La Tecla Mar del Plata
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Según pudo averiguar La Tecla Mar del Plata, desde el comienzo de esta semana, en el predio de la empresa Costa Brava, se estuvo llevando a cabo el desguace de un camión de combustible. En consecuencia, el lugar estuvo infestado de olor a hidrocarburos, con una serie de procedimientos en contra de los estándares ambientales y de seguridad.
En este marco, se atestiguó la presencia de operarios con sopletes para particionar el vehículo, con la posibilidad latente de una explosión. Por otro lado, los rastros del gasoil, como se aprecian en las fotos, junto al aceite y otros líquidos contaminantes, dan cuenta de las irregularidades de la actividad. Desde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) nada hicieron al respecto, y tienen la obligación de realizar actas que establezcan que estas actividades no se pueden realizar a cielo abierto y en el mismo Puerto Local.
Testigos del hecho también denunciaron a este medio que en el predio donde se efectuó el desguace se suelen purgar hidrocarburos. Como contrapartida, el camión debería haber estado sin su patente y, además, el desguace se debería llevar a cabo en un predio de disposición final, no a la intemperie. Según confiaron a este medio, y con una dilación de 48 horas, efectivos de la Prefectura detuvieron a quienes estaban realizando el desguace del camión hace pocas horas.
A pesar de las detenciones, según confiaron a este medio, la Prefectura no denunció penalmente la práctica ilegal que se vivió esta semana. Tan sólo se atinó a labrar un acta a la persona detenido por cortar las partes del camión en cuestión sin tener los elementos necesarios de seguridad. En el predio de Costa Brava todavía perduran los tachos llenos de diesel y diversos hidrocarburos. La idea de las fuerzas de seguridad es remover todos los restos; sin embargo, esto infringe la Ley 24051 de Residuos Peligrosos.
Según establece la normativa en su artículo 2 serán considerados residuos peligrosos aquellos que puedan “causar daño, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Mientras que, en el artículo 7, se explicita la necesidad de un “certificado ambiental” como requisito necesario para que “la autoridad que en cada caso corresponda” pueda proceder al tratamiento o disposición de cualquier residuo peligroso.
Por otro lado, sorprende la postura de la Prefectura al no iniciar acciones legales, ya que el artículo 55 de la citada ley establece que “será reprimido” todo aquel que utilizando los residuos contaminase de un “modo peligroso para la salud” el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. De hecho, se estipulan penas de entre uno y diez años para aquellos que cometan un ilícito como el que se vivió esta semana en el Puerto de la ciudad, dependiendo de si hubo negligencia u omisión en la ejecución de los actos.
Con un gran cúmulo de irregularidades, la gestión de Martín Merlini, en sintonía con el resto del Directorio del Consorcio Portuario, sigue permitiendo prácticas ilegales en el Puerto. No sólo en contra del ambiente, sino de la seguridad del lugar. Con una posible intervención de las fuerzas federales, ¿llegará un manto de justicia frente a las ilegalidades que se viven en el sector?