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Redacción
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Un sector de la oposición pide al Ejecutivo el contrato de concesión del Minella
En el marco de la investigación por Sur Finanzas y tras los allanamientos realizados en dependencias municipales, el kicillofismo presentó un proyecto de resolución para que el Departamento Ejecutivo remita en un plazo de 72 horas el contrato de concesión del Estadio Mundialista y del Polideportivo “Islas Malvinas”, y toda la documentación administrativa vinculada.
La polémica por los allanamientos realizados en dependencias municipales, en el marco de una investigación sobre movimientos financieros y presuntas maniobras ilícitas vinculadas a Sur Finanzas —sociedad asociada a Claudio “Chiqui” Tapia—, y que tendría el rol institucional de Eduardo Spinosa, expresidente de Banfield, en la concesión del Estadio José María Minella, sumó un nuevo capítulo político e institucional en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon.
En ese contexto, desde Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro impulsaron un proyecto de resolución que apunta directamente al Departamento Ejecutivo. Tras el pedido inicial de explicaciones por los allanamientos del 9 de diciembre de 2025 en oficinas del Palacio Municipal, ahora el bloque que preside Horacio Taccone avanzó con una iniciativa concreta para que el Ejecutivo remita toda la documentación vinculada a la concesión del principal estadio de la ciudad.
El artículo 1 de la resolución es taxativo: se requiere al Departamento Ejecutivo del Municipio que dentro del plazo de 72 horas de notificada la presente, proceda a la remisión íntegra y completa del contrato de concesión vigente suscripto respecto del Estadio Municipal de Fútbol “José María Minella” y del Polideportivo “Islas Malvinas”, integrantes del Complejo Polideportivo Municipal.
Pero el pedido no se limita al contrato principal. En el mismo plazo, el proyecto exige la remisión de toda la documentación administrativa complementaria vinculada a la concesión, incluyendo —sin carácter taxativo— expediente administrativo, actos de adjudicación, dictámenes legales y técnicos, informes económicos y financieros, garantías constituidas, adendas, prórrogas, modificaciones contractuales y cualquier otro antecedente relacionado con la celebración, ejecución y vigencia del acuerdo.
Además, la iniciativa establece que la falta de cumplimiento, el silencio, la remisión incompleta o la negativa infundada a lo requerido será considerada un incumplimiento al deber de informar, lo que habilitará al Honorable Concejo Deliberante a adoptar las medidas institucionales y legales que correspondan, en el marco de sus competencias.
En los considerandos, el proyecto fundamenta el pedido en el rol constitucional del Legislativo local. Allí se recuerda que el “Concejo Deliberante es el órgano deliberativo y representativo del pueblo del Partido de General Pueyrredon, con facultades constitucionales y legales de control político, institucional y administrativo sobre los actos del Departamento Ejecutivo y de los entes descentralizados de la administración municipal”, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
También se subraya que los entes descentralizados municipales, entre ellos el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), integran la Administración Pública Municipal, y por lo tanto se encuentran sujetos al control del Concejo, especialmente en lo relativo a contratos que involucren bienes de dominio municipal.
El texto remarca además que la celebración de contratos de concesión sobre bienes municipales de significativa relevancia institucional, económica y social exige la observancia de los principios de legalidad, razonabilidad, transparencia, publicidad y control, y que corresponde al cuerpo deliberativo ejercer un control permanente y efectivo para verificar su adecuación al marco normativo y la protección del interés público.
Por último, el proyecto señala que el Reglamento Interno del Concejo Deliberante reconoce a la Resolución como el instrumento idóneo para requerir informes y documentación contractual, sin que ello implique injerencia en la función ejecutiva, y que el acceso a esa información resulta indispensable para evaluar la legalidad y el alcance de los compromisos asumidos en nombre del Municipio.
Con la causa Sur Finanzas como telón de fondo y los allanamientos aún frescos en la agenda pública, el proyecto vuelve a poner bajo la lupa la concesión del Minella y anticipa un nuevo foco de tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo municipal.