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Sábado, 15 junio 2024
Argentina
Política Nacional
8 de junio de 2024
RESUMEN

Lo que la semana nos dejó

Se formalizó la renuncia del subsecretario de Seguridad; la nota de la revista sobre el conflicto entre el Ejecutivo y el STM; continúan avanzando los plazos para la elección en la Defensoría del Pueblo; las primeras respuestas del municipio sobre el proyecto de “esencialidad”; y la escalada en el conflicto entre el gobierno y los municipales. Todo esto entre lo más destacado de la semana, de la mano de la Tecla.

Lo que la semana nos dejó
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Defensoría del Pueblo: los perfiles de los postulantes que aspiran al cargo

 

El viernes 31 de mayo se conoció la nómina de candidatos a la Defensoría del Pueblo. En total, hubo 28 personas inscriptas a lo largo de los 10 días, que ahora podrán convertirse en el próximo defensor mediante el voto de los concejales por  mayoría simple.

 

Hasta el lunes 3 de junio, cualquier ciudadano o entidad podrá presentar observaciones o denuncias sobre alguno de los postulantes. Luego, los pretendientes podrán realizar su descargo en los siguientes 6 días.

 

La nómina, variopinta, contiene postulantes que provienen de distintas áreas de la administración pública, particulares sin vínculo con el Palacio y nombres con nexos políticos claros. Lo que más prevalece entre los profesionales son los abogados.  Conocé con La Tecla quiénes son.

 

 

Juan Manuel Aiello: El ravertista, en la actualidad es presidente de la cooperativa Oktupak, que desarrolla actividades en el penal de Batán. Fue director de políticas deportivas del EMDER del 2011 al 2015 durante la intendencia de Pulti. Además, es atleta de alto rendimiento.
 

Agustina Alem: Abogada recibida en la UNMDP, especializada en derecho municipal. Es asesora legal de la Dirección General de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto de la Municipalidad de General Pueyrredón (2020-2024).
 

Fernando Álvarez: Veterano de la guerra de Malvinas. Fue tres veces presidente del Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata y, en la actualidad, se desempeña como encargado de las relaciones institucionales y de las actividades de desarrollo social. También fue declarado ciudadano ejemplar por el HCD.
 

Ariel Antúnez: Profesor de educación física y guardavidas. 
 

Gabriel Biocca: Abogado recibido en la UNMDP y docente en la Facultad de Derecho. Actualmente cumple labores en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Expresidente del Consejo Escolar de Gral. Alvarado del 2017 al 2023.
 

Rodrigo Blanco: Militante de Libres del Sur y fue candidato a intendente por el espacio. Es director del Instituto de Investigación Social, Económica y de Política Ciudadana (ISEPCI) de la ciudad. Es abogado recibido en la UNMDP. 
 

Alejandra Bonci: Es docente de nivel inicial recibida en el Instituto Superior Nº 19. Además, es presidenta de Talleres Fútbol Club.
 

Brian Cardoso: Trabajador de una importante cadena de supermercados de la ciudad y secretario del Sindicato de Empleados de Comercio Supermercados e Hipermercados de Mar del Plata. Es coordinador de los Centros Territoriales del Registro Nacional de las Personas. Además, es presidente de la Cooperativa Fratelli de la Terraza.
 

Enrique Casellas: Abogado en actividad. Secretario del Instituto de Seguros y Responsabilidad Civil del Colegio de Abogados de Mar del Plata – Segundo mandato 2022-2024. 
 

Mónica Felices: De fuerte vínculo con el bullrichismo, fue candidata a diputada nacional en 2023. Con antecedentes en la Defensoría del 2003 al 2013 como adjunta. Es martillera pública recibida de la Universidad Siglo 21. Además, fue presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento de General Pueyrredón y directora de Asuntos de la Comunidad de la comuna.
 

Leandro Gabás: El radical abadista es presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata desde 2022 hasta la actualidad. Es abogado recibido en la UNMDP, especialista en Derecho Procesal Civil y Comercial (UBA). Suena como uno de los candidatos fuertes del oficialismo.
 

Elvio Garro: Con amplia experiencia como auxiliar administrativo y gerente de una pyme familiar. Fue presidente del Biguá Rugby Club y ocupó el cargo de director de la ONG de Asuntos de la Comunidad.
 

María Gaudini: Licenciada en psicología recibida en la UNMDP, especializada en niñez y adolescencia.
 

Andrea González: Abogada recibida en la UNMDP, trabaja en su propio estudio jurídico y es docente secundaria en el Instituto Carlos Tejedor. Es creadora del “Observatorio Jurídico” y del “Espacio Identidad Marplatense”, donde se difunden distintas problemáticas que preocupan a los vecinos de la comuna. Además, realiza actividades de voluntariado.
 

Marcelo Lacedonia: El boina blanca sonaba en principio como candidato oficialista pero no convencía al resto del interbloque. Es abogado recibido en la UNMDP y docente universitario. Es director general de Capital Humano de la Secretaría de Salud del municipio. También ocupó el cargo de director regional de IOMA del 2018 al 2019.
 

Gonzalo López: Se desempeña como trabajador independiente del sector de la construcción. Ex librero, con 8 años de experiencia en una reconocida cadena de librerías con sucursales a lo largo del país.
 

Daniel Medina: El único que fue inscrito por una entidad por el Colegio de Arquitectos del distrito IX, que presidió la asociación local de profesionales de 1987 a 1988. Es arquitecto recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata, lleva adelante distintas obras y es docente universitario. Además, ocupó el cargo de rector de la UNMDP (2004-2008). Fue concejal por el socialismo de 1989 a 1993 y ocupó el cargo de director ejecutivo (con rango de subsecretario) de la Dirección de Tierras y Viviendas del Ente de Desarrollo Urbano/MGP.
 

María Nacimiento: Es docente secundaria en el Programa FINES y realiza estudios complementarios. Además, es comerciante.
 

