20 de febrero de 2026
PANORAMA
El oficialismo marplatense busca implementar el trabajo comunitario como sanción para infractores municipales
El bloque Vamos Juntos presentó una iniciativa que faculta al Juzgado de Faltas a sustituir o complementar multas económicas con tareas de limpieza y mantenimiento en espacios públicos. Con mayoría en el recinto, el Ejecutivo proyecta una aprobación sin mayores obstáculos para la nueva normativa.
Con la agenda de orden público bajo el brazo, el bloque del PRO ingresó formalmente un proyecto de ordenanza que busca transformar el sistema de penalidades local. La propuesta, de autoría del concejal Julian Bussetti y acompañada por diversos ediles del espacio, pretende crear la figura del "Trabajo Comunitario" como una herramienta técnica y pedagógica para el Juzgado Municipal de Faltas. Según el texto presentado este 20 de febrero, la medida apunta a fortalecer las sanciones frente a conductas que deterioran el espacio público, tales como el arrojo de residuos en la vía pública, frentes costeros y espacios verdes.
El argumento central del proyecto sostiene que el sistema actual de multas pecuniarias no siempre logra generar conciencia ni reparar el daño simbólico y económico causado a la ciudad. Además, el documento subraya que las intervenciones municipales para limpiar microbasurales generan costos directos al erario público en materia de maquinaria, combustible y recursos humanos que podrían destinarse a otras prioridades operativas. En este sentido, la iniciativa define al trabajo comunitario como la prestación de labores no remuneradas en tareas de limpieza, restauración o conservación en favor de entidades y espacios públicos que el Departamento Ejecutivo determine oportunamente.
En términos de aplicación jurisdiccional, la ordenanza otorgaría facultades específicas a los jueces de faltas para disponer de esta herramienta en tres escenarios: como una sanción que complemente la multa económica, como una sustitución total o parcial de la misma —dependiendo de las circunstancias del caso— o como una medida específica para los casos de reincidencia. El proyecto enfatiza que esta modalidad no solo representa un mecanismo alternativo de castigo, sino que busca la recuperación efectiva de los daños ocasionados por los infractores, emulando modelos ya implementados en otros municipios del país con resultados positivos en términos de responsabilidad individual.
Desde el punto de vista político, el escenario para la aprobación del expediente resulta favorable para el oficialismo. La actual conformación del Concejo Deliberante otorga a la fuerza de gobierno una mayoría de 14 votos frente a los 10 de la oposición, lo que permite proyectar que la iniciativa prosperará en las comisiones internas y en el recinto de sesiones. De sancionarse, el Departamento Ejecutivo será el encargado de reglamentar los aspectos operativos, la supervisión de las tareas y la certificación del cumplimiento de las labores comunitarias por parte de los ciudadanos infractores.