Tras la polémica adjudicación de Playa Dorada, vecinos organizados en Chapadmalal pidieron al intendente Montenegro que vete la ordenanza. Denuncian graves irregularidades ambientales y falta de participación ciudadana. Además, reclaman la suspensión del proceso, una mesa de diálogo multisectorial y anticipan una ofensiva judicial si no son escuchados. La demanda social vuelve a tensionar la agenda política y el vínculo entre gobierno y comunidad.

Playa Dorada: un pedido de veto agita el frente costero

La concesión de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Dorada, aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante y avalada por el oficialismo y los bloques aliados, volvió a encender una disputa que no es solo ambiental. Con un extenso y argumentado comunicado, integrantes de la Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal solicitaron al intendente Guillermo Montenegro que vete la ordenanza que habilitó la adjudicación del espacio a Desarrolladora Homs S.A., única oferente y calificada con el puntaje mínimo.

Los cuestionamientos son múltiples: falta del Estudio de Impacto Ambiental, exclusión de áreas técnicas como Gestión Ambiental y la Comisión de Ambiente, y la omisión de instancias de participación ciudadana temprana, como exige el Acuerdo de Escazú. A ello se suman observaciones sobre el plano de mensura, la vulneración de ordenanzas vigentes y la inexistencia de una evaluación ambiental estratégica que integre la planificación del frente costero sur.

La zona, parte de la Reserva Paseo Costanero Sur, posee una alta sensibilidad ecológica y arqueológica. Los vecinos advierten que el modelo de desarrollo impulsado no solo desconoce este valor, sino que reproduce una lógica de concesiones sin planificación de largo plazo, con experiencias conflictivas previas en Manantiales o Calamar Loco.

El reclamo interpela también la coherencia institucional del Ejecutivo. Desde la misma gestión se promovió un amparo judicial contra la exploración offshore por carecer de participación y estudios de impacto. Ahora, los firmantes piden que esos principios no se apliquen según conveniencia. En ese sentido, exigen la suspensión inmediata del proceso licitatorio, la convocatoria a una mesa de trabajo con participación ciudadana y técnica, y advierten que, de no obtener respuesta, iniciarán acciones judiciales para frenar el avance de la concesión.

En plena campaña electoral, y con el frente costero como escenario de disputas recurrentes, el pedido de veto expone una grieta política más profunda: el modelo de ciudad que se construye y la legitimidad del proceso que lo sostiene. El intendente, ahora con la decisión en sus manos, deberá definir si promulga o retrocede. La comunidad, ya se pronunció.

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