Jorge Núñez: Es periodista, gestor cultural y escritor. Se desempeñó como empleado municipal en diferentes gestiones. Fue coordinador del Foro Cívico de Mar del Plata, General del Consejo Municipal de Cultura de General Pueyrredón (MC) y director del Plan Estratégico de Cultura Mar del Plata/Batán "Convergencia" (2012/2013).
 

Ezequiel Perazzo: Es abogado recibido en la UNMDP con especialización en Derecho del Consumidor y Administrativo. También es docente universitario.
 

Pablo Perugini: Es abogado recibido en la Universidad Fasta y docente universitario. Es responsable de la Dirección General de Protección al Consumidor de la Municipalidad de General Pueyrredón (agosto 2008 - actualidad).
 

José Antonio Prystupa: Miembro del Partido Intransigente, siendo su secretario en el año 1997. Es arquitecto recibido en la UNMDP y docente universitario. Fue postulante a Defensor del Pueblo en el 2002. Es integrante del Grupo de Preservación del Patrimonio Arquitectónico, Monumental, Urbano y Rural.
 

Sonia Rawicki: Es abogada recibida en la UNMDP, especializada en Derechos Humanos y triple impacto. Durante la gestión del exintendente Carlos Arroyo, fue directora de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de General Pueyrredón y de Derechos Humanos de la comuna.
 

Marisa Sánchez: Presidenta de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Mar del Plata. Es integrante de la Acción Católica Argentina en la Iglesia Catedral y es catequista. También se había postulado para Defensora del Pueblo en el 2018.
 

Verónica Simaz: Es abogada recibida en la UNMDP y ejerce la profesión. También es maestra de inglés y tiene un comercio propio de venta de electrodomésticos.
 

Diego Simón: Autodidacta con formación en comunicación y marketing. Es supervisor administrativo de la Municipalidad de General Pueyrredón. Desarrolla y ejecuta la campaña multimedial “Todos Ganan” dirigida a surfistas.
 

Diana Trigo: Es presidenta de la Sociedad de Fomento Santa Mónica y titular de la ONG “Los Notables”. Además, se desempeña como secretaria en el Foro de Seguridad de la MGP.
 

María Zarza: Es abogada recibida en la UNMDP, ejerciendo. También es docente.

La formalización de la renuncia de Larroca, el juego de "cajas chinas" de la bonaerense e interrogantes en torno a una muerte

 
El viernes al mediodía la renuncia de Marcelo Larroca volvió a agitar las aguas en el ámbito de la seguridad  marplatense. El ahora ex-subsecretario del área que había asumido en diciembre adujo "problemas personales". Este lunes el cese de actividades se formalizó mediante el Boletín Oficial dónde también consta la asunción de Daniel Martínez quién se desempañaba como Director General de Articulación Judicial y Prevención del Delito.

Previo a la llegada al Ejecutivo local, el nombre de Larroca ya era conocido a través de sus roles en la policía bonaerense. La detención del comisario mayor José Luis Segovia llevó a qué José Miguel Ojeda, quién hasta el momento se desempañaba como Superintendente de la Región Atlántica II intervenga la Jefatura Departamental por tiempo indeterminado.

En marzo de 2021, Segovia copaba la Depertamental, Ojeda se hacía cargo de la DDI y Larroca era nombrado Superindente en un verdadero "juego de cajas chinas" dentro de la estructura bonaerense. 

En los últimos días otro hecho estremeció el mundo de la bonaerense: encontraron muerta a Quimey Abril Carrizo efectivo de la policía en la ciudad. Según reportó La Postal de Mar del Plata, la mujer había realizado distintas publicaciones en redes sociales, denunciando hechos de corrupción en la gestión Segovia y una persecución en su contra para desacreditarla y había anunciado que si algo le pasaba fueron "ellos".


¿Se mueve el proyecto de "esencialidad"?

 

El proyecto que busca declarar como “esenciales” a los trabajadores municipales de Gral. Pueyrredon, luego de la pausa, ya recibió la primera respuesta de los múltiples pedidos de informes. Los funcionarios municipales ponen primera. Con el primer informe ingresado, ¿empezarán a llegar el resto? ¿Se mueve el proyecto de esencialidad?
 

La constatación llegó del presidente del Ente Municipal de Deporte y Recreación, Sebastián D’Andrea, que en un breve mensaje expresó: “Al respecto y en virtud de los fundamentos esbozados que propician el Proyecto de Ordenanza elevado a ese honorable Cuerpo, esta Presidencia adhiere a los mismos en todos sus términos”.


El expediente 1412 busca declarar "de carácter esencial todas las tareas realizadas por empleados/as sujetos/as al régimen de empleo público del ámbito municipal y funcionarios públicos municipales, tanto de la administración centralizada como de los distintos entes municipales".
 

El polémico proyecto en su primer tratamiento en la comisión de Ambiente, el pasado 2 de mayo, el oficialismo pidió informes a los que se sumaron los de la oposición. Las solicitudes alcanzan a las ocho secretarías, los cuatro entes descentralizados, al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y a distintas dependencias de Provincia y Nación.
 

Además de Ambiente, el expediente debe pasar por las comisiones de Educación, Salud y Legislación. Dicha cantidad ya supone un trabajo que, a toda marcha, llevaría tiempo. El oficialismo cuenta con la mayoría en todas y conduce tres de ellas. Sin embargo, diferencias internas podrían trabar su avance. Aunque la repentina respuesta del Emder podría indicar que se empezaría mover el proyecto.

 

Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores Municipales, tras una reunión de la Comisión Directiva, congresales y directivos, anunció un “ruidazo” para protestar en el contexto de la puja salarial con el gobierno. La medida se realizará a partir del martes hasta el viernes por media hora en cada puesto de trabajo.
 

También se comunicó que el viernes 7 se realizará una retención de tareas por 24 horas, en la que los trabajadores concurrirán a sus puestos de trabajo pero sin trabajar, garantizando las guardias mínimas.

Incentivos a la construcción: el Ejecutivo va por otra prórroga hasta septiembre del 2025

 

Sin una revisión integral del Código de Ordenamiento Territorial (COT) a la vista y con el sector de la construcción presionado, el Ejecutivo busca prorrogar hasta el próximo año una de las ordenanzas del “Plan de Reactivación para la industria de la construcción”.

