La Tecla Mar del Plata
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El intendente Guillermo Montenegro y su par, Diego Valenzuela, fueron aceptados por la Justicia Federal como querellantes en la causa que busca determinar la posible adulteración de la población de La Matanza en el Censo 2010.
Tal como informó este medio, el jefe comunal presentó un pedido ante el Juzgado en lo Criminal Correccional Federal N°11 para sumarse a la denuncia que impulsó Valenzuela. A partir de la misma, se investiga la “posible adulteración de los registros recabados por el INDEC durante el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, los que constatarían una cantidad de habitantes en el distrito de La Matanza que no se ajustaba a la realidad de ese momento y que se refleja en un porcentaje cercano 27% más de pobladores de los que efectivamente se habrían verificado”.
“La referida irregularidad impacta de manera directa en la distribución de la coparticipación secundaria entre la Provincia de Buenos Aires y los Municipios que la conforman, ya que distorsiona la principal variable de conformación del Coeficiente Único de Distribución (CUD), índice que determina las proporciones en las que se reparten los recursos provinciales”, esgrimió Montenegro en su presentación.
Y agregó: “Desde que un incremento genuino o ficticio del CUD de un municipio incide directa y favorablemente sobre su porción de masa coparticipable, en detrimento de las demás intendencias, se requiere para su conformación de datos certeros, basados en registros de organismos nacionales”.
Ante estas consideraciones, el intendente destacó que “General Pueyrredón podría ser damnificado por la indebida distribución de los fondos mencionados, dispuestos en beneficio de La Matanza y en detrimento de los demás que conforman la Provincia de Buenos Aires, en función de registros nacionales adulterados”.
Asimismo, Montenegro y Valenzuela protagonizaron, días atrás, una reunión virtual en la que hicieron estimaciones del impacto económico que generaría en los otros distritos bonaerenses que La Matanza cuente con menos población. A partir de ello, coincidieron en la importancia de que más alcaldes de la provincia se sumen a la causa que investiga posibles irregularidades en los registros del Indec.