Con un mandato que expira y sin chances de renovación, la concejal del PRO quedó en el centro de una causa penal que destapa prácticas opacas durante su conducción en UTHGRA. La denuncia, cargada de pruebas documentales, la acusa de usar dinero del sindicato para adquirir un departamento a título personal.

Mercedes Morro: una gestión gremial bajo la sombra del desvío de fondos

El final del recorrido político de Mercedes Morro en el Concejo Deliberante se ve empañado por una denuncia penal tan grave como detallada. Radicada por la conducción actual de UTHGRA Mar del Plata, la presentación judicial describe un presunto esquema sistemático de desvío de fondos durante su gestión al frente del sindicato, con el objetivo de financiar la compra de un inmueble para uso personal. El caso, lejos de ser un episodio aislado, revela un modus operandi que compromete no solo a la exsecretaria general, sino también a su entonces tesorero, hoy funcionario del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), Horacio Darío Ocampo.

La operación se documenta con 14 transferencias directas desde cuentas gremiales a una desarrolladora inmobiliaria, correos institucionales utilizados para trámites personales, facturas de servicios a su nombre gestionadas desde el gremio y comunicaciones del consorcio del edificio donde figura como propietaria. Todo en simultáneo con gestiones internas que demuestran que la compra no fue autorizada por la comisión directiva ni formó parte de ningún plan institucional.

Lo que más resalta, sin embargo, es la crudeza con la que se evidencia la apropiación privada de recursos colectivos. “Transferir el refuerzo por el departamento”, escribía el tesorero, en un correo gremial, como si se tratara de un trámite normal. A eso se suman facturas de EDEA a nombre de Morro enviadas al correo del sindicato, y correos del consorcio del edificio destinados a ella como propietaria, también enviados al mismo canal institucional.

Morro ya no tiene margen de reelección en el Concejo Deliberante, pero las consecuencias de su paso por la política y el sindicalismo comienzan a desplegarse. Con una denuncia penal firme y documentación que podría derivar en imputaciones, su figura representa una de las caras más crudas de la mala praxis institucional que persiste, y se oculta, en las estructuras gremiales y políticas.

Más allá de la voluntad judicial, el caso abre un interrogante incómodo: ¿cuántas gestiones similares quedaron sin revisar? ¿Cuánto del capital sindical termina licuado en intereses personales? La denuncia contra Morro, por lo pronto, obliga a mirar con otra lupa los vínculos entre representación gremial y acumulación privada. Porque cuando los fondos colectivos se convierten en patrimonio individual, no se trata solo de un delito: es una traición.

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