 

Este lunes 3 de junio, el gobierno municipal presentó un proyecto de ordenanza para prorrogar hasta el 21 de septiembre del 2025 la Ordenanza 25113, que estableció condiciones más flexibles en torno a los indicadores urbanísticos para los distritos Residenciales y Centrales de alta y media densidad (R1, R2, R2e, R3, R4, R4e, C1, C1a, C1e, C2, C3, E1, E2) para estimular la construcción. El plazo actual vence el 14 de este mes.

 

Además, la iniciativa plantea ajustes en indicadores como el Factor de Ocupación de Suelo (FOS) para permitir la ampliación del volumen edificable en distritos de media densidad, con la posibilidad de construir un piso más de lo permitido por el COT en el Distrito Residencial 4 en caso de que el FOS sea menor o igual a 0,54. Asimismo, se amplían los indicadores para el distrito R7, de baja densidad poblacional.

 

“Las numerosas consultas realizadas ante la Dirección General de Obras Privadas evidencian la oportunidad y conveniencia del régimen -instaurado, expresándose la necesidad de extender el plazo de vigencia hasta el 21 de septiembre de 2025, fecha de vencimiento de la Ordenanza Nº 26.068 que prorroga la Ordenanza Nº 25.114 que también trata un Programa  Promocional. Esto permitirá dar continuidad a un régimen excepcional y transitorio de promoción enmarcado en la generación de trabajo genuino para el mercado productivo marplatense”, detallan en el mensaje del Departamento Ejecutivo al HCD.
 

“En tal sentido, el escenario creado a partir de la aplicación de la citada ordenanza refleja la recuperación del sector, de su capacidad de generar empleo, a pesar de las condiciones macroeconómicas por las que atraviesa nuestro país. Por otra parte, como resultado de la aplicación de estas Ordenanzas muchos emprendimientos paralizados en la pandemia pudieron ponerse en marcha a partir de la sanción de las mismas”, agregan en el comunicado. 

 

“Las obras implantadas en distritos de media y alta densidad referidas en las Ordenanzas precitadas, dispuestas en zonas con infraestructura de servicios, equipamiento y accesibilidad, promueven un proceso de densificación urbana afianzando un modelo de expansión y alta ocupación del suelo”, finalizan.


Historia del “Plan de Reactivación”:

Hace cuatro años, el gobierno de Montenegro presentó el “Plan de Reactivación” para la construcción en el marco del parate de la pandemia, en busca de generar puestos de trabajo. Entre sus ejes centrales, apuntaba a establecer un régimen promocional a aquellos proyectos privados que emergieron durante el período comprendido entre abril de 2019 y abril de 2020 para “incentivar en capacidad edilicia y altura a los emprendimientos ya presentados, cuya inversión se vio alterada por el contexto socioeconómico generado en nuestro país con motivo de la pandemia COVID-19”.

 

El Régimen de Incentivos a la Construcción cumplió tres años, ya que fue sancionado el 2 de mayo de 2021. En el que vino en combo con las Ordenanzas 25113 y 25114, el programa logró nuevas prórrogas a partir del beneplácito del empresariado del sector y también de la política.
 

Además, también había sido planteado el sistema de compensaciones como objetivo en la Ordenanza 25.115, sancionada a la par de las 25.114 y la 25.113. No obstante, vencido el plazo de dos años establecido para rubricar un escrito, la norma nunca llegó. El oficialismo requirió una prórroga de 60 días. Cuando por fin llegó una propuesta, la bancada que responde al Ejecutivo solicitó otra extensión del plazo por 180 días. De este modo, la política abrió el paraguas hasta agosto.

 

Ejecutivo vs sindicato: pulseada y rosca

 

 

Algo se quebró en el vínculo entre los municipales y la gestión de Guillermo Montenegro con el comienzo de la segunda gestión. El pago desdoblado de salarios y aguinaldo de fin de año encendió las alarmas en el STM mientras que el proyecto de esencialidad del empleo público enviado por el intendente sumado a los descuentos por paro terminó de allanar el camino hacia un conflicto abierto. Por su parte, la registración de un Convenio Colectivo de Trabajo creado durante la época de Arroyo agitó el avispero en el gobierno. “El diablo metió la cola”, ironizó el alcalde que tanto por la iniciativa legislativa como por la relación laboral enviada por la Provincia volvió a aparecer con fuerza en la agenda nacional. La diatriba también impactó dentro de las filas oficialistas, en especial al radicalismo, cuyas bases están desplegadas a lo largo y ancho de las dependencias. ¿Cómo es el entramado de pulseada y rosca entre Ejecutivo y sindicato?

La relación cambió en el 2024. Daniel Zacarías, secretario adjunto del STM asegura que el primer mandato de Montenegro “fue regular” y que tuvieron dificultades ya que se acordaron aumentos salariales con “una lógica”. Desde la visión del gremialista el cambio en el vínculo a partir de la segunda gestión tuvo que ver con el triunfo de Javier Milei. “Se preocupa más por mostrarse en Buenos Aires que en el medio local”, destacó Zacarías. “Quizás esté buscando algún puesto en esos niveles”, aventuró. “Se ve apretado por un municipio que no funciona, que no puede brindar servicios, y creo que busca un enemigo; ese enemigo elegido ha sido el trabajador”, señaló.

Desde la óptica del Ejecutivo, el puntapié fue el paro convocado por los municipales luego del fin de semana extra largo de seis días que tuvo lugar entre fines de marzo y principios de abril. Allí nacieron las “conferencias de los viernes” y los descuentos por medida de fuerza cuya recaudación desembarcaría en la recientemente creada Tasa Vial. Algunas semanas después, sin resoluciones paritarias y ante la escalada del conflicto, Montenegro anunció el proyecto de esencialidad de todo el empleo público que, en los hechos, limita cualquier medida de fuerza que implique el cese de tareas. No obstante, la esencialidad, con posible destino judicial, encontró paños fríos en el Legislativo puestos por el propio oficialismo: cuatro giros y doce pedidos de informes que pueden traducirse en una larga espera. “El intendente pretende con una normativa como es una ordenanza cambiar la ley algo que no es posible. Fue más que nada una puesta en escena a nuestro entender desde el punto de vista político para coartar el derecho de huelga”, lanzaron desde el STM.



