La Tecla Mar del Plata
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El Concejo Deliberante terminó noviembre con actividad, pero baja en comparación con los otros meses. En total, en el onceavo mes ingresaron 96 expedientes, de los cuales 26 fueron iniciados por el gobierno municipal y otros 12 provinieron de vecinos y particulares.
El restante corresponde a los distintos bloques y concejales. ¿Cuántos ingresó cada uno?*
*El número no distingue aquellos de autoría individual o colectiva.
1. Diego García (16)
2. Eva Ayala (10)
3. Valeria Crespo (7)
4. Mariana Cuesta (7)
5. Julián Bussetti (6)
6. Miguel Guglielmotti (4)
7. Verónica Lagos (4)
8. Emiliano Recalt (3)
9. Cecilia Martínez (3)
10. Horacio Taccone (2)
11. Juan Manuel Cheppi (2)
12. Guido García (2)
13. Florencia Ranellucci (2)
14. Daniel Nuñez (2)
15. Cristián Beneito (2)
16. Agustín Neme (1)
17. Ricardo Liceaga Viñas (1)
18. Marianela Romero (-)
19. Guillermo Volponi (-)
20. Ariel Ciano (-)
21. Angélica González (-)
22. Gustavo Pujato (-)
23. Mercedes Morro (-)
Uno para uno y nadie para todos: las pulseadas dentro de Unión por la Patria
Las heterogéneas huestes peronistas continúan su periplo de incertidumbre. La resolución vía escritorio de la presidencia del PJ evitó el paso por las urnas pero no saldó las tensiones que vienen arrastrándose desde el fallido gobierno de Alberto Fernández y que la derrota electoral del 2023 contribuyó a aumentar.
En el plano local, las rencillas internas del peronismo pueden sintetizarse en las posiciones de Fernanda Raverta, más cercana a Máximo y a la ex-presidenta, y Gustavo Pulti, el vecinalista devenido en legislador kicillofista. Quién fuera alcalde de Gral. Pueyrredon entre 2008 y 2015 no pierde oportunidad en mostrarse junto al gobernador con un objetivo a largo plazo: sentarse en su sillón a partir del 2027. O al menos, ocupar el lugar de vice.
La situación impacta en el ravertismo que ya viene lesionado luego de dos Ejecutivas y una Legislativa pérdidas frente al esquema de Guillermo Montenegro. La ex-titular de ANSES durante el albertismo busca evitar a toda costa el arribo de dirigentes nacionales y también corta los caminos de figuras emergentes para poder concentrar toda la referenciar en el 2025.
En este sentido, "Encuentro Marplatense", el sello electoral qué ambos dirigentes impulsar en el 2023, se convirtió en un efímero experimento fallido. ¿Qué ocurre con el Frente Renovador, el tercer socio de aquella herramienta?
El massismo, qué podría colocar al próximo ministro de Transporte bonaerense, mira por el rabillo del ojo la reyerta y aguarda al desenvolvimiento de los hechos.
La relación estrecha entre la política y los sectores de la construcción e inmobiliario queda reflejada en la cantidad de emprendimientos aprobados en diversas zonas de la ciudad. En este entramado urbanístico, la política actúa como un César que siempre inclina el pulgar hacia arriba. Un caso emblemático es el polémico proyecto La Reserva.
Tras la audiencia pública sobre el proyecto inmobiliario, que busca desarrollarse en las playas del sur de la ciudad, el presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) Santiago Bonifatti rechazó los recursos de revocatoria presentados por el Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur. Estos recursos se dirigían contra las resoluciones en las que el EMSUR otorgó la declaración preliminar de impacto ambiental a La Reserva.
De acuerdo con la resolución 279-2024, firmada por Bonifatti y publicada en el último boletín oficial, se señala que “se constata la inexistencia de movimientos de suelo o inicio de las obras proyectadas, respaldados por el material fotográfico aportado, y tras una detallada valoración de los argumentos esgrimidos por los recurrentes”. Además, se concluyó que “no corresponde hacer lugar a los Recursos de Revocatoria intentados contra las resoluciones”.
Sin embargo, el Observatorio cuestiona esta evaluación y apuntan que solo se “tocó un punto”. Según los ambientalistas, sí hubo movimiento de suelos, aunque reconocen que “no se podría acreditar que hayan sido en el lugar donde se van a emplazar los edificios”.
Las presentaciones del Observatorio surgieron a raíz de la primera resolución emitida por el EMSUR a fines de julio. En sus argumentos, señalaron que esta resolución estaría “viciada de ilegalidad manifiesta”.
“La legitimación para interponer formal recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, sin ser parte directa en el acto administrativo en crisis, está dada por verse comprometidos intereses sobre bienes ambientales de dominio público, derechos de incidencia colectiva con carácter de potencial daño ambiental sobre patrimonio de reserva natural (Ordenanza 10.011/95), yacimiento paleontológico (Ordenanza 22.325) y patrimonio cultural, cuyo deber de preservarlo resulta un imperativo de raigambre constitucional, artículo 28 CPBA y artículo 41 CN”, señalan en uno de los documentos presentados.
