En la vuelta de la comisión de Seguridad, volvió a surgir el debate por el proyecto de reconocimiento facial. El proyecto, convertido en ordenanza en agosto del 2022, había tenido rechazo por parte de la oposición, que ahora busca introducir o recomendar cambios. En concreto, proponen una cláusula de rescisión de contrario en caso de que la justicia falle en contra del sotware, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires.
Sin el pultismo -fuerza autora del expediente- en la comisión, el oficialismo mostró dudas en torno a la viabilidad de dicho punto, por lo que propusieron pedir informes a Legal y Técnica, algo que fue acompañado por el Frente de Todos. De este modo, el proyecto queda a la espera de un nuevo tratamiento.
Según averiguó La Tecla, en la actualidad trabajan sobre elementos técnicos de los pliegos y otros pasos administrativos que una vez finalizados permitirán el llamado a licitación para la operación del sistema. Según pudo reconstruir este medio, debe cerrarse aún el convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación, algo clave para acceder la base de datos de prófugos de todo el país y sobre la que el software operaría.