.
El ritmo y la celeridad de las adjudicaciones sugieren una gestión decidida a consolidar este modelo, marcando una línea divisoria en la política costera del partido. La costa ya no es solo paisaje, es la principal herramienta de financiamiento de la infraestructura, lo que eleva el debate al plano más alto de la política local. Así, la cesión del uso público es la gran apuesta política a largo plazo que definirá el debate sobre el futuro costero de todo General Pueyrredon.
Después de casi nueve meses, el Ejecutivo se decidió por una oferta para el estacionamiento medido
Después de casi nueve meses de silencio administrativo, idas y vueltas técnicas y un expediente que parecía dormir la siesta en un cajón, el Ejecutivo finalmente se decidió y envió al Concejo Deliberante la propuesta para adjudicar la concesión del estacionamiento medido. La elegida es Boldt Tech S.A., una de las cuatro empresas que habían participado de la licitación en enero.
El expediente busca la convalidación legislativa para una de las licitaciones más esperadas —y más rentables— del municipio. El contrato prevé una concesión por nueve años, con posibilidad de prórroga por uno más, y una participación municipal que irá del 22% al 45% de la recaudación.
El proceso había comenzado el 22 de enero, cuando se abrieron los sobres de Grupo Núcleo S.A., Propago Argentina S.R.L., Boldt Tech S.A. y Tacuar S.R.L.. Desde entonces, la definición se transformó en una especie de embarazo burocrático: comisiones asesoras, dictámenes cruzados y un sistema que, mientras tanto, siguió funcionando con más parches que innovación.
El pliego aprobado habilita ajustes tarifarios trimestrales atados al valor de la nafta premium de YPF y promete incorporar tecnología para mejorar el control, el cobro y la transparencia del servicio. Hoy, unas 3.800 plazas en el radio céntrico continúan bajo un esquema obsoleto, sin mejoras ni modernización desde hace años.
En su mensaje al Concejo, el Ejecutivo defendió la elección de Boldt Tech por haber presentado “la oferta más conveniente” y aseguró que el nuevo sistema “incorporará tecnología que agilizará los procesos y garantizará mayor transparencia en la gestión”. La Comisión Asesora de Preadjudicación y la Dirección de Contrataciones recomendaron por unanimidad avanzar con la firma.
Por ahora, el expediente no tiene giros definidos, aunque se espera que pase por las comisiones de Legislación, Hacienda y Movilidad Urbana antes de llegar al recinto. En el oficialismo confían en que el tratamiento se agilice, aunque en los pasillos del Concejo ya circula una ironía: “Si la licitación tardó nueve meses, que el parto legislativo no sea por cesárea”.
Milei en el Parque Industrial: defendió la inversión privada y endureció el mensaje contra “narcos y chorros”
El presidente de la Nación, Javier Milei, protagonizó este martes un acto en Mar del Plata al encabezar la inauguración de la nueva planta procesadora de papas de la multinacional estadounidense Lamb Weston en el Parque Industrial General Savio. Con una inversión destacada de más de 330 millones de dólares y la promesa de generar 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos, el mandatario utilizó el evento para reafirmar su modelo económico y encarar el escándalo político que sacudió a su espacio.
Ante un auditorio que contó con la presencia del intendente Guillermo Montenegro, el propio Diego Santilli, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la diputada Lilia Lemoine, y los candidatos a diputados nacionales Diego Santilli, Karen Reichardt, Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio, Milei fue claro al señalar el rumbo económico que busca consolidar. "Este es el camino: la inversión privada y el trabajo genuino", remarcó el presidente, destacando que la planta es "una muestra de la Argentina que estamos creando, tanto para nosotros como para las generaciones venideras".
El jefe de Estado insistió en que el crecimiento del país pasa por la desregulación y la reducción de la injerencia estatal. "Nuestro camino es liberar la economía de los grilletes que le puso el Estado", manifestó. En una crítica directa a sus opositores, sostuvo: "Los defensores del Estado presente dicen que la gente no llega a fin de mes, cuando a alguien no le alcanza es porque sobra Estado y esta gente si verdaderamente estuviera preocupada no tendría que estar proponiendo como solución más Estado, sino menos Estado". Además, señaló que para lograr "crecimiento, ahorro e inversión, tienen que respetar el derecho de propiedad, y para eso se debe correr al Estado del medio bajando impuestos, desregulando y quitando kioscos de políticos corruptos”.