Poco después apareció el Convenio Colectivo de Trabajo presentado ante el Ministerio de Trabajo durante la época de Arroyo. Mauro Martinelli, secretario de Legal, Técnica y Hacienda manifestó que el convenio de los municipales es un acto que “no existe”, señalando que el documento “que se mandó a registrar al Ministerio de Trabajo no fue firmado por Arroyo, que era el único que podía obligar al municipio”.

En 2021 se convocó al gremio para negociar un nuevo CCT. De haber sido legítimo el de Arroyo se “hubieran negado y lo hubieran hecho valer” en ese entonces. Además, expuso que el documento no tiene “validez” porque fue rubricado fuera del plazo establecido por el decreto reglamentario que “tenían 5 días y lo hicieron más de 7 años después”. También señaló que el recurso administrativo que presentó el municipio en contra del convenio “se rechazó en forma errada dado que aplican un régimen jurídico improcedente”.

No obstante, las esquirlas del conflicto van más allá de la puja distributiva y la miradas ideológicas divergentes. La pulseada toca de cerca al radicalismo, socio principal del Pro tanto en el Concejo como en el Ejecutivo que ahora se ve contra las cuerdas con iniciativas que impactan directo en su base. Si bien las estimaciones varían, distintas fuerzas sindican que alrededor de la mitad de la planta tiene vínculos con el partido centenario. Las tensiones entre la UCR y el Pro ya vienen en ascenso desde la asunción de Milei. Las votaciones en el Legislativo podrían significar un antes y después entre los socios del ex-Juntos por el Cambio. En este sentido, una de las frases más llamativas provino del propio Montenegro: “Puede haber alguna decisión que tome yo después si llega a haber una ordenanza que afecta a los vecinos de la ciudad”, aseveró.

Algunos actores leyeron los dichos como la anticipación a un posible veto. Teniendo la mayoría propia, un resultado adverso respondería justamente a un voto disidente dentro del interbloque dónde, por lo antes expuesto, los boina blanca son los principales apuntados. De este modo, podría detonarse algo más que el vínculo entre el STM y el gobierno. 



“Es muy difícil dialogar cuando hablan de matar o morir”
 
En diálogo con La Tecla, el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, conversó sobre la paritaria, la esencialidad y el enfrentamiento con el Sindicato de Trabajadores Municipales. “Como señala en cada oportunidad el Intendente, la gestión está abierta al diálogo. Pero es muy difícil dialogar con una organización que quiere librar una batalla a matar o morir”, apuntó el funcionario que le cuida la firma a Montenegro sobre la paritaria y remarcó que es complicado ponerse de acuerdo “con gente que no tiene empacho en atentar contra un evento que colocó a Mar del Plata en el mundo como fue la fecha de Premier Pádel que se llevó a cabo en el Polideportivo”. “La premisa de la negociación es el orden de las cuentas públicas que con tanto esfuerzo se logró y no se va a tirar por la borda, porque es un daño irreparable a todos los vecinos de la ciudad”, agregó. En cuanto al proyecto de ordenanza que busca declarar a los trabajadores estatales como “esenciales” que se encuentra en el Concejo Deliberante, indicó “que es importante porque es la contracara de la estabilidad que tiene el empleado público” y añadió que “esta prerrogativa está basada en la trascendencia que tiene la función estatal para facilitar el desarrollo de la actividad privada”. “Mar del Plata tiene una tasa de 90% de empleo privado y cada uno de los trabajadores, cuando no presta servicios, no cobra su salario. ¿Por qué debe aplicarse una solución diferente para el empleado público?”, cuestionó el secretario.

El Convenio Colectivo y las “maniobras”
 
“Estamos ante una maniobra pergeñada entre el Ministerio de Trabajo de la Provincia y el Sindicato para poner en aprietos a la gestión del Intendente Montenegro”, aseveró Martinelli. “Lo vamos a plantear en todos los ámbitos que corresponda”, aseveró el funcionario, quien añadió que no se cumplieron los pasos administrativos para validarlo.


 
Paritarias
 
El secretario del STM, Daniel Zacarías, señaló que la paritaria fue “rara”, ya que que en principio hubo “una posición rígida” del municipio. Luego vino un paro, que generó una reacción de intendente, que trato “de coartar el derecho de huelga por medio de quitar el presentismo y del proyecto de trabajo esencial presentado en el Concejo”. Luego destaco que se volvió a una mesa de negociación en “donde comenzamos a hablar de un aumento del 30%, nosotros habíamos pedido un 35%, hubo unos 3 días de trabajo y de golpe desapareció”. Finalmente la comuna aumentó por decreto el 10%. “Todavía sigue con esta posición irresponsable que es de no volver a abrir la mesa paritaria, que es una obligación por la ley 14.656”.
La UCR, con la pelota en la suela
 
Al proyecto del Convenio Colectivo de Trabajo de la discordia se le asignó un único giro: Legislación, Interpreatación y Reglamento. La comisión es conducida por Daniel Nuñez que es, a su vez, presidente del comité radical marplatense. En las primeras dos semanas desde su presentación, el CCT no fue puesto a consideración. Desde los pasillos revelan que el cuándo y el cómo es algo “a debatir con el bloque”. Más allá de la confección del orden del día, la UCR tiene la pelota de la votación bajo la suela. Para que el proyecto avance a los votos de Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador le faltarían otros cuatro: el bloque boina blanca cuenta con cinco y el desempate desde presidencia. De concretarse el apoyo del esquema radical, el Pro y la C.Cívica quedarían sin chances de dar vuelta la taba incluso con el soporte de la Libertad Avanza que por el momento asevera tener “el tema en estudio”.
¿Cómo se desactiva? La bomba de tiempo del medio aguinaldo
 
En épocas donde “no hay plata” y la recaudación de las arcas municipales viene en baja (50% en el primer trimestre, casi 15 puntos abajo del promedio histórico), un problema que tiene en puerta el gobierno es el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario de los trabajadores municipales. Con cerca de 8100 empleados estatales, el gobierno local debería contar con más de 4000 millones de pesos para poder cubrir a toda la masa salarial. Al problema numérico se le suma el conflicto que tiene con el sindicato, que sigue escalando y que, de no cumplirse la retribución en los plazos, podría agravarse.

