Los jubilados siempre terminan en el fuego cruzado de la política. Bajo una fórmula u otra, los haberes de los mayores se han mentido como un tema irresoluto en casi todas las gestiones desde la vuelta de la democracia a la fecha. A más de un año del arribo de Milei la situación no mejoró en relación a lo acontecido en la gestión de Alberto Fernández, lo que trajo como efecto la movilización permanente del sector a las puertas del Congreso. 

En los últimos días, una de las que salió con los tapones de punta por el tema fue Fernanda Raverta, actual secretaría de Seguridad Social del Partido Justicialista. "Solicitamos a los legisladores peronistas tratar con urgencia una ley que aumente en un 30% los haberes jubilatorios (no un bono), ante el impacto devaluatorio del acuerdo con el FMI en abril de 2025", lanzó.

No obstante, la ex-candidata a intendenta, derrotada en el 19´ y el 23´ a manos de Guillermo Montenegro, fue rápidamente señalada en redes por el "olvido selectivo" en torno a su propia política jubilatoria. 

Durante la gestión de Alberto, cuando se encontraba al frente del ANSES, Raverta hizo de los bonos a los jubilados una política de Estado. Ya en la salida de la pandemia, la trabajadora social instrumentó varios adicionales para paliar los magros haberes que la entidad previsional pagaba.

Dicho tipo de movimientos se mantuvo durante el 2022 y recrudeció en 2023 en el marco de la campaña electoral. Estudios como el del portal Chequeado mostraron como las jubilaciones reales cayeron por la falta de un aumento acorde a la escalada inflacionaria en curso.

En otras palabras, los aumentos dados bajo su gestión estuvieron fuertemente anclados en las bonificaciones, política que ahora recomienda desestimar en detrimento de aumentos del monto fijo.