El discurso, que combinó la lectura de un documento con improvisaciones, también abordó de lleno la crisis desatada tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por las sospechas de financiamiento narco. Así, Milei aprovechó para destacar la presencia del nuevo primer candidato por la provincia de Buenos Aires. "Hoy nuestra lista de la provincia está encabezada por alguien que sabe de Seguridad y lo hizo exitosamente en Caba, el queridísimo Colo Santilli", citó.
Fue en este marco que el presidente lanzó su más dura advertencia en materia de seguridad: “Narcos y chorros, les aviso que se las vamos a hacer pasar mal”.
La jornada cerró con un tono de reafirmación política. “Gracias por apostar por la Argentina para expandirse. Este es el futuro que queremos, liberar la economía de los grilletes del Estado y construir una nación basada en el mérito y la libertad”, afirmó Milei antes de retirarse del predio.
El STM se posiciona y denuncia las designaciones “a dedo”
El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) ha definido la actualidad de los empleados municipales como "compleja", y denunció que el trabajador municipal está "muy apuntado por un Ejecutivo que quiere parecerse mucho al presidente Javier Milei, al estilo libertario, donde el personal municipal es rehén de sus políticas”.
La crítica central del STM apunta al incumplimiento de la propia ley 14.656 y de los compromisos asumidos por el Departamento Ejecutivo respecto al ingreso a los cargos jerárquicos. A su vez, el gremio destacó que, si bien al inicio de la gestión se promovió el acceso a cargos solamente por concurso, esta política fue decayendo hasta que, a principios de 2025, el Ejecutivo comenzó a realizar nombramientos directos, bajo la figura de designaciones "hasta llamado concurso", calificándolos de "nombramientos por fuera de la ley".
Desde una lectura política, para el STM, estos movimientos buscan asegurar "espacios de poder dentro del organigrama municipal bastardeando la carrera administrativa y las garantías de igualdad de oportunidades que marca la ley".
El "batacazo" de los Nombramientos y las "capas geológicas"
Ante este panorama preocupante, el sindicato expresó una profunda sensación de "defraudación", señalando que mientras se concursan cargos menores, "por otra parte están regalando cargos jerárquicos". El clímax de esta crítica llegó con “el reciente anuncio en el Boletín Oficial de 21 cargos” bajo la figura cuestionada, más otros 16 o 17 inminentes.
Además de la crítica al mecanismo de designación, el STM cuestionó fuertemente el incumplimiento de la promesa del intendente Guillermo Montenegro de no dejar "capas geológicas" en la Municipalidad, citando su compromiso público: "quiero dejar bien en claro, funcionario que ingresa bajo mi gestión, funcionario que se va cuando me vaya".
En esta línea, el sindicato expuso casos emblemáticos para demostrar la contravención a este principio. Sofía Pomponio: ingresó como profesional de carrera mayor, fue directora general y, al ser actualmente diputada provincial, "volverá a Mar del Plata y se quedará acá, y en planta permanente". Valeria Méndez: Directora General a la que, según el STM, se le otorga un decreto de agradecimiento, se la pasa a Planta Permanente como profesional de carrera mayor, y retiene el cargo sin haber cumplido la carrera municipal o el año de antigüedad exigido, lo que implicaría que "se va Montenegro y todos los que se quieran ir, pero Valeria Mendez nos queda como funcionaria dentro de la municipalidad". Viviana Salguero: ingresó en pandemia, pasó a Planta Permanente, fue nombrada directora y confirmada en el último "decretazo", siendo, según el gremio, una persona "que no conoce la ciudad, que no tiene los mejores conceptos para la ciudad de Mar del Plata ni para los marplatenses ni para los trabajadores municipales".
Expectativa, acción y profunda indignación
El STM anticipó que las designaciones a dedo continuarán, mencionando al EMSUR y a Desarrollo Social como las próximas áreas, en lo que consideran un "reacomodamiento de cara al 10 de diciembre" para asegurar espacios de poder. Ante la posibilidad de profundización de estas políticas, el sindicato aseguró estar "expectantes y actuantes", prometiendo "hacer las denuncias pertinentes, vamos a hacer las impugnaciones correspondientes, vamos a tener las charlas internas que tengamos que tener y vamos a salir a pelear los derechos del trabajador como lo hicimos históricamente".
La bronca de las bases es palpable. El sindicato reflejó la frustración de los empleados de carrera: "La defensa de los derechos de todos los compañeros y a la vez no permitir que se bastardee la carrera municipal es lo que nos define. Nuestra vida es una vida de vocación y servicio a nuestra comunidad". La indignación se intensifica al ver "paracaidistas, gente que llega y aterriza y se maneja como si fuera su casa, en verdad es nuestra casa. la verdad que es una ofensa".