La nota completa:






 

Defensoría del Pueblo: no hubo observaciones en contra de los candidatos

 

La elección del nuevo defensor del Pueblo sigue avanzando. Tras el período de tres días en el que se podían realizar observaciones en torno a los candidatos, se dio a conocer que ninguno de los 28 postulantes recibió objeciones.

 

Desde el sábado 1 de junio hasta el lunes 3, cualquier ciudadano o entidad podía presentar observaciones o denuncias sobre los interesados en ocupar el puesto, las cuales debían presentarse "por escrito electrónico y fundamentarse en circunstancias objetivas que puedan acreditarse por medios fehacientes".

 

Tras este paso, seguía el plazo para que el candidato cuestionado pudiera contestar y defenderse, pero ningún postulante recibió observaciones. Este período abarcaba hasta el 10 de junio.

 

Luego de cumplirse los tiempos límites, se debe convocar en un período de diez días a una Sesión especial en el Concejo para elegir al defensor, quien resultará electo si obtiene la mayoría de los votos. El oficialismo contaría con los porotos necesarios para elegir a su postulante, pero comenzó la pulseada entre los componentes del interbloque para elegir a su candidato.



 

La “Pyme familiar” que genera resquemor en una oficina municipal

 

 

En su segundo mandato al frente de la comuna, Montenegro ha adoptado un discurso más alineado con el de Milei. En su cruzada en contra el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), criticó el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, especialmente en lo que respecta a la aparente heredabilidad de los puestos de empleados municipales, refiriéndose a esto como "una especie de título nobiliario municipal". "No voy a dejar una capa geológica montenegristra de empleados municipales", expresó en una conferencia. Sin embargo, en una de las dependencias del Municipio parece haber una estratificación política que recuerda a una pequeña "Pyme familiar".

 

En la División de Contralor del área de Transporte, la presencia de un grupo familiar generaría malestar. La técnica 4, Gabriela Martínez, lleva más de 20 años trabajando en el municipio y se dice que obtuvo su puesto gracias a su padre, quien fue director de Transporte. La lista de parientes en la oficina incluye a su hijo Ezequiel, que ingresó hace más de 5 meses, su hermano Martín, con 8 meses en el cargo de Inspector III, y su primo Nicolás Parisse, también Inspector III, quien lleva 9 años al servicio a la comunidad.

 

El vástago de Martínez es militante de la juventud del Pro y habría pasado de la Delegación de Chapadmalal a Tránsito, aunque aparentemente no habría formalizado su traslado y estaría ejerciendo como inspector en la calle sin tener el cargo reconocido.

 

Además, se señala a la técnica 4 por su supuesto maltrato hacia compañeras del mismo género, lo que genera inquietud entre quienes la rodean.
 

Ante esta situación en la División de Contralor, nuestro medio intentó contactar al director general de Transporte, Federico Chioli, para conocer su opinión, pero no obtuvimos respuesta.



 

Proyecto de "esencialidad": la Secretaría de Salud se pronunció a favor

 

 

Luego de la primera respuesta escueta de parte del Emder, la Secretaría de Salud respondió a los múltiples pedidos de informes sobre el proyecto que busca declarar como "esenciales" a los trabajadores municipales. El expediente con los funcionarios poniendo primera comenzó a tener movimiento.

 

En un extenso mensaje, la titular de la cartera de Salud, Viviana Bernabei, expresó:“Para dar respuesta al requerimiento de esa Comisión relacionado con el Expte. 1412-D-2024, en el cual obra un proyecto de ordenanza que declara de carácter esencial todas las tareas realizadas por las personas que se desempeñan como trabajadores y funcionarios en la órbita de la Municipalidad de General Pueyrredon, tanto de la administración central como de los entes municipales”

 

“Sin pretender realizar una definición de servicio público desde la perspectiva del derecho administrativo, se considera servicio público a todas aquellas actividades prestacionales a cargo del Estado que están dirigidas a satisfacer necesidades sociales básicas y atienden las exigencias de la comunidad en miras a concretar el bien común y el bienestar general”, apuntó la funcionaria. 

 

Luego, expresó: “El Sistema de Salud Municipal, que es el conjunto de recursos materiales y humanos que en forma organizada dan respuesta a las demandas de salud de la comunidad en el primer nivel de atención, configura un servicio público, ya que se trata de una prestación que le compete al Estado, independientemente que los servicios de salud puedan ser brindados en forma paralela por el sector privado”. “No obstante, el Estado no puede desentenderse de su rol como obligado principal que debe asegurar, como efector público, la atención primaria”, agregó.
 

 

“Los estados no pueden desconocer, el derecho de las personas a acceder a servicios públicos esenciales - agua, cloacas, salud – y su obligación de proteger esos derechos mediante la prestación efectiva de dichos servicios, por sí o por medio de terceros manteniendo su titularidad, control y fiscalización. Razón por la cual, todas las medidas regulatorias deben respetar los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, accesibilidad”, destacó. “Abogamos por la calificación de los servicios de salud como esenciales”, finalizó Bernabei.

 

 

El camino del proyecto de la “esencialidad”:

 

El expediente 1412 busca declarar "de carácter esencial todas las tareas realizadas por empleados/as sujetos/as al régimen de empleo público del ámbito municipal y funcionarios públicos municipales, tanto de la administración centralizada como de los distintos entes municipales".
 