En el escrito, se mencionaba que la Ordenanza N° 25.848, que otorgó los indicadores a “La Reserva” a fines de 2022, permitió que en la zona en cuestión se produjeran “movimientos de suelo y deforestación como acondicionamiento al inicio de obras en el predio de referencia, conculcando principios rectores del procedimiento de evaluación de impacto ambiental”. Después, remarcan la “palmaria violación a lo dispuesto en el Decreto Provincial N° 5657/85, artículo 7°: Cese el desmonte, talado y extracción de árboles y deforestación de médanos y acantilados costeros en la zona ubicada inmediatamente al sur del Faro de Punta Mogotes hasta Playa Los Acantilados, y desde el camino de la Costa Mar del Plata-Miramar hasta el mar”.
“Esta ordenanza no entra en vigencia legal hasta que haya obtenido la convalidación del gobierno provincial. No obstante, y sin perjuicio de ello, a efectos de esta instancia, la franja de costa comprendida entre el metro 100 y metro 150, donde se planifica edificar, está afectada a la restricción prohibitiva explícita en el artículo 142° de la Ley 12.257, siendo omitida en el EsIA del proponente y conculcatoria del artículo 19°”, subrayan desde el Observatorio.
En el segundo semestre del año, el gobierno de Guillermo Montenegro avanzó con un plan para modernizar el sistema tributario municipal, buscando mejorar los niveles de cobrabilidad. Para ello, el Ejecutivo optó, como ya lo ha hecho en otras áreas, por recurrir a la inversión privada mediante licitación. Sin embargo, las dos ofertas presentadas fueron rechazadas, lo que derivó en un nuevo llamado programado para el 13 de diciembre.
Por medio del decreto 2675/2024, publicado en el último Boletín Oficial con la firma del jefe comunal, se formalizó el rechazo de las dos propuestas presentadas en la primera convocatoria, realizada el mes pasado. Las empresas participantes fueron Karstec S.A. e Itnet S.A., y Tercerización Ingresos Públicos S.A. (Tipsa).
Según detalla el decreto, un informe de la Dirección General de Contrataciones determinó que la propuesta de Karstec S.A. e Itnet S.A. incumplía el artículo 26.3 de las cláusulas generales del Pliego de Bases y Condiciones. En tanto, Tipsa incumplió el artículo 13, incisos 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.6 de las cláusulas particulares del mismo pliego.
La segunda apertura de sobres se realizará el 13 de diciembre a las 11 de la mañana en la Dirección General de Contrataciones. Aunque por el momento no figura en el calendario oficial de licitaciones, se espera su publicación en los próximos días.
La licitación
La concesión será por un plazo de cuatro años, con posibilidad de extensión a un quinto, y busca fortalecer la gestión tributaria sobre diversos recursos municipales, como la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), Tasa de Servicios Urbanos (TSU), Contribución para la Salud, Educación y Desarrollo Infantil (CSEyDI), Tasa por Publicidad y Propaganda (TPyP), Tasa por Inspección de Antenas y sus Estructuras Portantes (TIAyE), Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos (DOEP) e Impuesto a los Automotores descentralizado conforme a la Ley Provincial Nº 13.010.
El anuncio
Montenegro había anticipado la licitación del sistema tributario en una conferencia de prensa en el COM el 22 de agosto. En dicha ocasión, también se anunciaron otros proyectos relevantes, como la concesión del Estadio José María Minella y el pago de la deuda de Punta Mogotes. Estas medidas se enmarcan en un plan más amplio para optimizar la gestión financiera del municipio. El intendente había señalado: “Tenemos que mejorar el porcentaje de cuentas que pagan las tasas. Más de un 40% no lo hace, y eso es histórico”.
Este contexto justificó la necesidad de un servicio especializado que ayude a identificar a los morosos que tienen capacidad de pago y, de esta manera, "fortalecer nuestro sistema tributario".
“La solución que encontramos es que en poco tiempo vamos a lanzar una licitación para que un privado a su propio riesgo nos ayude a fortalecer y mejorar nuestro sistema tributario. Con recursos mano especializado y poniendo a disposición las herramientas informáticas que sean necesarias, que yo ya se los había adelantado en las conferencias pasadas”, había expresado Montenegro en el COM.
La licitación internacional del Estadio José María Minella, el Polideportivo y los espacios comunes del Parque de Deportes pasó el último peldaño en las comisiones y se encamina a ser debatida en el próximo plenario del Concejo Deliberante.
En la Comisión de Hacienda, presidida por la edil de La Libertad Avanza, María Cecilia Martínez, se aprobó por mayoría el pliego de concesión de los estadios municipales, con los votos del PRO, la Coalición Cívica y la UCR. En tanto, Acción Marplatense votó en contra, mientras que Unión por la Patria y La Libertad Avanza se abstuvieron.
Antes de la votación, la única voz que se pronunció fue la edil de Acción Marplatense, Eva Ayala, quien cuestionó el objeto de la licitación, argumentando que “entendemos está absolutamente indeterminado”. “No plantea claramente qué es lo que va a suceder, cuál es el plan de obras y tampoco tenemos en claro ni un cronograma”, señaló.
