2 de diciembre de 2025
JUDICIALES
La Justicia Federal puso un freno de 60 días al proyecto de la destilería en el predio lindero al Faro de la Memoria
La Cámara de Apelaciones revocó parcialmente el fallo de primera instancia y ordenó suspender cualquier actividad en el terreno por dos meses. En ese plazo, los organismos de Derechos Humanos deberán presentar pruebas concretas que demuestren que las obras podrían destruir evidencia vinculada a delitos de lesa humanidad.
La controversia en torno a la instalación de un establecimiento gastronómico y una destilería de gin en los terrenos del sur de Mar del Plata sumó un nuevo y determinante capítulo judicial. La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad resolvió hacer lugar a un reclamo de los organismos de derechos humanos y dictaminó la suspensión de las obras por un plazo de sesenta días hábiles. La medida busca evitar modificaciones irreversibles en el suelo mientras se determina si el lugar alberga elementos probatorios sobre el terrorismo de Estado.
La decisión lleva la firma de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, quienes revocaron parcialmente la postura inicial del Juzgado Federal N°3. Semanas atrás, la primera instancia había rechazado el pedido de una medida cautelar basándose en que, tras décadas de juicios por la verdad, no existían indicios firmes que vincularan a esa parcela específica con los crímenes cometidos en la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM). Sin embargo, el tribunal de alzada optó por un criterio de precaución, priorizando la preservación del sitio ante la posibilidad de un daño irreparable.
El conflicto se originó en agosto del año pasado, cuando el Concejo Deliberante, impulsado por la mayoría del oficialismo local, aprobó la ordenanza que cedía el uso del predio a una sociedad de fomento vecinal, la cual a su vez habilitó la llegada de una firma privada para desarrollar el emprendimiento comercial. La defensa política del proyecto se sustentó en una división catastral: para el municipio, el terreno en cuestión es una parcela fiscal independiente del sitio histórico protegido y del Espacio para la Memoria. Bajo este argumento técnico, se avanzó incluso con la Declaración de Impacto Ambiental, el último paso administrativo necesario para iniciar las construcciones.
No obstante, la querella, encabezada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado, sostiene una visión opuesta. Para los denunciantes, la división de los terrenos es una formalidad burocrática que no se condice con la realidad histórica. Argumentan que el centro clandestino de detención funcionó como una unidad inescindible y que la represión no se limitó a los edificios ya señalizados. En su presentación judicial, señalaron que existen testimonios de sobrevivientes que refieren a simulacros de fusilamiento en zonas arboladas que coincidirían con el lote donde se planea el estacionamiento y el bar.
La resolución de la Cámara abre ahora una ventana de tiempo crítica. Los magistrados instaron a la parte querellante a que, durante estos dos meses de parálisis de obra, aporten elementos de prueba precisos y concretos ante el juez de primera instancia. El desafío para los organismos será fundamentar por qué la remoción de suelo y la modificación de la morfología del terreno atentarían contra futuras investigaciones, más allá de la presunción general de que todo el predio fue escenario operativo de las Fuerzas Armadas.
El fallo representa un revés para la intención del gobierno municipal de avanzar rápidamente con la explotación comercial de la zona costera sur, y pone en pausa la inversión privada de la marca de bebidas espirituosas. Si bien no se trata de una prohibición definitiva, la Justicia ha marcado la cancha: antes de servir coctelería o modificar el paisaje, se deberá agotar la instancia de revisión histórica, garantizando que el desarrollo inmobiliario no borre huellas de la memoria que aún pudieran estar ocultas en el terreno.