El polémico proyecto en su primer tratamiento en la comisión de Ambiente, el pasado 2 de mayo, el oficialismo pidió informes a los que se sumaron los de la oposición. Las solicitudes alcanzan a las ocho secretarías, los cuatro entes descentralizados, al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y a distintas dependencias de Provincia y Nación.
 

Además de Ambiente, el expediente debe pasar por las comisiones de Educación, Salud y Legislación. Dicha cantidad ya supone un trabajo que, a toda marcha, llevaría tiempo. El oficialismo cuenta con la mayoría en todas y conduce tres de ellas. Sin embargo, diferencias internas podrían trabar su avance. Aunque la repentina respuesta del Emder y la Secretaría de Salud podría indicar que se empezaría mover el proyecto.

 



 

Primer fallo contra prepagas en Mar del Plata



Uno de los grandes temas desde la asunción de Javier Milei como presidente fue la situación de las prepagas. La liberación estipulada en el DNU a fines del 2023 provocó una oleada de aumentos en las prestadoras de salud que rápidamente generaron una oleada de reacciones y amparos por parte de los clientes. 

Mar del Plata no fue la excepción y ahora se conoció el primer fallo contra prepagas de la ciudad. El Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Alfredo Lopez, dictó sentencia definitiva contra Clínicas Marplatenses Unidas S.A. por el caso de Ercilia Ramirez que denunció un "aumento unilateral, arbitrario y desproporcionado en el valor de la cuota del orden del 136,96%, a partir de la entrada en vigor del decreto indicado, sin haberse verificado el incremento proporcional del monto de su ingreso previsional, lo cual deriva en la posible pérdida del servicio médico en el momento de su vida donde mas lo requiere"





 

Otra privatización en marcha, Raverta va por el Concejo y la rosca por el Juzgado de Faltas

 

 

Otra privatización en marcha?

Mientras que aún se desconoce cuando se licitará el estacionamiento medido, ausente en el calendario de junio, comenzaron a llegar rumores de otra privatización que estaría en camino: reconocimiento médico. El área es especialmente sensible tanto para los trabajadores como para el Ejecutivo. En la oficina ubicada en Neuquén y Belgrano se rubrican carpetas médicas y psiquiátricas, uno de los puntos que junto a las horas extras, fueron auditados por el gobierno. 

Raverta va por el Concejo

A pesar de las dos derrotas consecutivas (tres si se cuenta la Legislativa del 21´), Fernanda Raverta comienza a enfilar el camino de regreso al Concejo Deliberante. Con la intención de competir nuevamente por la intendencia en 2027 -dónde ya no estará su bestia negra, Guillermo Montenegro-, la ex-ANSES quiere hacer base en la comuna como concejala. 
Una de las ideas de Raverta es rivalizar con Vilma Baragiola, quién podría ocupar de nuevo una banca en el 25´ si saliese de Desarrollo Social. 
La rosca por el Juzgado de Faltas
La nómina de 28 nombres para la Defensoría del Pueblo sorprendió por la doble apuesta del radicalismo. Por un lado, Marcelo “Pocho” Lacedonia, nombre que ya había sonado en enero y que muchos sindican como quién se ungirá como nuevo defensor. El otro es Leandro Gabás, alfil abadista que en la actualidad preside el Colegio de Abogados.  
Como anticipó La Tecla, el abogado es uno de los interesados en arribar a los Juzgados de Faltas. Los cinco existentes están repartidos entre dos jueces, suborrogantes en los que no cuentan con autoridad fija. Muchos ven en la inclusión de Gabás en la nómina de defensores como un movimiento parte de la negociación por el área en al que recaen multas e infracciones. 
 

El impacto del bullrichismo en el Concejo

La foto de Guillermo Volponi con Gustavo Jara impactó de lleno en el Pro marplatense. La visita del edil amarillo era desconocida por compañeros de bancada y otros dirigentes. El movimiento forma parte de la guerra que desatada en el partido a nivel bonaerense y significa la capilarización del bullrichismo en el Concejo. Por estas horas, muchos se preguntan: ¿será su techo?
 

El Community Manager de la discordia

Cristián Beneito, concejal del Pro que reemplaza a Fernando Muro, contaba con terminales divididas. La caída de Pablo de la Torre y el quiebre de su hermano senador y ex-intendente, Joaquín, implica el cierre de uno de los caminos para el ex-Desarrollo Social que busca  toda costa mantenerse en el Legislativo luego del 25´. 
El otro jefe de Beneito en el Concejo es el también legisladores bonaerense y hombre fuerte de Montenegro, Alejandro “Ruso” Rabinovich. No obstante, Beneito jugaría con fuego. Según pudo reconstruir este medio, su community manager sería Leandro Furundarena, el asesor de Fernando Muro que pidió el pase a la Libertad Avanza. 


Ruidazos para evitar el descuento
El descuento por días de paro calaron hondo en la plata municipal. El proyecto de esencialidad enviado por Montenegro al Concejo terminó de tensionar a los trabajadores en términos de medidas y planes sindicales. En ese sentido, el STM tomó una nueva determinación: harán un ruidazo de 15 minutos todos los días en distintas dependencias a los fines de evitar el cese de tareas pero mantener el reclamo contra el Ejecutivo.


 

Expedientes de reserva: los proyectos que no avanzan a pesar de la mayoría

 

Una de las noticias positivas para Guillermo Montenegro en el año 2023 fue la recuperación de la mayoría propia en el Concejo Deliberante. De esta manera, los grupos afines al alcalde podrían prescindir de acuerdos o de la voluntad de la oposición tanto en las comisiones como en la sesión.

 

En el año 2024, el bloque oficialista mostró su fuerza con proyectos importantes y difíciles de aprobar en la composición anterior. El primero fue la reducción de la Defensoría del Pueblo y el segundo la privatización del estacionamiento medido. Además, Juntos logró evitar posibles molestias como la presencia de funcionarios o solicitudes de informes que frenen la avalancha de comunicaciones de la oposición.

