Un nuevo sondeo de Zuban, Córdoba y Asociados reveló un panorama contradictorio respecto a las percepciones de la sociedad sobre el conflicto entre el Gobierno y las casas de estudios.

La cruzada contra las universidades repercute y divide a la sociedad

La última encuesta de Zuban, Córdoba y Asociados revela un panorama contradictorio respecto a las percepciones de la población sobre la universidad pública y las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, en el contexto del conflicto entre el Gobierno y las casas de estudio.

A pesar de las críticas del Presidente hacia las universidades públicas, la mayoría de los encuestados no valida sus apreciaciones, aunque un porcentaje importante apoya algunas de sus medidas.

La encuesta mostró un fuerte respaldo a la universidad pública como institución. Un abrumador 99% de los encuestados cree que la educación es una herramienta esencial para el crecimiento del país. Además, el 86,4% considera que las universidades públicas son un orgullo nacional, y el 80,7% está de acuerdo en que estas instituciones ayudan a la movilidad social. Estas cifras reflejan una percepción positiva y un reconocimiento del valor de la educación pública en Argentina.

En contraste, las afirmaciones del presidente Milei sobre las universidades públicas no encuentran eco en la opinión pública. El 91% de los encuestados está en desacuerdo con la idea de que las universidades públicas son un gasto innecesario, y el 76,2% rechaza la afirmación de que los pobres no llegan a estas instituciones.

El análisis de Zuban, Córdoba y Asociados destaca que afirmaciones como que "la universidad pública no le sirve más que a los ricos y clases medias altas" y que "la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos" no encuentran eco en la mayoría de la población, que valora positivamente el rol de las universidades públicas.

Sin embargo, cuando se trata de políticas concretas, las opiniones están más divididas. Un 38,1% de los encuestados apoya el veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario, mientras que un 59,3% se opone a esta medida. Esta contradicción refleja una compleja relación entre las percepciones generales sobre la universidad pública y las políticas específicas del gobierno.

La UBA la primer auditada

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) enviará el lunes una carta formal al rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, para comenzar con las auditorías presupuestarias que impulsa el Gobierno a las universidades nacionales, que están en pie de guerra desde hace semanas por el ajuste presupuestario y el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Así lo confirmó el síndico general, Miguel Blanco, al ratificar que desde la semana que viene se comenzará con el proceso que autorizó el gobierno libertario. “Le voy a dirigir una carta al rector de la UBA para que designe un contacto y se empiece a planificar la auditoría, y pongan a disposición la documentación que necesitamos para hacerlo”, detalló Blanco.

Según Blanco, la supervisión de los recursos y gastos estará centrada en el destino de los fondos públicos, pero sobre todo los convenios que las universidades han suscrito. “Nos vamos a fijar cuál es el origen de los fondos y cuándo se recibieron. La UBA tiene más de 350 convenios, hay que ver qué fondos se recibieron con esos convenios y con quién se hizo”, precisó el síndico en declaraciones a FM Millenium.

El funcionario se refirió puntualmente a los reparos que hizo el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, a que el Gobierno audite los gastos universitarios. Yacobitti había advertido que los controles internos y externos son públicos y que todo forma parte de una “ataque” del Poder Ejecutivo a la universidad pública. Otro de los argumentos de las universidades para resistir las auditorías se refiere a que el Poder Ejecutivo afecta a su autonomía institucional.

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