La Tecla Mar del Plata
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Se trata del expediente 1018/2024, impulsado por los concejales Angélica González y Guido García, que propone modificar el artículo 3° de la ordenanza 23.928 —sancionada en 2019 bajo la intendencia de Carlos Arroyo— para que las sanciones contra conductores de apps queden sin efecto mientras no exista una regulación clara del servicio.
El tratamiento en diciembre pasado encendió un fuerte debate entre ediles y referentes del sector, que acudieron al recinto a plantear su rechazo. Sin embargo, desde entonces, la iniciativa quedó en pausa y no se volvió a incluir en el temario de la comisión.
En medio de ese parate, la Federación Nacional de Conductores de Taxis decidió mover el tablero por otra vía: la judicial. En este sentido, el gremio presentó una medida cautelar en el Juzgado Civil y Comercial N°9 para exigir el cumplimiento efectivo de la ordenanza 23.928, que establece fuertes sanciones para quienes ofrezcan servicios de transporte sin habilitación. Denuncian que, pese a la normativa vigente, las aplicaciones siguen operando “con total impunidad”.
La presentación judicial fue acompañada por un reclamo directo al intendente Guillermo Montenegro, a quien responsabilizan por no hacer cumplir la norma que su espacio político impulsó. En este contexto, la presión del gremio sobre el Ejecutivo se redobla, mientras el Legislativo permanece en silencio.
Por lo pronto, los conductores de aplicaciones continúan prestando servicio sin marco regulatorio, los taxistas agudizan su ofensiva legal, y el proyecto para modificar la normativa duerme en los cajones del Concejo.