El sentimiento es generalizado: “Estamos desilusionados. Muy desilusionados y enojados" por ver que el derecho de concursar un cargo jerárquico se les corta, mientras que a otros se les da "por la ventana volando y se queda con los cargos", acusando al Ejecutivo de buscar implícitamente el enfrentamiento "entre trabajador y trabajador y entre el sindicato y los compañeros también”.
Hacienda avaló la emergencia de residuos y la prórroga por dos años
El debate en torno al servicio de recolección de residuos urbanos de General Pueyrredon escaló hoy un peldaño más. En la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante se aprobó el expediente 1585/25, que declara la Emergencia Económico-Financiera del servicio y, simultáneamente, prorroga por dos años el contrato de prestación en vigencia, habilitando además una extensión por igual período a criterio del Ejecutivo. Con este aval, el proyecto quedó listo para ser tratado en la próxima sesión.
El trámite en la comisión, presidida por la libertaria María Cecilia Martínez, replicó el mapa de votación que ya se había visto en Ambiente y Legislación: el voto positivo del interbloque oficialista —integrado por el PRO, la CC - ARI y la UCR— fue determinante para obtener el despacho favorable. Así, la aprobación en Hacienda confirma la estrategia del oficialismo saliente de garantizar la continuidad del servicio, uno de los más costosos, en plena transición hacia la nueva administración. No obstante, el expediente llega al recinto bajo un intenso cuestionamiento de la oposición.
UP mantuvo su voto negativo en rechazo al proyecto. Desde el bloque, se sostiene que la emergencia declarada en octubre opera como un paraguas para sortear la obligación de enviar un pliego de licitación y tapar la "falta de planificación" del Ejecutivo en un tema central. Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) y AM optaron por la abstención.
La rápida aprobación de este proyecto evidencia que el oficialismo prioriza asegurar los servicios esenciales antes del recambio de bancas. En este marco, con el último filtro superado, la prórroga del contrato de residuos será uno de los temas centrales y más tensos de la agenda legislativa, anticipando un fuerte debate político y legal en la próxima sesión del Concejo.
Boldt: ¿quién es, qué hace y por qué aparece en el estacionamiento medido?
Tras casi nueve meses de indefiniciones, el expediente sobre el estacionamiento medido volvió a moverse. El Ejecutivo encabezado por Guillermo Montenegro decidió enviar al Concejo Deliberante la propuesta para adjudicar el servicio a Boldt Tech S.A., una de las cuatro empresas que habían participado de la licitación pública abierta el 22 de enero. En esa oportunidad se presentaron Grupo Núcleo S.A., Propago Argentina S.R.L., Boldt Tech S.A. y Tacuar S.R.L..
Según los fundamentos del proyecto, la compañía seleccionada presentó “la oferta más conveniente” y su propuesta “incorporará tecnología que agilizará los procesos y garantizará mayor transparencia en la gestión”. Tanto la Comisión Asesora de Preadjudicación como la Dirección de Contrataciones recomendaron por unanimidad avanzar con la firma.
El contrato prevé una concesión por nueve años, con la posibilidad de una prórroga por doce meses adicionales. Además, establece que las tarifas se ajustarán automáticamente cada cuatro meses, según la variación del precio de la nafta premium de YPF. El sistema abarcará 3.818 plazas comprendidas entre las calles 25 de Mayo, España, avenida Colón y Buenos Aires.
Quién es Boldt
Boldt S.A. —o su filial Boldt Tech S.A.— es una empresa argentina con casi un siglo de historia. Nació en el rubro gráfico, dedicada a la impresión de valores de seguridad y documentos oficiales, pero con el tiempo se diversificó hacia sectores tecnológicos y de servicios al Estado.
Detrás de la empresa se encuentra la familia Tabanelli, que desde hace décadas controla el grupo. Su fundador, Antonio Ángel Tabanelli, fue presidente de Boldt y una figura clave en la expansión del negocio del juego en la Argentina hasta su fallecimiento en junio de 2025. Tras su muerte, el control de la compañía pasó formalmente a sus hijos: Antonio Eduardo Tabanelli y Rosana Beatriz Martina Tabanelli, directora titular desde 2022.
Hoy, su principal fuente de ingresos proviene del juego legal y las apuestas, tanto en plataformas online como en casinos físicos. Opera bplay, la plataforma de apuestas deportivas y juegos de casino autorizada en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, CABA y Paraguay, entre otras jurisdicciones.