 

Sin embargo, algunos proyectos significativos aún están pendientes de tratamiento a pesar de que, de avanzar, podrían convertirse rápidamente en ordenanzas. Uno de ellos es el de la concesión por diez años de la explotación del mobiliario público de la ciudad, una iniciativa que ya había fracasado en el recinto en 2021.

 

Con controversia entre los empresarios locales del sector y un considerable número de revisiones -deberá pasar por seis comisiones- el expediente, presentado junto con el del estacionamiento medido, apenas ha sido considerado en casi un año. Ante varias consultas de este medio, desde el oficialismo destacaron que "no era prioritario en este momento".

 

Otro proyecto pendiente es el de la creación de un registro único de prestadores del servicio de transporte que busca regularizar la situación de las plataformas digitales. Aunque las aplicaciones ya operan de facto, en la práctica la actividad sigue siendo clandestina. La propuesta presentada en 2022, a la que posteriormente se le agregó otra que llamaba a un plebiscito, se retrasó teóricamente debido a la incertidumbre del año electoral y a la espera de una nueva composición.

 

Sin embargo, la falta de avance del proyecto podría estar más relacionada con diferencias internas y posibles áreas de conflicto.



 

Presentaron un anteproyecto de ordenanza para la creación del Consejo Local de Vivienda, Hábitat y Derecho a la ciudad

 

 

Este jueves 6 de junio, fue presentado en la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante un anteproyecto de ordenanza para la creación del Consejo Local de Vivienda, Hábitat y Derecho a la Ciudad de Gral. Pueyrredon por parte de autoridades de los Colegios de Arquitectos, Técnicos e Ingenieros, en representación de 32 instituciones y organizaciones locales.
 

Los presidentes de los Colegios de Arquitectos Distrito 9 y de Técnicos D5, Diego Domingorena y Diego Haag, respectivamente, y el vocal del de Ingenieros D2, Martín Ávila, hicieron entrega de esta importante documentación, en representación de las entidades involucradas, entre las que se encuentran, además de los Colegios mencionados,   el Obispado de Mar del Plata, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, la Facultad de Derecho y la Facultad de Humanidades de la UNMDP, la CGT, la CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, la Defensoría del Pueblo, el MTE y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
 

El anteproyecto aún no se encuentra subido digitalmente en el digesto del Concejo, por eso no se conoce qué giros tendría en el legislativo. Se presupone que debe pasar por Obras (González-Coalición Cívica) y Legislación (Núñez-UCR).

 

“Es un proyecto que se armó después de haber sido convocados por el Concejo Deliberante el 25 de agosto del año pasado donde se nos consultó para que opinemos sobre otro anterior presentado unipersonalmente y a partir de ahí nos movilizamos para tener una mirada más coyuntural y actual”, manifestó el Arq. Domingorena. 

 

Asimismo comentó que “Este Consejo cumple la función de asesorar a los poderes Ejecutivo y Deliberativo, no es vinculante y es participativo. Es la mejor manera que tiene la ciudadanía de involucrarse en los temas que tienen que ver con el hábitat, el urbanismo, la planificación y el desarrollo de Mar del Plata, donde también hay algunos conflictos como el patrimonio, por ejemplo. Puede plantear estrategias para captar compensaciones urbanas porque actualmente no están siendo rigurosas y podría aconsejar en qué lugar se pueden invertir esas compensaciones, qué volumen tendría que tener y de qué calidad, entre otros asuntos. Es decir, que este Consejo viene a incorporar la mirada de la comunidad a la decisión que tomen los concejales”.

 

Por su parte, Haag expresó que “este es mucho más amplio que el anterior, más inclusivo y hay que tener en cuenta que están los desarrolladores también incluidos en esta propuesta, algo único en toda la Provincia de Buenos Aires. Estamos muy contentos con esta presentación y esperemos que se apruebe pronto”, concluyó.

 

Cabe destacar que la ordenanza de creación del Consejo Local de Vivienda, Hábitat y Derecho a la ciudad de Gral Pueyrredon ha sido un proyecto desarrollado e impulsado por distintas entidades desde la promulgación de la ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.

 

La ordenanza 22.014 establece que la Municipalidad se adhiere a la Ley provincial 1440 de “Acceso Justo al Hábitat”, que en su artículo 2 establece: “La presente Ley define los lineamientos generales de las políticas de hábitat y vivienda y regula las acciones dirigidas a resolver de manera gradual el déficit habitacional urbano, otorgando prioridad a las familias bonaerenses en situación de pobreza crítica y con necesidades especiales”.
 

A partir de la jornada de trabajo organizada por el Concejo Deliberante el 25 de agosto de 2023, donde varias de ellas fueron convocadas para emitir opinión y sacar conclusiones sobre la temática descripta, las mismas generaron una mesa de trabajo donde se abordó el contenido desarrollado hasta el momento y se le imprimió una mirada más coyuntural y actual, que generó este nuevo proyecto. Además, en esa jornada se había hecho énfasis en “que en la ciudad se están produciendo dos ciudades en paralelo”.






 

Pulseada Ejecutivo vs. STM : entre retención de tareas y sanciones disciplinarias



 

La pulseada entre el gobierno encabezado por Guillermo Montenegro y el Sindicato de Trabajadores Municipales sigue agravándose. Ahora se le suma un nuevo episodio con la convocatoria desde el gremio para este viernes 7 de junio a una retención de tareas por 24 horas, en la que los trabajadores concurrirán a sus puestos de trabajo pero sin trabajar, garantizando solo las guardias mínimas. Desde el Ejecutivo apuntaron que se realizarán “sanciones disciplinarias para los que no cumplan tareas”.

 

El pasado lunes 3 de junio, el STM, tras una reunión de la Comisión Directiva, congresales y directivos, anunció un “ruidazo” para protestar en el contexto de la puja salarial con el gobierno. La medida en cada puesto de trabajo empezó a realizarse a partir del martes y se extenderá hasta este viernes. También se había comunicado que el último día de la semana se realizaría una retención de tareas por 24 horas. Desde el gremio reclaman: “Paritarias ya”.