"Pero sí está claro que el municipio va a entregar lo que tiene que ver con los escenarios deportivos, con el Minella, con el Polideportivo", remarcó. Aunque reconoció la necesidad de las obras, advirtió: “No creemos que esto le aporte a Mar del Plata desde ninguna perspectiva, nunca va a lograr un aporte a aquello que no tiene la claridad sobre lo que va a finalmente suceder ni sobre lo que luego puede reclamar en todo caso el municipio".
Tras la intervención, se votó el pliego, que será tratado en la próxima sesión ordinaria del Concejo, programada tentativamente para el jueves 18 de diciembre.
Los detalles del pliego de bases y condiciones:
El pliego establece que el contrato será por 30 años con posibilidad de prórroga a otros 10 y qué, además de los estadios, implicará a las zonas comunes del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” dónde se encuentra emplazado. Según revelaron desde el oficialismo, en ellos no se incluyen escenarios cómo el velódromo, la pista de patín o las canchas de hockey.
La empresa adjudicataria pagará $120 millones en concepto de canon anual, aunque estará exceptuada los primeros 36 meses, plazo estipulado para la realización de obras. Además, el contrato exige condiciones alineadas a la mirada de “Mar del Plata todo el año”: el empresario deberá garantizar al menos 23 eventos anuales y poner especial foco en el período que va del 1ro de abril al 30 de noviembre, es decir, el lapso entre cada temporada de verano.
Con muchos rumores pero pocos nombres, comenzó a especularse de los posibles interesados. Una de las claves para vislumbrar a hipotéticos adjudicatarios está en la asignación de puntajes propuesta por el Ejecutivo: plan de desarrollo y actividades propuestas (15), plan de obras (15), programa de mantenimiento (10), impacto ambiental (5), convenio AFA (30), experiencia (15) y antecedentes económicos y financieros (10). De los 100 puntos en juego, casi un tercio corresponden a la vinculación con la entidad que conduce el reelecto Claudio “Chiqui” Tapia.
La cláusula parece mantener viva la llama de la idea del Minella cómo “la casa de las selecciones”, concepto originado en una reunión entre Tapia y Montenegro en la previa de Qatar 2022 que parecía haberse diluido.
El oficialismo, en este 2024, logró sacar adelante proyectos polémicos gracias a la mayoría automática obtenida en las elecciones del año pasado. En ese marco, tras permanecer casi 12 meses en el “freezer”, el proyecto de licitación del mobiliario urbano avanzó con cambios y superó diferencias internas, logrando pasar por seis comisiones antes de llegar al último paso para convertirse en ordenanza.
El expediente 1377/2023, que busca autorizar al Departamento Ejecutivo a “llamar a Licitación Pública para la concesión del reacondicionamiento, mantenimiento, provisión, reposición y explotación publicitaria en forma exclusiva del mobiliario urbano del Partido”, fue aprobado por mayoría en Hacienda, presidida por María Cecilia Martínez (La Libertad Avanza). El interbloque oficialista le dio despacho, mientras que Acción Marplatense votó en contra, y Unión por la Patria y La Libertad Avanza se abstuvieron.
Durante el tratamiento en Hacienda, la oposición no realizó críticas al pliego. Sin embargo, en otras comisiones por las que pasó, los vecinalistas lo cuestionaron, acusándolo de ser una "licitación dirigida". Por su parte, los libertarios objetaron las últimas modificaciones introducidas y sostuvieron que “no hay que tenerle miedo a escribir menos y a dejar más libre al privado”.
Un episodio llamativo ocurrió en la Comisión de Obras, presidida por Angelica González (Coalición Cívica). Allí, el bloque de la UCR realizó un sorpresivo pedido de informes sobre la redacción del proyecto, lo que provocó que el expediente quedará archivado por al menos una semana, hasta que llegaran las respuestas de la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda. Este freno generó tensiones dentro del interbloque oficialista.
Ahora, el pliego para la explotación del mobiliario urbano solo tiene pendiente su tratamiento en la próxima sesión del Concejo Deliberante. Todo indica que terminará obteniendo despacho gracias a la “escribanía”, salvo que surjan discrepancias internas de último momento.
La nueva pulseada salarial entre el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y el gobierno encabezado por Guillermo Montenegro estaría llegando a su fin, ya que el Ejecutivo y el STM habrían sellado un nuevo acuerdo.
Tras el pedido de audiencia, Montenegro se reunió con el secretario general del STM, Daniel Zacarias. La reunión habría llegado a buen puerto, y se habría acordado un aumento del 24% en cuatro tramos: 9% en diciembre, 6% en enero, 5% en febrero y 4% en marzo, calculado sobre el salario del mes anterior.
Además, lo que se desprende del acuerdo sería evitar conflictos en gran parte del año, ya que abarcaría hasta noviembre de 2025. A partir del periodo que va de mayo a julio, el aumento se calcularía según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Mientras que desde agosto hasta noviembre, se aplicaría la inflación más un 50%.