En territorio bonaerense, Boldt administra varias salas de casino —entre ellas las de Mar del Plata, Tandil, Pinamar, Miramar y Mar de Ajó— y mantiene contratos con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) desde mediados de los noventa. Además, desarrolla sistemas informáticos, soluciones de cobro, monitoreo y control para distintos organismos públicos.
Vínculos con la política y trayectoria en las concesiones
Boldt mantiene una relación histórica con el Estado provincial. Desde 1995 posee la exclusividad para la provisión de máquinas tragamonedas en los casinos bonaerenses, contrato que fue prorrogado en sucesivas gestiones —de Felipe Solá, Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y Axel Kicillof—, en muchos casos sin nuevas licitaciones.
En abril de 2025, el IPLyC volvió a prorrogar los contratos de la empresa hasta diciembre de ese año, a la espera de un nuevo proceso licitatorio. Sin embargo, en octubre pasado, la Provincia resolvió excluir a Boldt de la licitación de cinco de los siete casinos por “irregularidades técnicas”, una medida que reavivó los cuestionamientos sobre su desempeño.
Antecedentes judiciales y sanciones
A lo largo de su trayectoria, Boldt ha estado involucrada en distintas denuncias y controversias. En 2012, fue señalada por supuestos “manejos irregulares” con la Lotería y Casinos bonaerense, luego de que se encontraran equipos y papelería oficial de la firma almacenados en depósitos privados de Mar del Plata.
En 2018, el Ministerio de Seguridad provincial la sancionó con más de 300.000 pesos e inhabilitó a una empresa de seguridad contratada por Boldt sin autorización para custodiar el Casino del Mar, ubicado en el Paseo Hermitage. Ese mismo año, la Justicia ratificó la clausura del Casino del Mar por funcionar sin habilitación municipal.
La empresa también fue protagonista en el recordado caso Ciccone Calcográfica, cuando alquiló parte de la planta antes de su expropiación. En ese contexto, recibió una multa por presuntas irregularidades contractuales, que luego fue anulada por la Corte Suprema.
Presencia local y repercusión política
En Mar del Plata, Boldt opera las salas del Casino del Mar y del Hotel Sasso, por lo que su nombre no es ajeno a la política local. Las sanciones por seguridad no autorizada y la clausura judicial de una de sus sedes generaron antecedentes que hoy reavivan el debate sobre la transparencia de las concesiones.
El proyecto de adjudicación del estacionamiento medido llega, además, en un contexto en el que distintos sectores políticos y vecinales cuestionan la privatización de servicios públicos y alertan por los mecanismos de control. El canon que la empresa adjudicataria deberá pagar al municipio —entre 22% y 45% de la recaudación— también plantea interrogantes sobre la rentabilidad y el verdadero beneficio para el Estado local.
Un contrato bajo la lupa
Si se aprueba, Boldt deberá implementar la infraestructura tecnológica del sistema, con red de pagos, monitoreo en línea, atención al usuario y control de infracciones. Su experiencia en sistemas de cobro y control puede ser una ventaja, pero los antecedentes judiciales, las sanciones y las prórrogas sin licitación pesan sobre su imagen pública.
El expediente ingresó al Concejo Deliberante para su tratamiento en comisiones. La definición no solo marcará quién se quedará con el estacionamiento medido durante los próximos años, sino también qué modelo de gestión adoptará el municipio.
El Foro de la Construcción busca condicionar al futuro gobierno de Neme
Con el cambio de mando a la vuelta de la esquina, los grupos de poder ya comenzaron a moverse para no quedar afuera del tablero. En Mar del Plata, uno de los sectores más influyentes es el de la construcción, que a través de su foro sectorial empezó a desplegar una estrategia de presión política sobre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, buscando condicionar las primeras decisiones del futuro intendente interino, Agustín Neme.
El Foro de la Construcción, integrado por colegios profesionales, cámaras empresarias y sindicatos del rubro, se reunió esta semana con el objetivo de definir una agenda de trabajo para el período 2025–2026. En ese encuentro, coordinado por el Colegio de Técnicos – Distrito V, se abordaron temas que, aunque técnicos en apariencia, tienen una clara connotación política: la prórroga de la ordenanza de incentivos a la construcción, las demoras en Obras Privadas y, sobre todo, la intención del sector de participar en la designación del futuro secretario de Obras del Municipio.