 

Tras dos días de “ruidazo”, el Ejecutivo lanzó un contraataque con una línea de WhatsApp para denunciar la falta de servicios en las dependencias. "Es importante destacar que la no prestación del servicio que los agentes municipales deberían llevar adelante es considerada un corte parcial o total de actividad, y conlleva una sanción", explicaron.

 

Además, previo a la medida de fuerza del gremio, desde el municipio apuntaron que habría “sanciones disciplinarias para los que no cumplan tareas”, agregando que, dependiendo de la infracción, la sanción quedaría registrada en los legajos, con posibles “quitas de premios y futuros ascensos”.
 

El conflicto que comenzó por un pedido de actualización salarial escaló con medidas de fuerza por parte del gremio, lo que ocasionó, por parte del Ejecutivo, descuentos por paro y quita de presentismo, sumando presentaciones judiciales por las quitas.

 

Además, el intendente Montenegro presentó un proyecto relacionado con la especialidad del trabajo municipal, que se encuentra trabado debido a múltiples pedidos de informes, aunque ya se ha empezado a ver con dos respuestas del Ejecutivo.

 

También se sumó el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo de los municipales, que fue rectificado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. El municipio presentó un recurso en contra que fue desestimado, y luego la cartera laboral local elevó el CCT al Concejo para su tratamiento. El convenio será tratado este lunes 10 en la comisión de Legislación (Nuñez-UCR), lo que revelará qué pasará dentro del oficialismo con este tema.

 

Ahora, habrá que ver qué sigue desencadenando esta tensión entre el STM y el gobierno local.

 

Para la elección de la Defensoría comienzan a sonar los acordes de la política

 
La elección del nuevo defensor del pueblo entre en su tramo final y comienzan a sonar cada vez más fuertes los acordes de la política. A pesar de ser un registro abierto, una buena cantidad de los 28 nombres ungibles contaron con promotores e impulsores secretos (o no tanto). La votación dependerá de los veinticuatro concejales pero más allá de la retórica de consenso, primará el que junte más manos levantadas.

Marcelo "Pocho" Lacedonia es el nombre que surgió ya en el lejano enero cuando se aprobó la reducción de la Defensoría y se cambió el régimen eleccionario. El hombre, de la escudería radical, forma parte de la Secretaría de Salud con cargo de Director. La postulación de un funcionario público para el cargo generó ruido en algunas sectores. 

Por su parte, la aparición de Leandro Gabás aportó confusión sobre los destinos del candidato oficialista: un alfil abadista que ya preside el Colegio de Abogados. Como informó La Tecla, su inclusión podría tener que ver con otra rosca por venir. No obstante, en los pasillos también se habló de acuerdos subterráneos entre la UCR y AM por Juan Manuel Aiello. 

Desde UP afirman no tener candidatos y entre la tropa libertaria apostarían por nombres fuera del radar. En el mientras tanto, algunos candidatos recorren las oficinas legislativas, presentan planes y buscan reunir votos.

La idea de la unanimidad, cada vez más en duda.


 

¿Este año se cubren las vacantes en el Juzgado de Faltas?

 

A seis años de las renuncias por jubilación de dos juezas de Faltas, la política aún no ha dado respuesta a la necesidad de cubrir las vacantes. Mientras tanto, las causas crecen y los expedientes se acumulan en las oficinas de Garay al 3100. Con la mayoría del oficialismo, ¿se cubrirán este año las vacantes en el Juzgado de Faltas?

 

Desde 2018, solo están en funciones en los juzgados José Luis Oteiza (N°1), Pedro López Martucci (N°3) y Fernando Mumare (N°4). Los magistrados subrogan los juzgados N°2 y N°5 entre ellos.

 

“Los Jueces de Faltas serán designados por el Intendente Municipal, previo acuerdo del Concejo Deliberante, que será prestado por simple mayoría de votos de los miembros que integran dicho Cuerpo”, establece el Código de Faltas Municipales.

 

En este contexto, la responsabilidad recae en el oficialismo, que debe llegar a acuerdos dentro de la coalición para consensuar candidatos. En este sentido, los partidos con intereses en estos puestos se reunirán para empezar a mover palancas.

 

Desde el radicalismo, suena con fuerza para ocupar la titularidad de uno de los Juzgados de Faltas de la comuna el abadista Leandro Gabás, presidente del Colegio de Abogados. El letrado también se ha postulado sorpresivamente como candidato a la Defensoría del Pueblo, lo que algunos interpretan como parte de la negociación por el área en la que recaen multas e infracciones.

 

Por otro lado, los juzgados de Faltas representan una fuente importante de ingresos para el Municipio. Ante la disminución de la cobrabilidad que ha afectado a la comuna en los últimos meses, y sumado a la concesión del medido, que aún no se ha licitado, es imperativo que se cubran las vacantes para no seguir afectando las arcas municipales.



El camino de la crisis del Juzgado de Faltas:


El vacío de autoridades en los Juzgados de Faltas se gestó desde finales de 2017, cuando Ana María Castelao y Carmen Maffioni, titulares de los juzgados N°2 y N°5, respectivamente, iniciaron los trámites para su jubilación, efectiva entre enero y marzo del año siguiente.

 

El proceso de selección de jueces quedó estancado cuando Carlos Arroyo propuso a Andrés Barbieri, que falleció por Coronavirus en mayo de 2019 y a Gustavo Gil de Muro para ocupar esos puestos. A pesar de tener mayoría, las tensiones internas entre el arroyismo y otros bloques impidieron avanzar en el proceso.

 

Lo mismo ocurrió con la creación del Juzgado N°6 en julio de 2018, donde la falta de acuerdo en el HCD detuvo el proyecto. Arroyo intentó llenar los vacíos mediante decreto, pero un dictamen legal lo detuvo.

 

Después de que Montenegro asumiera en el Municipio a principios de 2022, sin tener mayoría propia, intentó alcanzar acuerdos con la oposición para ocupar los cargos y crear el nuevo juzgado. Sin embargo, todos esos intentos naufragaron entre idas y vueltas.


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