Unas 50 familias tomaron un predio fiscal durante más de diez días. Montenegro se mostró inflexible y logró el desalojo, pero el tema vuelve a exponer el déficit habitacional en la comuna.

Al igual que en distintas partes de la Provincia, tal como ocurrió en Guernica hace poco más de dos años, las usurpaciones en Mar del Plata se colaron en la agenda del gobierno. Una cuestión que despierta sensibilidades sociales, en medio de las dificultades de los sectores más postergados para acceder a una vivienda propia.

El disparador de las últimas semanas fue la ocupación de un predio en el barrio Las Heras, ubicado en la Avenida Fortunato de la Plaza entre Rufino Inda y Reforma Universitaria. El lugar fue tomado por unas 55 familias, integradas por alrededor de 140 personas, entre adultos y menores.

Ante la denuncia de vecinos de la zona, Guillermo Montenegro salió con los tapones de punta. “En este tema no hay grises: el que toma un terreno es un delincuente. No negocio con ellos ni voy a aceptar ningún tipo de extorsión”, remarcó el jefe comunal, en un tono alejado de su mesura habitual.

Asimismo sostuvo que hubo una “clara organización” logística en la usurpación, y que varios de los que habrían estado detrás de la acción de fuerza forman parte del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), espacio que integra el Frente de Todos.

Desde la organización negaron las acusaciones y apuntaron contra el gobierno por no tener “ninguna casa en construcción” ni contar con “políticas municipales” para paliar el déficit habitacional.

Inmediatamente, el gobierno llevó el conflicto al terreno judicial, exigiendo el desalojo del predio. Entre los argumentos esgrimidos se planteó que las tierras en cuestión son de dominio fiscal, utilizadas por Obras Sanitarias como reservorio en caso de inundaciones. “Ese perímetro no cuenta con los análisis estructurales de estabilidad de suelos para el emplazamiento de cargas permanentes de viviendas, lo cual constituye un extraordinario riesgo para aquellos ocupantes allí emplazados”, precisaron desde el equipo del intendente.

Si bien contó con el acompañamiento del fiscal Juan Pablo Lódola para que la Justicia autorice la liberación de las tierras, el Ejecutivo tuvo un revés judicial de primera instancia. El juez de garantías Saúl Errandonea rechazó la solicitud y exhortó a las partes a que “se arbitren todos los medios” para a arribar a una solución pacífica. Además fijó una audiencia de mediación, en la que no hubo acuerdo.

Montenegro tildó de “disparate” el fallo y apeló. Finalmente, la Cámara de Apelaciones, integrada por Pablo Pogetto y Raúl Paolini, revocó la resolución de Errandonea y ordenó el desalojo del predio el jueves pasado, aunque resguardando “la integridad física” de los ocupantes.

La acción se concretó en medio de un fuerte operativo policial y de forma pacífica, ante la atenta mirada de representantes judiciales y funcionarios. De todos modos, el conflicto no está resuelto. Un grupo de cincuenta personas que ocupó el predio se quedó a acampar sobre Fortunato de la Plaza ante la falta de un “pedazo de tierra” donde poder habitar.

El viernes, el gobierno abrió una mesa de diálogo, coordinada por Desarrollo Social, para encontrar una solución, con la presencia de representantes municipales, provinciales y los defensores del pueblo. En principio se ofreció que los manifestantes puedan dormir en la parroquia Santa Rita hasta alcanzar un entendimiento. Este jueves se prevé una nueva reunión.

Según precisaron desde el Ejecutivo, las usurpaciones vienen en aumento en la comuna, pero no hay un número exacto, ya que muchas de estas acciones “no llegan a judicializarse”. Los principales barrios donde se dan estas situaciones se encuentran en la zona sur, como Nuevo Golf, Santa Rosa e Independencia, entre otros lugares. No obstante, la problemática también se da en el norte.

En la misma línea, de acuerdo a estimaciones del Colegio de Martillero, se dan entre dos y tres usurpaciones de lotes por día en la periferia.

El mapa de los barrios populares

La problemática de las usurpaciones expone las dificultades para acceder a una vivienda digna en la comuna, que cuenta con varios asentamientos. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), hay unos 71 asentamientos, donde viven 13.449 familias. La mayoría de los habitantes se encuentran repartidos en el barrio Autódromo (1.320), La Herradura (1.199), Las Heras (968), Parque Independencia (693) y Nuevo Golf (561).

Surgido en 2018, el registro permite dar cuenta del acceso a la vivienda y brinda la posibilidad de reclamar por la urbanización y el derecho a servicios básicos. Días atrás, el Congreso aprobó una ley que impide que durante los próximos 10 años se puedan llevar a cabo los desalojos judiciales de terrenos en los que se hayan levantado asentamientos precarios. El proyecto también apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por dos años.

La reforma del Código Penal

Con el apoyo de Montenegro, el diputado nacional Cristian Ritondo (PRO) presentó a mediados de mayo un proyecto de ley para modificar el artículo N° 181 del Código Penal, con el fin de endurecer las penas en los casos de usurpaciones.

“El Código Penal es de 1921, está pensado para otro contexto. El artículo que tipifica el delito de usurpación exige como medio comisivo la violencia o la clandestinidad. Lo que nosotros planteamos es que se establezca que cualquier tipo de despojo de una propiedad inmueble tiene que estar castigado penalmente, con independencia del medio comisivo. No solo para proteger el derecho a la propiedad, sino también a los barrios”, sostuvo al respecto Martín Ferlauto, secretario de Seguridad municipal.

Intendentes PRO cerraron filas

Los jefes comunales bonaerenses del PRO cerraron filas y respaldaron a Montenegro en medio del conflicto en Las Heras. A través de un comunicado repudiaron “la toma violenta” del predio y manifestaron su “preocupación” ante actitudes que “vulneran la ley y atentan contra el Estado de derecho”. Y agregaron: “El camino hacia la vivienda propia debe ser la legalidad, el trabajo del Estado y las políticas públicas, nunca la acción violenta”.

En forma particular, Néstor Grindetti (Lanús) señaló: “Al que toma una tierra que no le pertenece tiene que caerle el peso de la ley”. Por su parte, Diego Valenzuela (Tres de Febrero) planteó: “Las tomas en Mar del Plata son graves, requieren el compromiso judicial y de Kicillof”.

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