En los papeles, la idea sería “garantizar una gestión ágil, participativa y transparente”. Pero en la práctica, la movida tiene otro trasfondo: el sector pretende poner un pie dentro del Ejecutivo y asegurarse que el área encargada de autorizar y controlar los metros construidos responda a sus intereses. Lo que en el lenguaje político se traduce en una rosca anticipada para elegir quién manejará una de las cajas más sensibles del gobierno municipal.
Actualmente, la Secretaría de Obras está a cargo del radical Jorge “Gusasa” González, hombre del riñón de Daniel Katz, que se encuentra de licencia hasta el 27 de octubre. En su lugar fue designado Santiago Bonifatti, titular del EMSUR, quien cumple funciones interinas. Sin embargo, todo indica que González no regresará al cargo y que el área será reestructurada cuando Neme asuma el Ejecutivo. El Foro ya dejó claro que quiere ser consultado en esa decisión. “Es necesario un perfil técnico y con diálogo con el sector”, afirmaron algunos de sus integrantes, aunque dentro del Municipio interpretan el pedido como un intento directo de condicionar la conformación del nuevo gabinete.
En paralelo a la rosca sobre nombres, el Foro también presiona sobre el Concejo Deliberante, donde los expedientes 1536/25 y 1537/25 —que prorrogan la vigencia de los incentivos a la construcción— quedaron enredados en una disputa técnica y política. En la última reunión de la Comisión de Legislación, que preside el radical Daniel Núñez, el bloque de Unión por la Patria advirtió sobre la posible caducidad de la ordenanza 25.113 desde junio de 2024, lo que podría dejar un vacío legal en materia de permisos y habilitaciones. Ante ese planteo, Núñez accedió a dejar ambos expedientes en comisión a la espera de un pedido de informe, lo que postergó su tratamiento hasta nuevo aviso.
El gesto de UP no fue inocente: se trató de una maniobra para exponer las falencias del Ejecutivo y poner bajo la lupa la gestión de Obras, justo cuando el Foro exige celeridad en los trámites y mayor control sobre las obras clandestinas. Así, mientras los concejales debaten informes y prórrogas, el grupo de cabildeo más poderoso del sector teje acuerdos y busca tener la lapicera que define qué se construye y qué no en Mar del Plata.
Con el cambio de gestión a la vista, el Foro de la Construcción decidió adelantarse a los tiempos políticos y “poner todos los huevos en el gallinero”. Su mensaje es claro: quieren participar de las decisiones, elegir interlocutores y asegurarse que el próximo secretario de Obras sea alguien de su confianza. Neme, que todavía no asumió formalmente, ya siente el peso del primer lobby organizado de su futura gestión.
La ADA ordena cese de obras en barrio cerrado de Chapadmalal
El mensaje que la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires había enviado con sus recientes resoluciones de control sobre la ribera costera ha dejado de ser una advertencia para convertirse en una acción concreta. Un proyecto de barrio privado en Chapadmalal sintió el impacto de este endurecimiento normativo provincial al ser sorprendido con obras clandestinas y recibir una orden de “cese inmediato”.
Según informó el Observatorio Paseo Costanero Sur, la ADA constató movimientos de suelo y la construcción de un paredón de 100 metros que alteraban el escurrimiento hídrico en un predio que solo contaba con un trámite inicial de prefactibilidad (Caso 124514), pero carecía de la autorización final. Esta maniobra a espaldas de la ley le valió al desarrollador la imputación de infracción al Artículo 94 del Código de Aguas (Ley 12.257).
La medida cautelar de “cese” confirma el rol de la Provincia como "filtro excluyente" para la expansión inmobiliaria costera. La intervención demuestra que la ADA está vigilante y dispuesta a aplicar el riguroso escrutinio anunciado, que busca evitar que se ignoren los estándares de protección del dominio público hídrico y de los médanos.
La situación legal no es menor: la alteración del paisaje hídrico sin permiso no solo implica una multa económica, sino que expone al proyecto a la aplicación del Artículo 166 bis del Código de Aguas. Dicha sanción puede devenir en la parálisis financiera y la imposibilidad de obtener habilitaciones esenciales, poniendo en riesgo la viabilidad total del mega-emprendimiento.
El caso Chapadmalal es el primer indicador palpable de que el ajedrez político-urbanístico se reconfiguró: la aprobación municipal ya no es suficiente. El control ambiental y territorial ejercido desde La Plata ha marcado la cancha de forma efectiva, enviando una señal clara a intendencias y desarrolladores por igual: la protección de la costa atlántica tiene ahora una jerarquía provincial y quienes intenten avanzar por vías clandestinas enfrentarán las consecuencias.
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