La Tecla Mar del Plata
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A menos de tres meses de las elecciones provinciales, el oficialismo local volvió a marcarle la cancha a la gestión bonaerense. Esta vez, el escenario fue el Consejo Escolar de General Pueyrredon, donde familias de Boquerón, Paraje Los Ortiz, Las Charitas y Batán se movilizaron para reclamar por la restitución del transporte escolar, interrumpido desde el 2 de junio.
El bloque Juntos del Consejo Escolar salió a respaldar el reclamo de las familias y exigió el restablecimiento urgente del servicio, clave para garantizar el acceso a la educación pública de más de 2.000 estudiantes del sur del distrito. La preocupación es aún mayor en los casos de estudiantes con discapacidad, que requieren transporte adaptado y, por la falta del mismo, no pueden asistir a clases. “El impacto es doblemente grave. Son chicos para quienes la continuidad pedagógica es fundamental”, advirtieron desde la oposición.
El conflicto, aseguran, tiene origen en una baja de los montos asignados por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia. Aunque desde La Plata niegan haber modificado los valores, las planillas oficiales que se utilizaron para la licitación local reflejarían una reducción de hasta el 42%. “Los valores no los fijó el Consejo, llegaron desde la Provincia”, aclararon.
Desde el Consejo Escolar también desmintieron versiones sobre una supuesta partida de 65 millones de pesos para cubrir el transporte: “Los transportistas todavía no cobraron marzo”, señalaron. En este marco, los proveedores suspendieron el servicio por tiempo indefinido, lo que afecta a miles de estudiantes, en su mayoría de zonas rurales y con trayectos largos hasta sus establecimientos.
El oficialismo local hizo equilibrio entre el reclamo legítimo de las familias y la tensión con la Provincia. “No vamos a ser parte de una disputa económica entre el Gobierno bonaerense y los transportistas. No nos vamos a prestar a negociaciones sectoriales que usen a los estudiantes como rehenes”, remarcaron.
Mientras continúan las gestiones ante las autoridades provinciales, las familias siguen esperando una solución concreta que les devuelva a sus hijos e hijas el acceso a la educación.