En cambio, los ediles podrán formular posturas por escrito que el Ejecutivo deberá contestar antes del 15 de mayo, fecha tope que pusieron los concejales para darle despacho. A su vez, indicaron que la idea es votar los seis proyectos antes del 31 de mayo, es decir, en la segunda Sesión de dicho mes, que por calendario sería el jueves 23. La medida fue criticada por Unión por la Patria. Desde el bloque entendían la necesidad de la presencia física de los funcionarios para la explicación de los números e intercambio directo. Durante su alocución, Mariana Cuesta, presidenta del esquema peronista, deslizó uno de los puntos sobre los que machacará la oposición: la deuda flotante. Cómo informó La Tecla, ésta las memorias de Contaduría revelan quedó un debe de $9.359.750.956,15, es decir, 433% más que en el ejercicio 2022. Por su parte, Agustín Neme, jefe de la bancada del Pro, defendió el sistema argumentando que todos los funcionarios "siempre han estado a disposición". Al igual que su contraparte opositora, reveló una de las cartas que utilizará el oficialismo. "Quizá no sea tanto este Municipio quién tenga que dar explicaciones, sino aquellos que gobernaron el país los últimos cuatro años", lanzó. |